La crisis política en el Gobierno Regional de Lima se intensifica. Mientras la exgobernadora Rosa Vásquez continúa prófuga de la justicia tras ser condenada por corrupción, un sector del Consejo Regional habría puesto en marcha una polémica estrategia para desestabilizar la actual gestión interina.
Un grupo de consejeros provinciales estaría impulsando un pedido de vacancia contra el actual gobernador interino, Nicolas Oscar Barrera Moran. La maniobra busca frenar la entrega de su credencial oficial por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Lo alarmante del caso es el sustento de la solicitud: una denuncia por presunta estafa que data del año 2002.
Sin asidero legal
Diversos especialistas en derecho electoral han advertido que esta medida carece de base jurídica. La normativa peruana es clara al señalar que una autoridad subregional o local solo puede ser sometida a vacancia por delitos dolosos cometidos durante el ejercicio de su mandato, y no por hechos ocurridos décadas antes de asumir el cargo.
Esta embestida política frenaría el avance de la región en un momento crítico. Barrera Moran no solo debe enfocar sus esfuerzos en limpiar la golpeada institución que dejó la gestión anterior, sino también resistir la presión de facciones que priorizan intereses partidarios sobre la estabilidad de las provincias de Lima.