La presidenta Dina Boluarte solicitó a la Fiscalía de la Nación adelantar la fecha de su declaración indagatoria sobre el ‘caso Rolex’, una acción fiscal que estaba programada para el próximo viernes 5 de abril.
A través de una carta enviada por el despacho de su abogado Mateo Castañeda, la mandataria pidió que su declaración sea tomada «de forma inmediata a efectos de esclarecer lo más pronto posible los hechos materia de investigación».
En el escrito, Boluarte indica que hace esta solicitud «en vista de la turbulencia política que se viene produciendo como consecuencia de las diferentes diligencias» realizadas por la Fiscalía en su vivienda y en Palacio de Gobierno.
En esa línea, solicito que se deje sin efecto la programación de la diligencia fiscal prevista para el 5 de abril para la toma de sus declaraciones.
Allanan vivienda de Dina Boluarte y Palacio de Gobierno
El Perú vive una nueva crisis política luego de que el Ministerio Público y personal de la Diviac allanaran la casa de la presidenta Dina Boluarte en Surquillo, así como Palacio de Gobierno como parte de las diligencias preliminares en torno al uso de relojes de alta gama, marca Rolex, por parte de la jefa del Estado.
Tanto la mandataria como el presidente del Consejo de Ministros y la defensa legal de Boluarte han calificado de «desproporcionada» e «inconstitucional» la diligencia efectuada por la Fiscalía.
La noche del sábado, la Fiscalía de la Nación respondió a Boluarte, quien un mensaje a la Nación calificó la acción del Ministerio Público como «ilegal y abusiva”.
El organismo autónomo señaló en un comunicado que este procedimiento, llevado a cabo la noche del 29 de marzo y en las primeras horas del día siguiente, se hizo “por orden del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República”.
El Ministerio Público, por lo tanto, descartó que dicha intervención realizada por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales “haya sido ilegítima, inconstitucional y abusiva”.
La entidad indicó, además, que durante la diligencia no fueron ubicados ni se les entregó los relojes de alta gama a pesar de que se lo solicitaron a la jefa de Estado. Sin embargo, aclaró, se “obtuvo otros elementos de interés para la investigación”.
Por último, la Fiscalía de la Nación confirmó que citó formalmente a Boluarte Zegarra para el próximo viernes, 5 de abril, a fin de que exhiba los relojes Rolex y preste su declaración sobre el referido caso, tal como lo solicitó su defensa legal.
Los diputados y senadores de Juntos Por el Perú (JPP) han abierto las puertas del Congreso de la República a al menos 10 firmantes del planillón del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), el organismo fachada de Sendero Luminoso que fue proscrito por el Poder Judicial en octubre de 2024.
Un reportaje del dominical Cuarto poder reveló que el diputado por Puno de JPP, César Tito Rojas, quien ha sido cuestionado por su adherencia al Movadef, ha contratado a dos asesores que también firmaron el registro del movimiento ligado al terrorismo.
POR PARTIDA DOBLE
Se trata de Hilso Cladio Ramos Cosme, quien tiene el cargo de asesor principal en el despacho del diputado puneño y cobra un sueldo de S/14,000 mensuales que se financia con el dinero de todos los peruanos.
Pero no es el único trabajador de este diputado que tiene vínculos con la fachada de Sendero Luminoso, pues Richard Leandro Tipo Quispe fue contratado como asesor II de su despacho, con un sueldo mensual de S/11,000.
Tito Rojas no es el único representante de JPP que contrató a firmantes del Movadef. El senador José Chipana contrató como asesora II de su despacho a Zaida Yesel Huanca Mamani, y la diputada Sadith Pérez Quispe tuvo entre agosto y septiembre de este año a Ángela del Águila Torres como técnico de su despacho. Consultada por el programa periodístico, la legisladora negó saber que su exempleada firmó las planillas del organismo vinculado a Sendero Luminoso.
