La presidenta Dina Boluarte solicitó a la Fiscalía de la Nación adelantar la fecha de su declaración indagatoria sobre el ‘caso Rolex’, una acción fiscal que estaba programada para el próximo viernes 5 de abril.
A través de una carta enviada por el despacho de su abogado Mateo Castañeda, la mandataria pidió que su declaración sea tomada «de forma inmediata a efectos de esclarecer lo más pronto posible los hechos materia de investigación».
En el escrito, Boluarte indica que hace esta solicitud «en vista de la turbulencia política que se viene produciendo como consecuencia de las diferentes diligencias» realizadas por la Fiscalía en su vivienda y en Palacio de Gobierno.
En esa línea, solicito que se deje sin efecto la programación de la diligencia fiscal prevista para el 5 de abril para la toma de sus declaraciones.
Allanan vivienda de Dina Boluarte y Palacio de Gobierno
El Perú vive una nueva crisis política luego de que el Ministerio Público y personal de la Diviac allanaran la casa de la presidenta Dina Boluarte en Surquillo, así como Palacio de Gobierno como parte de las diligencias preliminares en torno al uso de relojes de alta gama, marca Rolex, por parte de la jefa del Estado.
Tanto la mandataria como el presidente del Consejo de Ministros y la defensa legal de Boluarte han calificado de «desproporcionada» e «inconstitucional» la diligencia efectuada por la Fiscalía.
La noche del sábado, la Fiscalía de la Nación respondió a Boluarte, quien un mensaje a la Nación calificó la acción del Ministerio Público como «ilegal y abusiva”.
El organismo autónomo señaló en un comunicado que este procedimiento, llevado a cabo la noche del 29 de marzo y en las primeras horas del día siguiente, se hizo “por orden del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República”.
El Ministerio Público, por lo tanto, descartó que dicha intervención realizada por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales “haya sido ilegítima, inconstitucional y abusiva”.
La entidad indicó, además, que durante la diligencia no fueron ubicados ni se les entregó los relojes de alta gama a pesar de que se lo solicitaron a la jefa de Estado. Sin embargo, aclaró, se “obtuvo otros elementos de interés para la investigación”.
Por último, la Fiscalía de la Nación confirmó que citó formalmente a Boluarte Zegarra para el próximo viernes, 5 de abril, a fin de que exhiba los relojes Rolex y preste su declaración sobre el referido caso, tal como lo solicitó su defensa legal.
En su carta, la joven abogada señala que su decisión se atribuye a que fue blanco de “acoso mediatico”, “hostilidad sistemática” y “discrminación por origen” que ha sufrido durante los 8 días en el cargo. Ella fue cuestionada por la prensa debido a que sus padres presuntamente fueron docentes en el mismo colegio donde Pedro Castillo enseñó.
Carta de renuncia de Leslie Gonzales.
“Soy una mujer orgullosamente chotana, hija de profesores, abogada y servidora pública de carrera. Mi trayectoria no ha sido regalada ni heredada. Ha sido consecuencia de mi esfuerzo, rigor técnico y vocación de servicio”, describe la letrada Gonzales en su carta de renuncia.
Tras el nombramiento de Gonzales, el presidente de transición José María Balcázar comentó que se debe a una labor rutinaria y enfocada a agilizar los indultos habituales. En ese sentido, descartó que se realizó para beneficiar a Pedro Castillo.
Renunció Lesli Roxana Gonzales Cabanillas de la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia luego de ser designada el 5 de mayo por el ministro Luis Enrique Jiménez en un Decreto Supremo.
En su carta, la joven abogada señala que su decisión se atribuye a que fue blanco de “acoso mediatico”, “hostilidad sistemática” y “discrminación por origen” que ha sufrido durante los 8 días en el cargo. Ella fue cuestionada por la prensa debido a que sus padres presuntamente fueron docentes en el mismo colegio donde Pedro Castillo enseñó.
Carta de renuncia de Leslie Gonzales.
