Congreso: Fernando Rospigliosi rechaza minuto de silencio por fallecidos en operativo de Colcabamba

Un momento de tensión se vivió en el Palacio Legislativo cuando el congresista Alfredo Pariona solicitó honrar a los cinco fallecidos en Colcabamba. Pese a la solemnidad del pedido, la Mesa Directiva ignoró la propuesta y prosiguió con la agenda programada sin pausa alguna.

Reacción legislativa y silencio administrativo

El rechazo implícito de la Mesa Directiva ha provocado críticas por la falta de empatía ante la pérdida de vidas humanas. Fernando Rospigliosi, quien presidía la sesión en ese instante, decidió otorgar la palabra a otro parlamentario ignorando completamente la solicitud de Pariona.

«Solicito a su representada para que la representación nacional brindemos un minuto de silencio a la memoria de los cinco ciudadanos huancavelicanos asesinados (…) el minuto de silencio no solo es un acto de respeto, sino también un compromiso con la memoria de la dignidad y la defensa de la vida», solicitó el parlamentario.

La Bancada Socialista respaldó el pedido de su integrante, subrayando que el Estado debe reconocer el valor de cada vida ciudadana sin distinciones. La falta de respuesta oficial en el Hemiciclo evidencia las profundas divisiones políticas que persisten actualmente en el Perú.

Investigaciones sobre el operativo en el VRAEM

El Ministerio Público ha iniciado las diligencias correspondientes para esclarecer la muerte de cinco ciudadanos en el distrito de Huancavelica. Mediante el portal del Congreso, explica como estos hechos ocurrieron durante una intervención de las fuerzas del orden en una zona crítica del VRAEM.

Las autoridades buscan determinar si existió un uso desproporcionado de la fuerza durante el despliegue militar en esta región andina. Las familias de los fallecidos exigen transparencia total sobre los eventos que terminaron con la vida de sus parientes en el sector Colcabamba.

La Inspectoría General de la Policía también participa en la recolección de evidencias para deslindar responsabilidades administrativas tras el operativo. Este caso ha generado una fuerte reacción en las organizaciones de derechos humanos que vigilan de cerca las acciones estatales en zonas de conflicto.

Este incidente se suma a una lista de desencuentros entre las regiones y el poder central ubicado en la Lima. Los ciudadanos de Huancavelica esperan que el Gobierno central brinde un informe detallado sobre las víctimas del operativo ejecutado en la zona.

El minuto de silencio por cinco fallecidos en Colcabamba es un acto necesario para reconocer la crisis de seguridad que atraviesa el VRAEM. Ignorar este tipo de pedidos legislativos debilita la confianza institucional y la representación de las regiones ante el Congreso.

Fernando Rospigliosi: Poder Judicial lo condena a 9 meses de prisión suspendida por difamar a Delia Espinoza

El Poder Judicial condenó a Fernando Rospigliosi a nueve meses de prisión suspendida y 100 días multa por difamación contra Delia Espinoza, exfiscal de la Nación, tras determinar que la calificó como aliada del terrorismo y de economías ilegales en una publicación del 7 de julio del 2025. Durante la lectura del adelanto de fallo, la jueza Norma Carbajal sostuvo que se trató de un señalamiento directo, con nombre y apellido, que alcanzó amplia difusión en redes y derivó en una afectación grave a su honor.

“Condenar a Fernando Rospigliosi como autor del delito contra el honor en la modalidad de difamación agravada en agravio de Delia Espinoza (…) Imponer al sentenciado 9 meses de pena privativa de libertad suspendida bajo observancia de no variar de domicilio ni ausentarse de la ciudad sin conocimiento del juzgado. Cumplir obligatoriamente cada 60 días con presentarse para el registro biométrico de la sede judicial portando su DNI para registrar su firma”, señaló Carbajal en el adelanto de fallo.

Asimismo, la jueza determinó que el congresista deberá pagar 200 mil soles como reparación civil que deberá abonar en favor de Espinoza. Inicialmente, la ahora decana del CAL había solicitado contra el titular de Parlamento una pena privativa de la libertad de 2 años y una reparación civil de S/1 millón. Sin embargo, en la sentencia la pena fue menor por la edad de Rospigliosi. «Dada la edad del acusado se podrá reducir la pena señalada para el hecho punible cometido… corresponde reducir prudencialmente la pena”, explicó.

