La inseguridad ciudadana es una de las problemáticas que más preocupa a los peruanos. El tratamiento que haga un candidato presidencial frente a este problema puede determinar el apoyo ciudadano que reciba del electorado. A todas luces, la segunda vuelta electoral de 2026 será entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). Por ello, cabe preguntarse: ¿qué proponen ambos candidatos en materia de seguridad ciudadana?

Fuerza Popular propone modernización, pero metas podrían no ser alcanzables

A lo largo de su campaña, Keiko Fujimori ha colocado la lucha contra la inseguridad ciudadana como una de sus principales consignas políticas. El plan de la candidata fujimorista ha sido titulado ‘Perú con orden’ y, en diversas intervenciones públicas, ha asegurado que la erradicación del crimen es uno de sus objetivos centrales. Incluso ha llegado a reivindicar el autoritarismo de la dictadura liderada por su padre, Alberto Fujimori, y a utilizarlo como ejemplo para ilustrar lo que haría frente a los grupos criminales de llegar al poder.

Fuerza Popular propone que, en sus primeros 100 días, se implemente el C5i en Lima y Callao —un centro de comando, control, comunicaciones, cómputo e inteligencia que articula información en tiempo real para la seguridad—, con miras a expandirlo a otras ciudades críticas. Asimismo, plantea fortalecer las Unidades de Flagrancia Express en Lima, Piura y Trujillo, instancias diseñadas para procesar de manera rápida a personas detenidas en flagrancia.

La plataforma fujimorista también plantea que, en ese mismo periodo, las Fuerzas Armadas y la Policía se instalen en Tumbes para reforzar el control fronterizo. Finalmente, propone emitir decretos de urgencia para financiar la compra de 1.000 patrulleros inteligentes —equipados con tecnología de geolocalización y comunicación—, la instalación de 10.000 cámaras interconectadas para vigilancia y la modernización de 200 comisarías.

El plan de seguridad de Fuerza Popular se organiza en tres ejes: prevención, control de la delincuencia y procesamiento. En materia preventiva, el partido plantea políticas vinculadas al deporte, el arte y el empleo juvenil. Además, propone continuar con el Plan Estratégico de Desarrollo de Capacidades de la Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con la embajada británica.

Para enfrentar la criminalidad, la agrupación apuesta por el uso de tecnología y la modernización de las unidades operativas. Asimismo, en la etapa posterior al delito, propone el programa ‘Manos que Reparan’, cuyo objetivo es que las personas privadas de libertad realicen trabajos comunitarios.

Sin embargo, el plan también presenta debilidades. La principal radica en sus metas: propone reducir la impunidad del 90% al 50%. Sin una reforma judicial profunda y sostenida, esta meta podría resultar poco viable.

“Todos quisiéramos que sea así. Políticamente es atractivo, pero para ello se necesitan reformas estructurales. Reducir la impunidad implica abordar toda la cadena del proceso penal: policías que investiguen de manera efectiva, fiscalías que acusen adecuadamente y en plazos razonables, y un Poder Judicial que emita sentencias oportunas. Eso es algo que no tenemos hoy. Es un tema de volumen, pero también de calidad de los casos y de coordinación institucional. Además, esto requiere invertir en inteligencia criminal, evidencia forense y mejorar la gestión de casos. Proponerlo sin detallar el cómo y en plazos cortos resulta irreal”, señaló Noam López, politólogo e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).