“Copa Morena 2026”: Municipalidad de Aucallama anuncia campeonato por el 86º aniversario del distrito

La Municipalidad Distrital de Aucallama informa a la comunidad que, durante la reunión semanal de funcionarios, el alcalde anunció que se han recibido diversos comentarios y solicitudes de vecinos y deportistas para la realización de la tradicional “Copa Morena” en el presente año.

En atención a este interés ciudadano y en el marco del 86° Aniversario del Restablecimiento a la Categoría de Distrito del Pueblo de Aucallama, la gestión municipal ha dispuesto la organización del campeonato, reafirmando su compromiso con la promoción del deporte, la integración comunitaria y la identidad local.

La gerencia correspondiente se encuentra elaborando las bases oficiales del torneo, las cuales serán publicadas próximamente. No obstante, se ha autorizado iniciar la difusión del anuncio para que los equipos puedan prepararse con anticipación y asegurar una participación ordenada y competitiva en este esperado evento deportivo.

Los equipos interesados en obtener mayor información pueden comunicarse al WhatsApp 928 836 368, donde recibirán orientación sobre el proceso de inscripción y los requisitos que serán establecidos en las bases.

La Municipalidad Distrital de Aucallama invita a todos los barrios, comunidades y agrupaciones deportivas a alistarse para vivir una nueva edición de la Copa Morena, símbolo de identidad, talento y unión aucallamina.

Congreso: presentan proyecto de ley para derogar la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú

La diputada Rossana Alayza Maccera (Partido del Buen Gobierno) presentó un proyecto de ley que busca derogar íntegramente la Ley N° 32645, norma que creó el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP). La iniciativa argumenta que la ley —publicada el 13 de junio pasado y promulgada finalmente por el Presidente del Congreso tras vencer el plazo del Ejecutivo— resulta lesiva para las libertades de trabajo y de expresión artística de los creadores comprendidos en ella.

El proyecto sostiene que el CPAP, tal como fue diseñado, excluye a miles de artistas que ejercen su labor de forma autodidacta o a partir de saberes ancestrales y populares, al exigir un título profesional o una licenciatura en arte o educación artística como condición para incorporarse al colegio. Según cifras del Registro Nacional de Trabajadores del Arte y la Cultura citadas en la exposición de motivos, solo un 9.29% de las artistas mujeres cuenta con estudios universitarios completos, frente a un 20% de los hombres, lo que —advierte la propuesta— reduciría la representación del colegio a poco más de una quinta parte de la población artística del país.

La iniciativa se apoya también en jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre libertad de trabajo y colegiatura obligatoria, para argumentar que la restricción impuesta por la Ley 32645 no responde a un fin constitucionalmente legítimo ni supera un estándar de razonabilidad. El texto recuerda además que la propia norma faculta al Consejo Directivo Nacional del CPAP a «ordenar y supervisar» el ejercicio de las disciplinas artísticas, lo que —según la autora del proyecto— constituye una forma de fiscalización ajena a la naturaleza libre y subjetiva de la creación artística.

Desde la publicación de la ley que creaba el CPAP, gremios, artistas individuales y hasta la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Cultura cuestionaron públicamente la norma, señalando que fue aprobada sin consulta previa al sector cultural.

Proyecto de ley presentado por Rossana Alayza | Foto: congreso.

Colegio de Artistas buscaba dejar fuera a Delia Espinoza

A raíz de la promulgación de la ley que crea el CPAP, se solicitó formalmente la salida de la decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, debido a una disposición incluida en la norma. El pedido sostiene que su permanencia en el cargo sería incompatible con la normativa vigente y, por ello, plantea su separación del decanato.

En efecto, la norma mantiene una disposición complementaria en la que se establece que «no pueden ser parte de la comisión organizadora ni ejercer cargo en los órganos de gobierno de los colegios profesionales, los inhabilitados para el ejercicio de la función pública».

Esta disposición ha sido cuestionada por quienes sostienen que fue incorporada con el objetivo específico de propiciar la salida de Espinoza. Como se recuerda, la exfiscal de la Nación investigó y denunció constitucionalmente a varios legisladores del periodo parlamentario anterior. En su momento, la entonces congresista Susel Paredes también presentó un proyecto de ley para derogar esta norma.