Jueza detalla publicaciones y declaraciones que sustentan la condena por difamación

Durante la lectura del adelanto de fallo, la jueza Norma Carbajal enumeró una serie de publicaciones en redes sociales y declaraciones en medios que, según la defensa de Delia Espinoza, evidencian un patrón reiterado de expresiones difamatorias por parte de Fernando Rospigliosi.

La magistrada citó como primer hecho una publicación del 7 de julio de 2025 en la red social X, en la que el titular del Congreso calificó a Espinoza como “aliada del terrorismo y de las economías ilegales”, y le atribuyó directamente dicha condición. Asimismo, mencionó un segundo mensaje del 11 de julio de 2025, donde el querellado cuestionó a la magistrada que lo investigaba y volvió a insinuar parcialidad a favor de “los violentos”.

En la misma línea, se incluyeron declaraciones del 18 de septiembre de 2025 en el programa 24 Horas de Canal N, en las que Rospigliosi afirmó que Espinoza tendría una política “a favor de la delincuencia y el terrorismo”, además de calificarla como “desquiciada”. Ese mismo día, en Willax, reiteró dichos calificativos e insistió en que la fiscal sería “proterrorista”.

La jueza también leyó una publicación del 20 de septiembre de 2025, en la que el ahora sentenciado volvió a referirse a Espinoza como “proterrorista”, por decisiones del Ministerio Público vinculadas a fiscalías de derechos humanos.

Fernando Rospigliosi se pronuncia sobre juicio por difamación a Delia Espinoza: «La seguiré criticando»

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se pronunció sobre el juicio por difamación que enfrenta tras la querella presentada por la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza.

En declaraciones a los medios desde el Parlamento, el legislador aseguró que no dejará de criticarla y que su postura responde a la defensa de policías y militares que contuvieron las protestas violentas de diciembre de 2022 y los primeros meses de 2023.

«Tuve que asistir obligatoriamente porque sino me daban orden de captura. Yo he defendido persistentemente a los militares y policías que evitaron que el Perú cayera en una dictadura como la que quiso imponer Castillo y nos convirtiéramos en Cuba o Venezuela», afirmó.

La querella

Según el congresista, Espinoza ha solicitado dos años y cuatro meses de cárcel, además de un millón de soles de reparación civil y una multa «astronómica». Para Rospigliosi, el objetivo de la denuncia es limitar la libertad de opinión. Asimismo, acusó a exfiscal de la Nación de haber perseguido judicialmente a los efectivos que enfrentaron las movilizaciones mientras ostentaba el cargo.

«Lo que pretende esta señora es limitar el derecho de opinión que tenemos los peruanos: ya no podemos criticar o decirle las cosas en su cara, siendo ella una figura pública y habiendo hecho todas las cosa negativas que hizo para perseguir a militares y policías, y favorecer a delincuentes y terroristas», señaló.

El parlamentario insistió en que no se dejaría intimidar ante lo que él calificó como «amenazas» por parte de Espinoza, alegando que el proceso vulneraría la libertad de expresión.

«No me va a callar esta señora con esas amenazas y yo espero que el sistema judicial actúe correctamente respetando la libertad de prensa y la libertad de opinión».

La primera audiencia se realizó este 3 de marzo y no prosperó la conciliación. La jueza aceptó ampliar la imputación contra Rospigliosi bajo la figura de delito continuado, al incluir un tuit de enero de 2026 en el que calificó a Espinoza como «desquiciada». La próxima sesión está programada para la próxima semana.

Mensaje en redes sociales

Horas después de la audiencia, Rospigliosi publicó un mensaje en su cuenta de X reafirmando su postura. Allí sostuvo que su crítica busca defender a policías y militares que, según él, protegieron al país de «violentistas» en 2022 y 2023. Acusó a Espinoza de favorecer a «delincuentes y terroristas» y aseguró que seguirá expresando sus opiniones pese a las consecuencias legales.

