La presidenta Dina Boluarte solicitó a la Fiscalía de la Nación adelantar la fecha de su declaración indagatoria sobre el ‘caso Rolex’, una acción fiscal que estaba programada para el próximo viernes 5 de abril.
A través de una carta enviada por el despacho de su abogado Mateo Castañeda, la mandataria pidió que su declaración sea tomada «de forma inmediata a efectos de esclarecer lo más pronto posible los hechos materia de investigación».
En el escrito, Boluarte indica que hace esta solicitud «en vista de la turbulencia política que se viene produciendo como consecuencia de las diferentes diligencias» realizadas por la Fiscalía en su vivienda y en Palacio de Gobierno.
En esa línea, solicito que se deje sin efecto la programación de la diligencia fiscal prevista para el 5 de abril para la toma de sus declaraciones.
Allanan vivienda de Dina Boluarte y Palacio de Gobierno
El Perú vive una nueva crisis política luego de que el Ministerio Público y personal de la Diviac allanaran la casa de la presidenta Dina Boluarte en Surquillo, así como Palacio de Gobierno como parte de las diligencias preliminares en torno al uso de relojes de alta gama, marca Rolex, por parte de la jefa del Estado.
Tanto la mandataria como el presidente del Consejo de Ministros y la defensa legal de Boluarte han calificado de «desproporcionada» e «inconstitucional» la diligencia efectuada por la Fiscalía.
La noche del sábado, la Fiscalía de la Nación respondió a Boluarte, quien un mensaje a la Nación calificó la acción del Ministerio Público como «ilegal y abusiva”.
El organismo autónomo señaló en un comunicado que este procedimiento, llevado a cabo la noche del 29 de marzo y en las primeras horas del día siguiente, se hizo “por orden del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República”.
El Ministerio Público, por lo tanto, descartó que dicha intervención realizada por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales “haya sido ilegítima, inconstitucional y abusiva”.
La entidad indicó, además, que durante la diligencia no fueron ubicados ni se les entregó los relojes de alta gama a pesar de que se lo solicitaron a la jefa de Estado. Sin embargo, aclaró, se “obtuvo otros elementos de interés para la investigación”.
Por último, la Fiscalía de la Nación confirmó que citó formalmente a Boluarte Zegarra para el próximo viernes, 5 de abril, a fin de que exhiba los relojes Rolex y preste su declaración sobre el referido caso, tal como lo solicitó su defensa legal.
En una acción que marca un paso decisivo hacia el desarrollo ordenado y seguro de la ciudad, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) realizó la entrega oficial del Estudio de Zonificación Geofísica-Geotécnica de Suelos del Área Urbana y periurbana de Huaral a la Municipalidad Provincial de Huaral. Este importante documento técnico fue presentado durante una reunión sostenida entre el alcalde provincial y el presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
El estudio es resultado de un convenio interinstitucional que evidencia el compromiso de ambas entidades por fortalecer la gestión del riesgo de desastres en la provincia. A través de este trabajo especializado, se ha logrado desarrollar un detallado mapa de zonificación sísmica que permite identificar las características de los suelos en el sector urbano y periurbano de Huaral.
Durante la exposición, el jefe del IGP explicó que el informe analiza el comportamiento dinámico del suelo frente a eventos sísmicos, información fundamental para la planificación territorial y la ejecución de obras públicas y privadas con criterios de seguridad. Este tipo de estudios permite anticipar riesgos, reducir vulnerabilidades y orientar decisiones técnicas que impactan directamente en la calidad de vida de la población.
Asimismo, el documento identifica zonas con distintos niveles de amplificación sísmica, lo que permitirá a las autoridades locales actualizar los planes de ordenamiento territorial, así como los mapas de peligros, herramientas esenciales para una adecuada gestión urbana.
Desde el enfoque político y de gestión pública, esta entrega representa un avance significativo en la articulación entre el gobierno local y las instituciones científicas del país, promoviendo políticas basadas en evidencia técnica.
La actual administración municipal reafirma así su compromiso con la prevención de desastres y la construcción de una ciudad resiliente.
Finalmente, se informó que este instrumento técnico será socializado con las entidades competentes y estará disponible para el público en general a través del repositorio institucional del IGP y la página web oficial de la municipalidad, garantizando la transparencia y el acceso a la información.
Denuncia en fiscalía avanza y pone al descubierto presuntos delitos penales cometidos durante la gestión de la gobernadora Rosa Vásquez Cuadrado.
