Dina Boluarte solicita que su «declaración indagatoria» por caso Rolex se tome «de forma inmediata»

La presidenta Dina Boluarte solicitó a la Fiscalía de la Nación adelantar la fecha de su declaración indagatoria sobre el ‘caso Rolex’, una acción fiscal que estaba programada para el próximo viernes 5 de abril.

A través de una carta enviada por el despacho de su abogado Mateo Castañeda, la mandataria pidió que su declaración sea tomada «de forma inmediata a efectos de esclarecer lo más pronto posible los hechos materia de investigación».

En el escrito, Boluarte indica que hace esta solicitud «en vista de la turbulencia política que se viene produciendo como consecuencia de las diferentes diligencias» realizadas por la Fiscalía en su vivienda y en Palacio de Gobierno.

En esa línea, solicito que se deje sin efecto la programación de la diligencia fiscal prevista para el 5 de abril para la toma de sus declaraciones.

Allanan vivienda de Dina Boluarte y Palacio de Gobierno

El Perú vive una nueva crisis política luego de que el Ministerio Público y personal de la Diviac allanaran la casa de la presidenta Dina Boluarte en Surquillo, así como Palacio de Gobierno como parte de las diligencias preliminares en torno al uso de relojes de alta gama, marca Rolex, por parte de la jefa del Estado.

Tanto la mandataria como el presidente del Consejo de Ministros y la defensa legal de Boluarte han calificado de «desproporcionada» e «inconstitucional» la diligencia efectuada por la Fiscalía. 

La noche del sábado, la Fiscalía de la Nación respondió a Boluarte, quien un mensaje a la Nación calificó la acción del Ministerio Público como «ilegal y abusiva”.

El organismo autónomo señaló en un comunicado que este procedimiento, llevado a cabo la noche del 29 de marzo y en las primeras horas del día siguiente, se hizo “por orden del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República”.

El Ministerio Público, por lo tanto, descartó que dicha intervención realizada por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales “haya sido ilegítima, inconstitucional y abusiva”.

La entidad indicó, además, que durante la diligencia no fueron ubicados ni se les entregó los relojes de alta gama a pesar de que se lo solicitaron a la jefa de Estado. Sin embargo, aclaró, se “obtuvo otros elementos de interés para la investigación”.

Por último, la Fiscalía de la Nación confirmó que citó formalmente a Boluarte Zegarra para el próximo viernes, 5 de abril, a fin de que exhiba los relojes Rolex y preste su declaración sobre el referido caso, tal como lo solicitó su defensa legal.

Municipalidad Provincial de Huaral fortalece capacidades del personal de serenazgo con capacitación en seguridad ciudadana

Con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y respuesta ante situaciones que afectan la seguridad ciudadana, la Municipalidad Provincial de Huaral, a través de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y la Secretaría Técnica de Seguridad, desarrolló una importante jornada de capacitación dirigida al personal de Serenazgo de Huaral, Chancay y Aucallama.

La actividad se realizó en coordinación con la Dirección General de Información para la Seguridad del Ministerio del Interior, quienes estuvo a cargo de la capacitación fueron la Directora de la Dirección de Canales de Atención y Denuncias del Viceministerio de Seguridad Pública y el Analista de la Dirección de Canales de Atención y Denuncias, brindando conocimientos y herramientas al personal operativo que cumple un rol fundamental en la protección y atención de la ciudadanía en la provincia.

Durante la capacitación se abordó el funcionamiento de la Central Única de Denuncias (CUD) 1818, plataforma implementada por el para facilitar la atención de denuncias, consultas y reportes ciudadanos relacionados con diferentes problemáticas sociales y de seguridad.

Asimismo, se explicó la importancia de esta herramienta para reportar conductas indebidas de personal policial y del Sector Interior, así como casos vinculados a trata de personas, violencia contra las mujeres, conflictos familiares, entre otros hechos que requieren la intervención de las autoridades competentes.

Esta jornada, desarrollada en las instalaciones del Salón Túpac Amaru de la Municipalidad Provincial de Huaral, reafirma el compromiso de la gestión municipal de continuar fortaleciendo las capacidades del equipo de Serenazgo y promoviendo un trabajo articulado con las instituciones del Estado para brindar una atención más eficiente y cercana a los vecinos.

Congreso cambia reglas electorales para las ERM 2026 y beneficia a partidos que no alcanzaron mínimo de candidatos

Las reglas para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026) cambiaron a pocos días del cierre de inscripción de candidaturas a los cargos. El Congreso aprobó una modificación a la Ley de Organizaciones Políticas que redujo de 50% a 30% el número mínimo de regiones en las que un partido debe presentar listas para mantener su inscripción. Con esta decisión, el partido Obras y otras organizaciones políticas evitan quedar expuestas a la cancelación de su registro ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La modificación fue incorporada en la Ley N.° 32657, publicada en el diario oficial El Peruano. La norma cambió el literal f) del artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas.