Post de Rospigliosi sobre Espinoza

El juicio por difamación contra Fernando Rospigliosi avanza con riesgo de condena y millonaria reparación civil. Sin embargo, el presidente del Congreso mantiene un discurso desafiante, asegurando que continuará criticando a Delia Espinoza en defensa de las Fuerzas Armadas y la Policía. El caso se convierte en un nuevo capítulo de tensión entre política y justicia en el país.

Rospigliosi amenaza con «barrer» el Poder Judicial por no aplicar ley contra lesa humanidad

Ante la decisión de la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria de no aplicar en el caso de la masacre de Cayara, la ley de prescripción de los delitos de lesa humanidad ocurridos antes del 2002, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, amenazó a todo el sistema judicial, señalando que no basta con reformarlo, sino que hay que «barrerlo».

El legislador de Fuerza Popular ingresó como parte del público a la audiencia virtual en la que los jueces iban a tomar una decisión, en una abierta presión para que apliquen la norma aprobada por el Congreso que permite dejar en la impunidad cientos de casos de graves violaciones a los derechos humanos.

Si bien el tribunal declaró infundados los recursos presentados por oficiales del Ejército acusados de la masacre de más de 30 comuneros de Cayara (Ayacucho) cometida el 14 de mayo de 1988, admitió el argumento del Tribunal Constitucional que permite la prescripción del delito de lesa humanidad a los hecho ocurridos antes de julio del 2002. Sin embargo, en el caso de Cayara, por incluir la desaparición forzada, dijo que los plazos de prescripción se contabilizan desde entonces, por lo que vence el 2032.

Rospigliosi arremetió contra los magistrados, acusándolos de “politizados y prevaricadores” en su cuenta de X, antes Twitter, afirmando que han desacatado al Tribunal Constitucional, sin embargo el legislador obvió la obligación del Estado de respetar los convenios internacionales suscritos en los que se señala la imprescriptibilidad de los graves delitos contra los derechos humanos.

«Jueces politizados y prevaricadores de la 3ª. Sala Penal, (Máximo Maguiña, Helbert Llerena y Reli Callata) se han negado a aplicar la ley 32107 de lesa humanidad, norma vigente y declarada constitucional por el Tribunal Constitucional, en el caso Cayara (1988). Están procesando ilegalmente después de 38 años, a militares que están encarcelados, a los que derrotaron al terrorismo. Hacen lo que les da la gana, no aplican las leyes vigentes cuando se trata de perseguir a policías y militares. No se trata solo de reformar el sistema judicial, hay que BARRERLO. ¡Soluciones radicales!», escribió Rospigliosi minutos después de conocerse la decisión de los jueces.

Momentos antes se quejaba de que no lo dejaban ingresar a la Sala, mostrando una foto en la que aparecía la frase «podrás unirte a la reunión cuando te lo permitan«, como normalmente aparece a todos los asistentes que desean participar de una audiencia. Finalmente el congresista fujimorista pudo asistir. Además, ingresaron la también legisladora naranja Martha Moyano y José Cueto, de la bancada Honor y Democracia.

No es la primera vez que Rospigliosi critica al Poder Judicial. Hace dos días, en un evento en el Congreso señaló que la «mafia caviar» está enquistada allí, pues suspendido a un juez que aplicó la ley de impunidad. «No podemos dejar que siga inaplicando las leyes», advirtió entonces. Y el 13 de enero último, poco antes de iniciar una audiencia del caso Cayara, escribió un post advirtiendo a los magistrados que «si violan la ley, deberían ser detenidos allí mismo, en flagrancia, y enviados a prisión».

Atenta contra la división de poderes

En respuesta a Rospigliosi, la expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julissa Mantilla, alerta que «barrer» contra el Poder Judicial como pretende el legislador fujimorista, atenta contra la división de poderes y la democracia.

«El Pdte. Del Congreso dice que hay que “barrer” el Poder Judicial atentando expresamente contra la división de poderes, elemento esencial de la democracia. Los jueces han aplicado el control de convencionalidad y los estándares internacionales.#Porestosno2026», sostuvo en X.