“Soy una mujer orgullosamente chotana, hija de profesores, abogada y servidora pública de carrera. Mi trayectoria no ha sido regalada ni heredada. Ha sido consecuencia de mi esfuerzo, rigor técnico y vocación de servicio”, describe la letrada Gonzales en su carta de renuncia.
Tras el nombramiento de Gonzales, el presidente de transición José María Balcázar comentó que se debe a una labor rutinaria y enfocada a agilizar los indultos habituales. En ese sentido, descartó que se realizó para beneficiar a Pedro Castillo.
El investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y experto en minería, energía y petróleo, Jorge Manco Zaconetti, advirtió que Petroperú carga con millonarias obligaciones que el Estado no le reconoce como los costos del Oleoducto Norperuano, las ventas de combustibles en la Amazonía, donde concentra cerca del 85% de sus operaciones porque los privados no quieren abastecer esa zona, y devoluciones pendientes del IGV, mientras enfrenta una fuerte inestabilidad por el constante cambio de directorios.
En tal amargo escenario, plantea “blindar” la conducción de la petrolera estatal y recuperar una ley que garantizaba estabilidad mínima de tres años a sus directores.
—El Gobierno ha aprobado un decreto de urgencia para respaldar hasta por US$2.000 millones un financiamiento privado para Petroperú. ¿Cómo recibe esta medida?
No deja de ser una buena noticia. Ya era esperada y quizás estaba tardando. Pero hay que entender que este endeudamiento tiene como contraparte no a Petroperú, sino a ProInversión, y eso ya implica costos de intermediación. Además, estamos hablando de un alivio insuficiente porque los pasivos corrientes superan los US$3.600 millones y solo los pasivos financieros bordean los US$1.900 millones. Entonces es una cantidad insuficiente. Es un respiro que apunta a la privatización.
—¿Entonces el monto aprobado no alcanza para estabilizar a la empresa?
Tengo entendido que la anterior presidencia de Petroperú solicitaba US$2.500 millones. Estos US$2.000 millones sirven básicamente para pagar proveedores y parte de la deuda financiera de corto plazo. Pero debería aprovecharse para reperfilar la deuda que vence en 2030, 2032 y 2045.
—El Gobierno insiste en que no habrá recursos directos del Tesoro Público. ¿Eso genera más confianza?
Sí. Hay una señal positiva hacia afuera porque es el Estado peruano el que está garantizando este endeudamiento. Eso es un reconocimiento de la solidez de la economía peruana hacia afuera. Hay confianza del inversionista, pero el problema es interno con la inestabilidad política que existe estando próximos a un proceso de segunda vuelta, lo recomendable es que todo lo referido al decreto 010-2025 quede en espere y que sea el nuevo gobierno que tome cartas en el asunto.
Petroperú es una empresa rentable siempre y cuando sus accionistas como el Ministerio de Economía y de Energía y Minas reconozcan las distintas deudas inusuales que le cargan a Petroperú.
Petroperú ha reducido su nivel de refinación a 60.000 barriles diarios, pese a tener una capacidad cercana a los 100.000 barriles en la nueva Refinería de Talara.
—¿Qué le preocupa entonces de este esquema?
Mi principal crítica es la intervención de ProInversión. No tiene los cuadros ni la experiencia en el manejo de empresas petroleras. Tanto es así que tiene que recurrir a empresas transnacionales como Deloitte para supervisar este proceso. Mientras no se derogue o archive el Decreto de Urgencia 010-2025, Petroperú sigue con una espada de Damocles.
«ProInversión busca asfixiar a Petroperú para reprivatizarla»
—¿Por qué considera delicado el rol de ProInversión?
Porque ProInversión está en una lógica privatizadora. El enemigo está dentro del Estado. La idea es asfixiar a Petroperú para luego privatizarla por partes, por bloques patrimoniales. Ellos dicen que no se privatizará, sino que se concesionará, pero es lo mismo.
—¿Petroperú sigue teniendo un rol estratégico?
