Dina Boluarte solicita que su «declaración indagatoria» por caso Rolex se tome «de forma inmediata»

La presidenta Dina Boluarte solicitó a la Fiscalía de la Nación adelantar la fecha de su declaración indagatoria sobre el ‘caso Rolex’, una acción fiscal que estaba programada para el próximo viernes 5 de abril.

A través de una carta enviada por el despacho de su abogado Mateo Castañeda, la mandataria pidió que su declaración sea tomada «de forma inmediata a efectos de esclarecer lo más pronto posible los hechos materia de investigación».

En el escrito, Boluarte indica que hace esta solicitud «en vista de la turbulencia política que se viene produciendo como consecuencia de las diferentes diligencias» realizadas por la Fiscalía en su vivienda y en Palacio de Gobierno.

En esa línea, solicito que se deje sin efecto la programación de la diligencia fiscal prevista para el 5 de abril para la toma de sus declaraciones.

Allanan vivienda de Dina Boluarte y Palacio de Gobierno

El Perú vive una nueva crisis política luego de que el Ministerio Público y personal de la Diviac allanaran la casa de la presidenta Dina Boluarte en Surquillo, así como Palacio de Gobierno como parte de las diligencias preliminares en torno al uso de relojes de alta gama, marca Rolex, por parte de la jefa del Estado.

Tanto la mandataria como el presidente del Consejo de Ministros y la defensa legal de Boluarte han calificado de «desproporcionada» e «inconstitucional» la diligencia efectuada por la Fiscalía. 

La noche del sábado, la Fiscalía de la Nación respondió a Boluarte, quien un mensaje a la Nación calificó la acción del Ministerio Público como «ilegal y abusiva”.

El organismo autónomo señaló en un comunicado que este procedimiento, llevado a cabo la noche del 29 de marzo y en las primeras horas del día siguiente, se hizo “por orden del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República”.

El Ministerio Público, por lo tanto, descartó que dicha intervención realizada por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales “haya sido ilegítima, inconstitucional y abusiva”.

La entidad indicó, además, que durante la diligencia no fueron ubicados ni se les entregó los relojes de alta gama a pesar de que se lo solicitaron a la jefa de Estado. Sin embargo, aclaró, se “obtuvo otros elementos de interés para la investigación”.

Por último, la Fiscalía de la Nación confirmó que citó formalmente a Boluarte Zegarra para el próximo viernes, 5 de abril, a fin de que exhiba los relojes Rolex y preste su declaración sobre el referido caso, tal como lo solicitó su defensa legal.

Fiscalía amplía a ocho meses investigación preliminar contra Corvetto y otros

La Fiscalía dispuso continuar por ocho meses la investigación preliminar seguida contra el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto Salinas, y otros investigados por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada y otros, en agravio del Estado.

La decisión es del Primer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. El caso está relacionado con la contratación del servicio de transporte de carga a nivel nacional para el despliegue y repliegue de material electoral, equipos informáticos electorales e implementos para las Elecciones Generales 2026.

Según el documento fiscal, en este proceso participaron funcionarios y servidores de la ONPE en distintas etapas: actuaciones preparatorias, selección y ejecución del servicio. La Fiscalía señala que se habrían advertido irregularidades que revelarían un presunto direccionamiento directo a favor de la empresa Servicios Generales Gálaga S.A.C., que finalmente obtuvo la buena pro de la empresa Gálaga.

El despacho fiscal sostiene que la evaluación de la empresa habría sido discrecional y sujeta a lineamientos “emitidos a la medida”, lo que, según la disposición, evidenciaría un apartamiento de principios de la contratación pública como legalidad, eficiencia y transparencia.

Uno de los puntos señalados por la Fiscalía está referido a la capacidad operativa de la empresa adjudicada. De acuerdo con la disposición, Gálaga S.A.C. «habría presentado información ante la ONPE de 70 conductores con el propósito de aparentar el cumplimiento de la capacidad operativa exigida». Sin embargo, el documento fiscal indica que «la empresa registraba 13 trabajadores en planilla y 20 prestadores de servicios, es decir, 33 personas en total»

La Fiscalía también señala que estas presuntas irregularidades no habrían sido observadas y que, por el contrario, habrían sido avaladas, permitiendo que el proceso de contratación continúe hasta la adjudicación de la buena pro. En esa línea, el Ministerio Público considera que podría existir un presunto pacto o preacuerdo en torno a la contratación investigada.

