Dina Boluarte solicita que su «declaración indagatoria» por caso Rolex se tome «de forma inmediata»

La presidenta Dina Boluarte solicitó a la Fiscalía de la Nación adelantar la fecha de su declaración indagatoria sobre el ‘caso Rolex’, una acción fiscal que estaba programada para el próximo viernes 5 de abril.

A través de una carta enviada por el despacho de su abogado Mateo Castañeda, la mandataria pidió que su declaración sea tomada «de forma inmediata a efectos de esclarecer lo más pronto posible los hechos materia de investigación».

En el escrito, Boluarte indica que hace esta solicitud «en vista de la turbulencia política que se viene produciendo como consecuencia de las diferentes diligencias» realizadas por la Fiscalía en su vivienda y en Palacio de Gobierno.

En esa línea, solicito que se deje sin efecto la programación de la diligencia fiscal prevista para el 5 de abril para la toma de sus declaraciones.

Allanan vivienda de Dina Boluarte y Palacio de Gobierno

El Perú vive una nueva crisis política luego de que el Ministerio Público y personal de la Diviac allanaran la casa de la presidenta Dina Boluarte en Surquillo, así como Palacio de Gobierno como parte de las diligencias preliminares en torno al uso de relojes de alta gama, marca Rolex, por parte de la jefa del Estado.

Tanto la mandataria como el presidente del Consejo de Ministros y la defensa legal de Boluarte han calificado de «desproporcionada» e «inconstitucional» la diligencia efectuada por la Fiscalía. 

La noche del sábado, la Fiscalía de la Nación respondió a Boluarte, quien un mensaje a la Nación calificó la acción del Ministerio Público como «ilegal y abusiva”.

El organismo autónomo señaló en un comunicado que este procedimiento, llevado a cabo la noche del 29 de marzo y en las primeras horas del día siguiente, se hizo “por orden del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República”.

El Ministerio Público, por lo tanto, descartó que dicha intervención realizada por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales “haya sido ilegítima, inconstitucional y abusiva”.

La entidad indicó, además, que durante la diligencia no fueron ubicados ni se les entregó los relojes de alta gama a pesar de que se lo solicitaron a la jefa de Estado. Sin embargo, aclaró, se “obtuvo otros elementos de interés para la investigación”.

Por último, la Fiscalía de la Nación confirmó que citó formalmente a Boluarte Zegarra para el próximo viernes, 5 de abril, a fin de que exhiba los relojes Rolex y preste su declaración sobre el referido caso, tal como lo solicitó su defensa legal.

Perú: el centro de los roces entre Estados Unidos y China por fallo judicial sobre Megapuerto de Chancay

Una decisión judicial en el Perú ha desatado una serie de cruces entre Estados Unidos y China.

A inicios de febrero, el Primer Juzgado Especializado en los Constitucional de Lima excluyó al puerto privado de Chancay de ser regulado y fiscalizado por el Organismo Supervisor de la Inversión en la Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).

El juzgado declaró fundada una acción de amparo de la compañía Cosco Shipping Ports y puso límites a la intervención del Estado peruano en el terminal portuario, fijando que el Ositrán, sus dependencias y organismos técnicos también deberán abstenerse de ejercer sus facultades de supervisión y sanción sobre el puerto.

No obstante, el juez Juan Carlos Núñez determinó que la única excepción a esta normativa será la fijación de las tarifas a usuarios finales, y solo si el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) confirma previamente que no hay competencia en el mercado.

El conflicto surgió porque el Ositrán pretendía aplicar al puerto un régimen de regulación integral, similar al de los puertos públicos o aquellos que el Estado entrega en concesión.

Pero el magistrado subrayó en su fallo que el Megapuerto de Chancay, operado por Cosco Shipping, fue construido y financiado íntegramente con capital privado – sin subsidios estatales ni contratos de concesión –, por lo que no se puede tratar igualmente a un puerto privado y a uno estatal.

La sentencia establece que forzar la regulación sobre una infraestructura privada vulneraría derechos fundamentales como la propiedad y la libertad de empresa.

Con una capacidad de un millón de contenedores al año, el Megapuerto de Chancay es propiedad de un consorcio donde el 60% pertenece a la empresa estatal china Cosco Shipping Ports Limited y el 40% a la minera peruana Volcan Compañía Minera, a través de su subsidiaria Inversiones Portuarias Chancay (IPCH).