El senador Hugo Ccahuana contrató a dos adherentes al Movadef: a Dick Jefferson Luya Asto, lo reclutó como trabajador de su despacho, mientras que a Mariano Arana Bazán le dio trabajo como asesor II de la Comisión de Procedimientos Especiales de la Cámara Alta. Este grupo de trabajo es de suma importancia porque se encarga de nombrar a altos funcionarios del Estado.
VINCULADO A ‘CUSI’
El caso del diputado Alejandro Manay Pillaca es particular, pues él mismo fue detenido por la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía en 2023 bajo cargos de terrorismo, al lado de Rocío Leandro Melgar, conocida como la ‘camarada Cusi’. Según el dominical, ambos eran dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa).
A pesar de tener estos antecedentes, el legislador de JPP contrató a Edith Mota Palomino y a Renán Quispe Najarro en su despacho parlamentario. Ambos firmaron las planillas con las que el Movadef pretendió inscribirse como partido.
Conociendo que César Tito Rojas está investigado por azuzar las protestas de diciembre de 2022 y que Manay Pillaca tiene vínculos con el Fredepa, no sería extraño que planeen generar más disturbios desde el Congreso. A estar atentos.
La madre del adolescente del Liceo Naval Almirante Guise violentado sexualmente tras un partido de futsal pidió que el caso sea investigado hasta el final, pero rechazó cualquier sentimiento de venganza. “Yo sólo quiero justicia sin odio para mi hijo”, afirmó. También pidió que los cuatro estudiantes que afrontan el proceso en libertad no regresen presencialmente al colegio.
La madre rompió su silencio y habló por primera vez sobre el impacto que el caso ha provocado en su hijo y en toda su familia. Su mensaje, pese al dolor, fue categórico: reclama justicia, pero no venganza.
“Yo ante todo quiero aclarar que lo que me mueve venir acá es que yo en realidad soy una madre que vengo movida por el amor no por el odio ni por la venganza. Yo quiero, yo sólo quiero justicia sin odio para mi hijo. Yo no quiero con esto venganza”, declaró durante la entrevista con Milagros Leiva
La madre cuestionó la conducta de quienes presenciaron la agresión y no intervinieron; y reveló que tras la violación, los chicos implicados, se burlaron durante diez minutos: «Todos, todos se rieron. Todos. Y mi hijo se sintió vulnerable, violentado, humillado”.
Para la mujer, el que cayó, el que vio y el que no auxilió también tiene responsabilidad.
“Tengo que defender y proteger a mi hijo a toda costa, a toda costa”, afirmó. El adolescente aún no ha regresado a clases y cuenta con medidas de protección. Según relató, también recibió garantías de que los cuatro alumnos que actualmente afrontan el proceso en libertad con comparecencia no asistirán presencialmente al colegio.
“Eso no fue agresión física ni broma”
Uno de los puntos en los que la madre fue especialmente enfática fue en rechazar cualquier intento de minimizar lo ocurrido.
“Mi hijo, mi tesoro, mi bebé que fue violentado, porque eso no fue agresión física ni broma, eso fue una violación, una agresión sexual porque hay que llamarlo así”, manifestó.
Según contó, su hijo conocía a varios de los involucrados porque compartía con ellos la selección deportiva del colegio desde años anteriores. Precisamente por ello, uno de los aspectos más dolorosos para la familia es que el adolescente consideraba amigos a quienes estaban con él.
“Mi dolor es porque es un amor que no pude proteger en ese momento porque creí que estaba en un lugar seguro y rodeado de amigos”, señaló.
La madre insistió en que su hijo no será quien tenga que abandonar el colegio ni alterar definitivamente su vida como consecuencia de lo sucedido: “Nada malo mi hijo ha hecho, nada malo. ¿Por qué tendría que ser sacrificado? No. Mi hijo va a terminar su colegio y va a pasar y va a sanar y va a ser un buen profesional y esto va a quedar como un mal sueño”.
Cuestiona actuación de adultos durante el traslado
Manifestación realizada por padres de familia del Líceo Naval el último domingo. Foto: Víctor CH. Vargas.
