Dina Boluarte solicita que su «declaración indagatoria» por caso Rolex se tome «de forma inmediata»

La presidenta Dina Boluarte solicitó a la Fiscalía de la Nación adelantar la fecha de su declaración indagatoria sobre el ‘caso Rolex’, una acción fiscal que estaba programada para el próximo viernes 5 de abril.

A través de una carta enviada por el despacho de su abogado Mateo Castañeda, la mandataria pidió que su declaración sea tomada «de forma inmediata a efectos de esclarecer lo más pronto posible los hechos materia de investigación».

En el escrito, Boluarte indica que hace esta solicitud «en vista de la turbulencia política que se viene produciendo como consecuencia de las diferentes diligencias» realizadas por la Fiscalía en su vivienda y en Palacio de Gobierno.

En esa línea, solicito que se deje sin efecto la programación de la diligencia fiscal prevista para el 5 de abril para la toma de sus declaraciones.

Allanan vivienda de Dina Boluarte y Palacio de Gobierno

El Perú vive una nueva crisis política luego de que el Ministerio Público y personal de la Diviac allanaran la casa de la presidenta Dina Boluarte en Surquillo, así como Palacio de Gobierno como parte de las diligencias preliminares en torno al uso de relojes de alta gama, marca Rolex, por parte de la jefa del Estado.

Tanto la mandataria como el presidente del Consejo de Ministros y la defensa legal de Boluarte han calificado de «desproporcionada» e «inconstitucional» la diligencia efectuada por la Fiscalía. 

La noche del sábado, la Fiscalía de la Nación respondió a Boluarte, quien un mensaje a la Nación calificó la acción del Ministerio Público como «ilegal y abusiva”.

El organismo autónomo señaló en un comunicado que este procedimiento, llevado a cabo la noche del 29 de marzo y en las primeras horas del día siguiente, se hizo “por orden del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República”.

El Ministerio Público, por lo tanto, descartó que dicha intervención realizada por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales “haya sido ilegítima, inconstitucional y abusiva”.

La entidad indicó, además, que durante la diligencia no fueron ubicados ni se les entregó los relojes de alta gama a pesar de que se lo solicitaron a la jefa de Estado. Sin embargo, aclaró, se “obtuvo otros elementos de interés para la investigación”.

Por último, la Fiscalía de la Nación confirmó que citó formalmente a Boluarte Zegarra para el próximo viernes, 5 de abril, a fin de que exhiba los relojes Rolex y preste su declaración sobre el referido caso, tal como lo solicitó su defensa legal.

Allanan inmuebles en Lima y Huaraz por presunta contratación irregular de docentes en Escuela PNP de Yungay

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Anticorrupción, ejecutó el allanamiento simultáneo de tres inmuebles en la ciudad de Lima y uno en Huaraz, además de intervenir las instalaciones de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú (PNP) con sede en Yungay.

La diligencia se llevó a cabo a raíz de una investigación por el presunto favorecimiento en el proceso de selección y contratación de 32 docentes, tanto del ámbito civil como policial.

Según la tesis fiscal, estos profesionales habrían sido incorporados a la institución educativa policial a pesar de unas presuntas observaciones respecto al cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en las bases de la convocatoria.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por la Fiscalía, los hechos materia de investigación están directamente relacionados con la convocatoria correspondiente al primer periodo académico para el desarrollo de unidades didácticas y actividades extracurriculares.

Este proceso formativo estaba dirigido a los estudiantes de la PNP en la modalidad presencial de la promoción 2025-I Justicieras. Las autoridades buscan determinar bajo qué criterios se pasó por alto las exigencias académicas y administrativas en la selección de la plana docente para este grupo.

Elementos incautados y delitos investigados

Durante el despliegue del operativo, el personal fiscal y policial logró incautar dinero en efectivo, váuchers de transacciones y depósitos electrónicos, así como equipos tecnológicos que incluyen teléfonos celulares, laptops y memorias externas. Asimismo, se retuvo material documental como agendas, cuadernos, apuntes y los currículums de los postulantes involucrados.