Congreso bicameral definió número de integrantes de sus comisiones: así estarán conformados los grupos de trabajo

Las juntas de portavoces de las cámaras de Senadores y Diputados tuvieron sendas reuniones este martes, en las que se acordó el número de integrantes de las comisiones del Congreso bicameral. Cabe destacar que en la cámara alta hay un total de 7 comisiones ordinarias, mientras que, en la cámara baja, hay 16 de dichos grupos de trabajo parlamentario.

La reunión de los voceros de la Cámara de Senadores estaba programada para las 9 am. en la sala Bolognesi del Palacio Legislativo. En la sesión, que estuvo presidida por Miguel Torres (Fuerza Popular), se decidió por unanimidad que 12 parlamentarios, con distribución proporcional al número de integrantes de cada bancada, conformará cada comisión ordinaria, así como la Comisión de Procedimientos Especiales y la Comisión de Control Político sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo.

Vale señalar que las comisiones ordinarias de la cámara alta son: 

  • Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores.
  • Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno.
  • Comisión en Asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo.
  • Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor.
  • Comisión en Asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital.
  • Comisión en Asuntos de Gestión del Estado y Contraloría.
  • Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

De este modo, cada comisión estará conformada de la siguiente manera:

  • Por Fuerza Popular: 4 senadores.
  • Por Juntos por el Perú: 3 senadores.
  • Por Renovación Popular: 2 senadores.
  • Por Partido del Buen Gobierno: 1 senador.
  • Por Partido Cívico Obras: 1 senador.
  • Por Ahora Nación: 1 senador

Asimismo, se decidió que serán 6 los congresistas, uno por cada bancada, que integrarán la Comisión de Ética Parlamentaria; y 5 los que serán parte de la Comisión de Inteligencia, en la siguiente distribución: dos senadores de Fuerza Popular, un senador de Juntos Por el Perú, un senador de Renovación Popular, y un senador del Partido de Buen Gobierno.

¿Cómo estarán conformadas las comisiones de la cámara baja?

La reunión de la Cámara de Diputados estaba programada para las 11 am., en la sala Basadre del Palacio Legislativo. En la sesión, que estuvo presidida por la vicepresidenta Analí Márquez (Juntos por el Perú), se decidió por mayoría la conformación de las 16 comisiones ordinarias, así como la de la Comisión de Ética Parlamentaria y de las comisiones ordinarias no legislativas. 

De este modo, los grupos de trabajo que tendrán 26 integrantes son:

  • Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores.
  • Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría.
  • Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.
  • Educación, Cultura y Deporte.
  • Justicia y Derechos Humanos.
  • Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos.
  • Infraestructura, Vivienda y Transportes.

Además, las comisiones que estarán integradas por 20 diputados son:

  • Defensa Nacional y Orden Interno.
  • Desarrollo Agrario.
  • Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos
  • Energía y Minas.
  • Producción, Comercio Exterior y Turismo.
  • Medio Ambiente y Sostenibilidad.
  • Salud.
  • Trabajo y Seguridad Social.
  • Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital.

En cuanto a las comisiones no legislativas, se decidió que la Comisión de Acusaciones Constitucionales tendrá 26 miembros; mientras que la Comisión de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo, y la Comisión de Ética Parlamentaria tendrán 6 integrantes cada una.

La Comisión de Ética de la cámara baja quedó conformada de este modo:

  • Mery Infantes Castañeda (Fuerza Popular)
  • César Tito Rojas (Juntos por el Perú)
  • Edwin Espinoza Huillca (Partido del Buen Gobierno)
  • Javier Cipriani Thorne (Renovación Popular)
  • Heber López Letona (Obras)
  • Harvey Colchado Huamaní (Ahora Nación).

Congreso promulgó ley que excluye a policías y militares de la justicia ordinaria

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, promulgó este lunes la ley que introduce modificaciones al Código Penal Militar Policial y al Nuevo Código Procesal Penal. La norma establece que los efectivos de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas sean procesados exclusivamente en el fuero militar policial cuando sean investigados por presuntos delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones.

