Escrito por Beto Espinoza
La reciente decisión del Concejo Municipal de Chancay de rechazar la propuesta de incorporación de EMAPA Chancay S.A.C. a SEDAPAL ha generado un importante debate en nuestra población.
Sin embargo, considero que esta discusión no debe limitarse a estar a favor o en contra de SEDAPAL. Debemos analizar un problema mucho más profundo: ¿cómo se está administrando EMAPA Chancay y qué modelo de gestión garantiza realmente un mejor servicio para nuestra población?
EMAPA Chancay cuenta con administración, trabajadores, patrimonio y recaudación propia. Sin embargo, su gestión ha estado estrechamente vinculada a las autoridades municipales de turno.
Esta situación genera una preocupación legítima: la posibilidad de que las decisiones administrativas respondan a intereses políticos antes que a criterios técnicos y empresariales.
Una empresa encargada de un servicio tan esencial como el agua potable necesita estabilidad, profesionales competentes, transparencia y continuidad en sus proyectos.
¿QUÉ DICE LA LEY? El Decreto Legislativo Nº 1280 y sus modificatorias establecen el marco legal para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en el Perú.
Esta normativa contempla mecanismos de integración de prestadores para mejorar la eficiencia, sostenibilidad y calidad del servicio (que no se dan, prueba de ello EMAPA HUARAL).
Por su parte, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú reconoce la autonomía política, económica y administrativa de las municipalidades en los asuntos de su competencia.
No obstante, la autonomía municipal debe ejercerse respetando las normas nacionales del sector saneamiento.
Por ello, es indispensable determinar si EMAPA Chancay puede obtener reconocimiento como empresa prestadora independiente o si, conforme al marco legal vigente, debe incorporarse al ámbito de otra empresa prestadora, previa evaluación de las condiciones y procedimientos establecidos por ley.
Defender a EMAPA Chancay no significa defender una eventual administración deficiente. Durante años han existido cuestionamientos sobre la influencia política en su gestión. Estas preocupaciones deben ser esclarecidas mediante mecanismos de fiscalización, auditorías y rendición de cuentas.
Es necesario conocer si las contrataciones de personal cumplen con los perfiles profesionales y técnicos requeridos; si las adquisiciones de bienes y servicios se realizan a precios razonables; si existen puestos innecesarios creados para favorecer intereses particulares; y si la empresa ha tenido que asumir multas o sanciones de, SUNAFIL, SUNAT u otras entidades como consecuencia de deficiencias administrativas. De comprobarse estas situaciones, correspondería determinar las responsabilidades administrativas, civiles o penales que resulten aplicables.
Los recursos económicos de EMAPA Chancay deben estar destinados prioritariamente al mantenimiento, mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado, y no al sostenimiento de intereses políticos o particulares.
Resulta llamativo que algunas autoridades municipales hayan asumido recientemente una posición pública de defensa de EMAPA Chancay, cuando también corresponde evaluar qué acciones concretas de fiscalización realizaron durante los últimos cuatro años. La función de un regidor no se limita a asistir a sesiones de concejo o expresar posiciones políticas. También comprende ejercer las atribuciones de fiscalización que establece la Ley Orgánica de Municipalidades.
Por ello, sería importante que informen públicamente qué acciones realizaron para supervisar la administración de EMAPA Chancay, qué irregularidades detectaron, qué medidas correctivas promovieron y qué resultados obtuvieron. No basta con levantar la voz y proclamar que «el agua de Chancay se queda en Chancay».
Por supuesto que el agua debe continuar beneficiando a nuestra población. Pero lo verdaderamente importante es garantizar que el servicio sea administrado de manera eficiente, transparente y técnicamente responsable.
La defensa de EMAPA Chancay debe demostrarse con acciones de fiscalización y propuestas de mejora, no solamente con discursos políticos.
Considero que debemos evaluar seriamente la posibilidad de fortalecer EMAPA Chancay mediante una administración profesional, transparente y técnicamente competente, siempre que exista viabilidad jurídica para mantenerla como prestadora independiente.
De no ser legalmente posible, cualquier proceso de integración deberá estar debidamente sustentado y garantizar mejores condiciones para los usuarios, continuidad del servicio, inversiones sostenibles y respeto de los derechos que correspondan.
El agua potable no debe convertirse en un instrumento de negociación política ni de demagogia. No se trata de defender a EMAPA Chancay a cualquier costo, ni de aceptar su incorporación a SEDAPAL únicamente por el ofrecimiento de una inversión millonaria. Se trata de defender el derecho de nuestra población a recibir un servicio eficiente, sostenible y transparente.
Chancay merece una empresa de agua al servicio de sus ciudadanos, no de intereses políticos.
La independencia administrativa solamente tiene verdadero valor cuando está acompañada de responsabilidad, eficiencia, transparencia y fiscalización.
No defendamos solamente el nombre de EMAPA Chancay. Defendamos una empresa bien administrada, con profesionales competentes, recursos correctamente utilizados y un servicio de calidad para todos los chancayanos.
El futuro del agua potable de Chancay debe decidirse con sustento técnico, legal y económico, con transparencia y participación ciudadana.
