La Fiscalía de la Nación encontró en Palacio de Gobierno el decreto ley que el expresidente Pedro Castillo pretendía firmar tras su mensaje a la nación del 7 de diciembre del 2022, donde anunció un golpe de Estado.
“Contracorriente” reveló la existencia del escrito en el que se ordenaba disolver el Congreso de la República y se convocaba a elecciones para completar el periodo constitucional.
“Artículo 1. Disolución extraordinaria del Congreso de la República. Disuélvase el Congreso de la República por vulnerar los artículos 113 inciso 2, 45 y 46 de la Constitución”, dice el decreto.
“Artículo 2. Convocatoria a elecciones. Convóquese a elecciones para un nuevo Congreso para el día domingo 4 de junio del 2023, para que complete el periodo constitucional del Congreso disuelto”, añade.
El documento tiene como fecha el 7 de diciembre del 2022, fecha en la que Castillo Terrones dio el golpe de Estado, tras anunciar la instauración de un gobierno de emergencia nacional. Fue hallado frente a la oficina de la subsecretaría del despacho presidencial.
El programa recordó que 31 de mayo los fiscales Jesús Camacho Laura y Marco Carbajal Valencia realizaron una diligencia de corroboración, con peritos de informática, en Palacio de Gobierno.
El decreto corroboraría la versión de la periodista Cinthya Malpartida, quien afirmó ante la fiscalía haber visto a Castillo junto con Betssy Chávez y Aníbal Torres el día del golpe de Estado y que la entonces primera ministra les detalló que el entonces presidente daría un mensaje a la Nación y que lo anunciado iba a ser ratificado en una resolución.
El presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García (FP), aseguró que el Congreso promoverá nuevos profesionales especialistas en derecho parlamentario. Esto tras la aprobación de la Resolución Legislativa 3513.
Señaló que dicha medida modifica el artículo 26 del Reglamento del Congreso y crea el Centro de Modalidad Formativa del Parlamento, con lo cual se podrá implementar las modalidades de prácticas pre y profesionales en el Poder Legislativo.
Indicó, que la resolución legislativa, que contó con amplia mayoría a favor, señala que los participantes que cumplan el requisito pertenecer al tercio superior de sus casas de estudios, podrán ejercer funciones en la organización parlamentaria y en el servicio parlamentario.
Asimismo, se establece que el número de participantes será definido por la Mesa Directiva del Congreso de la República.
Finalmente, Hernando Guerra García sostuvo que esta medida incentivará que los jóvenes participen en la vida política del país.
César Hinostroza, Julio Gutiérrez, Sergio Noguera, Guido Águila, Orlando Velásquez, Pedro Gonzalo Chávarry, Luciana León ya no pueden ser juzgados y sancionados por delito de patrocinio ilegal.
La mayoría de delitos menores cometidos por el prófugo juez supremo César Hinostroza Pariachi y otros destacados integrantes de la red de corrupción de «Los Cuellos Blancos del Puerto» ha prescrito, por lo que el Poder Judicial ya no podrá juzgarlos y sentenciarlos, al entrar en vigencia la Ley 31751 que «modifica el Código Penal y el nuevo Código Procesal Penal (sobre) la suspensión del plazo de prescripción».
La Ley 31751 fue publicada este jueves, 25 de mayo de 2023 en la separata digital de normas legales del diario El Peruano, por lo que entró en vigencia desde las 00:00 horas de hoy, 26 de mayo de 2023. Así, como mínimo cualquier delito con una pena máxima de dos años cometido hasta antes del 25 de mayo del 2019 ha prescrito.
Es, por ejemplo, los delitos de patrocinio ilegal que se atribuyen al ex juez César Hinostroza Pariachi y los ex integrantes del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura, Julio Gutiérrez Pebe, Sergio Noguera Ramos, Guido Águila Grados y Orlando Velásquez Benites por presuntos actos ilícitos cometidos durante el año 2018 han prescrito.
El ex fiscal supremo Pedro Chávarry, los ex congresistas Luciana León Romero, Roberto Vieira Portugal y Héctor Becerril Rodríguez, entre otros, también tenían procesos por patrocinio ilegal, que por esta ley han prescrito y ya no serán materia de juicio.
¿QUÉ DICE LA LEY?
La ley reduce a solo un año la suspensión del plazo de prescripción para cualquier delito. En delitos mayores, con penas sobre los 20 años, esto no suele ser una complicación. Sin embargo, es posible que algunos procesados por delitos graves, por el tiempo transcurrido desde la comisión del delito, se beneficien con la modificación aprobada por el Congreso.
El problema inmediato es con los delitos menores como el delito de patrocinio ilegal cometido por funcionarios públicos que tiene una pena máxima de dos años de pena privativa de la libertad. Normalmente, estos casos prescriben al máximo de la pena más la mitad, es decir a los tres años, lo que generaba impunidad cuando se trata de altos funcionarios públicos.
En los procesos a altos funcionarios públicos, como todos los personajes antes mencionados, para poder procesarlos, juzgarlos y sentenciarlos, el Ministerio Público y el Poder Judicial requieren la autorización previa del Congreso, que suele durar meses o años incluso.
Lo mismo sucede cuando se tiene que pasar por un proceso de extradición o se requiere probar la existencia de un hecho, en otro proceso penal o civil. Para situaciones donde se necesita un paso previo por el Congreso, extradición u otro proceso, se estableció la suspensión del plazo de prescripción, a fin de dar mayor tiempo al Estado para perseguir el delito.