El Ministerio Público precisó que esta compleja investigación se lleva a cabo por la presunta comisión de los delitos de colusión, negociación incompatible y tráfico de influencias, en agravio del Estado peruano.

Eliane Karp pide a Keiko Fujimori indulto humanitario para Alejandro Toledo en medio de crisis de salud

El expresidente Alejandro Toledo afirmó durante una audiencia judicial que no sabe cuánto tiempo le queda de vida y solicitó que su caso sea evaluado bajo criterios humanitarios, en medio de un nuevo pedido de su esposa Eliane Karp dirigido directamente a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Karp pide a Keiko Fujimori considerar indulto humanitario

El punto central de las declaraciones de Eliane Karp fue un llamado directo a la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, a quien pidió que, en un eventual gobierno, evalúe otorgar un indulto humanitario a su esposo.

“Le pediría a Keiko Fujimori o a cualquier presidente que gane que sean seres humanos, que tengan misericordia, que escuchen al Papa y que por favor puedan tener clemencia con mi esposo”, señaló durante una entrevista exclusiva desde Israel para el programa “Esta Noche”.

La ex primera dama insistió en que su pedido no busca evadir la justicia, sino que se considere una salida humanitaria debido al estado de salud del exmandatario.

Toledo pide evaluar su situación por razones humanitarias

Durante una audiencia de apelación, Alejandro Toledo se mostró visiblemente afectado y solicitó que su situación judicial sea revisada bajo criterios humanitarios.

“No sé cuánto tiempo de vida me queda”, expresó ante el juez, al tiempo que pidió la posibilidad de cumplir su condena fuera del centro penitenciario.

El exmandatario también solicitó la incorporación de un testigo clave en el proceso del caso Lava Jato, argumentando que podría aportar información relevante sobre la ruta del dinero investigada por las autoridades.

Informe médico advierte delicado estado de salud

El pedido de Karp se sustenta en un informe médico del 30 de marzo de 2026, que advierte que Toledo requiere atención especializada en cardiología, gastroenterología, psicología, psiquiatría y urología.

El documento señala además que el expresidente presenta alto riesgo de accidente cerebrovascular, infarto de miocardio y arritmia cardíaca, lo que ha generado preocupación en su entorno cercano.

Karp aseguró que la salud de su esposo se ha deteriorado desde su extradición al Perú.

“Temo enormemente que todo ese sistema judicial y de Fiscalía lo estén matando poco a poco”, declaró.

Llamado a la reconciliación y retorno al Perú

La ex primera dama también expresó su deseo de regresar al Perú para acompañar a Toledo y reiteró su pedido de un enfoque humanitario.

Asimismo, sostuvo que el país necesita cerrar heridas políticas y avanzar hacia la reconciliación nacional.

Megapuerto de Corío: aprueban dictamen para evitar conflictos e invasiones en los terrenos del proyecto

La Comisión de Vivienda del Congreso aprobó un dictamen que busca resolver el control y saneamiento de los terrenos donde se desarrollaría el megapuerto de Corío (Arequipa), iniciativa que demandaría alrededor de US$7.000 millones en inversión. Aunque el proyecto ya fue declarado de interés nacional en 2022, la propuesta del Parlamento reconoce que aún faltan mecanismos para ordenar la propiedad de los predios.

Así, se busca ordenar, sanear y asegurar los terrenos donde se proyecta levantar el futuro puerto, la plataforma logística, la zona industrial y la denominada ciudad puerto.

Es decir, antes de atraer inversionistas o construir muelles, el Estado necesita tener control legal y físico sobre el territorio donde se desarrollará el proyecto.

Por ello, el dictamen declara de interés nacional la ejecución integral del Hub Logístico Multimodal Megapuerto de las Américas Corío y el saneamiento físico-legal de los terrenos destinados a su implementación.

Puerto de Corío: Riesgos que podrían complicar el proyecto

El dictamen advierte que el área donde se desarrollaría Corío «presenta riesgos concretos» que podrían afectar su viabilidad futura. Entre ellos menciona ocupaciones informales, superposición de derechos y problemas relacionados con la situación registral de algunos terrenos.

