Pese a que meses antes de asumir la Presidencia firmó un proyecto de ley para derogar el decreto de urgencia 010-2025, que abre la puerta a la privatización de Petroperú, e incluso reiteró esa intención ante sindicatos hace unos días, el gobierno de José María Balcázar confirmó que la norma seguirá vigente. A la par, alista un esquema de respaldo financiero para la empresa bajo la figura de aval estatal.

La decisión fue ratificada la mañana de ayer por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, quien descartó la eliminación del decreto y adelantó que en los próximos días se anunciará el nuevo esquema para sostener a la empresa estatal, medida que según expertos consultados por este diario «ya está en retraso».

«Petroperú es una institución desgastada, ya sabemos la realidad que está pasando ahí. Se hablaba mucho que se iba a suspender el decreto de urgencia, pero no», señaló en Exitosa.

Aunque luego contrariamente, advirtió que la desaparición de Petroperú afectaría a las zonas más alejadas del país, donde, según sostuvo, la empresa privada difícilmente llega.

Gobierno optará por aval en lugar de inyección de recursos públicos

El premier también dejó entrever el mecanismo que utilizará el Ejecutivo para financiar a la petrolera, al precisar que no se utilizarán recursos directos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sino un esquema de garantías. “De los fondos que tiene el Ministerio de Economía no va a salir de ahí. Va a salir como ciertas garantías de otros tipos de fondos”, indicó sin mayor detalle.

Esto implica que el Estado no inyectará recursos directamente, pero sí actuaría como garante para que Petroperú acceda a financiamiento en la banca privada. «Petroperú se está reflotando de otra manera. Esta semana que viene vamos a dar un anuncio definitivo, lo que hemos decidido de cómo debe quedar», finalizó.

La decisión de mantener el decreto 010-2025 marca un viraje respecto a la posición previa de Balcázar. El proyecto de ley n° 13695, que firmó como coautor siendo congresista, proponía derogar la medida al considerar que abría la puerta a un eventual debilitamiento o desmantelamiento de Petroperú.

La iniciativa en cuestión también criticaba la constitucionalidad del decreto, al advertir que no cumplía con el estándar de urgencia exigido por el Tribunal Constitucional.

Según apuntó a La República el expresidente de Perupetro, Aurelio Ochoa, Petroperú enfrenta serios problemas de liquidez que comprometen su operación diaria, cuya respuesta a la emergencia se está demorando.

“Sin financiamiento, evalúa paradas parciales y hasta el cierre temporal de operaciones. A lo mucho le alcanzaría una semana más”, advirtió.

Ochoa explicó que la Refinería de Talara, uno de sus principales activos, está operando por debajo de su capacidad debido a la falta de capital de trabajo. “Podría estar procesando 95.000 barriles diarios, pero está alrededor de 60.000 en plena crisis de combustibles”, detalló.

A ello se suma la pérdida de participación de mercado de la empresa, que cayó de 36% en 2021 a 25% al cierre de 2025.

«Falta de estrategia integral en el manejo de Petroperú»

El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú (STAPP) cuestionó la decisión del Gobierno de no suspender el Decreto de Urgencia 010-2025 y advirtió que el esquema de garantías para un nuevo endeudamiento podría agravar la crisis de la empresa, en lugar de resolver sus problemas.

El gremio alertó además sobre una «preocupante ausencia de sentido de urgencia» y una contradicción en el Ejecutivo, toda vez que mientras se reconoce que la petrolera es una empresa estratégica, mantiene medidas que, a su juicio, la debilitan.

En esa línea, el sindicato advirtió que, si no se deroga el decreto, se avanzaría hacia una privatización progresiva de sus activos, tal como, señaló, ya se ha planteado desde Proinversión.

Además, insistió en que el problema de fondo es la ausencia de una estrategia integral que contemple reordenamiento financiero sostenible, mejora de la gobernanza institucional, meritocracia en cargos directivos y blindaje frente a la injerencia política

Petroperú: aval de hasta US$2.500 en camino

Fuentes vinculadas al proceso señalaron a La República que el esquema que evalúa el Ejecutivo contempla un respaldo financiero que podría ascender hasta US$2.500 millones. El financiamiento tiene el objetivo de reencauzar su producción y aliviar sus deudas.

Ayer, el reciente designado presidente de Petroperú Roger Arévalo sostuvo una reunión con sindicatos de la petrolera estatal, en las que les aseguró que cuenta con el respaldo del Gobierno.