El 85% de las ventas de Petroperú se hacen en la Amazonía y a los privados no les interesa abastecer esa zona por la recuperación tardía del impuesto general a las ventas (IGV). Petroperú termina asumiendo ese costo porque tiene un rol estratégico y de abastecimiento que el privado no quiere cubrir.
«Abastecimiento en la Amazonía mientras los privados evitan operar en la zona»
—¿Este financiamiento podría ayudar a recuperar operativamente a Petroperú?
Dependerá de la visión que exista. Si hubiera una apuesta de fortalecimiento, estos US$2.000 millones podrían servir para reprogramar deuda y darle sostenibilidad. Pero ProInversión apuesta más por reprivatizar activos.
—Petroperú reportó utilidades positivas en el primer trimestre del año. ¿Eso muestra una recuperación real?
Después de casi cuatro años, Petroperú arrojó utilidades positivas por US$133 millones y esto es un signo de confianza. Pero eso no significa que la empresa ya esté saneada. Las ventas siguen cayendo y hoy Petroperú vende menos del 19% del mercado.
—¿A qué responde las cifras en azul de utilidades?
Porque funcionó la planta de Flexicoking y se utilizaron inventarios comprados cuando el petróleo estaba barato. Hoy los márgenes de refino (ganancias para procesar crudo) están muy altos, sobre los 50%. Es básicamente eso. Pero no es sustentable por la enorme carga de pasivos que tiene la empresa.
La Refinería de Talara podría producir alrededor de 95.000 barriles diarios de diésel limpio, pero hoy el diésel no llega ni a 15.000 barriles al día. Parte del problema es que en 2024 se manejó políticamente el Flexicoking y esa unidad estuvo paralizada gran parte del año.
—¿La situación financiera sigue siendo crítica pese a estas ganancias?
Claro. El capital de trabajo sigue siendo negativo. Petroperú tiene alrededor de US$1.500 millones negativos en capital de trabajo y de ese financiamiento probablemente solo le suelten US$500 millones inicialmente. Eso sirve para pagar las cuentas más urgentes.
«Petroperú mantiene una situación financiera crítica pese a sus utilidades»
—Usted ha mencionado que Petroperú carga con obligaciones que afectan su situación financiera. ¿A qué se refiere?
Por ejemplo, Petroperú asume más de US$100 millones anuales en mantenimiento y supervisión del Oleoducto Norperuano, y aun así el ducto es perforado. También tiene pérdidas por las ventas en la Amazonía debido a la devolución tardía del IGV. Además, el Estado le debe casi US$2.000 millones vinculados al IGV de maquinaria importada para la Refinería de Talara.
—¿Qué tan determinante es la inestabilidad política dentro de la empresa?
Es gravísimo. Este ya es el cuarto directorio en pocos meses. ¿Qué empresa puede funcionar eficientemente cambiando presidente y directorio cada rato? Lo que debe hacer el próximo gobierno es blindar el directorio de Petroperú y devolverle estabilidad. Antes existía una legislación que garantizaba una estabilidad mínima de tres años para los directores y eso se perdió.
La inestabilidad política impide que Petroperú recupere gobernanza y capacidad de gestión
—¿Ve posible una privatización en el próximo gobierno?
Eso va a depender del próximo gobierno. Yo estoy seguro de que si gana la señora Keiko, Petroperú se va a privatizar sí o sí. Hoy la lógica de ProInversión apunta a concesionar o reprivatizar bloques patrimoniales. La joya de la corona es Talara; luego vienen Conchán y los terminales del sur, donde están las mineras, son bocatos apetitosos para el sector privado.
¿Por qué considera peligrosa esa lógica de concesión o privatización?
Porque ya vimos lo que pasó con La Pampilla. Se privatizó por US$272 millones y desde entonces ha generado más de US$72.000 millones en ingresos por ventas. El Estado se deshizo de un activo estratégico a precio muy bajo.