Por su parte, el abogado Ronald Gamarra recalcó la decisión de los magistrados de no aplicar la ley de lesa humanidad. «Cayara, un crimen atroz (1988) perpetrado por militares indignos del uniforme de Bolognesi, no sujeto a amnistía ni prescripción algunas. Así lo ratificó el Poder Judicial. Sufre, Rospigliosi», precisó en su cuenta.

Rospigliosi acusa intento de desestabilización tras marcha del 28 de enero

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se pronunció sobre la marcha convocada para el 28 de enero y afirmó que detrás de esta movilización existen sectores que buscan desestabilizar el país, en un contexto marcado por múltiples mociones de vacancia contra el presidente José Jerí.

En declaraciones a la prensa, el titular del Parlamento sostuvo que los promotores de la protesta intentarían repetir una estrategia similar a la empleada en 2020, la cual —según indicó— derivó en una crisis política y cambios abruptos en el poder.

Rospigliosi acusa intento de repetir escenario del 2020

Rospigliosi aseguró que en el año 2020 se produjeron disturbios que facilitaron la llegada de nuevas autoridades al Ejecutivo y al Legislativo.

“En el año 2020 hicieron exactamente lo mismo. Provocaron disturbios y colocaron en la presidencia a Francisco Sagasti, y en la del Congreso a Mirtha Vásquez”, señaló.

Según el parlamentario, ese escenario abrió el camino para la posterior elección de Pedro Castillo, cuyas consecuencias —afirmó— aún afectan al país.

Señalamientos a sectores políticos

El presidente del Congreso indicó que los responsables de la convocatoria serían “comunistas y caviares”, aunque evitó mencionar nombres concretos o agrupaciones específicas.

“Miren quiénes convocan la marcha. Ponen cualquier nombre. Esos son”, declaró.

Asimismo, sostuvo que estos sectores ya habrían intentado generar una crisis política en octubre del año pasado, a través de disturbios, y que ahora estarían actuando en paralelo a las mociones de vacancia presentadas contra el jefe de Estado.

Vacancia presidencial y llamado a la estabilidad

Rospigliosi recordó que actualmente existen al menos seis mociones de vacancia contra el presidente José Jerí, cifra que calificó como un récord en la historia política reciente del Perú.

Pese a ello, exhortó al Congreso a mantener la responsabilidad institucional, especialmente en un contexto de proceso electoral ya convocado.

“Espero que el Congreso mantenga la responsabilidad que debe tener en un proceso electoral ya convocado y vigente”, afirmó.

Prioridades del país, según el titular del Parlamento

Finalmente, el presidente del Congreso hizo un llamado a que el debate político no desplace los problemas urgentes que enfrenta el país. “Lo importante es centrarse en el combate a la delincuencia y la mejora de vida de todos los ciudadanos”, concluyó.

Keiko Fujimori y Fernando Rospigliosi protegen a José Jerí en medio de cuestionamientos por reuniones con empresario chino

El presidente José Jerí continúa en medio de la tormenta política por sus reuniones no registradas con el empresario chino Zhihua Yang. Keiko Fujimori, a través de la bancada de Fuerza Popular, y el titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi, han asumido un rol central en su defensa, al descartar una censura inmediata, rechazar la convocatoria a un Pleno extraordinario y presentar las críticas como parte de un intento de desestabilización.

El respaldo no se limita a declaraciones aisladas. Fuerza Popular difundió un comunicado en el que, aunque reconoce dudas sobre la conducta de Jerí, se niega a apoyar cualquier medida que implique su salida en este momento. La bancada fujimorista optó por un discurso de “orden” frente al “caos”, con el que busca deslegitimar las mociones promovidas desde distintos sectores del Parlamento.

Desde la Mesa Directiva, Rospigliosi ha reforzado esa línea. Si bien admitió que las reuniones fuera de agenda fueron una “actitud incorrecta”, sostuvo que no justifican una vacancia ni una censura inmediata. Además, se ha opuesto a que el tema se discuta en un Pleno extraordinario durante el receso legislativo.

