La línea entre la autoridad y el crimen se vuelve cada vez más delgada. Un operativo ejecutado la noche del viernes en Pucallpa (Ucayali) por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) culminó con la detención del Fiscal Especializado en Materia Ambiental (Fema) Carlos Alberto Chirre Ramírez y del suboficial brigadier de la Policía Nacional, Iván Armando Huamán Ruiz.
Otros dos policías, así como otros 7 civiles, integrantes de la banda ‘Los lecheros del Puerto’, también fueron arrestados en un operativo simultáneo ejecutado de Mazuko, (Madre de Dios), Puno y Pucallpa (Ucayali).
Todos están comprendidos en una investigación por presunta criminalidad organizada vinculada a la minería ilegal en Madre de Dios.
«Los Policías fueron preparados para combatir el crimen, pero lamentablemente cruzaron la línea y se convirtieron en presuntos delincuentes», dijo un oficial de la Diviac, tras confirmar la captura.
Estaban dedicados al tráfico ilícito de combustible destinado a abastecer actividades de minería ilegal en Madre de Dios.
La sorpresiva intervención se realizó en el marco de un megaoperativo dirigido por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Madre de Dios, luego de que el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Tambopata ordenara la detención preliminar judicial por 15 días de 27 investigados. Por ahora hay 12 detenidos.
De acuerdo con la resolución judicial, Carlos Chirre Ramírez, quien recientemente había asumido funciones como fiscal de la Fema de Ucayali, habría desempeñado un rol de apoyo a una organización criminal proporcionando información relacionada con operativos, acciones de control e intervenciones de las autoridades en la región Amazónica.
Según la tesis fiscal, esta información habría permitido que los integrantes de la presunta organización adoptaran medidas para evadir las acciones de fiscalización y reducir el riesgo de ser arrestados.
En cambio, el suboficial brigadier PNP Iván Huamán Ruiz es señalado por el Ministerio Público de haber brindado presunta cobertura institucional desde su condición de policía, facilitando el tránsito de cargamentos vinculados a las actividades ilícitas investigadas, junto a otros efectivos comprendidos en el caso.
La resolución judicial describe una estructura organizada con funciones diferenciadas entre sus integrantes. Mientras algunos investigados habrían adquirido y desviado combustible hacia centros de minería ilegal, otros asumían el almacenamiento, transporte, distribución y seguridad de las operaciones.
En ese contexto, tanto el fiscal Chirre como el suboficial Huamán Ruiz habrían cumplido funciones específicas que, según la hipótesis del Ministerio Público, favorecían el funcionamiento de la organización.
El magistrado fue detenido en una vivienda del jirón Rocafuerte, en el distrito de Callería, Pucallpa. Las imputaciones en su contra deberán ser corroboradas o descartadas durante el desarrollo de las investigaciones, respetándose en todo momento el principio de presunción de inocencia.
Como parte del mismo operativo, que se ejecutó de manera simultánea en diferentes regiones del país, también son buscados otros malos elementos de la PNP y civiles que estarían involucrados en los hechos materia de investigación.
Tras las diligencias de allanamiento vinculadas al fiscal ambiental Carlos Chirre Ramírez, en la localidad de Mazuko, Madre de Dios, se ejecutó otro operativo a cargo de la Diviac, la Fiscalía y la Unidad de Lavado de Activos.
Trascendió que el motivo del despliegue policial tiene que ver con la misma red dedicada a la minería ilegal.
Por la tarde, fuentes del Ministerio Públicoi dieron detalles de la operación. Explicaron que la investigación, realizada en conjunto entre la Fecor y la PNP, permitió establecer que la organización habría desarrollado progresivamente sus actividades desde el año 2023, mediante una estructura conformada por proveedores primarios, que operaban desde la localidad de Lechemayo, en la región Puno, en la frontera con Madre de Dios. Asimismo, contaban con distribuidores, transportistas y personas encargadas de brindar protección y alertar sobre los controles estatales.
Añadieron que tras la adquisición formal del combustible en diversas partes del país, utilizando empresas y estaciones de servicio como fachada, los cargamentos, transportados en cisternas con capacidades de hasta 10 000 galones y cuya documentación consignaba como destino final los grifos, eran presuntamente desviados de manera clandestina.
Posteriormente, el combustible era trasladado hacia almacenes acondicionados en Lechemayo, donde se realizaba el transvase desde las cisternas hacia tanques mediante bombas y mangueras, para luego ser distribuido en bidones de acuerdo con los pedidos previamente coordinados.
La organización criminal habría contado con equipos diferenciados para garantizar la cadena de abastecimiento. Los proveedores secundarios se encargaban del acopio, almacenamiento y negociación de las cargas; los distribuidores realizaban los pedidos y coordinaban el traslado hacia los puntos de destino; mientras que los transportistas terrestres movilizaban los bidones hasta el puerto de Lechemayo o hacia un puerto clandestino ubicado en la zona de Mazuko.
En estos puntos, el combustible era transferido a canoas y trasladado por el río Inambari para evadir los controles terrestres, con destino principalmente a Mazuko y, según la demanda, a Puerto Punkiri, Puerto Carlos y Puerto Sarayacu. Una vez en tierra, el combustible era movilizado hacia zonas vinculadas con la minería ilegal.
La investigación también identificó un equipo de protección y cobertura institucional, integrado presuntamente por efectivos policiales y un exfiscal quien fue destituido meses atrás. De esta manera se anticipaban a posibles intervenciones y operativos reservados contra la minería ilegal, pues eran advertidos sobre las rutas de intervención y aseguraban la continuidad de sus operaciones ilícitas.
Anoche la Policía Nacional informó que se logró con la captura de 12 presuntos integrantes, la ejecución de 35 allanamientos y la incautación de más de S/ 1.9 millones, armamento, vehículos y abundante evidencia criminal.
Indicó que este operativo constituye uno de los golpes más importantes contra las economías ilícitas vinculadas a la minería ilegal. Este lunez 27 de julio la PNP estará brindando más de detalles sobre la desarticulación de esta organización criminal.
