La lista de congresistas que querían reelegirse y no pasaron la valla incluye a más de 20 parlamentarios que buscaron continuar en la política activa desde el Senado o la Cámara de Diputados. Muchos de ellos migraron a nuevos partidos o apostaron por agrupaciones con baja representación. El resultado los deja fuera del próximo Congreso bicameral.
Este grupo arrastra cuestionamientos por su rol en el actual Legislativo. Varias de estas figuras respaldaron decisiones polémicas. Entre ellas, la destitución de autoridades, leyes observadas por el Ejecutivo y normas cuestionadas por organismos constitucionales. También enfrentaron críticas por su baja producción legislativa o cambios constantes de bancada.
El intento de reelección no fue uniforme. Algunos congresistas optaron por partidos nuevos. Otros se sumaron a organizaciones con presencia limitada en regiones. En varios casos, el cambio de camiseta política no logró sostener su capital electoral. Tampoco ayudó la fragmentación del sistema de partidos.
El escenario refleja un mensaje del electorado. Parte de la ciudadanía decidió no respaldar a estos representantes. El resultado también golpea a las agrupaciones que apostaron por ellos como figuras visibles en sus listas. La valla electoral terminó por cerrarles el paso.
Congresistas que buscaron seguir en el poder desde nuevos partidos
En la lista aparecen nombres con alta exposición mediática. Jorge Montoya postuló al Senado con SíCreo. Guido Bellido lo hizo con Podemos Perú. Sigrid Bazán intentó llegar a la Cámara de Diputados con Venceremos. Edward Málaga participó con País para Todos. Ninguno logró superar la valla con sus respectivas agrupaciones.
Otros congresistas optaron por partidos con menor arrastre electoral. Isabel Cortez y Nieves Limachi postularon al Senado con Perú Primero. Óscar Zea y Katy Ugarte lo hicieron con Progresemos. Carlos Zeballos Madariaga y Alex Flores participaron con Cooperación Popular. Ninguno de estos partidos alcanzó el mínimo requerido.
El caso de Somos Perú y Podemos Perú también resalta. En el primero figuran Héctor Valer, Jorge Morante, Elizabeth Medina y Alex Paredes. En el segundo aparecen Edgar Tello, Francis Paredes y Heidy Juárez. Pese a su presencia en el Congreso actual, no lograron asegurar continuidad.
Fragmentación política y cambios de camiseta marcaron la reelección fallida
El proceso electoral evidenció una alta fragmentación. Más de 10 partidos incluyeron congresistas en sus listas. Sin embargo, varios no lograron consolidar una base electoral suficiente. Esto afectó directamente a quienes buscaban reelegirse bajo nuevas siglas.
El cambio de partido fue una constante. Legisladores que iniciaron su gestión en una bancada terminaron postulando por otra. Esta práctica debilitó su identidad política ante el electorado. También generó desconfianza en votantes que cuestionan la coherencia de sus representantes.
A esto se suma el desgaste del Congreso actual. La aprobación de leyes controvertidas, los enfrentamientos con otras instituciones y los cuestionamientos éticos pesaron en la percepción ciudadana. En ese contexto, la reelección se volvió cuesta arriba para varios parlamentarios.
Figuras políticas y exautoridades también quedaron fuera de la contienda
La lista no solo incluye congresistas. También aparecen figuras tradicionales y exfuncionarios. En el APRA postularon Jorge del Castillo, Mauricio Mulder, Nidia Vilchez, Javier Velásquez Quesquén y Carla García. Ninguno logró regresar al Congreso, lo que confirma la crisis de ese partido en elecciones recientes.
También destacan exministros del gobierno de Dina Boluarte. Juan José Santiváñez, César Vásquez y César Sandoval postularon con Alianza para el Progreso. Sus candidaturas no alcanzaron el respaldo necesario para mantenerse en carrera parlamentaria. En este partido también postulaban al Congreso bicameral César Acuña, Luis Valdez y Elio Riera.
Otro caso es el de Raúl Noblecilla, quien participó con Podemos Perú. Su intento por llegar al Congreso tampoco prosperó. Este grupo refleja que el desgaste político no solo alcanza a legisladores en funciones, sino también a figuras que buscaron reposicionarse.
