El acceso al agua potable constituye uno de los derechos fundamentales de toda población y, al mismo tiempo, uno de los principales indicadores de desarrollo y calidad de vida. Sin embargo, en la provincia de Huaral, miles de familias continúan enfrentando restricciones en el servicio, una situación que, lejos de resolverse, se ha prolongado durante años y demanda respuestas concretas.

En este contexto, resulta preocupante que el problema del abastecimiento de agua potable no ocupe un lugar prioritario en el debate político. A medida que avanza la campaña electoral, varios candidatos a la Alcaldía Provincial de Huaral han centrado sus discursos en otros temas, mientras la crisis del agua continúa afectando diariamente a la población. La ausencia de propuestas claras genera la percepción de que algunos aspirantes no cuentan con un plan técnico para enfrentar este desafío o, simplemente, han decidido relegarlo de su agenda.

Un aspecto central del debate es la gestión del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), entidad que administra EMAPA Huaral desde hace más de ocho años. Durante ese periodo, la expectativa ciudadana era que la intervención permitiera recuperar la estabilidad financiera de la empresa prestadora de servicios y, sobre todo, garantizar un servicio continuo y de calidad.

No obstante, la realidad evidencia que el objetivo de brindar agua potable las 24 horas del día sigue siendo una promesa incumplida. Esta situación ha generado crecientes cuestionamientos sobre la eficacia de la gestión desarrollada durante estos años.

Uno de los principales desafíos pendientes es la ejecución de infraestructura estratégica que permita aprovechar de manera eficiente los recursos hídricos disponibles. Diversos especialistas y actores locales sostienen que resulta indispensable impulsar la construcción de reservorios para almacenar las aguas del río Chancay durante los periodos de mayor disponibilidad, así como promover nuevas plantas de tratamiento que incrementen la capacidad de producción de agua potable para atender la creciente demanda de la población.

Mientras estas inversiones continúen postergándose, difícilmente Huaral podrá alcanzar un abastecimiento continuo para todos sus habitantes. La solución al problema no pasa únicamente por la administración cotidiana del servicio, sino por una planificación de largo plazo acompañada de inversiones sostenidas en infraestructura hidráulica.

En ese escenario, corresponde que el OTASS rinda cuentas sobre los resultados obtenidos durante su administración de EMAPA Huaral, explicando qué metas se han cumplido, cuáles permanecen pendientes y cuál es el cronograma real para resolver las deficiencias que afectan a la población. La transparencia y la rendición de cuentas son elementos indispensables para recuperar la confianza ciudadana.

Del mismo modo, los candidatos a la Alcaldía Provincial tienen la responsabilidad de pronunciarse con claridad. La ciudadanía necesita conocer cuáles son sus propuestas para gestionar inversiones, impulsar proyectos de reservorios, ampliar la capacidad de tratamiento de agua potable y coordinar con el Gobierno Nacional y el Gobierno Regional las obras que permitan garantizar un servicio permanente.

El debate electoral no puede eludir el problema más sensible para miles de familias huaralinas. El acceso al agua potable debe convertirse en una prioridad de gobierno y en un compromiso verificable de quienes aspiran a dirigir los destinos de la provincia.

Porque el agua no puede seguir siendo una promesa de campaña. Debe convertirse, de una vez por todas, en una política pública efectiva y en un derecho plenamente garantizado para todos los ciudadanos de Huaral.

Fuente:

La Dirección General de Gobierno Interior (DGIN) dispuso el retiro inmediato de Karen Chávez Trujillo del cargo de subprefecta provincial de Huaral. Tras hacerse efectiva la medida, el despacho provincial suspendió su atención al público y permanece cerrado.

Según fuentes internas, la remoción de Chávez Trujillo se ejecutó luego de que fuera notificada para apersonarse a la sede central de la DGIN en Lima. En diálogo con un medio de comunicación, la ahora exfuncionaria confirmó su salida del cargo.

En paralelo, se reportó otra baja en la delegación política de la provincia. En el distrito de Chancay, la abogada Ana Isabel Fuentes Rivera Castro presentó su renuncia voluntaria a la subprefectura distrital.

Cabe precisar que estas autoridades políticas dependen directamente de la Dirección General de Gobierno Interior del Ministerio del Interior (Mininter), cumpliendo la función de representar al Poder Ejecutivo en las distintas provincias y distritos del país.