Cosco Shipping es el operador principal, integrándose en la iniciativa china de la Nueva Ruta de la Seda, mientras que Volcan aporta conocimiento local y participación en el mercado de minerales.

El objetivo del puerto es convertirse en el principal hub (centro de conexiones) del comercio marítimo de China con Sudamérica.

El megapuerto de Chancay está en la costa central de Perú y América del Sur, en un lugar estratégico por su ubicación geográfica y conectividad
El megapuerto de Chancay está en la costa central de Perú y América del Sur, en un lugar estratégico por su ubicación geográfica y conectividad | Fuente: Andina

Ositrán advierte desprotección de usuarios y una apelación

En entrevista con RPP, la presidenta del Ositrán, Verónica Zambrano, sostuvo que el fallo judicial recortaría las funciones del organismo para verificar que se cumplan los derechos de los usuarios finales (importadores, agentes de aduana y dueños de carga).

Desde abril del 2011 se desarrolló el proyecto de diseño y construcción del megapuerto de Chancay,
Desde abril del 2011 se desarrolló el proyecto de diseño y construcción del megapuerto de Chancay,Fuente: Andina

Zambrano complementó que, sin la intervención de su entidad, los usuarios quedarían en una situación de vulnerabilidad, puesto que no habría quién garantice el derecho a la información transparente sobre los servicios, el derecho a la no discriminación en el trato comercial y el acceso a un procedimiento de reclamos formal ante una instancia reguladora.

Comentó, además, que Ositrán aún no ha sido formalmente notificado del fallo judicial, pero anunció que, apenas reciban la notificación, apelarán la decisión.  

La respuesta de Cosco Shipping

Mientras tanto, el gerente general adjunto del Megapuerto de Chancay, Gonzalo Ríos Polastri, rechazó que no exista una presencia estatal en sus operaciones y defendió el marco legal que regula el funcionamiento como puerto de titularidad privada.

El ejecutivo alegó que, en Chancay, operan permanentemente diversas entidades del Estado encargadas de la supervisión, control y fiscalización de las actividades portuarias.

“La Ley del Sistema Portuario es clara: Ositrán solo interviene en puertos privados cuando existen aspectos de competencia determinados por otra autoridad. Hoy, incluso, Ositrán ha reducido su posición únicamente al tema de protección de usuarios, dejando fuera la regulación de calidad de servicio y otras funciones”, sostuvo.

Gobierno de Jerí premia a funcionario del INPE que lideró requisa a celdas de expresidentes

El Gobierno de José Jerí ratificó a Henry García Malpartida como director de Seguridad Penitenciaria del INPE, pese a las denuncias de tres expresidentes por la presunta filtración de fotografías tras las requisas a sus celdas el pasado sábado y domingo 8 y 9 de febrero.

La decisión se hizo oficial este 11 de este mes a través de la Resolución Presidencial del Instituto Nacional Penitenciario 084-2026-INPE/P. Según el documento, la ratificación se realizó tras la opinión favorable del área de recursos humanos del INPE emitida el último 10 de febrero. Es decir, dos días después de las requisas a los cuartos donde están recluidos Martín VizcarraPedro Castillo Ollanta Humala.

La designación cuenta con la firma de Shadia Valdez Tejada, presidenta del Consejo Nacional Penitenciario.

 Resolución del INPE sobre Henry García Malpartida

Resolución del INPE sobre Henry García Malpartida

Informe concluye que no se encontró nada ilícito en la celda de Ollanta Humala

Un informe del área de seguridad del penal de Barbadillo concluyó que luego de la revisión en la celda del expresidente Ollanta Humala no se encontró ninguna sustancia ni artículo prohibido.

Según detalla el documento al que tuvo acceso La República, las puertas, barrotes de las ventanas y los candados fueron parte de la resquisa.

Asimismo, el informe indica que el domingo 8 de febrero a las 8:10 de la mañana, contando con la presencia de García Malpartida y el jefe de la División de Seguridad, Hurtado Barrenechea, se reunieron los técnicos del grupo de seguridad 3 para la ejecución de la revisión de carácter ordinario en los ambientes de los internos y en los patios.

A esa hora se inició la requisa en la celda de Humala y lo hicieron 3 técnicos «tomando las medidas y precauciones del caso».

El resultado final fue que no hallaron nada.