La lista de congresistas que querían reelegirse y no pasaron la valla incluye a más de 20 parlamentarios que buscaron continuar en la política activa desde el Senado o la Cámara de Diputados. Muchos de ellos migraron a nuevos partidos o apostaron por agrupaciones con baja representación. El resultado los deja fuera del próximo Congreso bicameral.
Este grupo arrastra cuestionamientos por su rol en el actual Legislativo. Varias de estas figuras respaldaron decisiones polémicas. Entre ellas, la destitución de autoridades, leyes observadas por el Ejecutivo y normas cuestionadas por organismos constitucionales. También enfrentaron críticas por su baja producción legislativa o cambios constantes de bancada.
El intento de reelección no fue uniforme. Algunos congresistas optaron por partidos nuevos. Otros se sumaron a organizaciones con presencia limitada en regiones. En varios casos, el cambio de camiseta política no logró sostener su capital electoral. Tampoco ayudó la fragmentación del sistema de partidos.
El escenario refleja un mensaje del electorado. Parte de la ciudadanía decidió no respaldar a estos representantes. El resultado también golpea a las agrupaciones que apostaron por ellos como figuras visibles en sus listas. La valla electoral terminó por cerrarles el paso.
Congresistas que buscaron seguir en el poder desde nuevos partidos
En la lista aparecen nombres con alta exposición mediática. Jorge Montoya postuló al Senado con SíCreo. Guido Bellido lo hizo con Podemos Perú. Sigrid Bazán intentó llegar a la Cámara de Diputados con Venceremos. Edward Málaga participó con País para Todos. Ninguno logró superar la valla con sus respectivas agrupaciones.
Otros congresistas optaron por partidos con menor arrastre electoral. Isabel Cortez y Nieves Limachi postularon al Senado con Perú Primero. Óscar Zea y Katy Ugarte lo hicieron con Progresemos. Carlos Zeballos Madariaga y Alex Flores participaron con Cooperación Popular. Ninguno de estos partidos alcanzó el mínimo requerido.
El caso de Somos Perú y Podemos Perú también resalta. En el primero figuran Héctor Valer, Jorge Morante, Elizabeth Medina y Alex Paredes. En el segundo aparecen Edgar Tello, Francis Paredes y Heidy Juárez. Pese a su presencia en el Congreso actual, no lograron asegurar continuidad.
Fragmentación política y cambios de camiseta marcaron la reelección fallida
El proceso electoral evidenció una alta fragmentación. Más de 10 partidos incluyeron congresistas en sus listas. Sin embargo, varios no lograron consolidar una base electoral suficiente. Esto afectó directamente a quienes buscaban reelegirse bajo nuevas siglas.
El cambio de partido fue una constante. Legisladores que iniciaron su gestión en una bancada terminaron postulando por otra. Esta práctica debilitó su identidad política ante el electorado. También generó desconfianza en votantes que cuestionan la coherencia de sus representantes.
A esto se suma el desgaste del Congreso actual. La aprobación de leyes controvertidas, los enfrentamientos con otras instituciones y los cuestionamientos éticos pesaron en la percepción ciudadana. En ese contexto, la reelección se volvió cuesta arriba para varios parlamentarios.
Figuras políticas y exautoridades también quedaron fuera de la contienda
La lista no solo incluye congresistas. También aparecen figuras tradicionales y exfuncionarios. En el APRA postularon Jorge del Castillo, Mauricio Mulder, Nidia Vilchez, Javier Velásquez Quesquén y Carla García. Ninguno logró regresar al Congreso, lo que confirma la crisis de ese partido en elecciones recientes.
También destacan exministros del gobierno de Dina Boluarte. Juan José Santiváñez, César Vásquez y César Sandoval postularon con Alianza para el Progreso. Sus candidaturas no alcanzaron el respaldo necesario para mantenerse en carrera parlamentaria. En este partido también postulaban al Congreso bicameral César Acuña, Luis Valdez y Elio Riera.