Como parte de las diligencias ya realizadas, el despacho fiscal recabó documentos de la Gerencia de Gestión Electoral de la ONPE en la sede de Lurín, términos de referencia, documentación de unidades de transporte y conductores de Gálaga S.A.C., informes de la Contraloría, registros de visitas, agendas de funcionarios de la ONPE, hojas de vida de servidores públicos y el contrato 176-2026-ONPE.

La disposición fiscal también hace referencia al informe de control específico de la Contraloría General de la República sobre el proceso de contratación del servicio de transporte y distribución de material y equipos informáticos electorales en Lima Metropolitana y Callao, en el marco de las Elecciones Generales 2026. Según el documento, dicho informe advertiría presuntas responsabilidades administrativas y penales, por lo que la Fiscalía dispuso requerirlo con sus respectivos apéndices.

“Estas irregularidades no habrían sido observadas y por el contrario habrían sido avaladas, logrando continuarse con las etapas de la contratación hasta la adjudicación de la buena pro; sospechando la presunta existencia de un pacto o preacuerdo; pues de la documentación obtenida y las declaraciones recabadas, el servicio de transporte de carga a nivel nacional – Despliegue y Repliegue de Material, Equipos Informáticos Electorales e Implementos para simulacro y sufragio – EG 2026, habría presentado irregularidades al momento de su evaluación; así como deficiencias en las etapas de ejecución; hecho que fue advertido por la Contraloría General de la República en el marco de las visitas efectuadas, sobre la fase de perfeccionamiento del contrato» Fiscalía supraprovincial corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios

Levantamiento de secreto bancario y de comunicaciones

Otra de las medidas dispuestas es requerir el levantamiento del secreto de comunicaciones y del secreto bancario de los investigados Piero Alessandro Corvetto Salinas, José Edilberto Samamé Blas, Juan Antonio Phang Sánchez, Juan Charles Alvarado Pfuyo, Hilda Elizabeth Otoya Alvarado, William Martín García Velásquez y Lilia Flores Bancho, así como de terceros vinculados.

Asimismo, el despacho fiscal ordenó una pericia especializada en contrataciones para determinar si existieron irregularidades o vulneraciones a la normativa aplicable en el proceso investigado. También dispuso una pericia contable-financiera para establecer si hubo perjuicio patrimonial contra el Estado.

La disposición fue firmada por el fiscal provincial Reynaldo Ariano Abia Arrieta, del Primer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Fiscalía  dispuso solicitar el levantamiento del  secreto bancario de Corvetto y otros funcionarios y exfuncionarios de ONPE
Fiscalía dispuso solicitar el levantamiento del secreto bancario de Corvetto y otros funcionarios y exfuncionarios de ONPE | Fuente: Ministerio Público

Ollanta Humala denuncia a juez Richard Concepción por presunto abuso de autoridad

El expresidente del Perú, Ollanta Humala, quien actualmente se encuentra preso, anunció por su cuenta oficial de X que denunció al juez que investiga su caso, Richard Concepción Carhuancho, por presunto abuso de autoridad y prevaricato.

La demanda de Humala se da luego de que la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ) sancionara al juez Concepción por ofrecer entrevistas donde brindó declaraciones sobre las resoluciones del caso “Barras de oro” que fue incautadas a las empresas Veta Dorada y Lomas Dorada.

“Al descubrirse que aprobó la colaboración eficaz de Martín Belaunde, en nuestro caso; pese a haber sido notificado, en dos oportunidades, sobre la decisión de la Corte Suprema de Bolivia de denegar la ampliación de extradición de este falso colaborador”, sustenta Humala.

La denuncia del sentenciado expresidente fue enviada a la Fiscalía Superior Corporativa de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María, donde se espera su recepción a otros procesos.

Inicia juicio contra terrorista Víctor Polay por caso ‘Las Gardenias’: Fiscalía pide cadena perpetua

Este 17 de junio se iniciará el juicio oral contra Víctor Polay Campos y otros exdirigentes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) por el asesinato de 8 personas de la comunidad LGTBIQ+ en el año 1989, hecho ocurrido en la ciudad de Tarapoto como parte de una ofensiva de “limpieza social” que lideraba el grupo terrorista. Así lo anunció Rosario Kiko Palomino, fiscal Superior de la Segunda Fiscalía Superior Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo.