Estas dificultades podrían convertirse en trabas para esta obra de gran envergadura si no se toman medidas desde ahora. Por ello, se plantea ordenar y asegurar los terrenos antes de que aparezcan nuevos conflictos.

Según reza un informe técnico del Gobierno Regional de Arequipa, se recomienda proteger las áreas destinadas al proyecto para evitar invasiones y nuevas ocupaciones informales que puedan afectar su desarrollo.

La mirada recae en el saneamiento físico-legal de los predios, un proceso que busca identificar quién es propietario de cada terreno, resolver potenciales conflictos y garantizar que las áreas necesarias para el proyecto queden disponibles.

El rol lo asumiría la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) que tendría como tarea iniciar las acciones para identificar, sanear y transferir predios estatales al Gobierno Regional de Arequipa.

Con esta medida se busca evitar que varias entidades tengan control sobre diferentes partes del territorio destinado al proyecto.

Según el sustento de la iniciativa, cuando existen varias titularidades y competencias dispersas suelen aparecer retrasos, duplicidad de funciones y dificultades para tomar decisiones.

La meta es que exista una sola entidad responsable de gestionar el territorio donde se desarrollará Corío.

Es decir, la apuesta es resolver primero los problemas vinculados a la propiedad de la tierra para evitar que se conviertan en un obstáculo cuando el proyecto entre en etapas más avanzadas.

Corío, uno de los mayores proyectos portuarios del país

El Megapuerto de las Américas Corío es una de las principales apuestas logísticas del sur peruano.

De acuerdo con las estimaciones del Gobierno Regional de Arequipa, la inversión total rondaría los US$7.000 millones, aunque el desarrollo se realizaría por etapas. La primera fase demandaría alrededor de US$650 millones para la construcción del núcleo portuario inicial.

El proyecto contempla una amplia zona logística, áreas industriales y una futura ciudad puerto, con la intención de convertir a Corío en un nodo estratégico para el comercio internacional y la integración de corredores bioceánicos.

Una de sus principales ventajas es su profundidad natural, que permitiría recibir embarcaciones de gran capacidad, incluyendo buques Post-Panamax y Ultra Large Container Vessels.

Recordemos que el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, anunció que el plan maestro preliminar del Megapuerto de Corío sería presentado el 15 de mayo, en coordinación con la Autoridad Portuaria Nacional y ProInversión. Sin embargo, hasta la fecha no se ha informado públicamente sobre la entrega o presentación oficial de dicho documento.

Este instrumento definirá los lineamientos para el desarrollo del proyecto y servirá como parte de la estrategia para atraer inversión nacional e internacional.

Según el alto funcionario, existe interés de inversionistas procedentes de China, Estados Unidos y Alemania, además de cientos de empresas vinculadas a distintas etapas del megaproyecto.

José Domingo Pérez se despide del partido de Roberto Sánchez tras virtual derrota y evalúa postular a elecciones de octubre

El exfiscal anticorrupción José Domingo Pérez, abogado del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) e integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú, anunció este lunes su retiro del partido que postula a Roberto Sánchez a la presidencia tras la aparente derrota electoral, y deslizó que analiza participar en las elecciones regionales y municipales de octubre próximo.

“Mi papel en este momento es acompañar desde mi profesión como abogado. Mientras pueda aportar mi conocimiento y experiencia a una causa que considero justa, que es la defensa del voto ciudadano, estaré presente”, afirmó en diálogo con la radio Exitosa.

“Hay ciclos que inician y hay ciclos que concluyen”, agregó al agradecer públicamente a Sánchez por “esta oportunidad (…) porque sin él no hubiera podido tener esta participación política y poder haber conocido y recorrido nuestro gran país” con una propuesta que, según indicó, es la “mejor frente a lo que significa el fujimorismo”.

El exfiscal también señaló que su posible postulación en octubre “es un aspecto en evaluación”, ya que tiene “el legítimo derecho de participar en la vida política del país”.