Otro caso es el de Raúl Noblecilla, quien participó con Podemos Perú. Su intento por llegar al Congreso tampoco prosperó. Este grupo refleja que el desgaste político no solo alcanza a legisladores en funciones, sino también a figuras que buscaron reposicionarse.
El escrutinio de la ONPE tras la jornada del 12 de abril ha confirmado lo que muchos anticipaban: Alianza Para el Progreso (APP) no alcanzaría la valla electoral, quedando excluido del próximo Congreso bicameral. Este resultado sentencia el fin de una era para la organización de César Acuña, evidenciando que las campañas basadas en el reparto de dádivas (como polos y fósforos) ya no logran conectar con un electorado que demanda mayor seriedad.
El rechazo ciudadano es particularmente visible en figuras locales como Juan Díaz (Huaral) y Edwin Ferrer (Chancay). Ambos pretendieron saltar al poder bajo un símbolo desgastado y sin haber aclarado los cuestionamientos sobre sus gestiones en el Hospital San Juan Bautista.
Las cifras del MEF añaden peso a la crítica: mientras Díaz percibió más de S/ 371,906.95 en 38 meses como director, Ferrer acumuló S/ 94,500 en asesorías. Estos ingresos hoy despiertan la suspicacia pública: ¿se debieron a su capacidad técnica o fueron una recompensa por su activismo político a favor del partido? Con el desplome de APP, queda claro que el respaldo popular no se compra y que la influencia de Acuña en la política nacional ha llegado a su punto final.
Cifras con tendencia al alza. A poco de celebrarse las Elecciones Generales 2026, los congresistas que buscan la reelección presentaron ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sus hojas de vida con el detalle de sus ingresos y bienes. En ese sentido, La República pudo verificar que el patrimonio de los aspirantes a las Cámaras de Diputados y Senadores creció hasta en un 12702.94% en comparación con lo que consignaron para los comicios del 2021.
Ese es el caso de la actual legisladora no agrupada Margot Palacios Huamán, que postula como senadora por Juntos por el Perú (JPP). En la elección anterior, reportó que contaba con un patrimonio de S/14.700; sin embargo, para estos comicios reportó en su Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) que cuenta con un patrimonio de S/1.882.032, entre sus ingresos y valor de bienes inmuebles.
La segunda en la lista es Ana Zegarra (Somos Perú). La parlamentaria consignó en 2021 que sus bienes e ingresos sumaban un total de S/17,200. Ahora, registró en su DJHV un patrimonio por S/836,814.13. La suma se elevó considerablemente en un 4765.20%. Es preciso resaltar que, si bien Zegarra buscaba la reelección, el Pleno del JNE declaró improcedente su inscripción para los comicios del 12 de abril y, por lo tanto, quedó fuera de carrera electoral.
El siguiente es Alex Paredes Gonzáles, expresidente de la Comisión de Ética del Congreso y aspirante a la Cámara de Senadores por Somos Perú. En 2021, declaró un patrimonio por S/32,683.60, pero para la elección del 12 de abril, sus bienes e ingresos suman S/949,984.48; es decir, un 2806.61% más. Lo sigue su colega de izquierda Jaime Quito. Hace 5 años informó que contaba con S/22.000 de patrimonio, pero creció un 2540.05% y actualmente equivale a S/580,812.04.
Pero también hay otra congresista de izquierda que aumentó su patrimonio. Ella es Isabel Cortez Aguirre, quien en la elección del 2021 fue conocida por su labor de limpieza en las calles de Lima. En aquella ocasión reportó que su patrimonio era de S/14.100. Cinco años más tarde, creció en un 2332.68%, lo que equivale a un total de S/343.007,50. Cortez Aguirre es candidata a senadora por Perú Primero, partido del sentenciado expresidente Martín Vizcarra y su hermano que postula a la presidencia, Mario Vizcarra.
La sexta en la lista de los parlamentarios que más aumentaron su patrimonio es Noelia Herrera Medina (Renovación Popular), candidata a diputada. En 2021, consignó entre ingresos y bienes S/27.000, pero al fin de esta época congresal cuenta S/642.109,82; es decir, un 2278.18% más.
