La presidenta Dina Boluarte solicitó a la Fiscalía de la Nación adelantar la fecha de su declaración indagatoria sobre el ‘caso Rolex’, una acción fiscal que estaba programada para el próximo viernes 5 de abril.
A través de una carta enviada por el despacho de su abogado Mateo Castañeda, la mandataria pidió que su declaración sea tomada «de forma inmediata a efectos de esclarecer lo más pronto posible los hechos materia de investigación».
En el escrito, Boluarte indica que hace esta solicitud «en vista de la turbulencia política que se viene produciendo como consecuencia de las diferentes diligencias» realizadas por la Fiscalía en su vivienda y en Palacio de Gobierno.
En esa línea, solicito que se deje sin efecto la programación de la diligencia fiscal prevista para el 5 de abril para la toma de sus declaraciones.
Allanan vivienda de Dina Boluarte y Palacio de Gobierno
El Perú vive una nueva crisis política luego de que el Ministerio Público y personal de la Diviac allanaran la casa de la presidenta Dina Boluarte en Surquillo, así como Palacio de Gobierno como parte de las diligencias preliminares en torno al uso de relojes de alta gama, marca Rolex, por parte de la jefa del Estado.
Tanto la mandataria como el presidente del Consejo de Ministros y la defensa legal de Boluarte han calificado de «desproporcionada» e «inconstitucional» la diligencia efectuada por la Fiscalía.
La noche del sábado, la Fiscalía de la Nación respondió a Boluarte, quien un mensaje a la Nación calificó la acción del Ministerio Público como «ilegal y abusiva”.
El organismo autónomo señaló en un comunicado que este procedimiento, llevado a cabo la noche del 29 de marzo y en las primeras horas del día siguiente, se hizo “por orden del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República”.
El Ministerio Público, por lo tanto, descartó que dicha intervención realizada por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales “haya sido ilegítima, inconstitucional y abusiva”.
La entidad indicó, además, que durante la diligencia no fueron ubicados ni se les entregó los relojes de alta gama a pesar de que se lo solicitaron a la jefa de Estado. Sin embargo, aclaró, se “obtuvo otros elementos de interés para la investigación”.
Por último, la Fiscalía de la Nación confirmó que citó formalmente a Boluarte Zegarra para el próximo viernes, 5 de abril, a fin de que exhiba los relojes Rolex y preste su declaración sobre el referido caso, tal como lo solicitó su defensa legal.
En el marco de nuestro 50° aniversario – Bodas de Oro, llevamos a cabo una conferencia de prensa donde presentamos oficialmente el programa de actividades conmemorativas preparado para celebrar este importante hito.
Durante esta jornada, compartimos con la ciudadanía los eventos, iniciativas y acciones que formarán parte de esta celebración, destacando nuestra historia, el crecimiento alcanzado a lo largo de los años y el compromiso que mantenemos con la comunidad.
La actividad contó con la presencia de nuestro alcalde provincial y la Comisión de Fiesta de las Bodas de Oro, quienes vienen liderando y articulando cada una de las acciones programadas para esta importante conmemoración.
Esta presentación nos permitió dar a conocer una agenda pensada para la participación de todos, fortaleciendo el vínculo con nuestros vecinos y promoviendo el sentido de identidad en torno a este aniversario.
Conmemoramos 50 años de trayectoria, renovando nuestro compromiso de seguir trabajando por el desarrollo y bienestar de toda la población.
Durante la última sesión de concejo, la regidora Silvia Dorador presentó una moción para la conformación de una Comisión Especial de Fiscalización, con el fin de evaluar el desempeño de la empresa prestadora de servicios EMAPA Huaral, actualmente bajo la administración del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS).
La propuesta, que fue aprobada por unanimidad, tiene dos objetivos estratégicos: establecer una ruta técnica para que la administración local recupere la gestión de la empresa y realizar un sinceramiento real sobre la calidad del servicio de agua potable en la provincia.
Dorador advirtió que, aunque en 2025 se habría alcanzado un cumplimiento cercano al 85% en metas e inversiones —requisito para que el OTASS finalice su intervención—, existen alertas sobre proyectos con escaso avance, como la sectorización de áreas críticas. En ese sentido, subrayó que el 2026 será un año determinante para lograr un segundo periodo consecutivo de cumplimiento que permita recuperar la autonomía de la EPS.
Asimismo, la regidora cuestionó la calidad del suministro actual, denunciando el incremento de tarifas, la falta de continuidad en el servicio y presuntas irregularidades en la facturación mediante micromedidores. “La población está indignada. No se puede hablar de metas cumplidas en el papel cuando en las calles persiste el desabastecimiento”, enfatizó durante su intervención, mencionando también las excesivas demoras en la atención de reclamos.
CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN La nueva comisión fiscalizadora estará integrada por las regidoras Elena Abanto, Alexandra Reyes y Silvia Dorador. Este equipo de trabajo tendrá la responsabilidad de emitir informes mensuales y presentar un reporte final en diciembre de 2026, garantizando un seguimiento riguroso al cumplimiento de las metas y a la mejora del servicio de agua en beneficio de la comunidad huaralina.
