La presidenta Dina Boluarte solicitó a la Fiscalía de la Nación adelantar la fecha de su declaración indagatoria sobre el ‘caso Rolex’, una acción fiscal que estaba programada para el próximo viernes 5 de abril.
A través de una carta enviada por el despacho de su abogado Mateo Castañeda, la mandataria pidió que su declaración sea tomada «de forma inmediata a efectos de esclarecer lo más pronto posible los hechos materia de investigación».
En el escrito, Boluarte indica que hace esta solicitud «en vista de la turbulencia política que se viene produciendo como consecuencia de las diferentes diligencias» realizadas por la Fiscalía en su vivienda y en Palacio de Gobierno.
En esa línea, solicito que se deje sin efecto la programación de la diligencia fiscal prevista para el 5 de abril para la toma de sus declaraciones.
Allanan vivienda de Dina Boluarte y Palacio de Gobierno
El Perú vive una nueva crisis política luego de que el Ministerio Público y personal de la Diviac allanaran la casa de la presidenta Dina Boluarte en Surquillo, así como Palacio de Gobierno como parte de las diligencias preliminares en torno al uso de relojes de alta gama, marca Rolex, por parte de la jefa del Estado.
Tanto la mandataria como el presidente del Consejo de Ministros y la defensa legal de Boluarte han calificado de «desproporcionada» e «inconstitucional» la diligencia efectuada por la Fiscalía.
La noche del sábado, la Fiscalía de la Nación respondió a Boluarte, quien un mensaje a la Nación calificó la acción del Ministerio Público como «ilegal y abusiva”.
El organismo autónomo señaló en un comunicado que este procedimiento, llevado a cabo la noche del 29 de marzo y en las primeras horas del día siguiente, se hizo “por orden del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República”.
El Ministerio Público, por lo tanto, descartó que dicha intervención realizada por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales “haya sido ilegítima, inconstitucional y abusiva”.
La entidad indicó, además, que durante la diligencia no fueron ubicados ni se les entregó los relojes de alta gama a pesar de que se lo solicitaron a la jefa de Estado. Sin embargo, aclaró, se “obtuvo otros elementos de interés para la investigación”.
Por último, la Fiscalía de la Nación confirmó que citó formalmente a Boluarte Zegarra para el próximo viernes, 5 de abril, a fin de que exhiba los relojes Rolex y preste su declaración sobre el referido caso, tal como lo solicitó su defensa legal.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), mediante la Resolución N.º 4255-2026-JNE, del 14 de octubre, ha dispuesto restituir la credencial de Rosa Vásquez Cuadrado para que reasuma el cargo de gobernadora regional de Lima. Al mismo tiempo, dejó sin efecto la credencial de Nicolás Barrera Morán, quien venía ejerciendo provisionalmente la gobernación.
¿Por qué tomó esta decisión?
El JNE determinó que ya no subsiste el fundamento jurídico que motivó la suspensión de Rosa Vásquez. Esto se debe a que una sentencia de hábeas corpus declaró nulas las dos sentencias penales condenatorias que sustentaban su separación del cargo y ordenó la realización de un nuevo juicio oral.
Aunque la sentencia de hábeas corpus ha sido apelada y todavía no es definitiva, el JNE sostiene que esa apelación no restablece automáticamente las condenas anuladas. Por tanto, no existe actualmente el sustento legal necesario para mantener la suspensión.
La decisión fue adoptada por mayoría, con el voto en contra del magistrado Gunther Gonzales Barrón.
Es importante precisar que esta resolución no significa que el proceso penal contra Rosa Vásquez haya concluido. Su situación judicial continúa pendiente y podría modificarse según lo que resuelvan las instancias correspondientes.
Por ahora, la decisión del máximo tribunal electoral es clara: Rosa Vásquez recupera su credencial para reasumir la gobernación regional de Lima y Nicolás Barrera deja de estar habilitado para ejercer provisionalmente ese cargo.
¡Huaral celebra su historia con sabor y tradición! En el marco del 136.º aniversario del distrito, se inauguró con gran éxito la Feria del Chancho al Palo, uno de los eventos gastronómicos más representativos del país y símbolo del orgullo huaralino.
La actividad, organizada por el sector gastronómico de la provincia e impulsada por la Municipalidad Provincial de Huaral, se desarrolla en las instalaciones del Club Nissei, donde cientos de visitantes disfrutan de este emblemático plato que ha posicionado a Huaral como referente de la gastronomía nacional.
La feria reúne a emprendedores, productores y artistas locales, promoviendo el turismo, el talento huaralino y el fortalecimiento de la economía. Asimismo, ofrece una variada programación cultural y musical que invita a las familias a compartir nuestras tradiciones y disfrutar de la riqueza cultural de la provincia.
