Dina Boluarte solicita que su «declaración indagatoria» por caso Rolex se tome «de forma inmediata»

La presidenta Dina Boluarte solicitó a la Fiscalía de la Nación adelantar la fecha de su declaración indagatoria sobre el ‘caso Rolex’, una acción fiscal que estaba programada para el próximo viernes 5 de abril.

A través de una carta enviada por el despacho de su abogado Mateo Castañeda, la mandataria pidió que su declaración sea tomada «de forma inmediata a efectos de esclarecer lo más pronto posible los hechos materia de investigación».

En el escrito, Boluarte indica que hace esta solicitud «en vista de la turbulencia política que se viene produciendo como consecuencia de las diferentes diligencias» realizadas por la Fiscalía en su vivienda y en Palacio de Gobierno.

En esa línea, solicito que se deje sin efecto la programación de la diligencia fiscal prevista para el 5 de abril para la toma de sus declaraciones.

Allanan vivienda de Dina Boluarte y Palacio de Gobierno

El Perú vive una nueva crisis política luego de que el Ministerio Público y personal de la Diviac allanaran la casa de la presidenta Dina Boluarte en Surquillo, así como Palacio de Gobierno como parte de las diligencias preliminares en torno al uso de relojes de alta gama, marca Rolex, por parte de la jefa del Estado.

Tanto la mandataria como el presidente del Consejo de Ministros y la defensa legal de Boluarte han calificado de «desproporcionada» e «inconstitucional» la diligencia efectuada por la Fiscalía.

La noche del sábado, la Fiscalía de la Nación respondió a Boluarte, quien un mensaje a la Nación calificó la acción del Ministerio Público como «ilegal y abusiva”.

El organismo autónomo señaló en un comunicado que este procedimiento, llevado a cabo la noche del 29 de marzo y en las primeras horas del día siguiente, se hizo “por orden del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República”.

El Ministerio Público, por lo tanto, descartó que dicha intervención realizada por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales “haya sido ilegítima, inconstitucional y abusiva”.

La entidad indicó, además, que durante la diligencia no fueron ubicados ni se les entregó los relojes de alta gama a pesar de que se lo solicitaron a la jefa de Estado. Sin embargo, aclaró, se “obtuvo otros elementos de interés para la investigación”.

Por último, la Fiscalía de la Nación confirmó que citó formalmente a Boluarte Zegarra para el próximo viernes, 5 de abril, a fin de que exhiba los relojes Rolex y preste su declaración sobre el referido caso, tal como lo solicitó su defensa legal.

“Es la crisis más grave de su historia”: en abril, el Ministerio Público se quedaría sin presupuesto para sueldos de fiscales, dice Chávez Cotrina

Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, en diálogo con RPP, advirtió de una «grave crisis» que se vive dentro del Ministerio Público, debido a la falta de presupuesto destinado por el Ejecutivo.

El magistrado indicó que la situación se repite año tras año, pero que, en este 2026, ha llegado a tal nivel que, para el próximo marzo, se deberá prescindir del 50 % del personal de apoyo de la entidad por falta de recursos para pagarles los sueldos.

«Nos han dado el presupuesto por debajo de lo que se ha solicitado, lo cual ha traído un desfase en los gastos, y es que a más de 4 700 trabajadores de función fiscal y administrativos no va a poder pagárseles su sueldo en el mes de marzo, motivo por el cual van a ser obviamente despedidos si es que no se nos da el crédito adicional. Esto es gravísimo», sostuvo.

«Nosotros tenemos el oficio del señor gerente general [del Ministerio Público], que le ha cursado a todas las presidencias y coordinadores, el 00042-2026 de la Gerencia General, donde claramente nos dice lo siguiente: ‘evaluar y realizar la reducción de los requerimientos concernientes a la contratación del personal en un 50 %’; es decir, el otro 50%, que son 4 700, no van a continuar trabajando en el Ministerio Público por falta de presupuesto», destacó.

Chávez Cotrina recalcó que los recursos de la Fiscalía «solamente alcanzan hasta el mes de marzo, es decir, el mes de marzo a 50 % [del personal] que queda se le va a pagar, y si no nos dan [presupuesto], ya el otro 50 % también va a tener que retirarse».

Pero la imposibilidad del pago de remuneraciones no solo alcanzaría al personal de apoyo, sino que, en abril, tampoco se podría garantizar los sueldos de los fiscales «de todas las jerarquías», a nivel nacional, así como el presupuesto para gastos operativos.

«También están los fiscales de todas las jerarquías, que también existe el riesgo de que, a partir del mes de abril, no se les pueda pagar sus remuneraciones, independientemente de los otros gastos corrientes que se tiene, como la parte ya operativa de los viáticos, los pasajes, pagar médico legista, pagar criminalística, pagar los arriendos, pagar el tóner, es decir, el Ministerio Público está pasando por la crisis más grave en toda su historia«, afirmó.