Edgar Tello Montes no se queda atrás. El legislador de Podemos Perú y postulante al Senado ingresó al Congreso con un patrimonio de S/26.400 y sale con S/538.452,52; 1939,59% más en cinco años. Edith Julón Irigoín, de Alianza para el Progreso (APP) y candidata a diputada, entró al cargo público con S/25.503,48 y termina con S/481.708,10; lo que vale a un 1788.79% más en sus arcas. Su colega de bancada, Luis Kamiche Morante, también registró un significativo aumento de su patrimonio en 1064.14%; es decir, pasó de tener S/46,352.15 a S/539,604.58 de patrimonio.
Óscar Zea Choquechambi es el siguiente en la lista. En 2021, reportó en su hoja de vida, entre ingresos y bienes, S/127.838.52, y para esta elección S/2,306,750. Ese aumento millonario equivale a que su patrimonio se incrementó en un 1704.42%.
La siguiente de la fujimorista Rosangella Barbarán Reyes y candidata a diputada por Fuerza Popular. En menos de cinco años, el patrimonio de Barbarán pasó de S/28,943.17 a S/398.606,40; 1277.20% más. Su colega Adriana Tudela Gutiérrez, postulante a la segunda vicepresidencia y diputada por Avanza País, registró en 2021, entre ingresos y bienes, S/174,673, cifra que aumentó en un 1119.14% y ahora equivale a S/2,129,503.35.
Fuerza Popular, el partido con más congresistas que aumentaron su patrimonio
Fuerza Popular fue el partido que cuenta con más congresistas que buscan la reelección y tiene mayores ingresos de sus patrimonios: 16. Además de Rosangella Barbarán, se encuentra Jeny López Morales. En 2021, la legisladora registró un total de S/71.000 como parte de sus adquisiciones, pero ahora cuenta con S/582,369.98, lo que equivale a un significativo aumento de 720.04%.
La sigue Héctor Ventura, quien consignó S/81,863.94 al inicio, pero ahora S/646,776.15; es decir, un crecimiento de 690.06%. En la lista también aparece Tania Ramírez; su patrimonio pasó de S/423,456 a S/3,262,459.50, lo que equivale a un 670.44% de más en estos últimos años. En ese mismo sentido, las arcas de su colega David Jiménez crecieron en un 649.86%, de S/1,381,587.38 a S/10,359,939.00, así 9 millones más en menos de cinco años.
Mientras tanto, César Revilla pasó de tener S/94,000 a S/499,484, exactamente 431.37% más de la cifra inicial. Un tema aparte es el del presidente del Congreso. En aquel entonces, Fernando Rospigliosi consignó entre ingresos y bienes por S/82,100 y ahora cuenta con S/387,825 de patrimonio, dando un total de 372.38% más.
Martha Moyano pasó de S/87,280 a S/389,488 (346.25%); Raúl Huamán de S/202,780.10 a S/688,445.44 (239.50%); Nilza Chacón de S/369,600 a S/1,192,667.51 (222.69%); María Zeta Chunga de S/1,219,420 a S/2,664,867.37 (118.54%). Ernesto Bustamante de S/744,400 a S/1,552,440.00 (108.55%).
Lo sigue Arturo García, quien pasó de tener S/222,773.10 a S/455,654.12 de patrimonio, un total de 104.54% más. Asimismo, Auristela Obando Morgan pasó de S/1,137,239.64 a S/1,491,682.03 (31.17%). Patricia Juárez de S/593,092.30 a S/661,350.98 (11.51%); Víctor Flores Ruiz de S/3,301,985.93 a S/3,434,134.49 (4%).
Un tema aparte son los casos de Mery Infantes y Alejandro Aguinaga. Ambos pasaron de tener S/900,200 y S/3,995,321 a contar solo con S/574,222.44 y S/861,273, respectivamente. La primera redujo su patrimonio en -44.65% y el segundo en -78.44%.
Los más millonarios
Entre los congresistas que registran mayor aumento de patrimonio figura José Luna Gálvez. En 2021, ingresó con S/30,317,716.08 y ahora registra una fortuna por S/42,425,377.34, lo que equivale a un 39.94%.
