El panorama político para el Gobierno Regional de Lima ya está definido. Un total de 18 candidatos de diversas organizaciones políticas han oficializado su participación en la carrera electoral con miras a los comicios programadas para el domingo 4 de octubre de 2026.

La competencia electoral de este año se proyecta como una de las más fragmentadas de los últimos tiempos. Debido a la gran cantidad de postulantes, analistas políticos prevén que el voto se fragmentara drásticamente, lo que obligará a una inminente segunda vuelta electoral, instancia a la que solo accederán las dos agrupaciones que obtengan la mayor votación, siempre y cuando ninguna supere el umbral del 30% de los votos válidos en primera vuelta. Las agrupaciones en competencia.

El electorado de las nueve provincias de la región Lima tendrá una amplia cartilla de opciones en el recuadro de votación. Entre los partidos nacionales y movimientos regionales que ya aseguraron su participación figuran los siguientes:

Partidos Nacionales y Alianzas Movimientos y Organizaciones Regionales, Acción Popular, Concertación para el Desarrollo Regional – Lima, Alianza Renovación Popular y Toro, APP-La Cholita, Fuerza Popular, Coalición Transformadora Tierra Verde, Podemos Perú, Visión Perú, Partido Popular Cristiano – PPC, Partido Político Pueblo Consciente, Partido Democrático Somos Perú, Progresemos Perú, Partido Político Perú Primero, Frente Popular Agrícola FIA del Perú, Ahora Nación – AN, Perú Moderno, Partido Político PRIN, Fuerza Ciudadana.

El reto de los candidatos

A partir de la fecha, las agrupaciones políticas intensificarán sus campañas a lo largo y ancho de las provincias de Huaura, Huaral, Cañete, Barranca, Huarochirí, Yauyos, Cajatambo, Oyón y Canta. El principal desafío de los aspirantes será captar la atención de un electorado que, según los últimos sondeos de opinión, se muestra mayoritariamente indeciso frente a la saturada oferta de candidatos.

Los temas clave que dominarán el debate regional de este año apuntan a la seguridad ciudadana, la infraestructura vial para la conectividad de las provincias altoandinas, y el impulso a la agricultura y el turismo.

Las próximas semanas serán cruciales para conocer las propuestas de cada plan de gobierno que busca suceder a la actual y gestión regional que está terminando en crisis y ya es una de las peores gestiones que a pasado en el gobierno regional de Lima. 

Fuente: Diario El Chaski

Reconocida abogada Ada Basulto se perfila para asumir la Gerencia Regional en reemplazo del cuestionado Leonardo Vílchez.

Según fuentes confiables, el gobernador encargado Nicolás Barrera viene sosteniendo coordinaciones para convocar como nueva gerenta general regional a la especialista en alta dirección pública, Ada Rosa Basulto Liewald.

Aunque todavía no se ha oficializado, la estrategia clara de la gestión de Barrera es romper de raíz con la mediocridad del pasado y convocar a profesionales idóneos, competitivos y de un nivel técnico indiscutible para encaminar el desarrollo de las nueve provincias.

El gobernador encargado tiene claro que la región Lima no puede seguir perdiendo tiempo ni presupuestos por culpa de una mala administración. Por ello, la búsqueda de un perfil como el de Basulto demuestra una verdadera voluntad política de profesionalizar el Estado regional, llevando a la práctica lo que la ciudadanía siempre ha exigido: meritocracia e idoneidad.

El perfil profesional

Ada Basulto Liewald cuenta con las credenciales ideales para poner orden en una casa. Ha liderado instituciones de altísima complejidad a nivel nacional, habiendo desempeñado funciones de máxima confianza como Gerenta General del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y como Presidenta Ejecutiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Haber presidido el OSCE le otorga un dominio absoluto sobre las leyes de contrataciones e infraestructura. Esto se traduce en una garantía inmediata para la región: capacidad técnica real para destrabar obras paralizadas sin caer en vicios legales ni sospechas de corrupción.