¿Cuál ha sido la respuesta del Ejecutivo ante la demanda de presupuesto?

Según Chávez Cotrina, pese a los pedidos insistentes de presupuesto adicional al Gobierno, aún no ha habido respuesta.

«El Ministerio Público está siendo reducido a la mínima expresión por una falta de decisión política del Gobierno y por una falta de visión, porque el Ministerio Público es el titular de la acción penal, es el que conduce la investigación y, obviamente, somos los que estamos poniendo el pecho, pese a los magros recursos, frente al crimen organizado», expresó.

El fiscal indicó que, pese a la predisposición pública manifestada por el Gobierno de José Jerí para dotar de presupuesto adicional al Ministerio Público, esto nunca se dio. Ante ello, señaló que ya se ha insistido con el actual ministro de Economía del Gobierno de Balcázar.

«Lamentablemente, no [se atendió el pedido con Jerí]. Hubo quizás buenas intenciones, pero la realidad es esta […] Dejar al Ministerio Público sin presupuesto, reducirlo a su mínima expresión, la más perjudicado va a ser la sociedad porque ¿quién persigue el delito?», inquirió Chávez.

«El gerente general nos está sosteniendo que están enviando la documentación, que han pedido cita con el actual ministro. Esperemos que, entre hoy día y mañana, se reúnan para solucionar este problema que es gravísimo. La crisis es grave. Nosotros entendemos que el país está pasando por una grave emergencia por el tema de las lluvias y los huaicos. Lo entendemos, pero también tienen que entender que el crimen está avanzando y no se puede dejar de perseguirlo», añadió.

Finalmente, el fiscal remarcó que su entidad atraviesa «una crisis tan grave que se podría decir que la fiscalía queda inoperativa».

«Yo llamo la atención al ministro de Economía, porque si estamos frente a una ola de crimen como estamos viviendo, no es posible que estén debilitando y no estén atendiendo los pedidos que hace nuestro fiscal de la Nación y el gerente general para los créditos adicionales», puntualizó.

Donoso y la región se coluden para obtener a la mala terreno de colegio Agropecuario

Por Dante Pacheco

Como si fuera un logro positivo, la gobernadora Rosa Vásquez ha manifestado que el terreno donado por DONOSO en favor de la región y que ya estaría a punto de ser inscrito en la SUNARP, luego de que supuestamente se levantaron todas las observaciones de confirmación por parte del INIA, lo que significa que el bien de más de cuatro hectáreas podría quedar inscrito en favor del GORE, despojando miserablemente al colegio Agropecuario de Huaral, quienes son los legítimos dueños y tienen documentada la respectiva posesión.

El periodismo de investigación ha logrado información privilegiada pero a la vez vergonzosa de que la región, utilizando métodos vedados estaría utilizando a la procuradora y a la mismísima DRELP para apartar al colegio del caso judicializado alegando que como el terreno está en posesión del colegio, entonces al pertenecer al sector Educación, quienes tienen que ver el tema son la Dirección Regional de Educación y la Procuraduría, quienes recibiendo órdenes directas de Rosa Vásquez han pretendido el archivamiento del proceso donde se intentaba una conciliación; los trascendidos señalan que existe dos resoluciones donde la sala compuesta por tres magistrados le dan la razón al colegio, sin embargo la misma DRELP y la directora de la UGEL habrían chantajeado a la directora del Agropecuario N 100 para que se abstenga de intervenir y dejar todo en manos de la Dirección Regional de Educación y de la procuradora regional y de esa manera facilitar el despojo del terreno en litigio insistiendo en la donación del terreno para la construcción del hospital regional. Los fines no deben justificar los medios, no se puede apelar al abuso del poder ni al chantaje para arrebatarle al colegio huaralino el terreno que por cincuenta años les ha servido para sus prácticas.

Una vez más, con esto quedaría probado lo miserable que son en la región que no les importa despojar a los alumnos de este plantel solo por un capricho de DONOSO que extrañamente insiste en regalar una propiedad que no les pertenece y dejar a los alumnos sin el lugar de sus prácticas y asimismo satisfacer las ambiciones de una gobernadora que ha demostrado que no le importa la educación, utilizando para ello todo su poder y el chantaje.

Ojalá que las autoridades judiciales no se dejen sorprender por la región y hagan prevalecer las dos últimas resoluciones judiciales donde les dan la razón al colegio Agropecuario. Que se haga justicia y que respeten la posesión del terreno en favor del colegio en referencia y si Rosa Vásquez quiere un terreno grande, como todos lo queremos, entonces que obligue a que DONOSO le regale otro terreno que no se encuentra judicializado. No al chantaje ni al abuso del poder.

