El expediente físico del acuerdo de consejo regional, que aprueba la suspensión de la exgobernadora regional de Lima Provincias, Rosa Vásquez Cuadrado, ingresó finalmente ayer al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Ha tenido que transcurrir un mes entero desde que el Poder Judicial confirmó la sentencia condenatoria de la exautoridad para que el pleno del JNE reciba formalmente el pedido de suspensión. Con este paso, el organismo electoral queda habilitado para emitir las credenciales oficiales que proclamarán a Nicolás Barrera Morán como el nuevo gobernador regional.

El compendio documentario fue remitido por el secretario del consejo regional, Lucho Suclupe, a través del Oficio N.° 981-2025-GR-SCR. En la introducción de dicho documento, el secretario redactó un polémico saludo que ha despertado críticas por su tono adulador hacia el presidente del consejo regional, Ronald Alberto Soberón Vizcarra, quien precisamente lo propuso para el puesto:

“Mediante el presente, tengo el honor de dirigirme a ud., a fin de brindarles los cálidos saludos del HONORABLE consejo regional del gobierno Regional de Lima, del presidente del consejo regional, abogado Ronald Alberto Soberon Vizcarra y del mío propio en mi calidad de secretario del consejo regional”.

La inclusión del adjetivo «honorable» abre el debate sobre si existe alguna disposición legal o reglamento interno que otorgue formalmente dicha categoría a este Consejo Regional de Lima. Para diversos analistas de la región, este tipo de formalismos resulta excesivo frente al desempeño real de la institución.

A partir de este momento, la administración regional queda a la espera de la resolución final del JNE. Se espera celeridad en el dictamen debido a que el gobernador en funciones, Nicolás Barrera Morán, requiere estabilidad jurídica para proceder con la reorganización integral de su plana de funcionarios estratégicos.

Asimismo, Barrera Morán tendrá la tarea de ejecutar el Acuerdo de Consejo Regional N.° 001-2026. Dicha norma dispuso la reducción de su remuneración mensual y regula que el pago de las dietas de junio se calcule sobre el 30% de lo que actualmente percibe el despacho de la vicegobernación regional.

La crisis política en el Gobierno Regional de Lima se intensifica. Mientras la exgobernadora Rosa Vásquez continúa prófuga de la justicia tras ser condenada por corrupción, un sector del Consejo Regional habría puesto en marcha una polémica estrategia para desestabilizar la actual gestión interina.

Un grupo de consejeros provinciales estaría impulsando un pedido de vacancia contra el actual gobernador interino, Nicolas Oscar Barrera Moran. La maniobra busca frenar la entrega de su credencial oficial por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Lo alarmante del caso es el sustento de la solicitud: una denuncia por presunta estafa que data del año 2002.

Sin asidero legal

Diversos especialistas en derecho electoral han advertido que esta medida carece de base jurídica. La normativa peruana es clara al señalar que una autoridad subregional o local solo puede ser sometida a vacancia por delitos dolosos cometidos durante el ejercicio de su mandato, y no por hechos ocurridos décadas antes de asumir el cargo.

Esta embestida política frenaría el avance de la región en un momento crítico. Barrera Moran no solo debe enfocar sus esfuerzos en limpiar la golpeada institución que dejó la gestión anterior, sino también resistir la presión de facciones que priorizan intereses partidarios sobre la estabilidad de las provincias de Lima.

Nicolás Barrera parece estar muy cómodo rodeado de quienes han sumergido al Gobierno Regional en el muladar de la corrupción.

Su reunión «secreta» a la medianoche con Ramón Aldave parece indicar que está sometido a sus instrucciones. Los intermediarios, Soonye Malpica y su escudero Ronald Soberón, merodean al gobernador (e) en todo momento como si fuera una presa de carroña; no lo respetan, lo hostigan y «Nico» lo permite.

¿Acaso el israelita que profesa valores cristianos ya no recuerda la mafia putrefacta que se destapó en la Dirección Regional de Transportes por el escandaloso tráfico de licencias de conducir?

Pasa el tiempo y se permite que Leonardo Vílchez y Yuri Rojas sigan ocupando los cargos administrativos más importantes. Nada ha cambiado en el centro de operaciones de la megacorrupción: servicios fantasmas, obras sobrevaloradas mal ejecutadas, e incumplimientos de plazos son la norma, mientras continúa el blindaje corporativo a los funcionarios responsables.

Por su parte, Caleb Ramos, como gerente de Lima Sur, ha demostrado una ineptitud descomunal. Sin embargo, Nicolás Barrera lo protege paternalmente, lo cual es sumamente sospechoso considerando el daño que causó a los alumnos del colegio Nuestra Señora del Carmen, aparentemente para beneficiar a una empresa constructora que debió ser penalizada por el retraso en la entrega de la obra del plantel.

El libertinaje administrativo continúa, al parecer, con Rosa Vásquez digitando todo desde la clandestinidad.

El panorama es claro: la región sigue secuestrada por los mismos intereses oscuros. Si el gobernador interino no limpia su entorno de inmediato, su silencio y pasividad lo convertirán en el principal cómplice de este descalabro.

Fuente: Huacho Noticias