“El juicio oral inicia a las 9 de la mañana y va a estar a cargo del Segundo Juzgado Penal Colegiado de la Sala Penal Nacional y por la Fiscalía va a estar la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Lima, de Derechos Humanos y Contra el Terrorismo. Recordemos que para poder haber pasado a la etapa del juicio oral ha habido lo que se denomina el control de acusación donde el juzgado hace un control y revisa que la imputación sea correcta, que la acción sea viable, quiere decir que no haya prescrito y finalmente que se cuente con los medios probatorios. En esta etapa procesal es que la Fiscalía ha logrado que se considere que tanto los delitos de terrorismo y el delito de terrorismo agravado es viable ser discutido en juicio oral con la pena máxima de cadena perpetua”, anotó.

Fiscalía logró que no prescriba la investigación

La fiscal recordó que el Ministerio Público evitó la prescripción de este caso conocido como: “Las Gardenias” porque estos crímenes formaban parte de una política de “limpieza social” impulsada por la organización terrorista, contra personas consideradas “indeseables».

Para el Ministerio Público, titular de la investigación penal, existió «un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos» y se busca que las víctimas y sus familiares «logren obtener la verdad».

“Esto habilita un pronunciamiento sobre el fondo y refuerza la calificación de gravedad de los hechos, porque se trata de casos de graves violaciones a los derechos humanos, donde ha habido una afectación sistemática a un grupo específico, a un grupo que es la población LGTBIQ+. El poder procesar este tipo de delitos, que hoy conocemos inclusive como crímenes de odio, es importante, desde la defensa de los derechos humanos porque vamos a proteger la dignidad humana. Además, es importante porque en la tradición jurídica del Perú, hasta este momento, los delitos que tiene la categoría de grave violación de derechos humanos han sido atribuidos a los agentes del Estado y no se han incluido movimientos terroristas, ya sea Sendero Luminoso o el MRTA”, añadió.

Este proceso además abarcará otros tres casos de asesinatos entre 1990 y 1992 en San Martín, totalizando 11 víctimas de la comunidad LGTBIQ+.

¿Cuál es la condición penal de Polay Campos en la actualidad?

Kiko Palomino explicó que Polay Campos ya cumplió una condena previa por terrorismo y homicidio calificado y se encuentra actualmente en prisión preventiva mientras se desarrolla este nuevo proceso.

“Él está ahorita en el penal por una prisión preventiva que se ha establecido en este proceso de Gardenia, que se dictó en diciembre de 2025 por 18 meses y que se cumpliría en junio del 2027. Finalmente el proceso judicial lo que busca es esto, es que la víctima obtenga la verdad, más allá de la sanción. Entonces, en este caso, como no ha sido materia de los procesos anteriores, también se busca eso, se busca que la las víctimas, los familiares de los las 11 personas que fueron ejecutadas logren obtener la verdad. Y ya en la medida de lo demás las responsabilidades que correspondan”, finalizó.

Este caso se denomina Las Gardencias porque en aquel año 1989 los terroristas ingresaron a un bar llamado “Las Gardenias” de la ciudad de Tarapoto, región San Martín, y asesinaron a las víctimas por su condición de ser homosexuales.

PNP capturó en Lima al principal sospechoso de desaparición de mujer y homicidio de niño en Tarapoto

La Policía Nacional logró la captura del principal sospechoso del asesinato de un niño de seis años y la desaparición de su madre, un caso que ha generado profunda conmoción en la región San Martín. 

La intervención se llevó a cabo en Lima, específicamente en un inmueble ubicado en la avenida Gregorio Escobedo, en el distrito limeño de Jesús María.

El detenido fue identificado como Alexis Alcántara Tellería, de 42 años. De acuerdo con las primeras investigaciones policiales, este sujeto habría sido la última persona en ser vista junto con Zoila Castillo y su pequeño hijo, quienes fueron reportados como desaparecidos desde el pasado 16 de junio, luego de emprender un viaje con destino a la ciudad de Tarapoto.