Asimismo, la candidata a la Cámara de Senadores, Gladys Echaíz, registró un patrimonio de S/1,012,373.98. Sin embargo, este se elevó en un 313.04%, dando un saldo final de S/4,181,493.60.
Por otro lado, Rosselli Amuruz, postulante al Parlamento Andino, aseguró que en 2021 su patrimonio estaba valorado en S/539,163.66 y ahora vale S/2,998,217, lo que significa un 456.09% más.
Jorge Morante (Somos Perú) ingresó al Parlamento con un patrimonio de S/735,303 y en su DJHV para las elecciones de este año, reportó el valor total por S/2,452,660; 233.56% más del inicial.
Los congresistas que perdieron más patrimonio
Entre los parlamentarios que buscan la reelección y más patrimonio perdieron, está María Agüero (Perú Libre). Su fortuna pasó de S/3,578,050.85 a S/1,064,485, lo que significó una caída de 70.25%.
Magaly Ruíz (Alianza para el Progreso) perdió 75.20% de su fortuna, debido a que pasó de ingresar con S/1,656,021.25 y ahora tener S/410,705.
Asimismo, Patricia Chirinos y Arturo Zeballos (Renovación Popular) perdieron en 76.52% y 77.58% de su patrimonio, respectivamente. Ambos ingresaron con S/4,760,800 y S/985,112.00, pero ahora poseen S/1,117,964.15 y S/220,900, cada uno.
Descargos
La congresista Margot Palacios envió una carta notarial solicitando una rectificación inmediata de la información vertida en la nota periodística y la eliminación de la publicación en todas las redes del diario La República.
La parlamentaria indica que se han presentado datos de manera «parcial, sugestiva y carente de rigor técnico-jurídico, induciendo deliberadamente a la opinión pública a concluir la existencia de un incremento patrimonial injustificado». Además, como parte de sus descargos, explicó que «el monto consignado en su declaración jurada de bienes y rentas no representa patrimonio neto ni constituye, por sí mismo, prueba de enriquecimiento, sino que corresponde a información patrimonial bruta».
Según Palacios, el 50% de las acciones del bien inmueble declarado es de su titularidad y que no fue adquirido mediante compra directa ni con recursos propios, sino que deriva exclusivamente de un crédito hipotecario vigente sujeto a pago y que no cuenta con un incremento patrimonial.
De esta manera, cumplimos con consignar los descargos de la legisladora.
Carta notarial de Margot Palacios
Sin embargo, es preciso resaltar que este diario se limitó única y exclusivamente a informar sobre los ingresos mensuales y bienes inmuebles de la parlamentaria, tal como consta en su declaración jurada de hoja de vida presentada ante el JNE el 24 de diciembre a las 4:56 a.m. y que fue terminado de llenar el 22 del mismo mes a las 9:24 a.m. En dicho documento, no se lee, ni se aprecia lo que indica la congresista; solo se verifica que el valor total de su inmueble es por un monto de S/932.720.
El domingo 5 de abril de 1992, el fallecido exdictador Alberto Fujimori ejecutó un quiebre del orden constitucional en el Perú. A través de un mensaje a la Nación difundido por televisión, anunció la disolución del Congreso de la República, la intervención del Poder Judicial, el Ministerio Público y otras instituciones del Estado. El hecho, conocido como “autogolpe”, marcó un punto de inflexión en la democracia del país y también para los medios de comunicación que sufrieron ataques a la libertad de expresión y fueron censurados.
Aquel episodio que Fujimori intentó justificar como una «reestructuración» de las instituciones del Estado dejó una huella imborrable en la historia del Perú.
Las acciones no se limitaron al anuncio. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tomaron el control de instituciones clave. Tanques y militares rodearon el Congreso, que quedó «temporalmente» cerrado. Los parlamentarios fueron impedidos de ingresar a la sede legislativa. Algunos políticos denunciaron persecución y allanamientos en sus domicilios. También se restringieron libertades civiles y se estableció control sobre medios de comunicación.
El cierre del Congreso implicó la ruptura del equilibrio de poderes establecido en la Constitución de 1979, vigente en ese momento. Fujimori asumió facultades extraordinarias mediante decretos ley. En los meses siguientes, gobernó sin Parlamento y consolidó un régimen de carácter autoritario, respaldado por el alto mando militar.