La celebración continuará hasta el 18 de octubre en el Club Nissei, con una invitación abierta a las familias huaralinas y visitantes de distintas localidades para disfrutar de nuestra gastronomía y ser parte de esta gran fiesta de aniversario.
¡Huaral está de fiesta! Ven y disfruta del sabor, la tradición y la alegría que nos identifican.
-Universidad Peruana Unión fue el escenario donde se destacó el impacto estratégico del distrito en la economía internacional.
En el marco del foro “Chancay y Corío: hubs estratégicos para los negocios y el desarrollo global”, celebrado en la Universidad Peruana Unión, el alcalde distrital de Chancay, Juan Álvarez Andrade participó como ponente principal para exponer la visión de desarrollo y el crecimiento comercial que experimenta la jurisdicción.
Durante su intervención, la autoridad edil subrayó el rol crucial que asume el distrito como un punto de articulación clave para el comercio nacional e internacional. Asimismo, enfatizó la urgencia de promover inversiones sostenibles y ejecutar iniciativas que traduzcan este auge logístico en un beneficio directo para el bienestar local y la competitividad territorial.
Con esta participación, la Municipalidad Distrital de Chancay ratifica su compromiso de liderar espacios de diálogo académico y empresarial, consolidando al distrito como un referente de oportunidades, desarrollo urbano y competitividad de cara al futuro.
Me pregunto. Aunque no esté de acuerdo con esta obra de última hora, sin embargo parece que los profesionales involucrados en esta marcha deben de aclarar lo siguiente :
1. Existe un contrato con un 10% de adelanto. La empresa no es responsable de la obstaculizacion externa de su trabajo. Por lo tanto sus costos siguen facturando. Cuanto está costando cada día de protesta y obstáculizacion a los Huaralinos esto?.
2. Al no poder cumplir con su trabajo la empresa pedirá ampliación de cronograma con costos adicionales. Quien pagará eso? El humilde Huaralino que acampa en protesta en la plaza o el. Profesional que sabiendo esto promueve y alienta este acto de protesta?.
3. Finalmente. Aunque exista un grupo de personas que en su derecho no estén de acuerdo y que prosigan con la paralizacion de un contrato. Al final quien pagará las reparaciones civiles y las indemnizaciones a la empresa? Al final la empresa no perderá.
4. Responsabilidad de los regidores que en su momento antes de que se apruebe este proyecto anunciado debieron mediar entre la población opositora a la ejecución y el gobierno local antes que se ejecute un contrato y se haya ya ejecutado gasto público. No se habría previsto el impacto social.
5. Que tanto pesa el interés político y los intereses de ciertos ex candidatos en esto?.
Repito no estoy de acuerdo con una obra de último tiempo. Pero y los costos de ese desacuerdo quien los asume? Obviamente la misma población que al final terminará pagando más de lo que ya cuesta este proyecto en desmedro de la atención de otros servicios.
La presidenta Keiko Fujimori pidió a la población que reside en zonas cercanas a ríos y otros puntos vulnerables comenzar desde ahora con sus preparativos y contar con mecanismos de evacuación ante el escenario previsto por el fenómeno El Niño. La mandataria sostuvo que el evento climático tendrá un impacto severo en el Perú y llamó a las familias a no esperar a que comiencen las lluvias para tomar medidas.
Durante una presentación realizada este miércoles desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), Fujimori calificó el escenario como «realmente dramático» y señaló que el país será golpeado con mayor intensidad. «Va a ser terrible para el Perú, que Dios, la Virgen y el Señor de los Milagros nos protejan», manifestó.
La presidenta también pidió a quienes viven en zonas vulnerables identificar una ruta de salida y tener preparada una mochila de emergencia. «A los que viven en zonas vulnerables, en las quebradas o en las zonas de mayor riesgo (…) Por favor, salgan de ahí en este momento. Tengan un mecanismo de evacuación, una mochila lista en caso lleguen las lluvias», señaló. Fujimori agregó: ‘‘Quienes viven en zonas de alto riesgo, los invoco a evacuar desde ya’’.
El llamado se produce mientras el Ejecutivo informa sobre trabajos preventivos en ríos y quebradas de distintas regiones. Según la Presidencia, se han identificado 1.800 puntos de riesgo a nivel nacional y 536 fueron priorizados para intervención. Fujimori afirmó que estas acciones presentan un avance de 70%.
Gobierno reporta intervenciones en ríos y quebradas
Entre las zonas intervenidas, la presidenta mencionó los ríos Tumbes, Piura, La Leche, Reque, Huarmey, Lacramarca, Chillón, Rímac y Lurín. También anunció que este viernes viajará a Piura para supervisar los trabajos en el río de la región y que posteriormente se trasladará a La Libertad para revisar las obras relacionadas con las quebradas San Carlos y San Ildefonso.