 Informe concluye que no se encontró nada prohibido en la celda de Ollanta Humala

Informe concluye que no se encontró nada prohibido en la celda de Ollanta Humala

Vizcarra, Humala y Castillo denuncian a funcionarios del INPE por difusión de imágenes suyas en requisa

El expresidente Castillo denunció al director de seguridad del INPE, Henry Garcia Malpartida, y a la presidenta del Consejo Nacional Penitenciario, Shadia Elizabeth Valdez, por la difusión de las revisiones de sus celdas.

Según la denuncia, se difundieron imágenes y videos de sus objetos personales y las condiciones en las que se encuentra recluido. Por eso, el exmandatario señaló que se vulneraron sus derechos constitucionales a la intimidad y protección de datos personales. Castillo afirmó que el Estado no cuenta con respaldo legal para la difusión de esas imágenes.

Por su parte, Vizcarra denunció a García Malpartida y a quienes resulten responsables por el presunto delito de abuso de autoridad y violación a la intimidad en forma agravada. El motivo es que se hicieron dos requisas en menos de 24 horas y no se encontraron irregularidades.

Según la denuncia, el sábado 7 de febrero, entre las 6:00 y 7:00 p.m., el personal penitenciario realizó una inspección general en la celda de Vizcarra y en las de otros tres internos. La intervención concluyó sin observaciones, y los objetos hallados estaban autorizados por la autoridad para satisfacer necesidades básicas no cubiertas por el Estado.

Sin embargo, en las primeras horas del domingo 8 de febrero, García Malpartida y otros funcionarios regresaron al penal y realizaron una nueva requisa, a pesar de que una diligencia similar se había efectuado pocas horas antes sin incidentes, según el relato de la denuncia.

En tanto, Humala, a través de su abogado, envió una carta al INPE solicitando los detalles de la toma de fotografías a su patrocinado en Barbadillo y que luego fueron reveladas por un medio de comunicación.

Asimismo, exigió que se informe sobre la cadena de mando involucrada y la autorización expresa de Humala para el uso de su imagen.

ONPE oficializa orden de los partidos en cédula de sufragio: Alianza Venceremos encabeza la lista

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó el sorteo público que definió la ubicación de las 38 organizaciones políticas en la cédula de sufragio para las elecciones generales 2026. Por resultado de la extracción de bolillas, la alianza electoral Venceremos obtuvo el número 1, lo que la coloca en la primera casilla de la papeleta que recibirán millones de ciudadanos el próximo 12 de abril.

Detrás se ubican el Partido Patriótico del Perú (2) y el Partido Cívico Obras (3). En los siguientes lugares figuran el Frepap (4)Partido Demócrata Verde (5)Partido del Buen Gobierno (6)Perú Acción (7) y PRIN (8), en una lista que se extiende hasta completar las 38 posiciones, con el Partido Morado en el último lugar.

Tener la primera ubicación en una cédula con 38 agrupaciones podría representar una ventaja para la organización. En procesos con alta fragmentación como el que tendremos en el país, la posición puede incidir en la recordación del símbolo o candidato y en el llamado “voto por arrastre visual”, especialmente entre electores indecisos o con escasa información.

En esa línea, el politólogo Fernando Tuesta señaló en su cuenta de X que no solo la ubicación del primer partido en la cédula es beneficioso, sino también el último, en este caso, el Partido Morado. «En este aspecto, una ventaja es tener el primer puesto y el último. Toca ahora a los partidos, informar a sus electores dónde está ubicado su partido favorito», explicó.

Elecciones 2026: este es el orden de la cédula de sufragio

  1. Alianza Electoral Venceremos
  2. Partido Patriótico del Perú
  3. Partido Cívico Obras
  4. Frepap
  5. Partido Demócrata Verde
  6. Partido del Buen Gobierno
  7. Perú Acción
  8. PRIN
  9. Partido Progresemos
  10. Partido Sí Creo
  11. Partido País Para Todos
  12. Partido Frente de la Esperanza
  13. Partido Perú Libre
  14. Partido Ciudadanos por el Perú
  15. Primero La Gente
  16. Partido Juntos Por el Perú
  17. Partido Podemos Perú
  18. Partido Democrático Federal
  19. Partido Fe en el Perú
  20. Partido Integridad Democrática
  21. Partido Fuerza Popular
  22. Alianza Para el Progreso
  23. Partido Cooperación Popular
  24. Ahora Nación
  25. Libertad Popular
  26. Un Camino Diferente
  27. Avanza País
  28. Perú Moderno
  29. Partido Perú Primero
  30. Salvemos al Perú
  31. Partido Somos Perú
  32. APRA
  33. Partido Renovación Popular
  34. Partido Demócrata Unido Perú
  35. Partido Fuerza y Libertad
  36. Partido de los Trabajadores y Emprendedores
  37. Partido Unidad Nacional
  38. Partido Morado