“Si puedo tener algún rol político, no necesariamente activo, sino de acompañamiento, como lo he hecho, seguramente estaré presente. Además, la defensa de lo que debe ser la democracia en nuestro país. Un segundo fujimorato en nuestro país va a significar autoritarismo, totalitarismo, afectación a nuestros derechos. Entonces, ahí estaré en la primera línea de defensa”, avanzó.

Sobre la posibilidad de sumarse a otra formación política, también aclaró que aún no ha analizado esa opción. “Agradezco las propuestas que han llegado, pero es una decisión que debo tomar”, afirmó.

Reiteró que su acompañamiento se relaciona con su preocupación “de cara a lo que, si se confirma este resultado electoral, todos los peruanos debemos defender nuestra patria”.

Las declaraciones de Pérez se producen en momentos en que, según el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Keiko Fujimori (Fuerza Popular) alcanza el 50.078 % de los votos, mientras que Sánchez obtiene el 49.922 %, con una diferencia entre ambos de 28,318 votos.Sus declaraciones coinciden con el cierre del conteo oficial, que muestra una diferencia mínima entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, con poco más de 28 mil votos de distancia

Más temprano, el secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, reconoció el resultado favorable para la candidata, aunque subrayó que el proceso “aún no termina” y descartó cualquier intento de “obstrucción” en un eventual gobierno de su contendora.

“No va a haber una práctica sistemática de censura buscando la obstrucción”, afirmó al anticipar que Juntos por el Perú “respetará” el veredicto electoral, y remarcar que el término “fraudismo” no representa la actitud del partido, a diferencia de la postura tomada por Rafael López Aliaga, excandidato de Renovación Popular.

En la misma entrevista para La República, Zunini manifestó su expectativa de que fujimori cumpla su propuesta de indultar a Castillo, condenado a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por conspiración para una rebelión tras su fallido golpe de Estado de diciembre de 2022, una posibilidad que fue mencionada antes de la segunda vuelta.

“Esperemos que no se quede en supuestos y que lo considere, porque hay una realidad. La realidad es que Pedro tiene una representación en el país”, declaró.

Fiscalía pide 8 años de cárcel para el general PNP Víctor Zanabria por civiles heridos en las protestas de 2022

La Fiscalía especializada en Derechos Humanos ha solicitado ocho años de prisión efectiva para el general y exjefe de la PNP Víctor Zanabria y el coronel PNP Frank Chang, a quienes se les acusa de ‘omisión’ por no haber evitado las graves lesiones que sufrieron dos ciudadanos durante las manifestaciones de diciembre de 2022. El caso se encuentra actualmente en la fase de control de acusación en el Poder Judicial, un paso previo antes de decidir si se inicia un juicio de manera oficial.

La acusación fiscal se centra en la represión ocurrida el 12 de diciembre de ese año. Según las investigaciones, el ciudadano Renato Murillo quedó en estado de coma durante doce días tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza, mientras que Benedicto Huaccachi fue herido en la pelvis por un proyectil similar. Además de la privación de su libertad, las autoridades exigen que Zanabria y Chang paguen una reparación económica a las víctimas y que se les prohíba ejercer cargos públicos por tres años y ocho meses.

El Ministerio Público también ha solicitado siete años de prisión para el teniente Luis Bazán, señalado como el autor directo del disparo contra Murillo. Asimismo, se piden seis años de cárcel para el mayor Luis Ávila y el comandante Jorge Celadita; tres años para el suboficial Dino Tarrillo; y dos años para el suboficial Eder Tasayco y el mayor José Solari, acusados también por omitir su deber de detener los abusos.

Este no es el único proceso que enfrenta Zanabria. La Fiscalía recordó que existe otra acusación en su contra con un pedido de 35 años de cárcel por el delito de homicidio calificado. Este segundo caso corresponde a la muerte de Víctor Santisteban, un manifestante que falleció tras recibir el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno en la cabeza durante las marchas en Lima, en enero de 2023.