Uno de los sobrevivientes del operativo militar ocurrido el 25 de abril en Colcabamba, Huancavelica, ha presentado una versión que cuestiona las primeras diligencias del caso. Ricardo Jampier Acuña Quispe sostiene ahora que su declaración inicial, en la que admitía participar en el transporte de droga, no fue voluntaria y habría sido obtenida bajo presión.
El testimonio fue difundido en un video por Epicentro TV, donde el joven expone que su versión inicial fue resultado de amenazas directas durante la intervención. En ese registro, su relato cambia sustancialmente respecto a lo declarado en un primer momento.
Denuncia de amenazas
«En ese momento fui amenazado, obligado para hablar esas cosas porque no encontraron nada en el carro, porque nosotros no hemos transportado ni droga ni nada, por eso mismo los militares me amenazaron diciendo que me iban a matar a bala. Ellos quieren salirse con la suya. A mí me han querido utilizar como sustento de que yo llevaba droga», afirmó Acuña en su testimonio.
Asimismo, reiteró que su declaración no fue voluntaria y que actuó por temor a perder la vida. «Fui forzado porque me estaban amenazando los militares con armas en ese momento. Yo pensaba que me iban a matar. No hemos trasladado nada, ninguna droga ni armamento, es completamente falso lo que dicen», agregó.
Acuña afirma que fue obligado a incriminarse bajo intimidación de los militares. «Me amenazaron con armas diciendo que te vas a disparar, te va a matar bala, así», declaró al describir el contexto en el que se produjo su testimonio inicial.
Su primera versión ante las autoridades
En su declaración inicial, el joven había señalado que formaba parte de un grupo dedicado al traslado de droga en la zona. «Nos contrataron para cargar droga. Éramos como 50 personas. Nos convocaron el día miércoles en la tarde. Comenzamos a caminar por dos días», indicó Acuña en ese testimonio.
Esa versión fue incorporada en el expediente como parte de las primeras diligencias del caso. Sin embargo, ahora el propio sobreviviente sostiene que dichas afirmaciones fueron hechas bajo presión.
Acuña indicó que logró salir del vehículo en medio de los disparos y que se ocultó por miedo a lo que estaba ocurriendo. Posteriormente, al notar la presencia de militares identificables, decidió entregarse.
En el marco del Decreto de Emergencia N.° 034, la Municipalidad Provincial de Huaral, por disposición del alcalde provincial, continúa ejecutando intervenciones en los puntos críticos previamente identificados.
En esta oportunidad, los trabajos se desarrollan en el sector Huayán Chico, donde se viene realizando la protección del río mediante la construcción de defensas ribereñas, utilizando material propio.
Estas acciones tienen como objetivo prevenir riesgos y salvaguardar a la población y sus bienes frente a posibles desbordes.
Mientras el Hub Portuario de Chancay se consolida como la obra de infraestructura privada más importante del país en décadas, representando cerca del 1% del producto bruto interno (PBI) nacional, el Estado peruano lleva más de dos años sin asignar presupuesto para los 21 proyectos de inversión estratégica que requiere con urgencia la zona de influencia que abarca Barranca, Huaral, Lima Norte y el Callao.
En la sesión de la Comisión Especial proyecto multipropósito de Chancay, presidida por el congresista y candidato presidencial Roberto Sánchez, se puso en evidencia la falta de voluntad política del Poder Ejecutivo para financiar ese portafolio, valorizado en S/840 millones.
El asesor de la Jefatura de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), Alberto Marquina Pozo, recordó que la entidad —facultada desde septiembre del 2024 mediante decreto legislativo para identificar, priorizar y ejecutar proyectos— procesó una cartera inicial de más de 1.000 iniciativas y la redujo a 21 proyectos estratégicos territoriales, aprobados en marzo del 2025.
Más de S/800 millones en proyectos estratégicos siguen sin financiamiento pese a múltiples gestiones ante el MEF, MTC y el Consejo de Ministros.
Este portafolio incluye tres proyectos de salud, dos de agua y saneamiento, tres comisarías, el fortalecimiento de una capitanía, un proyecto de riego, dos de seguridad vecinal y nueve proyectos viales. El problema es que actualmente ninguno de esos 21 proyectos cuenta con presupuesto asignado.
El funcionario de ANIN señaló que se han realizado gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ProInversión y el Ministerio del Interior (Mininter), y también se exploró la posibilidad de financiar algunos mediante obras por impuestos (OXI). El resultado ha sido el mismo en todos los casos: sin respuesta por limitaciones en la caja fiscal.
Con más de dos años de retraso, la inflación ya habría elevado el costo real del paquete. «Estimamos fácilmente que ya con un 5% o 10% de incrementos, solo por efectos de inflación, esto debería estar ya por encima de los 1.000 millones hoy en día», advirtió Marquina Pozo.