Su experiencia también incluye la alta dirección en organismos reguladores como OSITRAN (infraestructura de transporte) y en el Ministerio de Educación (MINEDU), lo que demuestra su versatilidad para liderar un pliego regional que abarca múltiples sectores sociales y productivos.

Nicolás Barrera parece estar decidido a demostrar que las cosas se pueden hacer de manera diferente y transparente. La convocatoria de Ada Basulto es, sin duda, el paso más firme e inteligente para empezar a construir la región que los ciudadanos merecen. La expectativa es alta, pero las cartas sobre la mesa apuntan a un cambio rotundamente favorable.

Fuente: Contra Poder

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura ha intensificado las diligencias contra la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias (DRELP), en el marco de la carpeta fiscal N.º 182-2025, dejando al descubierto un presunto esquema irregular en el manejo de recursos y decisiones administrativas dentro de la entidad.

Documentos oficiales emitidos el 13 de enero de 2026 evidencian que el despacho fiscal, a cargo del fiscal Elio Willian López Parí, ha requerido información urgente y detallada a la directora regional, bajo apercibimiento de denuncia penal por omisión o demora de actos funcionales.

Los oficios fiscales no solo exigen explicaciones sobre expedientes administrativos y descargos pendientes, sino que amplían la investigación hacia procesos de contratación, designaciones de personal, conformación de órganos sancionadores y funciones específicas de trabajadores clave dentro de la DRELP.

Este nivel de requerimiento revela que la Fiscalía no investiga un hecho aislado, sino un posible patrón de irregularidades en la gestión institucional.

En este contexto, cobra especial relevancia la denuncia sobre una transferencia de 27,000 soles, realizada a través de un aplicativo del BCP, que no fue depositada en una cuenta institucional, sino en la cuenta personal de un trabajador identificado como Gustavo Chilet. El dinero, destinado a los Juegos Deportivos Regionales 2024 por autoridades de la provincia de Cañete, habría seguido una ruta irregular por disposición directa de la directora regional, Aristida Rufina Cisneros Flores.

Según la información contenida en la investigación fiscal, el monto fue posteriormente transferido a una tercera persona y finalmente habría terminado en manos de la propia directora. Incluso se ha documentado que el trabajador involucrado retuvo 500 soles, monto que tuvo que ser devuelto tras un reclamo directo, lo que refuerza la hipótesis de un manejo completamente ajeno a los canales formales del Estado.

Este hecho resulta especialmente grave, ya que evidencia que fondos destinados a actividades públicas no fueron administrados a través de cuentas oficiales, como exige la normativa vigente, sino bajo un esquema informal que compromete la transparencia y legalidad del uso de recursos.

A ello se suma un patrón de opacidad. Cuando se solicitó información sobre el destino de estos fondos, no solo no se entregaron balances claros, sino que se habría bloqueado a una consejera provincial que exigía rendición de cuentas, lo que agrava las sospechas de encubrimiento.

Las diligencias fiscales, que incluyen pedidos de informes sobre concursos públicos, cargos ocupados, funciones específicas y estructuras internas de la entidad, apuntan a determinar si existe una red de favorecimientos, designaciones irregulares y control interno debilitado dentro de la DRELP.

Todo esto ocurre bajo la gestión de la gobernadora regional Rosa Vásquez Cuadrado, ya sentenciada en otro proceso, lo que añade un componente político delicado a la investigación. Las sospechas no solo giran en torno a actos administrativos irregulares, sino a un posible uso discrecional de recursos públicos.

El avance de la carpeta fiscal 182-2025 podría marcar un punto de quiebre en la gestión regional, al perfilar un escenario donde la Dirección Regional de Educación habría operado, presuntamente, al margen de los procedimientos legales, comprometiendo recursos, decisiones institucionales y la confianza pública. Las indagaciones apuntan a que la Dirección Regional de Educación se habría convertido en una especie de “caja chica” del gobierno regional. Más aún si se considera el contexto político actual, donde la gestión de Rosa Vásquez respaldaría abiertamente la candidatura de su esposo, Ramón Aldave, quien aspira a un cargo como diputado.

Fuente: Diario el Chasqui