El cambio tiene un efecto inmediato sobre organizaciones políticas que no lograron cumplir con las exigencias establecidas para las ERM 2026. El abogado electoral, José Tello, en declaraciones para este diario, mencionó que el partido Obras presentó 12 listas regionales, cifra insuficiente bajo la legislación vigente hasta antes de la modificación. Con la nueva exigencia, el partido supera el umbral mínimo requerido y mantiene su inscripción electoral.

Cambio legal reduce exigencia de 13 a 8 listas regionales

La modificación fue incorporada en un dictamen recaído sobre un proyecto de ley presentado por la Defensoría del Pueblo en 2024. La iniciativa estaba orientada a realizar cambios vinculados a las elecciones municipales. Sin embargo, dentro de las disposiciones complementarias se añadió una reforma al artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas.

La nueva ley estableció que la causal de cancelación de inscripción se aplicará cuando un partido no participe en las elecciones regionales en al menos el 30% de las regiones. La disposición fue promulgada por el presidente José María Balcázar y publicada este 15 de junio en El Peruano.

La cancelación del registro no solo implicaba quedar fuera del sistema de partidos. También suponía perder el financiamiento público directo y afrontar un nuevo proceso de inscripción ante las autoridades electorales. Este trámite fue endurecido en los últimos años mediante reformas respaldadas por las propias fuerzas políticas que ahora resultan beneficiadas por la reducción de requisitos.

José Tello, abogado electoral: «Esta norma viola la Constitución y debería ser declarada inconstitucional»

El abogado electoral José Tello cuestionó la modificación aprobada por el Congreso y sostuvo que la norma vulnera el principio de intangibilidad normativa, una regla que impide alterar las reglas electorales dentro del proceso en curso. A su juicio, el cambio aprobado para las ERM 2026 afecta la seguridad jurídica y genera un precedente peligroso para futuras elecciones.

«Es una norma que viola el principio de intangibilidad normativa. Si ahora desconocemos ese principio, después van a venir normas para Acuña, normas para Luna y normas para todo el mundo», advirtió. Según explicó, la modificación abre la puerta a que otros partidos impulsen cambios legales para evitar sanciones o requisitos electorales que les resulten desfavorables.

Tello señaló además que la reforma podría motivar iniciativas similares para beneficiar a organizaciones que no alcancen la valla electoral. Recordó que ya existen antecedentes de proyectos legislativos orientados a flexibilizar las condiciones de permanencia de los partidos políticos. «Podrían tratar de sacar un proyecto de ley para que la valla no se aplique en esta elección y así volver a tener a todos esos partidos con inscripción vigente», comentó.

Para el especialista, la disposición aprobada por el Parlamento contraviene el bloque de constitucionalidad debido a que afecta normas recogidas en el título preliminar de la Ley Orgánica de Elecciones. «Lo que está haciendo este Congreso es una norma que viola la Constitución y en su momento debería ser declarada inconstitucional. Al afectar el bloque de constitucionalidad, viola la Constitución», afirmó. Asimismo, citó el artículo 79 del Nuevo Código Procesal Constitucional como sustento de su posición.

Controversia sobre el voto de peruanos en el extranjero: especialistas responden sobre este derecho y su procesamiento en segunda vuelta

Tras el proceso electoral de la segunda vuelta presidencial, la validez y el manejo logístico del voto de los peruanos residentes en el exterior han generado debate político en el país ante la estrecha diferencia de los resultados entre Keiko Fujimori de Fuerza Popular (50.107%) y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú (49.893%).

Francisco Belaúnde, internacionalista, y Silvia Guevara Pérez, experta en derecho electoral, analizaron en Prueba de Fuego de RPP la relevancia de esta circunscripción y las garantías de custodia de las actas procesadas por la ONPE para asegurar la transparencia del escrutinio final.

La vigencia de la ciudadanía 

La discusión sobre la pertinencia del voto extranjero ha cobrado fuerza a raíz de propuestas que buscan limitar este derecho basándose en el tiempo de residencia fuera del país.

Al respecto, Francisco Belaunde calificó como un despropósito cualquier intento de menoscabar la ciudadanía de quienes mantienen vínculos familiares y económicos con el Perú, subrayando que muchos emigraron por situaciones complicadas pero no han renunciado a su nación.

Belaunde calificó como una «barbaridad» procurar eliminar el derecho al voto a connacionales en el extranjero y señaló que se trataría de una acto de «discriminación».

Para el internacionalista, sugerir un plazo de 10 o 15 años para restringir el sufragio no tiene sustento jurídico ya que la nacionalidad se mantiene inalterable a pesar del paso del tiempo. Insistió en que estas iniciativas solo buscan segregar a un grupo de la población que sigue siendo parte activa de la vida nacional.