Megapuerto de Chancay: Priorización de proyectos de emergencia
Ante el bloqueo presupuestal, la ANIN presentó una priorización de emergencia. En primer lugar, ubica seis proyectos de orden público, seguridad y defensa, con un costo cercano a S/94 millones (con costos tras la inflación, S/100 millones). La propuesta es ejecutable en dos tramos: S/35 millones este año y S/58 millones el siguiente, hacia el 2027.
«Con alrededor de S/100 millones podríamos resolver el problema de seguridad en todo el ámbito de acuerdo con los proyectos priorizados», señaló.
La República pudo conocer que los seis proyectos prioritarios de la ANIN son tres comisarías, dos proyectos de seguridad ciudadana y una capitanía de puerto en zonas como Aucallama (Huaral), Hualmay (Huaura), Barranca y Chancay (Huaral).
Los seis proyectos de inversión prioritarios en las zonas de influencia del megapuerto de Chancay.
Respecto a la programación, se indicó que las comisarías estarían listas hacia diciembre del 2027, siempre que las obras se inicien de manera inmediata, mientras que las infraestructuras de seguridad y la capitanía se concretarían en agosto de ese año.
En cuanto al financiamiento, se plantearon diversas alternativas. La primera consiste en aplicar el mecanismo de Obras por Impuestos (OXI) con el Certificado de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL), que es un documento emitido por el MEF, que reconoce y devuelve a las empresas privadas el monto invertido en proyectos de infraestructura bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, a través del Gobierno Regional (GORE), propuesta que ya fue presentada formalmente, aunque aún se encuentra a la espera de respuesta.
La segunda opción contempla que los sectores de Interior y Defensa proyecten sus gastos a diciembre del presente año, con el fin de evaluar la disponibilidad de saldos presupuestales que permitan ejecutar estos proyectos prioritarios.
Una tercera alternativa considera facultar a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para emitir el Certificado de Inversión Pública-Gobierno Nacional (CIPGN), documento emitido por el MEF, que reconoce la inversión de empresas privadas en proyectos de Obras por Impuestos del Gobierno Nacional). Si bien esta vía demanda más tiempo, no ha sido descartada. Finalmente, se mencionó la posibilidad de recurrir al endeudamiento con participación del MEF como mecanismo para destrabar el financiamiento.
El contexto adquiere especial relevancia si se considera que Chancay representa aproximadamente el 1% del PBI nacional y que su zona de influencia abarca Barranca, Huaral, Lima Norte y el Callao. Como recordó la Municipalidad Distrital durante la sesión: «Chancay no funciona solo.»
Roberto Sánchez: «Ni un sol ha regresado a Chancay»
Sánchez criticó que, pese a las reuniones técnicas, multisectoriales y coordinaciones con autoridades locales, «no ha habido esa responsabilidad del MEF, MTC, y menos del Consejo de Ministros ni del presidente de la República.»
«Es una vergüenza que solo el privado haya avanzado, y cuando se trata de una visión de alta responsabilidad con el desarrollo económico del país, no haya voluntad política para asignar mínimamente recursos», afirmó. Y agregó: «Es increíble, ni un sol de inversión del Estado ha regresado a Chancay.»
El legislador también cuestionó la inoperancia en torno al fondo social de Chancay, que solo ha avanzado en métricas de recaudación y distribución, pero carece aún de un reglamento de gobernanza.
«¿Tan difícil es hacer un reglamento que regule la gobernanza y la articulación? No sé si es falta de interés, negligencia, ignorancia, no sé qué razones apelar para encontrar una justificación tan básica y elemental.» En ese contexto, indicó que «el desarrollo de Chancay en la provincia de Huaral está vilmente abandonado. Ni salud, ni educación, ni cultura hay recursos.»
Cabe recordar que la sesión contó con la participación del presidente del consejo directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), la Municipalidad Distrital de Chancay y la Autoridad Nacional Autónoma para el Desarrollo Estratégico Integral de Chancay (ANA).
Quien no apareció fue Rodolfo Acuña, titular del MEF, invitado para informar sobre las inversiones; ante su ausencia, Sánchez indicó que esperan un documento de su parte.
Terminales Portuarios Euroandinos (TPE), operador del Puerto de Paita, firmó un acuerdo con Cosco Shipping Lines Perú para la implementación de un nuevo servicio con recalada en el recinto marítimo.
De acuerdo con TPE, el recorrido será operado con naves propias como parte del servicio CHX3 con conexión vía Chancay y destino final Asia, a través del servicio WSA5.
La escala a Paita se realizará los días domingo y busca aportar mayor previsibilidad y eficiencia a la cadena logística. La rotación del servicio será Puerto Caldera – Paita – Chancay – Shanghai.
“Este acuerdo refleja nuestro compromiso de seguir impulsando alianzas estratégicas que generen valor para nuestros clientes y potencien el comercio exterior del país”, afirmaron desde TPE.
ENFOQUE REAL 