Congreso: proponen ley que exige a candidatos hacerse exámenes psiquiátricos y toxicológicos

El congresista Guido Bellido, de la bancada Podemos Perú, anunció que presentó el Proyecto de Ley N.° 14067, que busca establecer un nuevo requisito de aptitud personal para los candidatos que postulen a cargos públicos de elección popular: someterse a exámenes psiquiátricos y toxicológicos.

La iniciativa legislativa sostiene que los aspirantes a la Presidencia de la República, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y demás autoridades deberían acreditar que gozan de plena salud mental y que no presentan dependencia a sustancias ilícitas. El documento tiene como fin modificar la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Elecciones Regionales, la Ley de Elecciones Municipales y la Ley de Organizaciones Políticas.

El congresista Guido Bellido presentó la ley que establece requisitos de aptitud personal. Foto: X

«Los exámenes psiquiátrico y toxicológico constituyen requisitos obligatorios para la inscripción de candidaturas a cargos de elección popular y tienen por finalidad verificar: a) La aptitud mental necesaria para el ejercicio de la función pública; b) La ausencia de consumo de sustancias prohibidas o ilegales», indica el proyecto de ley.

¿Qué propone la ley para los exámenes psiquiátricos y toxicológicos?

La iniciativa legislativa contempla que el examen psiquiátrico se realice por instituciones del Estado adscritas al Ministerio de Salud, tales como los Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC), el Instituto Nacional de Salud Mental (INSM) «Honorio Delgado – Hideyo Noguchi», el Hospital Nacional Víctor Larco Herrera (HVLH) y el Hospital Hermilio Valdizán (HHV).

En el caso del test toxicológico, la prueba de descarte de drogas se realizaría en el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) del Instituto Nacional de Salud (INS) en Perú.

Según la propuesta de ley, los resultados serían de carácter público y formarían parte de la Hoja de Vida que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publica en su plataforma oficial.

Gabinete de Denisse Miralles declaran tener varias investigaciones en proceso

El primer gabinete de ministros del Gobierno de José María Balcázar, con Denisse Miralles a la cabeza, ha sido oficializado. Por ello, vale repasar la información consignada por cada uno de los nuevos titulares de las carteras ministeriales. La República pudo constatar, tras verificar las declaraciones juradas de cada nuevo ministro, que seis ministros, incluyendo a la primera ministra, cuentan con investigaciones en curso.

Según la información adjuntada por ella misma, la presidenta del Consejo de Ministros es actualmente investigada por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Chanchamayo. No obstante, la titular del gabinete no detalla el delito por el cual viene siendo investigada.

Siguiendo los pasos de su jefa, Hugo Begazo, nuevo ministro del Interior, también se encuentra bajo investigación. Begazo es señalado por presuntamente haber falsificado un documento público. Según la documentación presentada ante las autoridades, al ministro se le acusa de haber firmado una declaración jurada a favor del saneamiento de una comisaría de Santa Anita cuando se desempeñaba como jefe de región policial.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Enrique Jiménez, cuenta con más de una investigación abierta: dos por negociación incompatible y una por colusión agravada. Además, anteriormente el titular de la cartera de Justicia fue incluído en una denuncia por falsificación realizada tras la detección de firmas falsas presentadas ante Reniec para la inscripción de un partido político.

Así como Jiménez, quien también se encuentra investigado por colusión —en este caso, colusión simple— es el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres.

Nelly Paredes del Castillo, ministra del Ambiente, registra dos investigaciones en trámite: una por omisión de funciones y otra por genocidio. Esta última podría explicarse por su pasado político: la actual titular del Minam fue ministra de Desarrollo Agrario y Riego durante los inicios del Gobierno de Boluarte, periodo en el que se produjeron las muertes de manifestantes en las protestas ocurridas entre 2022 y 2023.

Completa la lista Wilder Alejandro Quilcate, ministro de Vivienda. Según su declaración jurada, Quilcate es el integrante del gabinete que enfrenta el mayor número de investigaciones: seis procesos ante las autoridades. Entre otros delitos, es acusado de negociación incompatible, lavado de activos y usurpación, entre otros.

El ministro de Economía, Gerardo López Gonzáles, también contaría con investigaciones. Esto pese a que no consigno ninguna de ellas en su declaración jurada. En el apartado para comentarios sobre las denuncias en su contra, López Gonzáles deja este comentario: “He marcado la opcion ‘no’; sin embargo, tengo conocimiento que existen investigaciones fiscales en calidad de imputado. Al no tener dicha informacon en detalle al momento de la firma del presente, la consignaré a través del anexo 3″.

Antecedentes señalados

No solo las denuncias en trámite llaman la atención. Otros ministros también registran investigaciones archivadas. Tal es el caso de algunos que aún son investigados, como Denisse Miralles, Luis Enrique Jiménez y Nelly Paredes del Castillo.