Un marco legal basado en la Constitución y la representación política

Desde la perspectiva legal, Silvia Guevara Pérez explicó que la Constitución establece las causales para la pérdida de la ciudadanía y «vivir en el exterior no es una de ellas». 

La especialista recordó que, desde el año 2021, los peruanos en el exterior conforman una circunscripción electoral propia con dos escaños en el Congreso, lo que refleja su importancia numérica y el vínculo que mantienen a través de remesas y propiedades.

Guevara Pérez puntualizó que el sistema electoral ha evolucionado desde 1980 para integrar a los ciudadanos en el extranjero, por lo que no puede existir una desconexión institucional. 

La especialista señaló que «no hay ninguna restricción en en la norma electoral que está orientada a limitar el derecho de sufragio» por razones de ubicación geográfica.

Seguridad logística y la cadena de custodia en la segunda vuelta

Uno de los puntos de mayor controversia ha sido el cambio en el procesamiento de las actas entre la primera y la segunda vuelta, lo que ha motivado recursos de nulidad de parte del partido Juntos por el Perú. 

Guevara Pérez afirmó que la decisión de la ONPE de no digitalizar las actas en los consulados y traerlas físicamente al Perú responde a una facultad logística para garantizar la transparencia y evitar dudas sobre la actuación de las oficinas consulares.

«Un lineamiento es un documento, un instrumento orientador que está dentro de las competencias de la ONPE, poder determinar la forma logística y de cómo va a llevar y a materializar finalmente el desarrollo de sus competencias», indicó la especialista.

Además, señaló que para asegurar que el material electoral no sea manipulado, la ONPE dispuso el uso de valijas diplomáticas, las cuales están exentas de las revisiones ordinarias de equipaje.

De esta manera, tanto las actas como las cédulas de votación se mantienen selladas y bajo resguardo hasta su llegada a los centros de procesamiento oficiales en territorio nacional, explicó. 

Respuestas ante las sospechas de interferencia política

La entrevista también abordó los cuestionamientos sobre el cambio de embajadores en países con alta concentración de votantes, como Estados Unidos y España.

Francisco Belaunde desestimó estas sospechas al señalar que los relevos diplomáticos no son inmediatos y que los funcionarios continúan en sus cargos hasta el cambio de gobierno, por lo que su influencia en el proceso electoral conducido por diplomáticos de carrera sería nula.

«Hay cierta desesperación por el resultado y están viendo, jalando, tratando de jalar algún argumento absurdo para tratar de poner la duda», cuestionó Belaúnde.

Finalmente, el internacionalista consideró que los argumentos que vinculan los nombramientos políticos con la conducción de los consulados carecen de razonabilidad. Para el especialista, estas críticas forman parte de una narrativa de sospecha que no se ajusta a la realidad administrativa de las misiones peruanas en el exterior.

Fiscalía pide cadena perpetua para Víctor Polay por crí**menes de od**io en el caso Las Gardenias

El Poder Judicial inició este miércoles el juicio oral contra Víctor Polay Campos, fundador y excabecilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), por su presunta responsabilidad en el denominado caso Las Gardenias. El Ministerio Público solicitó que se le imponga la pena de cadena perpetua por los delitos de terrorismo agravado y homicidio calificado.

La acusación fiscal sostiene que integrantes del Frente Nororiental del MRTA ejecutaron una serie de asesinatos contra personas de la comunidad LGTBI en la región San Martín entre 1989 y 1992.

Según la tesis del Ministerio Público, estos crímenes formaron parte de una estrategia sistemática de persecución y exterminio impulsada por la dirigencia de la organización subversiva.

Uno de los hechos centrales del proceso ocurrió en mayo de 1989, cuando un grupo de emerretistas irrumpió en la discoteca Las Gardenias, en Tarapoto, y asesinó a ocho hombres de la comunidad LGTBI. La Fiscalía considera que este ataque marcó el inicio de una campaña de violencia motivada por prejuicios contra la orientación sexual de las víctimas.

La investigación también comprende otros homicidios ocurridos en los años siguientes. Entre ellos figuran los asesinatos de Luis Pinchi, en 1990, así como los de Silvano Vela y Salomón Pérez en 1991 y 1992, respectivamente. Los fiscales sostienen que estos hechos respondieron al mismo patrón de “limpieza social” atribuido al MRTA.

Además de Polay, la solicitud de cadena perpetua alcanza a otros exdirigentes de la organización subversiva, entre ellos María Cumpa, Peter Cárdenas, Alberto Gálvez, Lino Manrique y Sístero García. El Ministerio Público los acusa como autores mediatos al considerar que ejercían control y dirección sobre las acciones ejecutadas por las columnas armadas en la zona.