El caso, conocido como el “Chifagate”, ha derivado en cuatro mociones de censura, una moción de vacancia y una solicitud formal para convocar a una sesión extraordinaria. Todas apuntan a esclarecer la conducta de José Jerí y a evaluar su permanencia en el cargo, en medio de sospechas de falta de transparencia y posibles conflictos de interés.

Comunicado de Fuerza Popular: defensa política bajo el discurso del “orden”

Fuerza Popular emitió un pronunciamiento en el que admite que las explicaciones de José Jerí “siguen generando dudas” y que las investigaciones deben continuar tanto en el Congreso como en el Ministerio Público. Sin embargo, el partido evita respaldar cualquier acción inmediata de censura y centra su mensaje en la necesidad de “orden y madurez política”.

El texto sostiene que el país enfrenta problemas urgentes como la inseguridad y la pobreza, y que, en ese contexto, no corresponde impulsar “peleas inútiles”. Bajo ese marco, la bancada fujimorista descarta sumarse a lo que denomina un “coro desestabilizador”, en el que incluye a sectores de izquierda y a grupos que califica como “pseudo moralistas de derecha”.

Aunque deja abierta la posibilidad de retirar su apoyo si surgen hechos que vuelvan “insostenible” la permanencia de Jerí, el comunicado remarca que no actuará por “cálculo electoral”. La posición, en los hechos, funciona como un blindaje político frente a las mociones que buscan apartarlo de la presidencia del Parlamento.

La firma del mensaje y su difusión desde la cúpula partidaria colocan a Keiko Fujimori como la principal referente de esta estrategia. El énfasis en la estabilidad y en la lucha contra el “caos” se alinea con la defensa que, desde la Mesa Directiva, impulsa Fernando Rospigliosi.

Los cambios de postura de Fernando Rospigliosi frente al Chifagate

Antes de que el escándalo tomara mayor dimensión pública, Rospigliosi calificó de “absurda” cualquier vacancia contra José Jerí. Argumentó que una medida de ese tipo, en pleno proceso electoral, solo generaría inestabilidad y no resolvería las dudas sobre las reuniones con el empresario chino.

Tras la difusión de una reunión sostenida en un local del centro de Lima, el titular del Congreso reconoció que se trató de una conducta impropia. Habló de “errores” y de una “actitud incorrecta”, pero insistió en que el cauce adecuado era la investigación en comisiones y no una destitución inmediata.

Días después, su discurso se endureció frente a las mociones. Rechazó una censura en el Pleno, la calificó de “irresponsable” y sostuvo que sería “peor el remedio que la enfermedad”. A su juicio, el caso aún se encuentra en el terreno de las sospechas y no de pruebas concluyentes que justifiquen una salida forzada.

Rospigliosi se negó a convocar a un Pleno extraordinario durante el receso. Afirmó que detrás de las iniciativas existe un intento de reproducir escenarios de crisis política como los de 2020 y 2021. Con esa decisión, cerró el paso a un debate inmediato y consolidó la línea de protección institucional a José Jerí.

Seis iniciativas en fila contra José Jerí en el Congreso

La primera respuesta formal vino con la moción de censura presentada por la congresista Ruth Luque. El documento no solo cuestiona las reuniones no registradas con el empresario chino y advierte una vulneración a los estándares de transparencia, sino que se sustenta en la pérdida de idoneidad ética de José Jerí. La moción fundamenta que, al amparo del artículo 115 de la Constitución, el mandatario mantiene su origen legislativo y, por tanto, su sujeción al control político del Pleno.

Poco después, el congresista Elías Varas impulsó una segunda moción, en la que se sostiene la falta de idoneidad ética de José Jerí, cuestionada tras revelarse reuniones no oficiales y sin registro con el empresario Zhihua Yang en un local clausurado. Estos hechos, considerados una grave vulneración a la transparencia, justifican el ejercicio del control político para removerlo de la Presidencia del Congreso; medida que, por ser su función presidencial de carácter accesorio y sucesorio, conlleva automáticamente su cese en la Presidencia de la República para salvaguardar la institucionalidad y la moral pública.