El predictamen elaborado por la Comisión de Constitución del Senado plantea introducir cambios al proyecto de delegación de facultades legislativas aprobado por la Cámara de Diputados, sumando ocho nuevos puntos centrados en seguridad e infraestructura.

Además, incluye la obligación de que los ministros rindan cuentas al Senado y retira la propuesta para crear una carrera laboral especial para el personal de centros juveniles, debido a que el Ejecutivo no la propuso en su pedido de facultades.

A pesar de dichos cambios, durante la sesión del pasado martes 13 se dejó de lado el debate sobre los límites de modificación del Senado, luego de que el presidente de la comisión, Carlos Mesía, precisara que esa discusión se daría en el pleno con el dictamen ya aprobado. Bajo ese escenario, la comisión votará la propuesta este jueves a las 11 de la mañana.

Apoyo de las Fuerzas Armadas en los penales

Uno de los puntos que busca incorporar es que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía en la vigilancia del perímetro y la seguridad externa de los penales, de forma temporal y excepcional.

«Regular la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad externa y apoyo operativo al personal de los establecimientos penitenciarios conforme al marco constitucional vigente”.

Vigilancia posterior al cumplimiento de la condena

Otro punto que el texto propone es un sistema de seguimiento para personas que son liberadas tras cumplir condenas por delitos de alta peligrosidad. Incluye la creación de un registro para monitorear a los reos egresados y reducir los riesgos de reincidencia o reorganización delictiva.

«Regular para los casos de delitos de alta peligrosidad lesividad o pluriofensivos la libertad vigilada postpenitenciaria así como la creación de su respectivo registro (…)”:

Reglas de uso de la fuerza para las FF. AA. y calificación de «grupos hostiles»

Del mismo modo, el predictamen busca modificar el marco legal para fijar con precisión bajo qué circunstancias excepcionales los militares podrán apoyar a la Policía. La propuesta delimita este apoyo a situaciones de amenaza grave o crimen organizado, estableciendo reglas sobre el uso de la fuerza.

«Modificar el Decreto Legislativo N.° 1095 (…) a fin de precisar los supuestos excepcionales en los que las Fuerzas Armadas pueden intervenir en apoyo a la Policía Nacional del Perú frente a organizaciones criminales u otras amenazas graves (…) cuando la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú haya sido sobrepasada (…) estableciendo el carácter excepcional, temporal, subsidiario y territorialmente delimitado de dicha intervención».

Adicionalmente, la propuesta contempla precisar los criterios para la calificación de una organización criminal como «grupo hostil».

«Modificar el Decreto Legislativo (….) a fin de precisar los criterios objetivos y concurrentes por los cuales una organización criminal puede ser calificada como grupo hostil, atendiendo a su nivel de organización y mando, a su capacidad de enfrentar al Estado de forma prolongada con armas de fuego o explosivos, y al control territorial o los ataques contra la población (…) así como la autoridad que efectúa dicha calificación mediante resolución motivada, con dación de cuenta al [Congreso]».

Herramientas para combatir organismos criminales

En esa misma línea, el dictamen plantea registrar y aplicar medidas contra organizaciones criminales que empleen actos de violencia como el uso de explosivos o ataques a servicios esenciales. Permite investigarlos, incautar sus bienes y realizarles controles penitenciarios más estrictos, sin modificar la definición legal del delito de terrorismo.

«Modificar la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado, a fin de establecer criterios objetivos para calificar e inscribir en un registro a las organizaciones criminales que, para lograr sus fines, empleen de forma sistemática métodos de violencia propios del terrorismo (…) así como extender a dichas organizaciones (…) las técnicas especiales de investigación, las medidas sobre bienes y activos, el régimen de ejecución penal (…) sin modificar la tipificación del delito de terrorismo”.

Protección legal para quienes actúan en legítima defensa

Se propone modificar el Código Penal para establecer que, cuando una persona repele una agresión en defensa propia, la ley presume de antemano que actuó de forma racional.

Si la Fiscalía o un tribunal pretenden descartar la legítima defensa, estarán obligados a demostrarlo con una fundamentación probada, bajo sanción de anular la resolución judicial.

«Modificar el numeral 3 del artículo 20 del Código Penal, a fin de establecer que quien ejercita la legítima defensa goza de la presunción de haber actuado de modo racional frente a la agresión (…) y que toda resolución judicial que la descarte requiere de motivación cualificada, bajo sanción de nulidad (…)».

Fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional

De igual manera, el proyecto contempla modificar la norma que rige el Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Su objetivo es adecuar los mecanismos institucionales para el procesamiento de información vinculada a la seguridad del Estado y al orden interno.

Simplificación de trámites para obras de infraestructura

A la par de las medidas de seguridad, el documento introduce medidas para agilizar las autorizaciones en proyectos prioritarios del Plan Nacional de Infraestructura frente al fenómeno El Niño.

«Aprobar medidas de simplificación administrativa vinculadas exclusivamente a la ejecución de proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura (…) estableciendo expresamente los procedimientos sujetos a simplificación y sin exceptuar las obligaciones ambientales de seguridad ni de protección del patrimonio cultural que resulten aplicables”.

Disposición complementaria que exige la rendición de cuentas ante el Senado

Se establece la exigencia de que los ministros del Poder Ejecutivo informen a la Comisión de Constitución del Senado sobre la aplicación de los decretos legislativos que se promulguen. Fija un plazo para la presentación de dichos reportes como parte del control parlamentario posterior.

«Establecer la obligación de los titulares de los sectores del Poder Ejecutivo de presentar un informe de rendición de cuentas a la Comisión de Constitución del Senado sobre la implementación de las medidas aprobadas en un plazo máximo de 20 días calendarios (…)».

Eliminación de la carrera especial en centros juveniles

Para finalizar con las modificaciones, el texto retira la propuesta enviada por Diputados para crear un régimen laboral especial en el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ), al verificar la comisión que no fue requerida en el pedido original del Ejecutivo.

«El contenido normativo concreto del Poder Ejecutivo, en este punto, está dirigido a modificar o derogar supuestos del Decreto Legislativo N° 1348, Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y otras normas vinculadas y, no la creación de la carrera del servidor público para el Centro de Rehabilitación Juvenil, por cuanto incorporar un tema que no ha sido propuesto, constituiría la desnaturalización del pedido del Poder Ejecutivo, debiendo declararse no viable en este extremo la propuesta legislativa”.