HUACHO.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura avanza firmemente en la investigación contra la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias (DRELP), colocando en el centro de la polémica a su actual directora, Rufina Cisneros, por una serie de omisiones, demoras y presuntas irregularidades administrativas que hoy son materia de la carpeta fiscal N.° 182-2025.
Documentos fiscales oficiales revelan que el Ministerio Público ha tenido que emitir hasta cuatro oficios reiterativos y urgentes para exigir información clave a la DRELP, situación que evidencia una resistencia institucional alarmante frente a una investigación por presuntos actos de corrupción ocurridos durante la gestión de la gobernadora regional Rosa Vásquez Cuadrado.
FISCALÍA INSISTE, DRELP NO RESPONDE
El fiscal a cargo del caso, Elio William López Parí, ha requerido información sobre:
Los requerimientos abarcan varios frentes sensibles de la administración pública:
• Procesos de concurso público realizados en 2025, incluyendo cronogramas, resultados y documentación completa.
• Situación laboral y funciones de servidores y funcionarios específicos, entre ellos:
Zamora Pérez Hilari Judit
Katherine Liset Aponte Bermúdez
Mayra Leonardo Ortiz
• Identificación de los integrantes del órgano instructor y órgano sancionador durante el año 2025.
• Información detallada sobre procedimientos disciplinarios, resoluciones jefaturales y expedientes administrativos relacionados con Martha Pilar Gabriel Tuya, incluyendo descargos presentados y el estado actual de varios expedientes ingresados en noviembre de 2025.
• Reportes oficiales del sistema de gestión documentaria, pieza clave para verificar plazos, movimientos y eventuales retrasos administrativos.
APERCIBIMIENTO PENAL
Todos los documentos advierten que la falta de respuesta podría configurar el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificado en el artículo 377 del código penal, lo que comprometería responsabilidades penales directas.
RESPONSABILIDADES POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS
Aunque los hechos investigados se habrían originado durante la gestión regional encabezada por Rosa Vásquez Cuadrado, hoy la responsabilidad recae en la actual conducción de la DRELP, liderada por Rufina Cisneros, quien está obligada legalmente a transparentar información, colaborar con la justicia y responder a la fiscalía.
El silencio, la demora o la entrega parcial de documentación no solo agravan la situación legal, sino que refuerzan las sospechas sobre una red de irregularidades administrativas en el sector educación de lima provincias.
LA INVESTIGACIÓN CONTINÚA
La fiscalía no ha cerrado el caso y todo indica que, de persistir las omisiones, el proceso podría escalar a nuevas diligencias y responsabilidades penales, marcando un punto de quiebre en la gestión educativa regional.
Un total de 38 empresarios bolivianos participan en la Segunda Misión Empresarial al Puerto de Chancay y Negocios en Lima, organizada por Doing Business International (DBI), con el objetivo de fortalecer la integración comercial y explorar nuevas oportunidades logísticas en la región.
La delegación reúne a representantes de sectores como agroindustria, alimentos, tecnología, construcción y operadores logísticos, quienes buscan aprovechar el potencial del megapuerto de Chancay como hub clave para el comercio exterior hacia Asia.
Durante la misión, los empresarios visitaron el terminal portuario para conocer su infraestructura y ventajas competitivas, además de sostener reuniones con autoridades locales y gremios empresariales. La agenda incluye ruedas de negocio, networking con empresas peruanas y encuentros institucionales con entidades como la Cámara de Comercio de Lima, PromPerú y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
Asimismo, se promoverán espacios de articulación público-privada y alianzas estratégicas, incluyendo reuniones con importantes grupos empresariales y organismos regionales como la Comunidad Andina.
Desde DBI destacaron que esta misión consolida a Chancay como un nodo estratégico para Bolivia, facilitando el acceso al Pacífico y a mercados asiáticos, en un contexto de creciente integración regional.
En el marco de las celebraciones por el Día del Sereno Municipal, la Municipalidad Provincial de Huaral llevó a cabo una emotiva ceremonia de reconocimiento en honor a los hombres y mujeres que integran el cuerpo de serenazgo, destacando su compromiso permanente con la seguridad ciudadana en la provincia.
Esta conmemoración, establecida cada 25 de abril mediante la Ley N.° 31297, busca revalorar el rol fundamental que cumplen los serenos en la prevención del delito, el resguardo del orden público y la atención inmediata a las emergencias que afectan a la población.
