Dina Boluarte solicita que su «declaración indagatoria» por caso Rolex se tome «de forma inmediata»

La presidenta Dina Boluarte solicitó a la Fiscalía de la Nación adelantar la fecha de su declaración indagatoria sobre el ‘caso Rolex’, una acción fiscal que estaba programada para el próximo viernes 5 de abril.

A través de una carta enviada por el despacho de su abogado Mateo Castañeda, la mandataria pidió que su declaración sea tomada «de forma inmediata a efectos de esclarecer lo más pronto posible los hechos materia de investigación».

En el escrito, Boluarte indica que hace esta solicitud «en vista de la turbulencia política que se viene produciendo como consecuencia de las diferentes diligencias» realizadas por la Fiscalía en su vivienda y en Palacio de Gobierno.

En esa línea, solicito que se deje sin efecto la programación de la diligencia fiscal prevista para el 5 de abril para la toma de sus declaraciones.

Allanan vivienda de Dina Boluarte y Palacio de Gobierno

El Perú vive una nueva crisis política luego de que el Ministerio Público y personal de la Diviac allanaran la casa de la presidenta Dina Boluarte en Surquillo, así como Palacio de Gobierno como parte de las diligencias preliminares en torno al uso de relojes de alta gama, marca Rolex, por parte de la jefa del Estado.

Tanto la mandataria como el presidente del Consejo de Ministros y la defensa legal de Boluarte han calificado de «desproporcionada» e «inconstitucional» la diligencia efectuada por la Fiscalía.

La noche del sábado, la Fiscalía de la Nación respondió a Boluarte, quien un mensaje a la Nación calificó la acción del Ministerio Público como «ilegal y abusiva”.

El organismo autónomo señaló en un comunicado que este procedimiento, llevado a cabo la noche del 29 de marzo y en las primeras horas del día siguiente, se hizo “por orden del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República”.

El Ministerio Público, por lo tanto, descartó que dicha intervención realizada por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales “haya sido ilegítima, inconstitucional y abusiva”.

La entidad indicó, además, que durante la diligencia no fueron ubicados ni se les entregó los relojes de alta gama a pesar de que se lo solicitaron a la jefa de Estado. Sin embargo, aclaró, se “obtuvo otros elementos de interés para la investigación”.

Por último, la Fiscalía de la Nación confirmó que citó formalmente a Boluarte Zegarra para el próximo viernes, 5 de abril, a fin de que exhiba los relojes Rolex y preste su declaración sobre el referido caso, tal como lo solicitó su defensa legal.

Gestión provincial avanza en obras y perfil técnico de puente Rojo La Huaca – Tambillo: responde a precandidato por caso ambulantes

En su cuarto y último año de gestión, el alcalde provincial de Huaral, Fernando Cárdenas, dialogó con Enfoque Real sobre temas clave de su administración, tales como la clausura del puente Rojo la Huaca – Tambillo, la colocación de la primera piedra para la obra de pistas y veredas en el Trébol – II etapa, obras ejecutadas por su gestión, entre otros temas.

Respecto al cierre del puente que une Huaral y Chancay, el burgomaestre afirmó comprender el malestar de la población y los transportistas; no obstante, sostuvo que la medida es indispensable ante el inminente peligro de colapso de una de sus bases. Cárdenas explicó que, a través de una consultora, la municipalidad elabora el perfil técnico para un nuevo puente, proceso que tardaría de 2 a 3 meses. Además, precisó que desde 2024 gestionan ante el MTC – Provías Nacional la instalación de un puente modular para el próximo año.

En cuanto a infraestructura urbana, la autoridad anunció la colocación de la primera piedra para las pistas y veredas de la segunda etapa de El Trébol. “Seguimos cumpliendo nuestro compromiso. La población esperaba esto hace 40 o 50 años y ahora es una realidad”, refirió el alcalde, destacando que su gestión ya supera las 100 obras ejecutadas.