El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, sostuvo que los organismos especializados proyectan un escenario de alta intensidad. Según indicó, el ENFEN ha advertido sobre un posible fenómeno El Niño de «magnitud extraordinaria», mientras que la NOAA estima una probabilidad superior al 83% de que alcance una categoría fuerte entre enero y marzo de 2027.
Vinelli explicó que algunas zonas mantienen condiciones que podrían incrementar el impacto de lluvias intensas. Como ejemplo, mencionó el río Piura, cuyo cauce, según dijo, cuando fue evaluado el 3 de agosto soportaba menos de 1.600 metros cúbicos por segundo. En las emergencias de 2017, recordó, el caudal llegó a 3.400 metros cúbicos por segundo.
En La Libertad, agregó que las obras de solución definitiva para las quebradas San Ildefonso y San Carlos registraban un avance de 60% cuando la actual administración asumió funciones. En Lima, el Gobierno informó que continúa con labores de limpieza y descolmatación en el río Lurín.
Albergues para 30.000 personas y hospitales de campaña
Fujimori aseguró que el Ejecutivo también prepara medidas para responder a posibles emergencias. Entre ellas, anunció la construcción de albergues temporales con capacidad para 30.000 personas en distintas regiones vulnerables.
Asimismo, indicó que hospitales de campaña ya fueron movilizados hacia Tumbes, Piura y Lambayeque. La presidenta también informó que el Estado dispone de cinco buques de la Marina de Guerra, 22 helicópteros operativos y puentes modulares destinados a mantener la conectividad en zonas que podrían quedar afectadas.
De acuerdo con su declaración, 20 puentes fueron enviados al norte del país y otros cuatro a la zona sur. También sostuvo que se cuenta con reservas de ayuda humanitaria y señaló que existen 5.600 toneladas de alimentos y agua, además de productos no perecibles.
El Ejecutivo informó además sobre medidas presupuestales para enfrentar la emergencia. Fujimori señaló que se aprobaron 22 decretos supremos y de urgencia vinculados con la respuesta ante El Niño y que 14 de estas normas representan recursos por alrededor de S/2.000 millones.
Fujimori pide planes de evacuación y protocolos
La presidenta reconoció que la respuesta no dependerá únicamente del Gobierno y pidió a las instituciones públicas y privadas elaborar protocolos frente a posibles emergencias. También exhortó a la ciudadanía a organizarse y tener identificadas las rutas de evacuación. «Solo el Gobierno no va a poder. Aquí necesitamos que todos estemos unidos», sostuvo.
En esa línea, Vinelli pidió a la población preparar sus viviendas antes de que comiencen las lluvias y evitar arrojar residuos en ríos, quebradas y canales. También recomendó no acercarse a los cauces durante una crecida para tomar fotografías o videos.
El ministro anunció, además, que el Gobierno habilitará una plataforma digital con información oficial sobre la emergencia, con el objetivo de facilitar el acceso a datos y combatir la desinformación.
El Ejecutivo también informó que Estados Unidos, Japón y China han expresado disposición para colaborar con el Perú. Según Fujimori, Estados Unidos enviará el buque hospital Comfort, cuya llegada está prevista entre enero y febrero de 2027, mientras que Japón y China coordinan el envío de maquinaria y otro tipo de apoyo.
Mientras las autoridades intensifican sus anuncios de prevención, el Gobierno sostiene que las próximas semanas serán determinantes para reducir la exposición de la población ante posibles inundaciones, huaicos y desbordes de ríos.
Durante un operativo realizado a nivel nacional, los auditores de la Contraloría General de la República (CGR) supervisaron 52 establecimientos penitenciarios, donde identificaron 265 situaciones adversas que vienen afectando la seguridad y vigilancia integral de estos penales que albergan a cerca de 90 mil internos. El mayor número de riesgos se concentra en los locales de Lima.
El problema más recurrente en los establecimientos penitenciarios que se encuentran a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) es la insuficiente asignación y disponibilidad de personal, armamento, equipamiento táctico y medios de comunicación en los puestos de seguridad (81 situaciones adversas). Con algunas de estas limitaciones figuran los E.P. Miguel Castro Castro, Cañete y Huacho (Lima), Huaraz y Chimbote (Áncash), Chincha (Ica), La Oroya y Chanchamayo (Junín), Trujillo (La Libertad), Tumbes (Tumbes), Tarapoto (San Martín) y Moquegua (Moquegua).
De acuerdo con los informes de control emitidos, en 24 de las 52 cárceles supervisadas existe limitada cantidad de personal para cubrir todos los torreones, el perímetro, el control de videovigilancia, así como para efectuar el traslado y custodia de internos, situación que afecta la seguridad y vigilancia integral de los penales, así como la capacidad de respuesta oportuna ante posibles eventos que comprometan la seguridad interna, de los internos, del personal penitenciario o de los visitantes.