«El Estado malvendió activos estratégicos tras privatizar La Pampilla»
—¿Hay interés internacional en Talara pese a su deuda?
Con la deuda actual, difícilmente una transnacional occidental querrá asumir Talara. Quizás los chinos sí, porque tienen otra visión estratégica. Estamos hablando de una de las nueve refinerías más modernas en el mundo. O sea, por la parte de Flexicoking , son 16 unidades complejas.
—¿Cuál debería ser el enfoque del próximo gobierno con Petroperú?
Debería reconocer todos los costos y cargas que hoy asume la empresa. Petroperú puede ser rentable, pero necesita estabilidad, una visión de largo plazo y que el Estado reconozca las obligaciones extraordinarias que le impone.
«El reperfilamiento de deuda podría darle cinco años de alivio a Petroperú»
—Entonces, si hubiera una estrategia clara de visión empresarial, ¿la salida vía reperfilamiento sería la ideal para Petroperú?
Sí. Si existiera una visión de largo plazo, el reperfilamiento podría darle tranquilidad financiera a la empresa por al menos cinco años. Pero si la lógica sigue siendo la del Decreto de Urgencia 010, difícilmente se avanzará por ese camino.
—Actualmente se discute justamente una eventual modificación o derogación del DU 010. ¿Lo han convocado al Congreso?
Sí, debió aprobarse la semana pasada, pero ahora están “buscando cuatro pies al gato”.
—¿Cree que prospere finalmente la derogatoria?
Depende mucho del Pleno. El presidente de la comisión, Victor Cutipa, puede tener buenas intenciones, pero sinceramente no creo que el Pleno apruebe la derogatoria del DU 010.
—Entonces, ¿qué necesita Petroperú?
Lo que se necesita es gobernanza. Un directorio técnico, estable y no político. Algo parecido a lo que ocurre con el directorio del Banco Central de Reserva. Eso mismo lo ha dicho Roque Benavides.
—¿Cómo funciona eso en otros países?
Chile, Colombia y otras empresas estatales de la región tienen directorios técnicos, conformados por especialistas reconocidos y con experiencia en gestión. Cambia el gobierno y los directorios de empresas como ENAP, Ecopetrol o Codelco no cambian. Hay estabilidad y gobernanza.
Blindar el directorio de Petroperú con estabilidad similar a la del BCR
—¿Qué pasa en el caso peruano?
Acá ocurre lo contrario. Desde febrero hasta hoy Petroperú ya ha tenido cuatro directorios distintos. Eso es un récord mundial para una empresa que alguna vez fue la principal compañía del Estado peruano.
—¿Se necesita volver a la ley anterior para recuperar esa estabilidad?
Claro. Existía una norma que daba tres años de estabilidad a los directores y solo podían ser removidos por falta grave o fallecimiento. Esa ley fue violentada por iniciativa del fujimorismo. Hoy los directores cambian permanentemente y así no puede existir estabilidad ni gobernanza.
—¿Eso afecta incluso las oportunidades comerciales?
Totalmente. Nosotros hemos comprado petróleo a Ecuador y Colombia, pero muchas veces no directamente a Petroecuador sino a intermediarios. Eso siempre genera sospechas.
—¿Por qué no se concretan relaciones directas entre empresas estatales?
Porque necesitas continuidad y estabilidad para negociar. Funcionarios de Petroecuador visitaron Talara y reconocieron que la refinería peruana podría procesar petróleo ecuatoriano. Hay cercanía geográfica y potencial de integración energética, pero ¿cómo negocias seriamente si acá el directorio cambia a cada rato?
—¿Ha existido antes mayor estabilidad en Petroperú?
Sí. Voy a decir una herejía. Incluso en la época de Fujimori hubo presidentes de Petroperú que permanecieron cuatro o cinco años. Hoy eso es imposible porque la mafia congresal ve a Petroperú como un botín político. ¿Dónde está ese botín? En las ventas mayoristas. Petroperú no tiene grifos; los grifos son privados y ellos fijan el precio final al consumidor. Petroperú es un mayorista más dentro de un mercado donde existen otros 12 mayoristas.