Sobre la acumulación de residuos sólidos, Cárdenas atribuyó la problemática a la falta de educación ambiental de ciudadanos que arrojan basura en lugares no autorizados. Aseguró que se están realizando campañas de sensibilización para respetar los horarios de recolección.

Asimismo, se refirió críticamente a la gestión de OTASS, señalando que, pese a las constantes solicitudes enviadas al Ministerio de Vivienda para exigir la salida del organismo por su deficiente servicio, aún no han obtenido respuesta.

Finalmente, lamentó las promesas del precandidato José Ramos, quien —según Cárdenas— habría ofrecido a los ambulantes permanecer en las calles. “Siendo abogado y conocedor de las leyes, pretende prometer algo que está prohibido. ¿Qué más se puede esperar de ese señor?”, concluyó.

El Estado al servicio del pueblo

Por Francisco Diez-Canseco Távara

El principio fundamental de una República es claro: el Estado debe estar al servicio del pueblo. No al revés. Sin embargo, en el Perú de hoy ocurre exactamente lo contrario. El pueblo trabaja, paga impuestos, cumple la ley y sostiene el aparato público, mientras un Estado hipertrofiado, capturado por políticos corruptos e ineficientes, vive a costa del esfuerzo nacional.

El ciudadano madruga para producir, emprender o sobrevivir. El agricultor siembra con riesgo propio. El transportista enfrenta extorsiones. El pequeño empresario lucha contra la informalidad y la inseguridad. ¿Y qué recibe a cambio? Trámites interminables, servicios públicos deficientes, hospitales colapsados, escuelas sin calidad y una inseguridad creciente. El Estado no responde; el Estado estorba.

Durante décadas se ha consolidado una estructura pública diseñada no para servir, sino para repartirse cuotas de poder. Ministerios que se multiplican sin resultados, organismos que duplican funciones, asesores innecesarios, consultorías millonarias y redes clientelares que convierten al presupuesto en botín político. El aparato estatal se ha convertido en refugio de mediocres y plataforma de intereses particulares.

El problema no es el tamaño del Estado, sino su captura moral. Cuando quienes gobiernan priorizan sus conveniencias, blindajes y componendas, el ciudadano queda relegado. Se legisla para grupos de presión, no para el bien común. Se protege al corrupto, no al honesto. Se castiga al emprendedor con impuestos y regulaciones, mientras el corrupto negocia impunidad en las sombras.

Un verdadero Estado al servicio del pueblo exige tres transformaciones profundas. Primero, moral pública: tolerancia cero a la corrupción, sanción ejemplar y expulsión inmediata de quienes traicionan la función pública. Segundo, eficiencia: evaluación permanente del desempeño de funcionarios, eliminación de entidades inútiles y simplificación radical de trámites. Tercero, prioridad social real: salud, educación, seguridad y empleo por encima de privilegios políticos.

El Perú no necesita más discursos; necesita un cambio estructural. Un Estado que facilite, no que obstaculice. Que proteja al ciudadano, no que lo exprima. Que administre con austeridad y rinda cuentas con transparencia. La autoridad existe para servir, no para servirse.

La gran tarea nacional es recuperar el sentido republicano del poder. Recordar que cada sol del presupuesto proviene del esfuerzo del pueblo. Que cada funcionario es un servidor, no un señor feudal. Y que el poder político es un mandato temporal, no una propiedad privada.

Si invertimos esa lógica perversa que hoy nos gobierna, el Perú podrá liberar su enorme energía creadora. El Estado volverá a su esencia: instrumento de justicia, orden y desarrollo al servicio de todos los peruanos.

Esa es la Revolución Pacífica que plantea Perú Acción.

(*) Presidente de Perú Acción

Presidente del Consejo por la Paz

López Aliaga y Keiko Fujimori se enfrentarán en debate presidencial sobre educación, innovación y tecnología

El próximo 31 de marzo, los candidatos presidenciales de Fuerza Popular y Renovación Popular, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, se enfrentarán en el debate presidencial elaborado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El tema a discutir se centrará en educación, tecnología e innovación. Al grupo de debate se unirá la candidata de Primero la Gente, Marisol Pérez Tello.