Durante la entrevista, la madre confirmó además que el vehículo en el que viajaban los estudiantes no era uno de los tradicionales buses amarillos del colegio. Era una cúster blanca turística que fue alquilada.
También afirmó que no conocía a los adultos que acompañaban a los estudiantes ese día y que el entrenador habitual del equipo no asistió. Ante la pregunta de quiénes eran quienes viajaron con los escolares al partido de futsal, respondió: “No tengo la idea porque cuando le pregunté a mi hijo dijo: mamá, no los conozco, no los conocía”.
La madre cuestionó que los adultos que acompañaban al grupo no hubieran advertido ni detenido lo que ocurría dentro del vehículo. «A mí me extraña esa indiferencia”, sostuvo al referirse a la ubicación que habrían ocupado durante el trayecto.
Otro de los momentos más duros de su testimonio fue cuando recordó que, después de lo ocurrido, su hijo permaneció solo en el colegio: «Nadie lo auxilió, nadie lo acompañó”.
La madre también se refirió a las imágenes difundidas posteriormente en las que parte del grupo aparece en un chifa luego de perpetrar este abuso: “Yo de verdad lo vi ayer y no lo podía procesar. Cómo pudieron irse al chifa y no pensar en mi hijo, de verdad que me cuesta creer porque son rostros conocidos, son rostros que los he visto. Mi hijo llamaba a todos amigos, todos mis amigos”.
La mujer, quien señaló que atraviesa un periodo de duelo, reconoció que el impacto emocional afecta a toda su familia y contó que actualmente reciben acompañamiento psicológico.
“Mi función es seguir sosteniéndolo aún con el corazón roto porque mi hijo va a sanar, mi hijo va a curarse, mi hijo es joven, pero mi herida también me va a tomar tiempo como madre porque me han dado en donde más me duele, en donde más me duele”, declaró.
Además de reclamar justicia para su hijo, la madre pidió al Ministerio de Educación revisar las herramientas que tienen los colegios para enfrentar hechos graves de violencia y bullying. En ese sentido, pidió incorporar de manera permanente la formación en habilidades blandas y empatía dentro de las escuelas.
Durante la entrevista, la mujer subrayó que la Marina es una buena institución y que no se puede juzgar a todos por igual: «Yo soy familia naval y con mucho orgullo”.
También contó que su vínculo con la institución viene de su familia y de la formación recibida de su padre: «Si nosotros somos así es por nuestro padre […] los valores y la buena costumbre pasan de generación en generación”.
“No minimicen una agresión sexual”
Al ser consultada sobre las medidas impuestas a los adolescentes investigados, la madre volvió a insistir en que no busca castigo desde el odio: «Yo no me puedo regocijar. No estoy feliz, no estoy feliz, no me gusta, no es nuestra naturaleza”-
Sin embargo, pidió a los padres de los estudiantes que afrontan el proceso en libertad que no minimicen lo ocurrido y que mejor no declaren. Se refirió específicamente a uno de los padres que salió a decir que su hijo no hizo nada aunque estuvo en el lugar de los hechos.
“El no auxiliar, el burlarse, el ver y no hacer nada no les exime de responsabilidad, quizás no toda, pero la tienen. No minimicen una agresión sexual. No fue juego, no fue broma”.
La mujer aseguró que continuará acompañando el proceso judicial hasta que se determinen las responsabilidades.
“Yo soy una madre leona, soy una madre guerrera y yo voy hasta el final para que se haga justicia con mi hijo porque lo que le pasó a mi hijo no, no puede pasar a ningún chico”, sostuvo.
Su mensaje final volvió al punto con el que inició su testimonio: justicia, pero sin convertir el dolor en venganza.
Y resumió así lo que espera del proceso: “Justicia para mi hijo, justicia pero sin odio. Agradezco la empatía y la indignación que sienten porque siento que no estoy sola, que sienten mi dolor, pero manejemos las cosas sin odio, sin venganza, solo justicia”.
