La Comisión de Inclusión Social del Congreso aprobó un dictamen que propone otorgar una compensación económica de entre S/800 y S/1.130 a los actores comunales del Programa Nacional Cuna Más (PNCM).

Este grupo está conformado principalmente por madres cuidadoras, guías de familia, socias de cocina y otros voluntarios que desempeñan funciones esenciales en el cuidado infantil temprano. El dictamen obtuvo 10 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra, y ahora depende del Pleno para convertirse en ley. 

Actualmente, estos actores comunales no reciben un salario competente ni beneficios sociales, pues el Estado contempla su labor como un voluntariado, donde apenas reciben incentivos de S/400 o S/500, pese a realizar trabajos fundamentales en el desarrollo de niñas y niños menores de 36 meses que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

Trabajo clave, pero históricamente precarizado 

Si bien el modelo de Cuna Más se sostiene en la colaboración entre el Estado y las comunidades —lo que ha permitido llevar servicios a las zonas más remotas del país—, el rol de los actores comunales ha sido históricamente subvalorado y precarizado. “Estas personas, principalmente mujeres, realizan tareas como cocinar, limpiar, cuidar niños y efectuar visitas familiares, pero sus funciones no han recibido el reconocimiento ni la compensación que realmente merecen”, indicó la socióloga Alejandra Dinegro en declaraciones a La República.

En el caso de las madres cuidadoras—un puesto ocupado exclusivamente por mujeres— su labor constituye la primera línea de atención en los centros de Cuna Más. Este programa, creado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en 2012 sobre la base del antiguo Wawa Wasi (vigente desde 1993), hoy brinda servicios a más de 64.000 menores a nivel nacional. 

Dinegro afirma que la desvalorización de estas labores responde a la percepción de que el cuidado infantil, el trabajo doméstico y la atención a personas dependientes son “extensiones naturales del rol femenino”.

“Es una actividad que se asocia a las mujeres y tiende a percibirse como una habilidad natural y no como un trabajo que demanda formación, tiempo y esfuerzo. Esta percepción reduce justamente el valor de la mujer en el mercado laboral y se asume que las mujeres ya saben cuidar por su rol social, entonces no se considera necesario pagar adecuadamente por ello”, señaló la especialista en políticas públicas.

MEF y Midis consideran que el dictamen no es viable

De acuerdo con cifras oficiales, más de 53.000 actores comunales sostienen las operaciones de Cuna Más en todo el país, donde las regiones con mayor número de voluntarios son Cajamarca (5.056), Cusco (3.594), Piura (3.140), Junín (3.104) y La Libertad (3.071),  donde en conjunto, atienden a 277.087 familias, entre ellas 20.343 gestantes.

Pese al respaldo obtenido en el grupo parlamentario en cuestión, los ministerios de Economía y de Inclusión Social consideran que el dictamen no es viable, pues argumentan que la propuesta generaría gastos no contemplados en el presupuesto y que no existe un estudio técnico que sustente los montos planteados.

Según sus estimaciones, la implementación del beneficio representaría un gasto adicional de más de S/97 millones, cifra que no está proyectada en el presupuesto del programa para los próximos años. 

Asimismo, advierten que la iniciativa vulneraría principios constitucionales como el equilibrio presupuestario y la responsabilidad fiscal, al crear obligaciones económicas sin un financiamiento definido.

También señalan que la norma no precisa adecuadamente quiénes serían los beneficiarios ni establece un mecanismo de diferenciación entre ellos. Además, alertan que el incremento propuesto podría afectar la autonomía del Poder Ejecutivo en la gestión de los recursos públicos. Para estas entidades, ejecutar el proyecto durante los próximos tres años sería inviable sin transferencias extraordinarias del MEF, las cuales no han sido previstas ni autorizadas. 

Un programa estatal sin sueldo digno 

Sin embargo, para Dinegro, este tipo de objeciones revela una falta de visión respecto al rol estratégico del cuidado, pues sostiene que una mayor inversión pública en este ámbito es fundamental y que el argumento recurrente de la falta de recursos evidencia la baja prioridad que se le otorga al trabajo de cuidado dentro de la política estatal.

“El Estado siempre dice que no tenemos plata suficiente y por lo tanto es difícil mejorar condiciones, pero se requiere que el cuidado sea visto como una prioridad de política pública. Si no está en la agenda pública, nunca va a haber interés por mejorar estas condiciones”, remarca. 

La especialista también subraya el papel que juegan los roles de género en la persistente desvalorización de estas labores. Explica que el cuidado se sigue entendiendo como una habilidad “natural” de las mujeres, lo que reduce su valor social y económico.

“Esta percepción influye incluso en profesiones como la enfermería o servicios de salud, donde la feminización del rol se refleja en menores salarios y menor reconocimiento. El Estado cumple un rol ambivalente: mientras debe garantizar políticas para poblaciones vulnerables, al mismo tiempo perpetúa brechas de género al sostener programas basados casi exclusivamente en trabajo femenino precarizado, sin estándares claros de remuneración ni fiscalización adecuada”, indica.

Para revertir estas desigualdades, Dinegro plantea la necesidad de reconocer el trabajo de cuidado como una labor formal, con derechos laborales completos y con una remuneración acorde a su impacto social y económico.

Asimismo, propone avanzar hacia la profesionalización del sector mediante procesos de capacitación, certificación de competencias y rutas claras de desarrollo laboral dentro de un eventual Sistema Nacional de Cuidados. Todo esto, acompañado de una inversión pública sostenida que permita consolidar el cuidado como una prioridad en la agenda del Estado.