Ese mismo día, también se debatirá sobre el segundo tema: empleo, desarrollo y emprendimiento. Se realizará en cuatro grupos de 3 candidatos. En el primer grupo estarán Francisco Diez Canseco (Perú Acción), el prófugo de la justicia Vladimir Cerrón (Perú Libre) y Paul Jaimes Blanco (Progresemos). El segundo lo integrarán Charlie Carrasco Salazar (Partido Demócrata Unido Perú), Roberto Chiabra (Unidad Nacional) y Mario Vizcarra (Perú Primero).

El tercero Pérez Tello, Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) y López Aliaga. En el cuarto, estará compuesto por Mesías Guevara (Partido Morado), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Fujimori.

El cruce entre Keiko Fujimori y López Aliaga

Luego de escuchar los constantes dardos que se lanzan los candidatos presidenciales y las promesas que realizan en campaña, veamos qué es lo que proponen sobre educación, innovación y tecnología en su plan de gobierno en caso de que lleguen a la presidencia.

Comencemos por el exalcalde de Lima, que renunció a su cargo para postular a las Elecciones 2026. Su plan de gobierno presentado ante el JNE consta de 25 páginas (24 sin carátula). Según el documento, en «déficit de salud, educación y vivienda en comunidades campesinas y nativas», López Aliaga plantea descentralizar los programas de apoyo social e incorporar en los directorios a representantes de la población organizada, así como formar agentes de desarrollo para capacitar atenciones de alfabetización de adultos.

Asimismo, dice, que implementará el deporte recreativo y formativo en la currícula escolar en todos sus niveles. Además, implementará la participación de los padres de familia en la evaluación y fiscalización de la calidad educativa y desempeño de profesores.

Por otro lado, la lideresa de Fuerza Popular, quien intenta por cuarta vez ser presidenta, propone reforzar integralmente la currícula escolar, incorporar laboratorios de innovación y aulas digitales en colegios públicos rurales y amazónicos y la construcción de 3.000 colegios. Sin embargo, sobre este último punto no se especifica cómo lo llevará a cabo.

En esa misma línea, Fujimori menciona que adquirirán 6 millones de laptops o tablets con conexión a internet para niños en edad escolar, el acceso a educación inicial en comunidades rurales y dotación de uniformes escolares.

En paralelo, Marisol Pérez Tello apuesta por la mejora de aprendizajes y habilidades socioemocionales de los escolares, el impulso de la educación técnico-productiva y tecnológica, el cierre de brechas territoriales en servicios educativos y el fortalecimiento de la docencia y gestión escolar.

Segundo tema de debate: empleo, desarrollo y emprendimiento

En el primer grupo del segundo tema de debate, Diez Canseco (Perú Acción) propone fortalecer la economía de libre mercado y emprendimiento a través del fomento del entorno empresarial idóneo para los emprendedores y empresarios. Eliminará las «barreras legales innecesarias que puedan obstaculizar el desarrollo de nuevas empresas y la innovación» e incentivará la productividad de los trabajadores.

En tanto, Cerrón apunta a «garantizar el trabajo digno y establece» con derechos laborales a través del fortalecimiento de protección del Estado, la inspección laboral y formalización productiva, así como restituir los derechos laborales y la negociación colectiva como «pilares de la justicia social, la dignificación del trabajo y la democracia laboral». Por otro lado, Jaime apuesta por implementar programas de bienestar emocional para combatir el estrés laboral en servidores públicos, integrar a jóvenes en el ámbito laboral y educativo y reducir la informalidad mediante incentivos.