A ello se suma la presencia de agentes de seguridad que carecen de licencias para hacer uso de armas de fuego o tienen las licencias vencidas, lo cual genera el riesgo y/o contingencias legales ante un eventual uso de sus armas. De los 229 agentes con licencia vencida, 200 laboran en el penal Miguel Castro Castro y 29 en el establecimiento de Chachapoyas (Amazonas).
Sistemas de videovigilancia
Durante el operativo se advirtió que en 43 de los 52 establecimientos penitenciarios existen situaciones adversas relacionadas a la inoperatividad de las cámaras de videovigilancia, las cuales podrían afectar el adecuado desarrollo de las actividades de vigilancia y control (51 situaciones adversas). Con mayor frecuencia se han observado estos riesgos en la Base Naval – Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (Callao), Yurimaguas e Iquitos (Loreto), Bagua Grande (Amazonas), Arequipa y Camaná (Arequipa), así como en Cochamarca (Pasco).
En líneas generales, se han encontrado cámaras inoperativas, defectuosas, con imágenes borrosas, deficientes o sin visualización; existencia de zonas críticas y sectores sin cobertura de videovigilancia generando puntos ciegos (en tales condiciones el sistema no permiten recuperar, visualizar o respaldar adecuadamente las grabaciones); periodos de almacenamiento de imágenes menores a los 60 días establecidos por norma; entre otros hechos que podrían afectar el monitoreo de las instalaciones o detectar situaciones que puedan poner en riesgo el orden y la seguridad.
Ingreso y control de visitantes
También se ha alertado sobre la carencia o inoperatividad de equipos tecnológicos para realizar el control de seguridad en los puntos de acceso penitenciario, limitando la revisión eficaz de visitas y bienes, lo cual podría facilitar el ingreso de objetos prohibidos y comprometer la seguridad del establecimiento penitenciario (50 situaciones adversas).
En este caso, se ha determinado la inexistencia o el mal estado de equipos de Rayos X, arcos detectores, escáner, sistema de control biométrico, detectores de metales portátil, etc., necesarios para la revisión de los visitantes de los internos. En Chimbote (Áncash) y Callao (Callao), por ejemplo, el control de ingreso, inspección y registro de personas se realiza únicamente de forma manual debido a la falla o inoperatividad de los equipos. Mientras que se han encontrado equipos inoperativos en Challapalca (Puno), Camaná (Arequipa), Huancayo (Junín), Huánuco (Huánuco), Cochamarca (Pasco), Cajamarca (Cajamarca) y Trujillo (La Libertad).
Bloqueo de señal de celular e Internet
En 13 de los 52 establecimientos penitenciarios supervisados se identificaron riesgos relacionados con el deficiente sistema de bloqueo o inhibición de señales de telefonía móvil y radiofrecuencia, así como una deficiente supervisión, lo que podría afectar el control de comunicaciones ilegales no autorizadas comprometiendo la seguridad del sistema penitenciario.
Siete centros penitenciarios carecen de sistemas de bloqueo o inhibición de sistemas de señales de telefonía móvil, Internet y radiofrecuencia, los mismos que son: Barbadillo (Lima), Base Naval – CEREC (Callao), Río Negro (Junín), Juanjuí y Tarapoto (San Martín), Iquitos (Loreto) y Pucallpa (Ucayali).
Los otros seis locales, si bien cuentan con la instalación de los inhibidores de señal, carecen de los resultados de las evaluaciones de las pruebas de efectividad y de los reportes de incidencias vinculados al funcionamiento del sistema. En Callao (Callao) y Chiclayo (Lambayeque) se comprobó la existencia de señal de telefonía móvil pese a contar con sistemas de bloqueo o inhibición instalados.
Seguridad en el perímetro
En 41 de los 52 establecimientos penitenciarios supervisados se identificaron situaciones adversas relacionadas con las condiciones físicas de los elementos de seguridad perimetral. Con mayor frecuencia, se detectaron deficiencias en el estado de conservación, integridad y funcionalidad de muros, cercos, mallas y estructuras de los torreones, situación que podría limitar la adecuada capacidad de contención, protección y vigilancia del penal. También se encontraron deficiencias en la operatividad, disponibilidad y cobertura de los sistemas de iluminación y faros “busca personas”, lo cual podría limitar la vigilancia del perímetro durante el horario nocturno.
Adopción de medidas
Los resultados del operativo de control efectuado del 14 al 16 de setiembre de 2026 fueron comunicados oportunamente a los directores regionales del INPE a fin de que adopten las medidas correctivas, las cuales deben ser remitidas al Órgano de Control Institucional (OCI) del INPE.