APRA: exsecretario de Alan García renuncia a su candidatura a la Cámara de Diputados

Nueva baja en el APRA. El exsecretario personal y político del difunto expresidente Alan García, Ricardo Pinedo Caldas, renunció a su candidatura a la Cámara de Diputados del siguiente Congreso bicameral.

La dimisión de Pinedo Caldas fue presentada ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Oeste 3. Según el documento, su salida se debe a motivos estrictamente personales.

«Por medio de la presente tengo a bien dirigirme a ustedes para comunicar mi decisión personal e irrevocable de renunciar a mi candidatura con el Nro. 32 de diputados por Lima Metropolitana por el Partido Aprista Peruano por motivos estrictamente personales», se lee en el documento de renuncia remitido.

Ahora, la renuncia deberá ser revisada por el ente electoral y oficializada en las próximas horas. La decisión deberá ser colgada en el portal de la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

De esta manera, el APRA acudirá a las Elecciones Generales 2026 con un candidato menos por Lima Metropolitana. Hoy, miércoles 11 de febrero, es la fecha límite para que los postulantes puedan presentar su renuncia oficial a sus candidaturas.

 Renuncia de Ricardo Pinedo Caldas ante el JEE Lima Oeste 3.

PCM anuncia uso de «recursos procesales» ante fallo judicial que limita la supervisión de Ositran en el Megapuerto de Chancay

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) manifestó este miércoles su postura oficial frente al proceso judicial iniciado por el consorcio privado Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. asegurando que el Estado peruano defenderá sus prerrogativas de control sobre la infraestructura portuaria.

El pronunciamiento surge tras la emisión de una sentencia judicial que declara inaplicables diversas normas que permitían al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) supervisar las operaciones del megapuerto de Chancay.

En su comunicado, la PCM señala que el Perú promueve la inversión extranjera, pero que esta debe estar sujeta a las condiciones y vigilancia que establece la Constitución Política del Perú.

En ese sentido, aclara que «el Terminal Portuario de Chancay, de propiedad del consorcio privado Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A., debe cumplir con lo establecido por el ordenamiento normativo peruano, incluyendo aquella regulación en materia de seguridad portuaria a cargo de una serie de entidades públicas». 

«Dichas entidades cuentan con presencia en el terminal portuario y ejercen de manera efectiva las funciones de control y fiscalización que la ley les asigna», puntualiza el comunicado. 

La PCM cierra su comunicado advirtiendo que de configurarse lo que indicaría la orden judicial «hará uso de los recursos procesales que la ley le faculta», en cumplimiento de la normativa legal vigente. 

Alcances del fallo judicial y postura de la empresa

El Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, bajo la dirección del magistrado Juan Carlos Nuñez Matos, declaró fundada una acción de amparo a favor de Cosco Shipping. 

La resolución judicial establece que el regulador debe omitir el ejercicio de sus funciones de regulación, supervisión, fiscalización y sanción respecto al terminal portuario de Chancay, fundamentando esta decisión en la naturaleza de propiedad privada del proyecto, el cual fue financiado sin recursos públicos ni contratos de concesión estatal.

«El uso público no convierte al bien en dominio público ni lo somete automáticamente a un régimen concesional o regulatorio pleno», se lee en la sentencia emitida por el magistrado Nuñez Matos.

Por su parte, la operadora del megapuerto ha defendido el marco legal que reconoce su titularidad privada, argumentando que el mercado será el principal mecanismo de disciplina para sus tarifas y servicios.

En declaraciones obtenidas por RPP, el gerente general adjunto de Cosco Shipping Ports Perú, Gonzalo Ríos Polastri, descartó que el terminal goce de un régimen privilegiado y subrayó que otras entidades del Estado mantienen una presencia permanente y efectiva en la zona.