En el segundo grupo, Charlie Carrasco propone la reducción de impuestos, la modernización laboral mediante la formalización, promover la inversión, la reforma agropecuaria y la generación de puestos de trabajo. Mientras tanto, Roberto Chiabra apuesta por la formalización laboral e incorporación de trabajadores al empleo digno, así como la entrega de beneficios tributarios adicionales a empresas que cumplan con cuotas mínimas de contratación de jóvenes entre los 18 y 28 años con programas de capacitación. Mario Vizcarra va por la generación de empleo formal, productivo y descentralizado, la formalización progresiva de la economía informal, y la reducción del desempleo juvenil y femenino.

En el tercer grupo, Pérez Tello propone elevar la productividad y reducir la informalidad mediante una mayor articulación productiva e inversión en capacidades, reducir de manera significativa la informalidad, las brechas territoriales en formalización, servicios de desarrollo productivo e inclusión financiera y aumentar la productividad. Por su parte, Herbert Caller va por industrializar todos los sectores productivos para desarrollar el país, impulsar la industria productiva, racionalizar el gasto público. López Aliaga se inclina por impulsar oportunidades sin distinción de género, dotar de habilidades a las mujeres para la generación de ingresos en sus comunidades e impulsar la industrialización y generación de empleos en zonas vulnerables.

En el cuarto grupo, Mesías Guevara apuesta por el empoderamiento económico y social del ciudadano, la transformación digital del Estado, el trabajo decente y el emprendimiento, la seguridad social integral y la lucha contra la pobreza e implementar una estrategia de transformación productiva y competitiva de la economía. Roberto Sánchez plantea la ruptura con el modelo primario-exportador y soberanía productiva, la justifica fiscal y redistribución de la riqueza, la diversificación productiva, matriz energética y recursos estratégicos. Keiko Fujimori apunta a la creación de Prompyme, la implementación de política de «licencia 0 para Mypes», eliminar costos y trámites innecesarios, la ejecución del Plan Nacional de Promoción y Formalización para la Competitividad y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa como política de Estado.

TC declara constitucional Ley Soto que beneficia a Alejandro Soto, Vizcarra y Cerrón

El Tribunal Constitucional declaró la constitucionalidad de la Ley 31751, conocida como Ley Soto, que establece que la suspensión de la prescripción penal no puede superar un año.

En su sentencia, el Tribunal concluyó que el legislador tiene competencia para regular los plazos de prescripción como parte de la política criminal del Estado y que la norma no vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional ni al debido proceso. El fallo sostiene que la prescripción cumple una función constitucional al limitar el poder punitivo estatal y evitar que los procesos penales se prolonguen indefinidamente.

Ahora, al fijarse un tope máximo de un año para la suspensión del plazo de prescripción, varios expedientes deberán ser recalculados bajo la nueva regla. La decisión fue adoptada por los magistrados al declarar infundada la demanda de inconstitucionalidad contra la ley, con seis votos a favor y uno en contra. El único voto disidente fue el del magistrado Manuel Monteagudo.

Beneficiados por la Ley Soto

El congresista Alejandro Soto Reyes es candidato a la Segunda Vicepresidencia de la República por Alianza Para el Progreso (APP), como parte de la fórmula junto a César Acuña y Milagros Tumi Rivas.

Soto Reyes estuvo involucrado en un proceso penal por el delito de estafa, en el que enfrentaba una posible condena de ocho años y ocho meses de prisión. Aunque el caso había sido archivado inicialmente en 2019, posteriormente fue reabierto tras detectarse irregularidades procesales en la actuación judicial previa.

Luego de la aprobación y publicación de la Ley 31751 en mayo de 2023, norma cuya inclusión en agenda parlamentaria fue impulsada por el propio legislador, su defensa solicitó el archivamiento del proceso penal alegando que, bajo el nuevo régimen de prescripción, los hechos imputados habían quedado extinguidos. El proceso fue finalmente declarado prescrito en sede penal tras la aplicación de la norma.

Sin embargo, la vía civil permaneció abierta y permitió que la empresa afectada continuara su reclamación económica. En ese proceso, el Tercer Juzgado Unipersonal de Cusco lo declaró responsable civil y ordenó el pago de una reparación económica.