Entonces, el plazo de prescripción deja de contarse desde el momento en que se inicia la investigación y hasta que concluye el paso previo. Sin embargo, nunca se estableció cuanto tiempo podía durar la suspensión.
Ante este vacío legal, la Corte Suprema definió que el plazo de suspensión debía seguir las mismas reglas del plazo de prescripción: esto es el máximo de la pena más la mitad, para evitar impunidad.
Así, siguiendo el ejemplo del delito de patrocinio ilegal cometido por altos funcionarios públicos, el plazo de prescripción pasó a seis años, lo que daba tiempo suficiente para desarrollar la investigación, pasar por el antejuicio político, presentar la acusación, realizar el juicio, dictar la sentencia, revisar y dictar el veredicto final.
Pero, ahora el Congreso ha establecido que la suspensión no será como normó la Corte Suprema, sino que solo tendrá una duración de un año. De esta manera los casos de delito de patrocinio ilegal que pasen por el Congreso de la República tiene un plazo máximo de prescripción de cuatro años: el plazo de prescripción normal que es de tres años, más un año por la suspensión.
El congresista Luis Aragón Carreño (Acción Popular), presentó una moción de orden del día que propone conformar una comisión investigadora que revise los permisos de las construcciones del megapuerto de Chancay que realiza la empresa china Cosco Shipping Ports y sus respectivos expedientes técnicos para evaluar los daños a la comunidad de la zona de Peralvillo.
Esta propuesta se da debido a los daños que se generaron en la carretera Panamericana Norte en el sector de Peralvillo, así como el hundimiento de la tierra y el colapso de las viviendas en dicha localidad. También habrían sido dañados varios vehículos.
Los daños se habrían ocasionado debido a que la empresa habría estado realizando trabajos de construcción de un túnel que formaría parte de las obras.
Por ello, Aragón, en su condición de presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones realizó una sesión descentralizada en Chancay para escuchar las demandas de los vecinos.
El pleno del Congreso de la República aprobó el pasado 28 de abril declarar como feriado nacional el 7 de junio, Día de la Bandera y la Batalla de Arica; sin embargo, este dictamen no se haría efectivo, ya que hasta la fecha no ha sido anunciado por la presidenta Dina Boluarte.
Según la legislación peruana, al aprobarse el feriado del 7 de junio en el Parlamento, es el Ejecutivo quien debe promulgar la ley y publicar su aprobación, pero hasta la actualidad seguimos esperando que la mandataria dé el visto bueno a la norma.
Cabe mencionar que estas festividades son consideradas feriados nacionales y tanto trabajadores estatales como privados tienen descanso libre.
Hasta la fecha, el único feriado confirmado para el mes de junio sería el del jueves 29, día que se conmemora la festividad de San Pedro y San Pablo.
Una vez que el Congreso aprueba una ley, el Ejecutivo cuenta con 15 días hábiles para promulgarla u observarla; sin embargo, no ha hecho ninguna acción, por lo que el Congreso podría aprobarla por insistencia.
Entonces, ¿tendremos feriado el 7 de junio?
En Caso que ningún poder del Estado, Congreso y Presidencia, promulgue la ley en las Normas Legales, no se considerará feriado el 7 de junio; por lo tanto será considerado como un día laborable normal.
El Pleno del Congreso volvió a postergar este jueves votar el proyecto de ley que plantea incrementar las penas por los delitos de difamación y calumnia a través de medios de comunicación, conocida como la ‘Ley mordaza’ y que ya fue aprobada en una primera votación.
La decisión se tomó tras un breve debate que contó solo con la participación de los congresistas Alex Paredes (Perú Libre), Susel Paredes (no agrupada), Kelly Portalatino (Perú Libre) y Flavio Cruz (Perú Libre).
Alex Paredes, secretario de la Comisión de Justicia, leyó el texto del proyecto ley ante la ausencia del titular de ese grupo parlamentario, Américo Gonza, quien en la víspera viajó al extranjero.
Cruz, vocero de Perú Libre, dijo durante su intervención que, dentro de la Comisión de Justicia -responsable de la ‘ley mordaza’-, se dio una «descoordinación» tras el viaje de Gonza, por lo que pidió un nuevo cuarto intermedio para que la iniciativa se viera luego de la próxima semana de representación (entre el 29 de mayo y 2 de junio).
Además, indicó que el pedido de un cuarto intermedio se debe a que el proyecto debe ser analizado con mayor profundidad en las regiones y por parte de medios provinciales.
Se repite cuarto intermedio
El jueves pasado, Américo Gonza también solicitó un cuarto intermedio antes de la votación, luego de haber sustentado el dictamen de la ley. Entonces, la segunda votación quedó pendiente para este jueves.
“Atendiendo la propuesta de muchos colegas pido un cuarto intermedio para analizar el texto legal y hacer las consultas si se puede hacer un cambio en la exposición de motivos del texto aprobado en la primera votación”, argumentó Gonza aquella vez, al pedir la postergación.
A inicios de mayo, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación la llamada ‘Ley mordaza’ con 69 votos a favor, 28 en contra y tres abstenciones. Desde entonces, la iniciativa de ley, de autoría del perulibrista Segunda Montalvo, ha ido perdiendo respaldo en algunas bancadas tras diversas críticas recibidas en el mismo parlamento, especialistas y medios de comunicación.
Recientemente, bancadas como la Renovación Popular o Alianza para el Progreso anunciaron que evaluaban su decisión sobre apoyar o no la ley en una segunda votación.
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