“En el puerto de Chancay están presentes todas las organizaciones del Estado que ejercen control sobre la carga, los volúmenes, las transacciones, ingresos y salidas. Hablamos de la Autoridad Portuaria Nacional, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, el Ministerio de Transportes, autoridades ambientales y Aduanas, para la cual incluso se ha construido un edificio propio”, sostuvo el ejecutivo ante el programa Ampliación de Noticias.

Advertencias de Ositrán sobre la protección al usuario

Desde la otra vereda, la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, expresó su preocupación por el impacto que esta medida tendrá sobre los derechos de los usuarios finales, tales como importadores y agentes de aduana.

Según la funcionaria, la ausencia de supervisión regulatoria dejaría sin garantías aspectos críticos como el acceso a la información transparente, la no discriminación comercial y el derecho a un procedimiento formal de reclamos ante una instancia pública.

“Estarían estableciendo un régimen […] normativo diferente para ellos como empresa, porque ellos serían la única empresa que presta servicios al público y que no es supervisada en cómo presta esos servicios al público”, señaló la titular de Ositrán en declaraciones para RPP.

¿Riesgos de soberanía?

El pronunciamiento de la PCM se da el mismo día en el que la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una opinión sobre el tema. 

A través de una comunicación en la red social X, manifestó su inquietud ante la posibilidad de que el Perú pierda facultades para supervisar una infraestructura crítica en su territorio, sugiriendo que el puerto podría quedar bajo la jurisdicción de propietarios extranjeros sin el debido control estatal.

“Que esto sirva de advertencia para la región y el mundo: el dinero chino barato cuesta soberanía”, advirtió la mencionada oficina gubernamental estadounidense a través de sus canales oficiales.

En sintonía con esta postura, el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, enfatizó que ceder soberanía representa el costo más alto que un país puede pagar, reforzando la preocupación internacional sobre el modelo de gobernanza que se aplicará en el terminal de Chancay.

Pedro Castillo le pide al Gobierno de Jerí requisar la celda de Vladimiro Montesinos y trasladarlo a Challapalca

Reacciones. El sentenciado expresidente Pedro Castillo envió un oficio al presidente José Jerí, en el que le pide realizar una revisión en la celda del exasesor del dictador Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos.

A través de un documento redactado y enviado por su defensa legal, Castillo hizo las siguientes peticiones al Gobierno de Jerí: acudir al Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (Cerec) de la Base Naval para revisar los celulares y las laptops de la celda de Montesinos y trasladarlo al penal de máxima seguridad de Challapalca.

El motivo de la última solicitud de Castillo es para que Montesinos cumpla su sentencia hasta septiembre del 2037 con la finalidad de que «se evite despilfarrar dinero público del impuesto de todos los peruanos que debe alimentar a un niño desnutrido, elevar el sueldo de un policía o pagar la bolsa de cemento para un hospital».

«(…) haciéndose con la requisa y traslado a Challapalca merecedor del cargo, elevar su concepto público y probar a la nación que es valiente», se lee en el documento.

El pedido de Castillo se realiza 3 días después de que agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) revisaron su celda y, presuntamente, filtraron las fotografías de la requisa en el penal de Barbadillo, en el que se encuentra cumpliendo una condena en primera instancia por el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022.

El exmandatario consideró que su solicitud se hace en «aras de la igualdad que le caracteriza» a Jerí.

 Pedro Castillo pide al Gobierno de Jerí revisar la celda de Vladimiro Montesinos y trasladarlo a Challapalca

Pedro Castillo pide al Gobierno de Jerí revisar la celda de Vladimiro Montesinos y trasladarlo a Challapalca

Pedro Castillo denuncia a funcionarios del INPE por difusión de imágenes suyas en requisa

El 10 de febrero, la defensa de Pedro Castillo presentó una denuncia contra Henry García Malpartida, director de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), y Shadia Valdez Tejada, presidenta del Consejo Nacional Penitenciario, por la difusión de imágenes del expresidente tomadas durante una requisa realizada por funcionarios de la institución el 8 de febrero.

Según la denuncia, se divulgaron fotografías que muestran pertenencias personales y las condiciones de reclusión del expresidente.

La denuncia sostiene que la divulgación de estas fotografías infringe derechos constitucionales relacionados con la privacidad y la protección de datos personales, además de constituir presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos.

La denuncia argumenta que, aunque el Estado tiene la facultad de realizar requisas, la difusión de las imágenes obtenidas en estas intervenciones carece de sustento legal.