Daniel Hernández y Julio Obando Guizábalo, dos autoridades municipales de Huaral, afrontan cuestionamientos por su presunta participación en actividades de promoción política durante la segunda elección regional. El JEE tiene la responsabilidad de investigar.
La función de un regidor municipal no es convertirse en instrumento de promoción de intereses partidarios, sino representar a los ciudadanos, fiscalizar la gestión municipal y ejercer su responsabilidad pública con independencia, transparencia y respeto por las instituciones. Esta premisa, elemental en una democracia, adquiere especial importancia cuando el país atraviesa un proceso electoral.
En Huaral, dos integrantes del Concejo Provincial, Daniel Hernández Buitrón y Julio Obando Guizábalo, han sido denunciados ante el Jurado Electoral Especial de Huaral, por presuntas conductas contrarias al deber de neutralidad electoral, en el contexto de la segunda elección regional.
En el caso de Daniel Hernández, quien anteriormente postuló a la alcaldía provincial de Huaral, se le atribuye utilizar sus redes sociales para promocionar al candidato regional Javier Alvarado, difundir fotografías y material gráfico de carácter proselitista y ofrecer entrevistas radiales en las que se presenta como coordinador provincial de Patria Joven, organización política vinculada a dicha candidatura.
Respecto de Julio Obando Guizábalo, corresponde al organismo electoral examinar las conductas específicas que le han sido atribuidas en la denuncia.
Aquí no se trata de desconocer la libertad de expresión ni el derecho de participación política de los ciudadanos. Los regidores también tienen derechos políticos. Sin embargo, cuando se ejerce una función pública, esos derechos deben armonizarse con las obligaciones especiales que impone la investidura municipal. La autoridad no puede confundir sus preferencias partidarias con las responsabilidades inherentes al cargo que ocupa.
La Resolución N.º 0844-2025-JNE, que aprobó el Reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral, establece en su artículo 32, numeral 32.1.5, como infracción formar parte de algún comité u organismo político o hacer propaganda a favor o campaña en contra de una organización política o candidato.
Asimismo, el artículo 33 contempla las infracciones cuando se utilizan plataformas digitales, verificadas o institucionales. La aplicación de estas disposiciones exige examinar las circunstancias concretas de cada conducta y su relación con la condición de autoridad pública.
La pregunta es inevitable: ¿Puede una autoridad municipal utilizar su investidura para proyectarse como operador político de una candidatura regional sin someter su comportamiento al escrutinio de las normas de neutralidad? Es precisamente lo que debe esclarecer la autoridad electoral.
La denuncia presentada por la ciudadana huaralina Maximina Kong Gavidia merece una respuesta institucional oportuna. Sin embargo, preocupa que, al acudir el lunes 9 de noviembre a las instalaciones del JEE de Huaral para conocer el estado de su denuncia, se le haya informado que el personal correspondiente se encontraba en Lima y que debía regresar o llamar. La ciudadanía no puede quedar desinformada cuando solicita conocer el trámite de un procedimiento electoral.
El artículo 34 del reglamento establece un procedimiento con plazos concretos: dos días calendario para el informe del fiscalizador, un día para los descargos y un día para que el JEE evalúe y se pronuncie. Corresponde verificar cuándo se activaron esas actuaciones y exigir que se cumplan.
La ética pública no se mide únicamente por la legalidad de las decisiones que se adoptan en una sesión de concejo. También se expresa en la conducta cotidiana de quienes reciben la confianza ciudadana para ejercer una función pública. La investidura de regidor no es una credencial partidaria ni una plataforma de promoción electoral.
Hernández y Obando tienen, naturalmente, todo el derecho de presentar sus descargos y ejercer su defensa. Pero la ciudadanía también tiene derecho a exigir explicaciones y a reclamar que las reglas electorales sean iguales para todos.
Huaral no necesita autoridades que confundan representación municipal con militancia proselitista. Necesita regidores que comprendan que el cargo público implica deberes, límites y responsabilidades.
Y aquí está la verdadera dimensión del problema: mientras miles de huaralinos siguen padeciendo la escasez de agua potable, los abusos tarifarios y las deficiencias de OTASS-EMAPA Huaral, dos de sus representantes municipales parecen encontrar más entusiasmo en las campañas electorales que en la fiscalización de una empresa que tiene en permanente zozobra a la población. Eso sí, cada mes perciben puntualmente sus S/ 3,500 de dieta, dinero que no sale del bolsillo de ningún partido político, sino de los recursos públicos.
La política partidaria no puede convertirse en refugio para evadir las responsabilidades municipales. Los regidores no reciben una dieta para hacer campaña mientras los problemas de Huaral siguen sin solución.
¡Huaral necesita fiscalizadores, no activistas electorales con sueldo municipal; necesita regidores que defiendan el agua de su pueblo, no representantes que recuerden a sus electores solamente cuando hay una campaña que promover!