La primera ministra llegó a enfrentar graves acusaciones en su momento, al ser investigada por delitos como lavado de activos y otros vinculados a corrupción. Jiménez, titular de Justicia, quien todavía enfrenta una denuncia por colusión, ya tuvo archivado anteriormente un caso en su contra por ese mismo delito. Por último, Paredes del Castillo afrontó denuncias por nombramiento ilegal y omisión de funciones, ambas posteriormente archivadas.

Otros ministros que actualmente no son investigados mantienen antecedentes relevantes. César Quispe Luján, ministro de Producción, llegó a tener hasta diez procesos abiertos por delitos que iban desde apropiación ilícita hasta estafa, incluyendo lavado de dinero. Con ese número de investigaciones archivadas, se convierte en el ministro que más veces enfrentó procesos de esta naturaleza ante las autoridades.

Luis Napoleón Quiroz y Fátima Altabas, titulares de Salud y Cultura, respectivamente, también cuentan con dos investigaciones archivadas. El primero fue acusado de cohecho pasivo propio —figura penal empleada para describir los sobornos—, mientras que la segunda fue investigada por delitos contra la libertad.

Quien también habría sido investigado, aunque no en el fuero judicial ordinario, es el ministro de Defensa, Luis Enrique Arroyo. En su declaración jurada, el titular del sector señala que atraviesa un proceso en el fuero militar por faltas vinculadas al ámbito castrense. Sin embargo, no precisa si dicha investigación se encuentra abierta o ya fue cerrada.

Por último, el ministro de Educación, Erfurt Castillo, no registra denuncias en la información consignada en sus declaraciones juradas. Sin embargo, en redes sociales se viralizó una denuncia presuntamente realizada por su suegra en su contra por violencia sexual. Al respecto, el Ministerio de Educación respondió mediante un comunicado, asegurando que “la denuncia fue archivada luego de que informes del Instituto de Medicina Legal acreditaran que la denunciante presentaba problemas de salud mental”.

Municipalidad Provincial de Huaralen coordinación con dirigentes lleva apoyo de agua a centros poblados

La Municipalidad Provincial de Huaral, a través de la Gerencia de Gestión Ambiental y la Subgerencia de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad, en coordinación con dirigentes vecinales, realizó el traslado de una cisterna para el abastecimiento de agua en el tramo Querencia – Colegio Esperanza Baja y el Centro Poblado Cuyo, en la provincia de Huaral.

Esta acción se desarrolló con el objetivo de atender las necesidades básicas de las familias de estos sectores, garantizando el acceso al recurso hídrico.

La comuna provincial continuará articulando esfuerzos con la población organizada para seguir llevando apoyo a los distintos centros poblados de la provincia.

Fallece alcalde de Coviriali al no poder superar estado crítico tras sufrir atentado

El Seguro Social de Salud (EsSalud) lamenta el deceso del alcalde del distrito de Coviriali, en la provincia de Satipo,región Junín, Iroshi Erik Ureta Campos, quien falleció luego de ser trasladado por vía aérea desde el Hospital Manuel Ángel Higa Arakaki, del Gobierno Regional de Junín, y cuando era atendido en una ambulancia del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) de EsSalud, dentro del Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao.

El vuelo humanitario, que había partido desde Mazamari con el apoyo de las Fuerzas Armadas, arribó minutos antes de las 4:00 p. m. de hoy, jueves 26 de febrero. La autoridad edil había recibido dos impactos de bala en el tórax y su pronóstico era reservado.

La condición del paciente era extremadamente crítica y, pese a que se le practicaron todos los protocolos de reanimación en la ambulancia, que lo debía llevar al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de la seguridad social en Lima, finalmente perdió la vida a las 4:10 p. m.

EsSalud expresa sus más sentidas condolencias a la familia del burgomaestre y a todos sus vecinos. Además, reafirma su compromiso de brindar atención segura a la población en casos de emergencia.Coordinación y supervisión en traslado aéreo

El gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje, supervisó de manera directa la atención médica del alcalde de Coviriali. La gestión del traslado fue articulada con carácter de urgencia por el gobernador regional, en coordinación con la presidenta de la Mancomunidad NorVraem, Digna Sucari, garantizando así la continuidad del tratamiento en un establecimiento de mayor complejidad.

De acuerdo con el reporte médico, el alcalde se encontraba estable, consciente y bajo estricta vigilancia clínica, lo que permitió autorizar su traslado seguro a la capital.

El atentado se registró en el sector de Bellavista, cuando sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo de la autoridad y abrieron fuego antes de darse a la fuga. Tras el hecho, la Policía Nacional del Perú ejecutó un Plan Cerco en las rutas hacia Marankiari y mantiene las diligencias para identificar y capturar a los responsables.