El congresista Héctor Valer, presidente de la Comisión investigadora de licitaciones del Estado con empresas chinas, reveló que el informe final sobre las presuntas irregularidades en licitaciones irregulares otorgadas a empresas chinas incluye responsabilidades que alcanzan a cuatro exmandatarios: Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti y Pedro Castillo. Según Valer, el expediente del caso alcanzaría la astronómica cifra de 1.000.000 de hojas, con pruebas que comprometerían a un exministro de Estado.

El caso aún continúa en investigaciones. De hecho, el pasado 5 de marzo el Congreso rechazó que el debate del informe de la Comisión Investigadora Multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por las empresas chinas sea público. Tras las votaciones, no se alcanzaron los 66 votos que se necesitaban para abrir el expediente y se conoció que fue el fujimorismo el que bloqueó la iniciativa.

“El artículo 88 del reglamento del Congreso de la República así manda. Todas las comisiones tienen esa facultad jurisdiccional. Si dos congresistas, miembros de la comisión, solicitan levantar el secreto o la reserva de la investigación y se aprueba por mayoría de los miembros, se levanta el caso de reserva, pero eso no ha ocurrido”, señaló el congresista en Canal N.

Asimismo, Valer reveló que el informe no se hizo público porque había mucha información privilegiada para poder probar las cinco presuntas organizaciones criminales lideradas por cuatro expresidentes (Martín Vizcarra, José Merino, Pedro Castillo y Francisco Sagasti) y un exministro durante el gobierno Sagasti que dirige toda una organización.

“Las evidencias, las pruebas e indicios que hemos acopiado en, maso o menos, en un millón de hojas junto con la participación de la Contraloría General de la República, el servicio de inteligencia del Ministerio del Interior, el Ministerio de Economía, en su debido momento, la ministra de Vivienda en su debido momento y el ministro de transporte hemos considerado de que esas pruebas deberían mantenerse en total reserva hasta el primer informe en el pleno del Congreso de la República, que se desarrolló en el año 2023”, mencionó.

Expresidentes involucrados en los contratos irregulares con empresas chinas

De acuerdo con las declaraciones de Héctor Valer, el núcleo del caso se sustenta en investigaciones realizadas sobre el periodo 2018-2022. Aunque las pesquisas concluyeron en 2023 con la presentación de un informe final que detallaba todas las irregularidades ante el Pleno, el proceso de debate se vio interrumpido.

En 2024, se solicitó un cuarto intermedio que paralizó la discusión del documento durante meses. Esta inacción legislativa persistió hasta que investigaciones periodísticas revelaron un presunto conflicto de intereses: el congresista José Jerí —miembro titular de la Comisión de Fiscalización— habría estado vinculado a gestiones de lobby en favor de las empresas chinas bajo sospecha.

Héctor Valer enfatizó que, durante el gobierno de Martín Vizcarra, la relación con el capital asiático trascendió la mera firma de contratos. Según el legislador, se implementó una estrategia de modificación sistemática del marco normativo con el objetivo de blindar la participación de consorcios extranjeros.

«Se llegó al extremo de alterar diversas normas legales para favorecer exclusivamente a las empresas chinas, desplazando y desfavoreciendo deliberadamente a las compañías peruanas”, agregó.

En el caso de José Merino, indicó que el exmandatario se encuentra involucrado en su investigación debido a que, durante su gobierno de cuatro días, el exministro de Transporte, Augusto Valqui, firmó un convenio con una empresa china de casi 100 millones de soles. Al respecto, indicó que Valqui se apersonó al Congreso para presentar sus declaraciones.

Por otro lado, en el caso de Sagasti, indicó que el expresidente llegó a la citación de la comisión y envió una carta para esclarecer los hechos. Sin embargo, señaló que los funcionarios durante su gobierno están involucrados en alrededor de 93 contratos con 13 empresas chinas por más de 10 mil millones de soles. Asimismo, aseveró que estas compañías, al no tener sanciones, continuaron contratando con el Ministerio de Salud, el Seguro Social de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Agricultura, pese a que “las obras en las que trabajaron fueron, en su mayoría, abandonadas y, a pesar de recibir del erario nacional un adelanto financiero para pagar a las micro y pequeñas empresas, al final no les pagaron”.

Caso ‘Chifagate’ de José Jerí

El caso ‘Chifagate’ comenzó como una serie de reuniones reservadas de José Jerí en el chifa del empresario de origen chino Zhihua Yang, en el centro de Lima.

Yang es el propietario del restaurante y del local comercial donde el mandatario mantuvo reuniones fuera de su agenda oficial a finales de diciembre de 2025 y principios de enero de 2026. Estos encuentros fueron realizados de manera clandestina y sin registros públicos.

La controversia radica en la posible injerencia del empresario en decisiones gubernamentales o la obtención de beneficios en contratos estatales. Aunque el destituido presidente Jerí reconoció conocer a Yang desde 2024 y se disculpó por la forma en que se realizaron las reuniones (llegando incluso a usar capuchas o lentes oscuros para evitar ser identificado), negó rotundamente cualquier acto indebido o que los encuentros estuvieran vinculados a las concesiones del empresario.

Por su parte, la Fiscalía continúa con las investigaciones para determinar el presunto tráfico de influencias e intereses ilícitos que surgieron a partir de estas citas «circunstanciales», como las denominó el Ejecutivo en ese entonces.