Mediante una nota de prensa difundida en el portal institucional del Congreso, se informó que la promulgación se realizó en ejercicio de las atribuciones constitucionales del Parlamento, debido a que la Presidencia de la República no formuló observaciones ni promulgó la iniciativa dentro del plazo legal de 15 días.

Según el portal del Congreso, la norma establece de manera expresa que un efectivo policial o militar no podrá ser procesado al mismo tiempo en la justicia ordinaria y en el fuero militar policial cuando se investiguen los mismos hechos y a los mismos involucrados.

“Con ello, se garantiza la aplicación del principio jurídico ne bis in idem, que significa “no dos veces por lo mismo”, indica el pronunciamiento.

La nota de prensa señala que, ante eventuales conflictos de competencia, la norma establece que la Sala Penal de la Corte Suprema deberá priorizar la jurisdicción militar policial cuando los hechos investigados hayan ocurrido durante el cumplimiento de funciones o en el marco de acciones militares.

En cuanto a la definición de la conducta ilícita, la norma precisa que, para los miembros de las Fuerzas Armadas, se considerará delito de función todo acto cometido durante operaciones militares orientadas al mantenimiento del orden interno o en el contexto de un estado de emergencia.

En el caso de la Policía Nacional, la norma contempla como parte de sus funciones las labores de prevención, investigación del delito, control de identidad, inteligencia y vigilancia de fronteras, entre otras atribuciones establecidas por ley.

El comunicado también precisa que la nueva ley establece la pena de cadena perpetua para los efectivos que colaboren con bandas u organizaciones criminales utilizando su cargo o posición dentro de la institución.

El dictamen fue aprobado en segunda votación el pasado 23 de junio, con 52 votos a favor, 43 en contra y 5 abstenciones.

La iniciativa legislativa reunió varios proyectos de ley planteados por congresistas de diferentes bancadas, entre ellos uno presentado por el propio Fernando Rospigliosi.

Durante su debate en el Pleno del Congreso, la iniciativa recibió pedidos de reconsideración presentados por parlamentarias como Ruth Luque, Sigrid Bazán y Flor Pablo. Sin embargo, estos recursos fueron rechazados.

“La iniciativa distorsiona los delitos de función”, sostuvo Luque durante las sesiones de debate.

En tanto, congresistas como José Cueto y César Revilla respaldaron la propuesta al considerar que los fueros militares policiales son las instancias competentes para procesar las faltas que puedan cometer los agentes durante operativos oficiales.

Congreso posterga votación del crédito suplementario mientras revisa pedidos de obras, becas y gratificaciones CAS

La Comisión Permanente del Congreso suspendió este jueves el debate del proyecto de ley que autoriza un crédito suplementario por S/9.596 millones. Inicialmente, se anunció que la sesión se reanudaría el jueves 9 de julio a las 9:00 p. m.; sin embargo, se acordó elaborar una nueva versión del dictamen en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y postergar el debate hasta el lunes 13 de julio a las 3:00 p. m.

La iniciativa busca incorporar recursos adicionales al Presupuesto Público para financiar inversiones, garantizar la continuidad de los servicios del Estado y atender nuevas necesidades de gasto durante este año. Entre los temas que aún deberán definirse figura la fórmula para implementar el pago de gratificaciones a los trabajadores del régimen CAS, además de pedidos para financiar obras de infraestructura, becas y recursos vinculados a la prevención frente al Fenómeno El Niño.

La sesión, que sería la última del actual Parlamento unicameral, reabrió la discusión sobre las gratificaciones para los trabajadores CAS después de que la Comisión de Presupuesto retirara la disposición que planteaba reconocer de manera gradual este beneficio junto con la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

Esa decisión respondió a las observaciones formuladas por el MEF, que advirtió que la propuesta no contaba con una fuente de financiamiento permanente y podía generar un mayor impacto sobre las cuentas fiscales. Ante ese escenario, el grupo de trabajo se comprometió a elaborar una alternativa que permitiera avanzar con el beneficio sin poner en riesgo la sostenibilidad del presupuesto público.

Tras más de dos horas de intervenciones de congresistas de distintas bancadas, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Alejandro Soto, solicitó, inicialmente, un cuarto intermedio hasta las 9:00 p.m. para consensuar una nueva versión del texto junto con el equipo técnico del MEF e incorporar los principales pedidos planteados durante el debate.

