El hallazgo de un contrato por S/ 1,140,300 para el mantenimiento de letreros en establecimientos de salud de la Región Lima ha generado una nueva controversia en el Gobierno Regional de Lima (GORE Lima), entidad que hasta hace poco estuvo encabezada por la gobernadora Rosa Vásquez.
La polémica surge luego de conocerse que una de las empresas integrantes del Consorcio Región Lima, ganador de la buena pro, inició actividades recién el 6 de abril de 2026, según la información registrada en la SUNAT. Pese a ello, forma parte del consorcio que obtuvo el contrato por más de un millón de soles para la ejecución del servicio.
La documentación revisada muestra que el Consorcio Región Lima alcanzó el primer lugar en el proceso de selección con un puntaje de 98.94, obteniendo la adjudicación del servicio de mantenimiento de letreros para establecimientos de salud de la región.
El caso cobra especial relevancia debido al complejo escenario político que atraviesa el Gobierno Regional de Lima. Mientras la región enfrenta un proceso de transición administrativa, surgen interrogantes sobre las decisiones adoptadas durante la gestión anterior y sobre la pertinencia de determinados gastos públicos.
La ciudadanía tiene derecho a conocer quién impulsó esta contratación, cuáles fueron los criterios técnicos que justificaron una inversión de esta magnitud y qué beneficios concretos generará para los establecimientos de salud de la región.
Las preguntas son inevitables: ¿quién autorizó este gasto millonario?, ¿qué funcionarios participaron en el proceso?, ¿por qué se priorizó esta contratación?, ¿se cumplieron todos los requisitos técnicos y legales establecidos en las bases?, ¿quiénes son los responsables políticos y administrativos de esta decisión?
La participación de una empresa de reciente creación no constituye por sí sola una irregularidad, especialmente cuando forma parte de un consorcio. Sin embargo, el caso amerita transparencia absoluta debido al monto comprometido y al contexto institucional que atraviesa la región.
Frente a estos hechos, corresponde que las autoridades competentes, los órganos de control y la Contraloría General de la República determinen si el procedimiento se desarrolló conforme a ley y si los recursos públicos fueron utilizados de manera eficiente y en beneficio de la población.
La ciudadanía espera respuestas. Porque cuando se trata del dinero público, la transparencia no es una opción: es una obligación.