El último 23 de enero, la Policía halló el cadáver mutilado del empresario Santos Sánchez Vera, por quien sus secuestradores pedían 10 millones de dólares. En la misma semana, una joven estudiante de enfermería fue baleada dentro del terminal de la empresa de transportes Tunesa, en Trujillo.
Dos días después, extorsionadores hicieron detonar un artefacto explosivo en el mismo local, exigiendo el pago de S/90.000. Al día siguiente, dos adultos mayores fueron asesinados dentro de su vehículo por sicarios extranjeros. El crimen ocurrió a plena luz del día. Estos y otros actos delincuenciales mantienen en vilo a la población de La Libertad, que exige soluciones a sus autoridades.
Según las cifras que maneja la Policía, hasta el 31 de enero se han registrado 33 asesinatos, más de 60 extorsiones y un secuestro típico en La Libertad. El escenario principal la provincia de Trujillo, seguida de Pacasmayo y Virú.
Esto ha convertido a estas ciudades en tierra de nadie, donde los delincuentes asesinan a una persona cada día.
En 2023, esta región experimentó uno de los niveles de violencia más altos, con un total de 325 crímenes, es decir, 86 asesinatos más que en 2022, y 136 casos más que en 2021.
Para el coronel PNP Javier Méndez Yupanqui, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Divincri) de La Libertad, las cifras de homicidios este año han superado a las del primer mes del 2023, año en que hubo 32 crímenes.
“Ha habido un aumento de criminalidad en Trujillo. Estamos preocupados porque, a la fecha, tenemos 33 homicidios”.
En esa línea, explicó que muchos de estos son ajustes de cuentas entre bandas delincuenciales por el control de una determinada zona, y planificados por líderes de organizaciones criminales que se encuentran cumpliendo condena en el penal El Milagro.
Ante esta ola de crímenes, La República conversó con el alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, quien mostró su preocupación frente a esta problemática y señaló que su gestión ha propuesto el cierre de locales nocturnos y la prohibición de eventos sociales pasada la medianoche, como también la circulación de motocicletas en el centro histórico de la ciudad.
“Lo que estamos haciendo es trabajar con medidas de inteligencia. Primero, estamos cerrando los locales donde se consumen drogas y bebidas alcohólicas. En los próximos días se va a presentar una ordenanza municipal para prohibir el acceso de las motocicletas al centro histórico, porque hemos visto que los crímenes y asaltos son perpetrados con el uso de estos vehículos menores”, anotó.
Otra autoridad que mostró su preocupación ante esta ola delictiva es el alcalde de Virú, Javier Mendoza Torres, quien solicitó al Gobierno mayor atención para su jurisdicción, que cerró el 2023 con 54 asesinatos.
En La Libertad, los comerciantes y microempresarios se ven obligados a pagar cupos a bandas criminales para trabajar en paz. Y ahora, el secuestro se ha convertido en un negocio millonario para organizaciones como ‘Los pulpos’.
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