La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura ha intensificado las diligencias contra la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias (DRELP), en el marco de la carpeta fiscal N.º 182-2025, dejando al descubierto un presunto esquema irregular en el manejo de recursos y decisiones administrativas dentro de la entidad.

Documentos oficiales emitidos el 13 de enero de 2026 evidencian que el despacho fiscal, a cargo del fiscal Elio Willian López Parí, ha requerido información urgente y detallada a la directora regional, bajo apercibimiento de denuncia penal por omisión o demora de actos funcionales.

Los oficios fiscales no solo exigen explicaciones sobre expedientes administrativos y descargos pendientes, sino que amplían la investigación hacia procesos de contratación, designaciones de personal, conformación de órganos sancionadores y funciones específicas de trabajadores clave dentro de la DRELP.

Este nivel de requerimiento revela que la Fiscalía no investiga un hecho aislado, sino un posible patrón de irregularidades en la gestión institucional.

En este contexto, cobra especial relevancia la denuncia sobre una transferencia de 27,000 soles, realizada a través de un aplicativo del BCP, que no fue depositada en una cuenta institucional, sino en la cuenta personal de un trabajador identificado como Gustavo Chilet. El dinero, destinado a los Juegos Deportivos Regionales 2024 por autoridades de la provincia de Cañete, habría seguido una ruta irregular por disposición directa de la directora regional, Aristida Rufina Cisneros Flores.

Según la información contenida en la investigación fiscal, el monto fue posteriormente transferido a una tercera persona y finalmente habría terminado en manos de la propia directora. Incluso se ha documentado que el trabajador involucrado retuvo 500 soles, monto que tuvo que ser devuelto tras un reclamo directo, lo que refuerza la hipótesis de un manejo completamente ajeno a los canales formales del Estado.

Este hecho resulta especialmente grave, ya que evidencia que fondos destinados a actividades públicas no fueron administrados a través de cuentas oficiales, como exige la normativa vigente, sino bajo un esquema informal que compromete la transparencia y legalidad del uso de recursos.

A ello se suma un patrón de opacidad. Cuando se solicitó información sobre el destino de estos fondos, no solo no se entregaron balances claros, sino que se habría bloqueado a una consejera provincial que exigía rendición de cuentas, lo que agrava las sospechas de encubrimiento.

Las diligencias fiscales, que incluyen pedidos de informes sobre concursos públicos, cargos ocupados, funciones específicas y estructuras internas de la entidad, apuntan a determinar si existe una red de favorecimientos, designaciones irregulares y control interno debilitado dentro de la DRELP.

Todo esto ocurre bajo la gestión de la gobernadora regional Rosa Vásquez Cuadrado, ya sentenciada en otro proceso, lo que añade un componente político delicado a la investigación. Las sospechas no solo giran en torno a actos administrativos irregulares, sino a un posible uso discrecional de recursos públicos.

El avance de la carpeta fiscal 182-2025 podría marcar un punto de quiebre en la gestión regional, al perfilar un escenario donde la Dirección Regional de Educación habría operado, presuntamente, al margen de los procedimientos legales, comprometiendo recursos, decisiones institucionales y la confianza pública. Las indagaciones apuntan a que la Dirección Regional de Educación se habría convertido en una especie de “caja chica” del gobierno regional. Más aún si se considera el contexto político actual, donde la gestión de Rosa Vásquez respaldaría abiertamente la candidatura de su esposo, Ramón Aldave, quien aspira a un cargo como diputado.

Fuente: Diario el Chasqui

Una condena penal activa la vacancia obligatoria y pone contra las cuerdas al discutido Consejo Regional: la ley exige acción inmediata.

La población de las nueve provincias de la Región Lima debe conocer que la gobernadora regional Rosa Gloria Vásquez Cuadrado registra una sentencia penal condenatoria firme por delito de corrupción de funcionarios, además de múltiples procesos penales activos en distintos distritos fiscales del país, varios con dictamen fiscal y en etapa de apelación. Según la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, una condena por delito doloso inhabilita automáticamente para ejercer función pública.

Este escenario obliga al Consejo Regional de Lima a iniciar y resolver, sin dilaciones, el procedimiento de vacancia. Especialistas en derecho advierten que cualquier intento de encubrimiento, demora o negativa constituiría omisión de funciones y desacato al orden constitucional, generando responsabilidad penal individual.

De persistir esta conducta, el caso será elevado al Jurado Nacional de Elecciones, cuya decisión es final y vinculante, con facultad de remitir antecedentes al Ministerio Público. El mensaje es claro: la ley no se negocia, se cumple.