A menos de dos semanas de llevarse a cabo los comicios, la tensión política en el distrito suma un nuevo capítulo de preocupación. El candidato a la alcaldía, Hugo Álvarez Carballido, denunció públicamente que su cuenta de WhatsApp habría sido comprometida, luego de que diversos contactos reportaran haber recibido mensajes fraudulentos en los que se solicitaba dinero a su nombre.
El entorno cercano del aspirante al sillón municipal encendió de inmediato las alarmas, advirtiendo a la ciudadanía y a sus simpatizantes sobre un posible intento de estafa bajo la modalidad de suplantación de identidad.
Hasta el momento, las autoridades no han determinado la autoría de estos mensajes ni si el incidente responde a un caso fortuito de ciberdelincuencia común o si, por el contrario, se trata de una acción dirigida con motivaciones políticas para afectar la campaña electoral en su recta final. Serán las investigaciones correspondientes las que esclarezcan los hechos.
Los grupos parlamentarios Ahora Nación, Juntos por el Perú y Obras presentaron una moción de interpelación contra el ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, con el fin de que responda ante el Pleno de la Cámara de Diputados un pliego interpelatorio de 44 preguntas.
La iniciativa exige explicaciones sobre “la crisis de la Universidad Nacional de Ucayali, el trámite y archivo de la denuncia por presunto hostigamiento sexual contra el superintendente de la SUNEDU; los criterios aplicados en las designaciones efectuadas durante su gestión”, entre otros cuestionamientos del sector.
Según el documento ingresado el 21 de septiembre, el pedido de control político responde a “las decisiones, omisiones, criterios y medidas atribuibles a su gestión, desde que asumió el cargo”.
Como uno de los puntos a tratar está la crisis institucional de la Universidad Nacional de Ucayali y “la afectación de la continuidad de las actividades académicas”.
Asimismo, el Pleno busca esclarecer el archivo de una denuncia por presuntos actos de hostigamiento sexual contra el superintendente de la SUNEDU, Vicente Paul Espinoza Santillán, en el que el Minedu declaró “no ha lugar a trámite” el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario.
El recurso también cuestiona los criterios de idoneidad e integridad aplicados en las designaciones de altos funcionarios dentro del sector Educación.
Entre las designaciones observadas están la de Doris Lorena Gavilano Iglesias como secretaria general del Minedu y la de Pedro Elmer Morales Gonzales, quien asumió la dirección ejecutiva del PRONIED y el encargo del Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario.
De igual forma, el pliego observa la incorporación de exparlamentarias en entidades del sector. La moción detalla el nombramiento de Tania Ramírez como representante del ministerio ante el Directorio de la Derrama Magisterial y el de Diana Gonzáles como directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC).Además, la interpelación incluye “la situación de la Universidad Nacional Tecnológica de Frontera San Ignacio de Loyola”, tras revelarse presuntos conflictos de intereses.
Asimismo, se cuestiona “la designación de Esdras Ricardo Medina Minaya como asesor de confianza de la Presidencia del [Consejo Superior del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa] COSUSINEACE” y la actuación del ministerio en dicho nombramiento.
En relación con la SUNEDU, los legisladores piden que el ministro aclare qué medidas tomó frente a la orden judicial que mantiene provisionalmente a Vicente Espinoza como representante del sector.Del mismo modo, solicitan explicaciones sobre la postura del ministerio ante la anulación de las multas impuestas en su momento a la Universidad de San Martín de Porres.
Por último, el pliego también incluye consultas sobre la demora en la reglamentación de la Ley N.º 32581 respecto a las pensiones del magisterio cesante, el tratamiento laboral de los docentes y los cambios anunciados en la currícula escolar para retirar “todo tipo de ideología”.
Esta campaña electoral, a diferencia de otras que recordemos, está plagada de personajes soberbios, los mismos que ya se creen ganadores y que miran a los demás por encima del hombro incluyendo a sus seguidores como si ya fuesen autoridad… lo que deben saber los candidatos que están cayendo en ese problema es que la soberbia no conduce a nada bueno y más bien les recordamos que las torres más altas se vienen abajo.