Además, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Tocache dictó en su contra una orden de detención preliminar por el plazo de siete días. Alcántara Tellería es investigado formalmente como presunto autor del delito de homicidio calificado en agravio del menor, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado este último miércoles en la localidad de Uchiza.

Continúan las diligencias

Tras su captura, la Policía Nacional ha informado que el detenido será puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para determinar su grado de responsabilidad en los hechos.

En paralelo, las fuerzas del orden y la Fiscalía continúan con las diligencias e investigaciones. El objetivo principal en esta etapa es lograr ubicar el paradero de Zoila Castillo, quien sigue en calidad de desaparecida, así como esclarecer por completo las circunstancias y el móvil que rodearon este suceso.

Daniel Hernández consolida bases en las Casuarinas de Retes de cara a su proyecto provincial

El partido político Perú Primero continúa expandiendo su presencia territorial en la provincia con la reciente inauguración de una nueva base de apoyo en Las Casuarinas de Retes. La apertura de este espacio responde directamente a la estrategia del precandidato Daniel Hernández Buitrón de estructurar una plataforma de participación y trabajo conjunto cercana a las familias huaralinas.

Durante el evento, los vecinos del sector participaron de manera activa en la apertura de la sede partidaria, concebida como un punto de encuentro para descentralizar las propuestas de gobierno del candidato.

Con esta nueva sede en Las Casuarinas de Retes, el partido político de Perú Primero ratifica pasos firmes en su crecimiento y movilización comunitaria en toda la provincia de Huaral, sumando el respaldo de más bases vecinales con miras a los próximos comicios municipales.

Hermano del director del Hospital Regional de Huacho es nuevamente acusado de acoso, hostigamiento y represalia laboral

– Señorita no permitió insinuaciones y al día siguiente la sacaron del trabajo.

Otra grave denuncia por acoso y hostigamiento contra el hermano del director del Hospital Regional de Huacho – RIS Huaura Oyón pone en el ojo de la tormenta al sector salud en la provincia. Una trabajadora de la RIS asegura haber sido retirada arbitrariamente de sus funciones luego de rechazar acercamientos por parte de Luis Fernando Ruiz Laos, psicólogo y hermano del director del Hospital Regional, Santiago Gerardo Ruiz Laos.

Según el testimonio, los hechos iniciaron el pasado 27 de abril del presente, en una reunión técnica donde el acusado tuvo miradas invasivas e insistentes con la nueva trabajadora. Al finalizar la reunión, el mencionado psicólogo se presentó mostrando actitudes confianzudas, ofreciendo su teléfono y ayuda a la trabajadora, indicándole que él no le tiene miedo a nadie y cualquier cosa le avise a él. Hecho que resulta extraño, toda vez que el sujeto no tiene un cargo en la RIS, pues solo trabaja como psicólogo del Centro de Salud Mental Intipalka de Sayán.

Días después, el psicólogo consiguió el número telefónico de la trabajadora para escribirle vía WhatsApp. Con excesiva confianza, insinuó tener influencia dentro de la institución: “…tuve que preguntar cómo te habían tratado y me dijeron que no muy bien. Y no me dices nada. Dame las quejas te dije”. Escribió entre otras cosas, generando la preocupación de la denunciante que dio aviso a su pareja quien, mediante un mensaje de texto le pidió que no le escribiera haciendo mención a las denuncias públicas y policiales que existen contra el sujeto. Tras ello, comenzaron las represalias.

Al día siguiente al presentarse al trabajo, le pidieron el chaleco de la institución, la despojaron de la PC, la eliminaron de los grupos de WhatsApp de trabajo y fue retirada de todas sus funciones. Finalmente, al promediar la hora de almuerzo, recibió la indicación de que supuestamente “por órdenes del director” ya no podía continuar laborando por lo que hizo. El caso ya fue denunciado ante el Ministerio Público.

Lo más grave de la situación es que no es un caso aislado, existe otra denuncia por acoso y hostigamiento sexual contra el mismo sujeto que, continuaría operando bajo el mismo modus operandi y con total impunidad por aparente influencia de su hermano. De esta situación ya tendrían conocimiento en la DIRESA que hasta el momento no toma acciones. Por su parte, la Fiscalía de la Nación también investigaría los presuntos delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y vulneración de derechos laborales.

Fuente: Primera SEÑAL – Noticias