Implicados: Rosa Vásquez, Ronald Soberón y Soonye Malpica

Los expedientes técnicos fueron pagados, aprobados y archivados. Las obras no tienen ni un metro de asfalto. Cero por ciento de avance físico. El dinero, perdido.

La Fiscalía de Corrupción de Funcionarios de Huaura recibió una denuncia penal que involucra a la gobernadora regional Rosa Vásquez Cuadrado, al consejero Ronald Soberón Vizcarra y al ex Director de Transporte Soonye Malpica, en un esquema de gasto millonario en expedientes técnicos de cuatro proyectos viales que no se ejecutaron.

El sistema funcionaba así

Según la denuncia penal, Los representantes de los consorcios ganadores visitaban a los funcionarios del GORE Lima antes de las convocatorias. Se señala a Ana Quilca como supuesta operadora principal, quien llegó a reunirse nueve horas con el entonces director de Transportes, Soonye Malpica Rosales, antes de que se adjudicaran los contratos que después ganaría.

Los expedientes técnicos se aprobaban en plazos que desafían cualquier lógica. En uno de los casos, el segundo entregable se firmó en 24 horas. La ley otorga quince días.

Los consorcios presentaban documentación falsa sin que nadie lo cuestionara. Contratos con una ONGD que nunca ejecutó los servicios, certificados de trabajo con firmas ilegibles, DNI con fechas de emisión borradas con plumón.

El comité de selección, presidido por Justo Víctor Quillca Mayo, lo aprobó todo sin reparos.

El rol de Rosa Vásquez

La ex gobernadora aparece en la denuncia como la responsable última de la Dirección de Transportes. Su gestión permitió que esta oficina funcionara sin control.

Malpica recibía a los presuntos operadores. Quillca adjudicaba contratos. Los expedientes se aprobaban en un día. Y Vásquez, desde la cúpula, no puso un solo freno.

La denuncia no la señala por un acto concreto. La señala por su silencio. Por no haber controlado lo que era su obligación controlar.

El papel de Ronald Soberón

El consejero regional tenía un solo trabajo claro que realizar para prevenir este presunto fraude: fiscalizar.

La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales le exige al consejero controlar los actos de la administración. Puede pedir informes sin necesidad de autorización previa.

El 2 de febrero de 2024, Soberón apareció en la presentación de la obra «Carretera Vecinal LM 522». Posó junto a Malpica. Sonrió para las cámaras. Le puso su sello de aprobación a un proyecto que hoy tiene 0% de avance según datos oficiales del MEF.

Después de esa foto, según narra la denuncia, el consejero Soberón no hizo nada. No pidió informes. No cuestionó los plazos. No exigió que se programara presupuesto para ejecutar la obra. No hizo su trabajo.

La denuncia identifica a los presuntos operadores de este sistema:

*Soonye Malpica Rosales era el director de Transportes que recibía a los representantes de los consorcios y firmaba las resoluciones de aprobación.

*Justo Víctor Quillca Mayo presidía el comité de selección que adjudicó los contratos a los mismos consorcios una y otra vez.

*Ana Quilca era la presunta operadora que representó a tres consorcios ganadores y coordinó con los funcionarios antes de las licitaciones.

Pero sin Vásquez y sin Soberón, esta trama no habría llegado tan lejos. Ellos eran los que pudieron poner límites. No lo hicieron.

El dinero perdido

Cuatro proyectos. Cero por ciento de avance.

Los expedientes técnicos perdieron vigencia. Para ejecutar las obras, el Estado tendrá que volver a pagar por su actualización. El dinero ya gastado no vuelve.

Un aproximado de 2 millones de soles terminaron en expedientes que solo existen en el papel.

La ciudadanía espera respuestas.

Fuente: Contra Poder 

Cuando cayó el reinado de Rosa Vásquez, hoy prófuga de la justicia, la población de la región Lima tuvo la esperanza de que las mafias que habían llegado con ella fueran expectoradas; que el Gobierno Regional de Lima fuera sometido a una verdadera fumigación y desratización. Sin embargo, esto no ha sido así. Por el contrario, lo que se observa es un fortalecimiento de estas mafias y un caos total: un saqueo indiscriminado de las arcas del GORE Lima, una avalancha de compras y órdenes de servicio direccionadas a diestra y siniestra, y la permanencia de la misma gente de «La Cholita», con algunos ajustes meramente simbólicos, pero con las mismas prácticas de siempre.

La utilización del dinero del Gobierno Regional para afianzar las campañas de sus aliados políticos, que participan en las elecciones regionales con el único objetivo de perpetuarse en el poder, es cada vez más evidente. Gerencias, direcciones, jefaturas e incluso la Oficina de Imagen confluyen en función de intereses personales, donde todo se maneja políticamente para obtener beneficios particulares o para favorecer a algún alfil político de conveniencia.

Mientras tanto, el gobernador dice que ejecutará obras por impuestos en los cuatro meses que le quedan de gestión. Sin embargo, las esperanzas de una limpieza institucional y de un gobierno honesto se fueron con el viento. Quienes observamos de cerca lo que sucede en el Gobierno Regional podemos dar fe de que la corrupción y los robos soterrados continúan. Extrañamente, nadie dice nada. Los consejeros, ahora coludidos, permanecen en un mutis total; la Contraloría y la Fiscalía parecen estar en modo ausente y, hoy por hoy, todos hacen lo que les da la gana.

Las situaciones graves que ocurrían en la región continúan sucediendo. A tal punto que la misma persona que fue secretaria de Rosa Vásquez ahora también le lleva los bultos a Nicolás Barrera. En este caso específico identificamos a Soledad Espíritu. En la Gerencia de Desarrollo Social sigue haciendo de las suyas Miguel Flores Morante. En la Dirección Regional de Educación no se ha reemplazado a Rufina Cisneros, pese a la existencia de un audio que, según se sostiene, evidenciaría un presunto tráfico de influencias, en el que se escucha cómo habría conseguido ese cargo luego de una reunión en la que participó junto a Ramón Aldave esposo de la ex gobernadora. En la Dirección Regional de la Producción, quien realmente manda sería Cristal Quispe, mientras que el director sería apenas un títere. En la Dirección del Trabajo cualquier cantidad de ordenes de trabajo solo para amiguitos (as) . Existen documentos y evidencias que, a nuestro juicio, ya deberían encontrarse en manos de la Fiscalía.

Y podríamos seguir hasta agotar los caracteres señalando con el dedo acusador a una infinidad de personajes que, según nuestra apreciación, están levantándose la región en peso. Pero eso será todo por hoy.

Lamentamos que Nicolás Barrera se haya convertido en cómplice de la corrupción y el latrocinio que, desde nuestra perspectiva, existe en el Gobierno Regional de Lima y que, seguramente, dentro de unos meses, cuando concluya su mandato, deba responder ante los tribunales por las decisiones adoptadas durante su gestión y por su presunta permisividad frente a la corrupción y el saqueo del Gobierno Regional de Lima.

Fuente: Prensa Al Día