El debate por el fuero militar: «Es una medida inconstitucional»

Este pedido de prisión coincide con un proyecto de ley aprobado en primera instancia por el Congreso de la República, el cual busca que los delitos cometidos por policías y militares sean juzgados de forma exclusiva por el Fuero Militar Policial. Al respecto, La República conversó con Germán Vargas, secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), advirtió que crímenes de esta gravedad no pueden ser derivados a la justicia militar, ya que constitucionalmente no les corresponde.

«El fuero militar y policial es un fuero excepcional y tiene que ver con infracciones de función que perturban la misión de la institución. La tortura, las ejecuciones o las lesiones graves no tienen nada que ver con esa misión. Por lo tanto, no son delitos de función, sino crímenes ordinarios y gravísimos que deben juzgarse en la justicia ordinaria», explicó Vargas.

El especialista calificó la iniciativa del Parlamento como una «medida de impunidad inconstitucional» que contradice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Advirtió que, de validarse esta ley, se estarían negando los derechos a la verdad y la justicia de las familias afectadas.

Además, sostuvo que la aprobación del proyecto de ley significaría un retroceso hacia la época de los años 90, cuando se creaban «fueros de privilegio» para encubrir a malos elementos castrenses.

Un Congreso que legisla a favor de la impunidad

Para el representante de la CNDDHH, no es una coincidencia que el Legislativo intente aprobar estas reformas justo cuando avanzan las acusaciones penales contra altos mandos como el general Zanabria.

Vargas señaló que existe una estrategia de encubrimiento que se viene arrastrando de forma y que cuenta con el respaldo de bancadas mayoritarias dentro del actual Congreso.

«Esto no es coincidencia ni es algo espontáneo. Desde el año 2024 se empezaron a dar una serie de leyes de impunidad, como la ley de amnistía o la de prescripción de crímenes de lesa humanidad. Hay una responsabilidad muy grande de parte de partidos políticos que buscan favorecer la defensa de personas investigadas por estos crímenes».

JEE Huaura y Comisión para la Prevención de Conflictos Electorales culminan exitosamente labor articuladado

La Comisión Interinstitucional para la Prevención de Conflictos Electorales (CIPCE) – Huaura realizó su octava y última sesión, culminando de esta manera un ciclo de trabajo iniciado en noviembre de 2025, el cual estuvo orientado a reforzar las acciones preventivas ante riesgos en las Elecciones Generales 2026 (EG 2026).

Con un balance altamente positivo y en cumplimiento de su plan de trabajo, la CIPCE concluyó oficialmente las operaciones y actividades para la prevención de conflictos electorales en las nueve provincias del departamento de Lima. Gracias al despliegue y al trabajo articulado entre las autoridades locales, los organismos electorales y las fuerzas del orden, el proceso culminó sin incidentes graves que lamentar.

La estrategia preventiva se centró en la mitigación de riesgos en los distritos previamente identificados con alta vulnerabilidad a la conflictividad. Mediante mesas de diálogo anticipadas, la promoción de la educación electoral, rutas de trabajo y el monitoreo en tiempo real de alertas tempranas, se lograron consolidar mecanismos de comunicación eficaces que aseguraron el desarrollo normal del proceso electoral.

Durante la sesión de cierre, los participantes resaltaron que la coordinación interinstitucional oportuna neutralizó los focos de tensión antes, durante y después de la jornada electoral, lo que consolidó un clima de paz en toda la región y garantizó un proceso ordenado, transparente y democrático.

En la reunión participaron representantes del Ministerio Público – Distrito Fiscal de Huaura, la Prefectura Regional de Lima Provincias, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huaura, la Oficina Regional de Coordinación (ORC) Lima – ONPE, la Oficina Defensorial de Lima Provincias, la Dirección General de Orden Público del Ministerio del Interior, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la Región Policial Lima Norte y la Gerencia Regional de Control de Lima Provincias.

De esta manera, la Comisión Interinstitucional para la Prevención de Conflictos Electorales culmina una etapa de trabajo marcada por una coordinación permanente y efectiva, el intercambio de información y la atención oportuna de los riesgos electorales.

Cabe indicar que, si bien la CIPCE concluye sus funciones vinculadas a las EG 2026, las instituciones participantes continuarán congregándose con miras a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026).