Durante la actividad, las autoridades municipales resaltaron la vocación de servicio, disciplina y entrega de los serenos huaralinos, quienes, con esfuerzo y dedicación, contribuyen diariamente a fortalecer la tranquilidad de las familias. En ese contexto, el alcalde provincial expresó su reconocimiento público, subrayando que el trabajo del serenazgo es clave para consolidar una provincia más segura y organizada.
Asimismo, se recordó un hito importante en la historia local: Huaral fue la primera provincia del país en conformar oficialmente su unidad de Serenazgo Municipal hace 32 años, posicionándose como referente en la implementación de estrategias de seguridad a nivel local.
Este aniversario no solo representa un momento de celebración, sino también una oportunidad para reafirmar el compromiso de la gestión municipal de seguir fortaleciendo las capacidades del serenazgo, promoviendo mejores condiciones de trabajo y una mayor articulación con la ciudadanía y las instituciones encargadas de la seguridad.
Los funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), José Samamé Blas y Juan Phang Sánchez, adecuaron los requisitos para la contratación del servicio de traslado vehicular de material para el sufragio del domingo 12 de abril, con la finalidad de favorecer la contratación de la firma Servicios Generales Galaga por S/6,3 millones.
Por esta razón, el fiscal anticorrupción encargado del caso, Raúl Martínez Huamán, encabezó una incursión policial bajo mandato judicial a las viviendas de Samamé y Phang a primera hora de la mañana del viernes, con el propósito de buscar e incautar información relacionada con la investigación.
En busca de evidencias
También incluyó en el allanamiento la residencia del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, a quien vincula en la contratación irregular de Galaga porque fue quien designó en los cargos a José Samamé y Juan Phang.
Las viviendas de otros tres funcionarios también fueron intervenidas: la subgerente de Logística, Hilda Otoya Alvarado; el especialista en contrataciones, Lilia Flores Bancho; y del asistente de Seguimiento y Monitoreo Presupuestal, William García Velásquez.
Además, el operativo incluyó el allanamiento de los inmuebles del gerente de Servicios Generales Galaga, Juan Alvaradon Pfuyo.
Originalmente el fiscal Raúl Martínez solicitó la detención preliminar de Piero Corvetto y otros funcionarios, pero el juez Manuel Chuyo desestimó el requerimiento. En la resolución judicial, se indica que se persigue a los siete implicados (seis de la ONPE y uno de Galaga), por la contratación del servicio de transporte de material electoral destinado al sufragio del domingo 12 de abril.
Se les atribuye el presunto delito de colusión y omisión de funciones. No hay referencia a un supuesto atentado contra la voluntad popular (fraude electoral).
Hasta donde han avanzado las indagaciones del fiscal Raúl Martínez, ha detectado que Servicios Generales Galaga no contaba con las condiciones para prestar el servicio que necesitaba ONPE para la ejecución del proceso electoral del 12 de abril.
Sin embargo, los implicados, en particular los que participaron en la evaluación y en la buena pro, acondicionaron los requisitos para sacar de la licitación a importantes empresas de seguridad para adjudicar el contrato por S/6,3 millones a Servicios Especiales Galaga, que ni siquiera contaba con las unidades móviles que se requerían.
Conspiración a favor de Galaga
El fiscal también encontró que algunos de los involucrados que fueron parte del proceso de selección del proveedor, carecían de experiencia profesional en contrataciones del Estado.
“José Samame no cuenta con formación, ni experiencia funcional vinculada al área operativa de Gestión Electoral. Esto conllevó a una insuficiencia en la dimensión material, y bajo su dependencia se encontraba la subgerencia de Producción Electoral, a cargo de Juan Phang”, señala el fiscal
“Ambos (Samamé y Phang) formularon y suscribieron el pedido de servicio (de transporte de material electoral), incorporando condiciones técnicas no objetivas para favorecer a la empresa Servicios Generales Galaga, configurando indicios de direccionamiento”, precisa la resolución del fiscal.
José Samamé y Juan Phang armaron las condiciones técnicas para que Servicios Especiales Galaga se quedara con el contrato de S/6,3 millones, concluye el fiscal Martínez.
Respecto al caso del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, indica la imputación del fiscal del caso: “(Corvetto) intervino planteando nuevos lineamientos en enero de 2026, los que modificaron lo dispuesto en agosto de 2025 (…). Concertó con el proveedor para que esta empresa (Servicios Generales Galaga) se beneficiara con la buena pro”. Al respecto, no incluye la evidencia de la presunta relación entre Corvetto y Servicios Generales Galaga.