Con la instalación del juicio oral, el caso entra en una etapa decisiva luego de varios años de investigación. Para organizaciones de derechos humanos y colectivos LGTBI, el proceso representa una oportunidad para esclarecer uno de los episodios más graves de violencia contra esta comunidad durante el periodo del conflicto armado interno en el Perú.

No al comunismo, no a la corrupción

Por Francisco Diez-Canseco Távara

La derrota del comunismo en las urnas constituye una victoria importante para la defensa de la democracia, las libertades fundamentales, la propiedad privada y la economía social de mercado. El Perú ha evitado caer nuevamente en una propuesta ideológica que, allí donde se ha aplicado, ha significado pobreza, autoritarismo y destrucción de las libertades ciudadanas.

Sin embargo, sería un gravísimo error considerar que la tarea ha terminado. La derrota del comunismo implica una enorme responsabilidad histórica: eliminar la corrupción que carcome al Estado peruano y pagar la inmensa deuda social acumulada durante décadas con los sectores más pobres y vulnerables de nuestro país. Ese es el verdadero desafío que tiene hoy Keiko Fujimori y las fuerzas democráticas que la acompañan.

La corrupción no es solamente un problema moral. Es la causa principal de la precariedad de nuestros servicios públicos. La corrupción roba los recursos destinados a hospitales, escuelas, carreteras, seguridad ciudadana y programas sociales. Mientras los corruptos se enriquecen ilícitamente, millones de peruanos siguen viviendo sin acceso adecuado a servicios básicos y oportunidades para salir adelante. Para recuperar los recursos robados y erradicar la corrupción estructural del Estado, es indispensable crear el Consejo Nacional de Moral Pública.

No basta con condenar la corrupción con discursos o declaraciones de buenas intenciones. Se requiere una decisión política real para enfrentar a las redes corruptas que se han enquistado en el Estado, depurar las instituciones públicas y establecer mecanismos efectivos de prevención y sanción.

Al mismo tiempo, el Estado tiene la obligación de saldar su deuda con los más necesitados. El crecimiento económico solo tendrá legitimidad y estabilidad si se traduce en una mejora real de la calidad de vida de los peruanos. Debemos garantizar una educación de calidad, servicios de salud eficientes, seguridad ciudadana y oportunidades de trabajo digno para todos.

El Perú necesita iniciar una nueva etapa basada en principios y no en intereses particulares. La victoria frente al comunismo debe significar también el comienzo de una gran transformación ética y social. No podemos regresar a la vieja política de promesas incumplidas, privilegios y corrupción.

La historia exige a la nueva conducción del país demostrar que la defensa de la democracia no se limita a derrotar una amenaza ideológica, sino que implica construir un Estado honesto, eficiente y verdaderamente comprometido con el bienestar del pueblo peruano.

(*) Presidente de Perú Acción

Presidente del Consejo por la Paz

Con gran aceptación, Colquisiri presente en la Feria Laboral en la plaza de armas de Huaral

Con largas filas de jóvenes y profesionales, el stand de Colquisiri se convirtió en uno de los más visitados durante la Feria Laboral realizada en la Plaza de Armas de Huaral, evento que congregó a instituciones públicas y privadas para ofertar más de 600 puestos de trabajo.

La jornada fue organizada por la Municipalidad Provincial de Huaral, en coordinación con el Gobierno Regional de Lima y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Buscó acercar la oferta laboral formal a la población y reducir los índices de desempleo en la provincia.

La abogada Noelia Canales, gerente de Desarrollo Económico y Turismo de la Municipalidad Provincial de Huaral, precisó que la feria reunió a entidades del Estado y a 8 empresas privadas invitadas, todas con operaciones en la provincia. “Hemos superado los 600 puestos disponibles entre técnicos, operarios, administrativos y profesionales. La respuesta de la población ha sido masiva”, indicó.

Colquisiri participó con sus representantes que absolvieron consultas sobre los procesos productivos de la empresa y los perfiles requeridos. Detallaron las vacantes vigentes para practicantes preprofesionales, profesionales y técnicos especializados, y recalcaron que todas sus convocatorias se canalizan exclusivamente a través de plataformas oficiales autorizadas.

Decenas de asistentes dejaron sus hojas de vida y recibieron orientación sobre cómo postular correctamente y qué competencias fortalece la empresa en su personal.

Durante la feria también estuvieron presentes representantes del Gobierno Regional de Lima – sede Chancay y del Ministerio de Trabajo.

Se anunció que en las próximas semanas entrará en funcionamiento una oficina descentralizada del Ministerio de Trabajo al interior de la Municipalidad Provincial de Huaral. El nuevo espacio brindará atención permanente sobre bolsa de trabajo, asesoría en derechos laborales, formalización y programas de empleabilidad.

La feria culminó al mediodía con un balance positivo. Las instituciones coincidieron en replicar la iniciativa cada trimestre para sostener el acercamiento entre oferta y demanda laboral.