Hackean la PCM: exponen credenciales de acceso a la base de la DINI

Las agrupaciones de “hacktivistas” Deface Perú y Nulled Perú, anunciaron que filtraron varias credenciales de acceso pertenecientes a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), organismo adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), lo que podría vulnerar la base de datos de seguridad del país.

Según detalla la alerta de amenaza del 3 de marzo de 2026, el grupo de hackers se centró en atacar el ingreso al ecosistema digital de sistemas de información geográfica e inteligencia espacial (ArcGIS), que permite al gobierno convertir datos espaciales en mapas interactivos. Así se veía la página mientras estuvo intervenida:

Deface Perú vuelve a hackear organismos del estado

No es la primera vez que este grupo de “hacktivismo” (como ellos se perciben) vuelven a presentar las falencias informáticas de los organismos del Estado tras ataques.

Ellos fueron conocidos por hackear la base de datos de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (DIRIN) el 4 de septiembre de 2025, donde se filtraron nombres de oficiales, suboficiales, así como casos sensibles y herramientas de infiltración, como camuflaje.

Veinticuatro días después del mismo periodo mencionado, hackearon al diario El Peruano, donde cambiaron la portada principal del medio y colocaron un mensaje donde protestaron contra la corrupción y las muertes en las manifestaciones. Ese mismo día también hackearon a la PNP y filtraron los nombres de los oficiales convocados para reprimir la “Marcha de la Generación Z”.

PCM NIEGA HACKEO

Latina Noticias se comunicó inmediatamente con la PCM para conocer su versión sobre este nuevo ataque cibernético, pero no obtuvimos respuestas. Sin embargo, a la mañana siguiente emitieron un comunicado negando cualquier vulneración a sus sistemas informáticos.

Caso Cuellos Blancos: TC rechaza habeas corpus de César Hinostroza y ratifica 36 meses de prisión preventiva

El Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente una demanda de Habeas Corpus presentada por el exjuez supremo César Hinostroza, con la que buscaba anular la orden de 36 meses de prisión preventiva en su contra y se suspenda la orden de captura nacional e internacional por el caso Cuellos Blancos.

La defensa del exjuez supremo fundamentó el requerimiento indicando que supuestamente se había vulnerado los derechos al secreto de las comunicaciones, a un juez legal, al procedimiento predeterminado por la ley y al principio de legalidad procesal penal.

Se refirió, además, a la resolución de detención preliminar que resultó en la detención de su cliente el 19 de octubre del 2018 durante un plazo de 10 días.

Al respecto, sustentó que para dictar la resolución de detención preliminar el juez del juzgado demandado no realizó control alguno sobre la legalidad de las grabaciones que utilizó para fundamentar dicha medida, «por lo que su resolución es nula». Añade que la medida fue innecesaria porque fue solicitada por la fiscalía suprema cuando ya no existía investigación preliminar alguna en su contra.

«Fue detenido por la policía española e internado con fines de extradición en un pabellón para organizaciones criminales de un penal español, debido al delito imputado por el Estado peruano, lo cual le causó un daño irreparable. Añade que el referido juez supremo no era juez titular, sino un juez provisional que no pertenecía a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, por lo que se afectó el derecho al juez legal», sustentó la defensa.

Fundamentos del TC

Por su parte, el pleno del Tribunal Constitucional resolvió que los puntos planteados en la demanda deben ser declarados improcedentes, debido a que sobre la controversia relacionada con la supuesta nulidad de las resoluciones legislativas cuestionadas y de las decisiones judiciales que dictaron prisión preventiva ya existe un fallo previo con autoridad de cosa juzgada constitucional.

Además, recordó que en la sentencia emitida en 2020 se determinó que la autoridad judicial fundamentó de manera suficiente la aplicación de la medida coercitiva, detallando cómo se cumplían los requisitos establecidos por la ley para ordenar la prisión preventiva, en concordancia con los estándares constitucionales.