—¿Qué ejemplos internacionales podrían servirle al Perú?
Chile es un caso interesante. No tiene petróleo, produce apenas unos 5.000 barriles diarios y su consumo es más o menos 450.000 barriles, fuera del gas natural. Con eso resolvió su problema energético mediante infraestructura, cinco tubos que lo conectan con Argentina a diferencia de nosotros que tenemos uno y ya vimos las consecuencias cuando se paralizó el suministro de gas; dos unidades regasificadoras y planificación estatal de largo plazo.
—Sin embargo, Chile tiene combustibles más caros.
Sí, pero en Perú también tenemos precios altos. Después de Uruguay y Chile, somos de los países con combustibles más caros de Sudamérica. Y buena parte del problema es tributario: entre 20% y 25% del precio final corresponde a impuestos.
—Entonces, ¿qué debería hacerse con Petroperú?
Debe existir un consenso nacional. Porque dependiendo de quién gane las elecciones, unos querrán privatizarla y otros fortalecerla. Pero cualquiera sea el escenario, la empresa necesita estabilidad financiera y un directorio técnico, profesional y no político.
Datos:
US$2.000 millones: aval aprobado por el Gobierno para que Petroperú acceda a financiamiento privado; sin embargo, la estatal arrastra más de US$3.600 millones en pasivos corrientes y casi US$1.900 millones en deudas financieras.
US$133 millones: utilidades registradas por Petroperú en el primer trimestre de 2026 tras casi cuatro años de pérdidas, aunque hoy participa con menos del 19% del mercado de combustibles. 85% de las ventas en la Amazonía: porcentaje de operaciones que realiza Petroperú en esa zona porque, según Jorge Manco, a los privados “no les conviene” abastecerla debido a la devolución tardía del IGV.
Más de US$2.000 millones: monto que, según Manco, el Estado adeuda a Petroperú por devoluciones pendientes de IGV y otros conceptos ligados a Talara y operaciones amazónicas; de ese total, unos US$800 millones corresponderían a maquinaria importada para la nueva refinería.
US$1.500 millones negativos: capital de trabajo negativo que tendría Petroperú, además de asumir más de US$100 millones anuales en gastos del Oleoducto Norperuano.
95.000 barriles diarios: capacidad de procesamiento que podría alcanzar la Refinería de Talara operando cerca de su máximo potencial, con hasta 25 mil barriles diarios de diésel limpio, aunque actualmente produciría alrededor de 15.000 barriles de diésel por día
A las evidencias que sumergen al candidato presidencial Roberto Sánchez en una acusación fiscal por no declarar los ingresos y gastos de su partido Juntos por el Perú (JPP), se suma una prueba más de los irregulares manejos de la organización política que esta vez involucran a su hermano William Sánchez Palomino.
William Sánchez tiene 55 años, es músico y milita en JPP desde el 2009. De acuerdo a registros de la Sunedu, no tiene estudios superiores ni técnicos.
Entre 2017 y 2021 fue presidente del Comité Nacional Electoral del partido político, según Infogob, justo el tiempo en el que la Fiscalía alertó que abrió una cuenta bancaria donde se detectaron S/204,951 que no fueron declarados a la ONPE.
Por esa razón, el Ministerio Público ha pedido al Poder Judicial que condene al candidato con más de 5 años de cárcel por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo.
Ese fue el único periodo en el que William Sánchez tuvo un cargo dirigencial. Sin embargo, su relación sanguínea con el líder Roberto Sánchez le permitió ejercer funciones cruciales después.
Se le perdieron documentos
El 23 de diciembre de 2022, el menor de los Sánchez denunció ante la comisaría de su natal Huaral que cinco días antes extravió documentos partidarios.
Declaró que perdió «cinco libros de actas» de los comités de JPP de las provincias de Huaral, Cañete, Yauyos, Oyón y Huaura.