Crédito suplementario financiará obras, elecciones y recursos para gobiernos regionales

Durante la exposición, Soto explicó que el crédito suplementario permitirá evitar la paralización de proyectos de inversión pública en distintas regiones del país y asegurar el soporte logístico para las Elecciones Regionales y Municipales de octubre del 2026.

El legislador indicó que el pedido de recursos responde, además, a un déficit operativo que viene afectando áreas consideradas prioritarias, como los servicios de salud, la administración de justicia, la seguridad ciudadana y el sistema educativo.

Uno de los principales componentes de la iniciativa es el fortalecimiento de los presupuestos regionales y municipales. El artículo 27 del proyecto autoriza a los gobiernos subnacionales a incorporar S/5.435 millones provenientes de mayores ingresos por canon, sobrecanon y regalías. Estos recursos corresponden principalmente a la distribución de ingresos generados por actividades extractivas, como la minería y los hidrocarburos, y solo pueden destinarse a proyectos de inversión y obras públicas.

Congreso aprueba en segunda votación incorporar los delitos de lesa humanidad en el Código Penal

La Comisión Permanente del Congreso aprobó este jueves, en segunda votación, el proyecto de ley que incorpora el delito de lesa humanidad en el Código Penal. La votación registró 14 votos a favor y 9 en contra. Con este resultado, la iniciativa impulsada por el congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) queda lista para convertirse en ley, tras un mes de debate en distintas instancias del Parlamento.

Tras la ratificación, se presentó una reconsideración contra la segunda votación del dictamen. La moción buscaba revertir la aprobación ya consumada. El pedido no prosperó: obtuvo 11 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención. Para aprobarse, necesitaba 15 votos a favor. Al no alcanzar ese número, el resultado de la segunda votación quedó firme y la ley siguió su curso.

Su primera votación se dio el 23 de junio en el Pleno del Congreso. En esa oportunidad obtuvo 63 votos a favor, 31 en contra y 15 abstenciones. Los congresistas Ruth Luque, Edgar Reymundo, Sigrid Bazán y Flor Pablo cuestionaron entonces el texto. Señalaron que su verdadero propósito no es ordenar la norma penal, sino levantar trabas para archivar investigaciones abiertas.

La ley crea el capítulo VI dentro del Título XIV-A del Código Penal, dedicado a los delitos contra la humanidad. Incorpora también el artículo 324-A, que define el delito. Según ese texto, cometerá lesa humanidad quien, como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, y con conocimiento de dicho ataque, incurra en homicidio calificado, trata de personas, secuestro, violación sexual, desaparición forzada o tortura. La pena va de 30 años de cárcel a cadena perpetua.

La norma se aplicará de forma inmediata. Alcanzará a los casos en trámite donde ya se haya invocado la figura de lesa humanidad. También llegará a los procesos con condena que aún estén en revisión, nulidad o algún otro recurso pendiente. Si un hecho no cumple los requisitos que exige la ley, será juzgado como delito común, con las penas ordinarias del Código Penal. Ahora queda en manos del Ejecutivo promulgar u observar la ley.

Congresistas y organizaciones de derechos humanos rechazan la ley

La aprobación generó un rechazo inmediato entre congresistas y organizaciones de derechos humanos. A través de sus redes sociales, varias voces cuestionaron el contenido de la norma y pidieron al Poder Ejecutivo que la observe antes de su promulgación.

La congresista Ruth Luque sostuvo que el dictamen «desconfigura por completo» el delito de lesa humanidad. Acusó al fujimorismo y a sus aliados en el Congreso de ratificar su desprecio por las víctimas y los derechos humanos. Pidió a la Presidencia de la República, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y a la Presidencia del Consejo de Ministros que observen la ley.

El abogado Carlos Rivera Paz, del Instituto de Defensa Legal, calificó la aprobación como un caso de impunidad. Advirtió que la norma «solo servirá a los perpetradores» de los crímenes que busca regular. La consideró inconstitucional y pidió al Poder Judicial que ejerza control sobre ella.