El Consejo Regional de Lima ha optado por la inacción frente a un hecho gravísimo: Rosa Vásquez Cuadrado, gobernadora regional en funciones, cuenta con una sentencia condenatoria vigente de nueve años por peculado doloso, y aun así continúa ejerciendo el poder sin restricción alguna.
Lejos de asumir su rol fiscalizador y político, el Consejo Regional decidió no suspender ni inhabilitar a la autoridad condenada, escudándose en supuestas limitaciones de competencia y trasladando la responsabilidad al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
La decisión no solo resulta cuestionable, sino que evidencia una conducta evasiva. En lugar de actuar con firmeza ante una sentencia judicial, los consejeros regionales optaron por solicitar “opiniones legales” al JNE y al Juzgado de Ate, prolongando una situación que socava la legalidad y normaliza la impunidad. La gobernabilidad regional queda así atrapada en un limbo administrativo que beneficia exclusivamente a la autoridad condenada.
Más preocupante aún es que durante la sesión se intentó instalar la narrativa de que la sentencia habría sido suspendida por el Poder Judicial. Esta versión es falsa. La condena no ha sido suspendida, se encuentra plenamente vigente y produce efectos legales. Por tanto, no existe vacío jurídico alguno que justifique la pasividad del Consejo. El único vacío evidente es el de voluntad política.
Han pasado más de dos meses desde que se dictó la sentencia y, pese a ello, Rosa Vásquez Cuadrado continúa gobernando, firmando documentos, tomando decisiones y administrando recursos públicos. Este escenario no solo representa una afrenta al principio de moralidad pública, sino que envía un mensaje devastador a la ciudadanía: en la práctica, una condena judicial no impide seguir ejerciendo el poder.
El Consejo Regional, al rehuir su responsabilidad, renuncia a su función de control y se convierte en un actor pasivo frente a una crisis ética e institucional. Mientras tanto, el Jurado Nacional de Elecciones es colocado como última instancia de resolución, en un contexto donde la demora favorece el desgaste de la legalidad y consolida la percepción de que el sistema protege a quienes detentan el poder.
Este caso ya no es solo un problema legal. Es una crisis política, una crisis moral y una muestra alarmante de cómo las instituciones pueden fallar cuando se trata de hacer cumplir la ley a una autoridad electa. La pregunta ya no es si corresponde la inhabilitación, sino cuántas veces más el Estado permitirá que una sentencia sea ignorada sin consecuencias.
La ciudadanía espera una respuesta clara, inmediata y contundente. Cada día de silencio y dilación no es neutral: es una forma de complicidad.