En la capital de la provincia, entre los que califican como soberbios esta Fernando Mora que se cree ganador pero que anda de tumbo en tumbo, retrucando cada vez que mete la pata, sin embargo, la soberbia lo acompaña en esta jornada, aunque él lo quiera disimular. De otro lado esta Julián Molina, quien insiste en sostener su soberbia porque dizque, Keiko lo recibió en su casa y cree que por ello ya es ganador, porque le dirige la palabra a quien quiere, sonríe hipócritamente, pero se siente ganador y da muestras de falta de humildad. Lo propio podemos decir de Juan Diaz, puesto que, habiendo realizado una desastrosa gestión como director del hospital, se siente ganador y dice que fue el mejor director que ha temido el nosocomio huaralino, mirando con desdén a sus rivales y a quienes no comparten con él sus ideas.
Sin embargo, quien no ha tenido reparos en mostrar su soberbia con todas sus letras es uno de los candidatos a la alcaldía de Aucallma, nos referimos a Vitaliano Carmen, a quien todos conocen como Vita, que de un tiempo a esta parte no saluda, pisa huevos y en su último discurso ante sus seguidores se tomó la libertad de decir “las críticas me llegan al mango”, soberbia acompañada de chabacanería. Son pocos los candidatos provinciales y distritales los que tienen carisma y muestran su condescendencia con la población. La soberbia golpea fuerte a los candidatos y eso, no lo duden, les hará mucho daño.
Una red ilícita habría quedado al descubierto. Un grupo de trabajadores de la empresa privada Talma, que presta servicios en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, presuntamente se dedicaba a introducir clorhidrato de cocaína en las maletas de pasajeros con destino al extranjero. Según un reportaje del dominical Cuarto Poder, estos empleados aprovechaban su acceso a áreas restringidas del terminal para colocar la droga y eludir los controles de seguridad.
La organización operaba en la zona conocida como la ‘Siberia’, donde se ordena el equipaje antes del embarque. Allí, los implicados habrían abierto las maletas, escondido los kilos de droga y vuelto a cerrarlas, para después asegurarse de que llegaran hasta la aeronave y salieran del país. El caso está bajo investigación de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Ministerio Público.
Dos involucrados en presunto ingreso de droga a maletas
De acuerdo con el reportaje, el 8 de septiembre los estibadores Edinson Portilla Cáceda y Junior Zeña Calderón, trabajadores de Talma, habrían ocultado tres ladrillos de cocaína en sus casacas de trabajo para ingresar a la zona de la ‘Siberia’ sin levantar sospechas en los controles de seguridad.
Una vez allí, habrían colocado la sustancia ilícita dentro de una maleta de la aerolínea KLM con destino a Ámsterdam (Países Bajos), donde cada kilo de cocaína peruana supera los 40.000 euros. Aunque las cámaras no registraron ese momento exacto, después sí captan a uno de los trabajadores intentando repetir la maniobra sin conseguirlo.
Segundo intento falló y permitió detectar droga en el aeropuerto
Según las indagaciones, los implicados intentaron introducir droga por segunda vez en otra maleta; sin embargo, su conducta, al ser los únicos trabajadores que llevaban casacas de trabajo en la mano, alertó a un agente de seguridad, que los intervino. En ese momento, Portilla fue a los servicios higiénicos y salió del lugar sin la prenda.
Posteriormente, las autoridades ubicaron la casaca e identificaron en su interior tres ladrillos de cocaína. Las primeras indagaciones han permitido la detención de cinco trabajadores, un supervisor y dos estibadores. Sin embargo, los principales involucrados, Edinson Portilla y Junior Zeña, lograron escapar antes de cumplir su horario de trabajo y permanecen con paradero desconocido.
Las investigaciones apenas comienzan y las autoridades buscan establecer si la red tenía cómplices en aeropuertos de Europa para retirar la droga antes de que las maletas llegaran a la faja de reclamo. Tampoco se descarta la posible participación de los dueños de las maletas alteradas en estas acciones delictivas.