«Hecho ocurrido en circunstancias que se trasladaba a bordo de un vehículo de transporte (mototaxi) dejando olvidado dichos libros», se lee en la denuncia a la que accedió Perú21.
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No obstante, no fue la única pérdida de documentos reportada. El 30 de junio de 2023, también ante la Comisaría de Huaral, declaró que el 19 de mayo de ese año perdió actas del comité de Barranca (Lima), otro libro del comité Mariscal Cáceres (San Martín), y otro libro de JPP.
Y, nuevamente, la pérdida se registró supuestamente «en un vehículo de transporte».
La última denuncia indica que William Sánchez perdió «cuatro libros» del comité de Trujillo, Julca, Virú y Sánchez Carrillo, todos de la región La Libertad.
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«Hecho ocurrido en circunstancias que se trasladaba en un vehículo de transporte interprovincial donde el denunciante se quedó dormido y al momento de bajar del bus no se percató de los libros que llevaba consigo, dejándolo olvidado por la premura del tiempo en dicho vehículo ubicado en la avenida 2 de mayo, referencial terminal de Z Bus», relató.
El abogado de JPP, Roy Mendoza, dijo a Perú21 que esas denuncias fueron «actos necesarios» a fin de «reconfirmar la junta directiva de los comités provinciales y continuar con sus actividades».
Los gastos del hermanísimo
Una fuente vinculada a Juntos por el Perú contó a este diario que Roberto Sánchez delega funciones dentro del partido a su hermano William Sánchez.
«Roberto Sánchez monopolizó el poder en el partido, puso a su esposa (Claudia Pinazzo) y a su hermano en el comité electoral», indicó el informante.
Según el reporte anual de JPP del 2022, el hermanísimo hizo gastos con el dinero de aportes privados que incluyeron su salario.
Por ejemplo, cobró S/2,500 por «dieta de comité electoral», así como pagó almuerzos por S/1,500.
El partido político Primero La Gente detalló su postura frente a la segunda vuelta electoral. Mediante sus redes sociales, la agrupación brindó su respaldo a Juntos por el Perú (JP) con la condición de derogar las leyes procrimen. Además, también denunció la existencia de un «pacto mafioso» liderado por el fujimorismo que gobierna desde el Congreso.
En el comunicado, Primero La Gente rechaza la posibilidad de un gobierno de Fuerza Popular. «Rechazamos unánimemente al fujimorismo, heredero de la séptima dictadura más corrupta de la historia de la humanidad, y responsable del quiebre institucional, abuso de poder, violación de derechos, inestabilidad y aumento del crimen en la última década», se lee. Según el partido, otorgar el poder absoluto a Fuerza Popular permitiría garantizar impunidad y perpetuarse en el poder.
Para evitar dicho escenario, Primero La Gente ofreció un acuerdo político a Juntos por el Perú. El comunicado destaca que, pese a las diferencias que los separan, el partido liderado por Roberto Sánchez ha demostrado una conducta distinta en el actual Parlamento.
«Reconocemos, así, que la ejecutoria de JP en el actual Congreso ha tenido importantes diferencias con las del fujimorismo. Por ejemplo, en los reiterados pedidos de vacancia de JP contra Dina Boluarte, desde que se dieron las matanzas en el Sur del país, mientras que el fujimorismo la blindaba».
El apoyo a Juntos por el Perú se plantea como un «apoyo crítico» sujeto a compromisos. Entre los puntos exigidos por Primero La Gente figuran la derogatoria de las leyes procrimen, el fortalecimiento de la separación de poderes, la estabilidad fiscal, el crecimiento económico sostenible y la defensa irrestricta de los derechos humanos.
Un incendio de gran magnitud se registra la mañana de este miércoles 13 de mayo en las inmediaciones de la refinería de Cajamarquilla, ubicada en la avenida del mismo nombre, en el distrito de Lurigancho-Chosica. Hasta la zona fueron desplegadas cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que vienen trabajando para controlar la emergencia.