Implicados. José Samamé, Juan Phang e Hilda Otoya, concertaron voluntades para que Galaga ganara el contrato de S/6,3 millones. Foto: difusión
Los fundamentos fiscales
El fiscal Martínez agrega: “Este funcionario (Corvetto), quien debería ser el primer interesado que la entidad cumpla sus metas, más aún ante un proceso electoral de gran transcendencia para el país, permitió que el TDR (términos de referencia) del servicio de transporte para el sufragio de abril de 2026, se flexibilizara en desmedro de los intereses del Estado”, se lee en el documento.
No se menciona si Corvetto presuntamente ordenó al exgerente de Gestión, José Samamé Blas, y al subgerente de Producción, Juan Phang Sánchez, adulterar el TDR para disminuir el porcentaje de vehículos hasta el 10%, y así beneficiar directamente a Servicios Generales Galaga, e incluso le autorizaron subcontratar hasta el 40%.
Pero ni siquiera con estas increíbles ventajas, el proveedor Galaga pudo cumplir con el contrato, afectando el proceso electoral en algunas mesas distritales de Lima.
De acuerdo con las investigaciones, la ONPE requirió 434 vehículos para Lima Metropolitana. Sin embargo, Servicios Generales Galaga ganó la buena pro con 40 unidades. Es decir, el 9% del total de la flota, debido a que el TDR alterado solo le exigía el 10% para la ejecución del servicio. Con este afán, los implicados tuvieron la osadía de descalificar a otros proveedores que sí calificaban y contaban con amplia experiencia en el rubro: una práctica muy común de corrupción de funcionarios públicos en contrataciones del Estado.
Para cumplir con el presunto plan, José Samamé y Juan Pfang recibieron el respaldo de la servidora Hilda Otoya Alvarado, quien elaboró el TDR; la subgerente de Logística, Lilia Flores Bancho y el asistente de seguimiento y monitoreo presupuestal, William García Velásquez.
Los servidores Flores y García aplicaron un criterio interpretativo al metraje y carga de los vehículos, con el objetivo de reducir el número de las unidades que no estaban considerados en el TDR. De este modo, Servicios Especiales Galaga ganó artificialmente ventaja a otros postores como Hernes, AFE y Prosegur, compañías conocidas en el mercado nacional.
Contratista tenía trabajadores fantasmas
El fiscal anticorrupción, sustentó que, durante la etapa de perfeccionamiento contractual, José Samamé y Juan Phang dieron el visto bueno a la documentación falsa que proporcionó Servicios Generales Galaga.
En uno de estos documentos la contratista acreditó tener 70 trabajadores, lo que supuestamente demostraba su capacidad operativa.
Sin embargo, de acuerdo con la Planilla Electrónica (PLAME) del Sistema de Administración Tributaria (SUNAT) del periodo 2026, Galaga solo contaba con 33 trabajadores.
De ese total, 13 trabajadores estaban en planilla y 20 eran locadores de servicios. Y pese a estas circunstancias, le otorgaron la buena pro. En otras palabras, los otros 37 empleados eran “fantasmas”.
Los Comités de Sanidad Agraria (COSAGRA) del distrito de Huaral, en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), la Agencia Agraria, la Municipalidad Provincial de Huaral y la empresa Agriterra, desarrollaron una gran jornada de recolección de envases vacíos de plaguicidas de uso agrícola, con el objetivo de reducir la contaminación en los campos y promover prácticas responsables en el manejo de residuos.
Durante esta actividad, los productores organizados realizaron la recolección de envases previamente sometidos a triple lavado, los cuales fueron concentrados en puntos estratégicos para su posterior traslado y acopio en el sector de La Virgen. Finalmente, la empresa Agriterra se encargará de la disposición final adecuada de estos residuos, conforme a la normativa de inocuidad alimentaria vigente.
Es importante recordar que el triple lavado de los envases es una práctica obligatoria, que consiste en enjuagar los recipientes tres veces y verter el agua resultante en las mochilas fumigadoras o en el caldo de aplicación, evitando así la contaminación del suelo. Asimismo, los envases deben ser perforados para impedir su reutilización y devueltos a los puntos de acopio autorizados o establecimientos donde fueron adquiridos.
La Municipalidad Provincial de Huaral y las instituciones participantes destacan y agradecen el compromiso de los productores que se sumaron a esta jornada, reafirmando la importancia del trabajo conjunto para fortalecer la sanidad agraria, la protección ambiental y el desarrollo sostenible del sector agrícola en la provincia.
ENFOQUE REAL 