“Como presidente de la República he constatado directamente todas estas anomalías y me he decidido a tomar las siguientes trascendentales medidas: Primero, disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo que se aprobará mediante un plebiscito nacional», comenzó su mensaje el exdictador.
“Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia. Tercero, reestructurar la Contraloría General de la República», continuó Fujimori. Con el anuncio, Fujimori selló el inicio de una nueva dictadura en el Perú.
A 34 años del autogolpe de Alberto Fujimori: La República fue víctima del régimen fujimorista
Las Fuerzas Armadas tomaron canales de televisión, diarios y radioemisoras con la finalidad de evitar que se informe sobre la medida del régimen fujimorista. La República no fue la excepción.
Tras la intervención militar, el 6 de abril de ese año este diario sacó una edición histórica con varias páginas en blanco. En su portada se detallaron una por una las medidas dictadas por Fujimori, consideradas contrarias al orden democrático.
Los periodistas trabajaron bajo la amenaza de ser apresados y censurados por el régimen fujimorista. Luego del mensaje televisado del entonces presidente, efectivos militares ingresaron a la redacción de La República y afirmaron que su presencia buscaba impedir que la publicación “se desborde”.
Autogolpe del 5 de abril: comunidad internacional rechazó el régimen y violaciones a los DD. HH.
La comunidad internacional reaccionó con preocupación. La Organización de Estados Americanos (OEA) condenó el quiebre democrático y activó gestiones diplomáticas. Varios países suspendieron temporalmente su cooperación con el Perú. Sin embargo, la dictadura fujimorista mantuvo el control interno y avanzó en la reorganización del Estado.
En noviembre de 1992, se convocó a elecciones para un Congreso Constituyente Democrático (CCD). Este organismo tuvo la tarea de redactar una nueva Carta Magna. La Constitución de 1993 fue aprobada en referéndum y estableció un sistema unicameral, además de permitir la reelección presidencial inmediata, lo que facilitó la continuidad de Fujimori en el poder.
El régimen también fue cuestionado por violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción. Casos como las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), atribuidas al grupo Colina, fueron posteriormente investigados y condenados por el Poder Judicial. A finales de la década, la difusión de los “vladivideos”, que evidenciaban sobornos a políticos y empresarios por parte de Vladimiro Montesinos, asesor presidencial, precipitó la caída del gobierno.
En noviembre del 2000, Fujimori viajó a Asia y renunció a la presidencia vía fax desde Japón. El Congreso rechazó la renuncia y lo destituyó por “incapacidad moral permanente”. Años después, fue extraditado desde Chile y condenado a 25 años por violaciones a los derechos humanos y corrupción.
La Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó el dictamen por el que proponen sancionar a las universidades públicas y privadas que rechacen ser locales de votación en próximos comicios. Según se lee en el documento aprobado, las sanciones podrían llegar hasta las 100 Unidades Impositivas Tributarias (100 UIT), lo que ascendería a S/550.000.
Este predictamen plantea cambiar la Ley Orgánica de Elecciones para asegurar más locales de votación. La idea principal es que universidades, institutos y colegios —públicos y privados— sean los primeros lugares donde se instalen las mesas de sufragio, antes que otros espacios.
“Países como Argentina, Bolivia, México y Costa Rica coinciden en priorizar escuelas, universidades o edificios estatales como espacios naturales para la instalación de mesas de sufragio, esto debido a las condiciones naturales que presentan y su predisposición a albergar una cantidad considerable de personas, así como el contar con la infraestructura adecuada para el acceso de personas con discapacidad o problemas de movilidad”, se lee en el proyecto.
La norma obtuvo 13 votos a favor de los congresistas Luis Aragón, Patricia Juárez, Martha Moyano, Alejandro Muñante, Noelia Herrera, Wilson Soto, Jaime Quito, Gladys Echaíz, Ruth Luque, Margot Palacios, Juan Lizarzaburu, María de Carmen Alva y Raúl Espíritu. Digna Calle y Esdras Medina fueron los dos miembros de la comisión que decidieron abstenerse.
ENFOQUE REAL 