De acuerdo con información preliminar, el siniestro se habría originado en una zona de alta tensión dentro de la refinería catalogado como código 1. Asimismo, se reporta que cuatro personas habrían resultado heridas, algunas con quemaduras.
Emergencia en planta procesadora de zinc
Según los primeros reportes, el incendio habría sido provocado por un presunto cortocircuito en dos subestaciones eléctricas de la instalación. Las causas continúan en investigación. La emergencia ocurre en la planta procesadora de zinc, la más grande de América Latina y la quinta más grande del mundo, según la consultora de energía Wood Mackenzie. Sus operaciones comenzaron en 1981, y en 2021 produjo alrededor de 328.1 mil toneladas de zinc metálico.
Nexa reporta cuatro afectados tras incidente en zona de operaciones
La empresa Nexa confirmó que cuatro personas resultaron afectadas tras un incidente, entre ellas un trabajador de la propia compañía y tres de la contratista Hitachi, quienes realizaban labores en la zona.
Según detalló, tres de los afectados fueron trasladados a un centro de salud para su evaluación y atención médica, donde permanecen estables, mientras que la cuarta persona recibió atención en el lugar.
En un comunicado, la empresa señaló que viene brindando acompañamiento a los trabajadores y apoyo a sus familias. Asimismo, informó que, como medida preventiva, se realizó la evacuación del área y se mantiene el monitoreo de la situación, mientras las causas del incidente son materia de investigación.
¿Qué hacer durante un incendio?
Si se presenta un incendio, conserva la serenidad y evacua de inmediato siguiendo la ruta señalizada. Avisa de forma urgente a quienes estén cerca y comunícate con el 116, número de la Central de Emergencias del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
Si el fuego es incipiente y cuentas con el conocimiento necesario, emplea un extintor para controlarlo. Antes de abrir una puerta durante la evacuación, verifica que la manija no esté caliente, ya que podría indicar la presencia de fuego al otro lado.
Para evitar la inhalación de humo, cúbrete la nariz y la boca con un paño húmedo. Bajo ninguna circunstancia regreses al área afectada, salvo que los bomberos lo autoricen.
A pocos meses que se inicie la campaña electoral para las elecciones Regionales y Municipales 2026, se dio a conocer la inscripción de los partidos y candidatos que postularán en estas contiendas electorales que buscarán ser representantes de sus respectivas jurisdicciones. A continuación, conozca las alianzas entre los partidos nacionales y movimientos regionales tradicionales, que buscan asegurar un mayor arrastre de votos en toda la provincia de Huarochirí.
De acuerdo con los reportes oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en la fase de elecciones primarias, la alianza electoral APP – La Cholita consolidó la mayor presencia territorial en la provincia de Huarochirí al registrar un total de 31 listas de candidatos para alcaldías y regidurías. Esta coalición, integrada por el partido Alianza para el Progreso y el movimiento regional Unidad Cívica Lima, logró cobertura en casi toda la jurisdicción huarochirana, exceptuando únicamente al distrito de Carampoma.
La masiva inscripción de esta alianza reconfigura las fuerzas políticas locales para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. En total, son 27 las organizaciones políticas que lograron inscribir al menos una fórmula electoral en la provincia. Entre los principales competidores con una sólida presencia distrital figuran partidos tradicionales como Fuerza Popular, la Alianza Renovación Popular – Toro, Acción Popular y Somos Perú; mientras que otras agrupaciones optaron por una estrategia más limitada, presentando listas únicas exclusivamente en el nivel provincial o en distritos específicos.
Este escenario de alta participación partidaria abre el debate entre los analistas políticos respecto a la eficacia de la estructura territorial. La fuerte presencia en los distritos periféricos genera la interrogante de si este despliegue masivo se traducirá efectivamente en un mayor número de alcaldías ganadas, o si servirá principalmente como un motor de arrastre para consolidar y asegurar los votos necesarios de la lista provincial.
ENFOQUE REAL 