El proceso judicial por la muerte de Lizeth Marzano, la joven deportista atropellada en San Isidro el pasado 17 de febrero, sumó un nuevo capítulo este domingo, cuando el juez encargado decidió suspender la audiencia de prisión preventiva solicitada contra Adrián Villar Chirinos. La sesión, considerada clave para definir si el investigado continuará recluido, fue reprogramada para el martes 3 de marzo a las 15:00, tras un extenso debate entre las partes y ante la presentación de nuevos elementos probatorios.

La audiencia, dirigida por el magistrado del 33.º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, se desarrolló de manera virtual y contó con la presencia del fiscal Henry Santiago Zavaleta Polo, los abogados de Villar —César Augusto Nakazaki Servigón y César Enrique Pérez Escobar—, el abogado de la familia de la víctima Carlos Miguel Grados La Rosa y el propio Villar, bajo custodia policial en la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional, en La Victoria.

La defensa técnica de Adrián Villar, liderada por Nakazaki, solicitó formalmente la suspensión del debate, argumentando que recién ese día se había apersonado al caso y que no había tenido oportunidad de revisar un informe policial de cincuenta páginas —junto a varios anexos— que fue incorporado al expediente casi a la medianoche anterior. El abogado sostuvo que el requerimiento fiscal desconocía los arraigos del investigado y que la defensa necesitaba tiempo para recopilar y presentar pruebas de descargo.

“Tenemos el requerimiento de prisión, todos los anexos, y estamos recopilando los elementos para el descargo, porque en el requerimiento fiscal se nos desconoce todos los arraigos. Tenemos necesidad de poderlos probar”, expuso Nakazaki ante el juez. Además, denunció que se notificó a la defensa casi a la medianoche y que uno de los informes presentados —elaborado por el comisario del aeropuerto— señalaba falsamente que Villar pretendía viajar a Cajamarca, hecho que la defensa afirmó poder desvirtuar documentalmente.El estudio de César Nakazaki asume la defensa horas antes de una audiencia determinante.

El Ministerio Público, por su parte, se opuso al aplazamiento, señalando que Villar contaba con defensa activa desde el inicio del proceso y que su equipo había participado en todas las diligencias, por lo que debieron prever y reunir los elementos de descargo con antelación. “Si no lo ha hecho, no es responsabilidad o no se le puede atribuir al Ministerio Público”, afirmó el fiscal Zavaleta Polo.

Tras escuchar los argumentos, el juez reconoció la complejidad de la situación y la necesidad de resguardar el derecho a la defensa, pero enfatizó que la audiencia debía instalarse dentro del plazo legal de 48 horas para no incurrir en una detención irregular. Por ello, optó por una solución intermedia: instalar la audiencia, permitir que el Ministerio Público exponga los fundamentos de su requerimiento y, acto seguido, suspender la sesión por 24 horas hábiles. Sin embargo, la reanudación fue fijada para el martes 3 de marzo a las 15:00, manteniendo el mismo enlace virtual.

Caso

Adrián Villar Chirinos, de 21 años, es investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga en agravio de Lizeth Marzano Noguera. Según la acusación, el joven atropelló a la deportista la noche del 17 de febrero en la avenida Camino Real de San Isidro y abandonó la escena sin prestar auxilio, impidiendo la realización inmediata de diligencias fundamentales como el dosaje etílico. Marzano falleció horas después a causa de un traumatismo craneoencefálico severo.

La familia de la víctima, representada por Grados La Rosa, solicitó la prisión preventiva por nueve meses, señalando el riesgo de fuga y la gravedad de la conducta atribuida al imputado. El entorno de Villar sostuvo que el joven colaboró con la investigación, entregando el vehículo y sus pasaportes; sin embargo, la Fiscalía y la parte agraviada advierten que la demora en presentarse ante las autoridades habría tenido como finalidad evitar la flagrancia y dificultar la acción de la justicia.