En el ejercicio de mis funciones de fiscalización y defensa de los recursos del Estado, informo a la población que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ha admitido la denuncia que presenté contra la Gobernadora Regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado, José Antonio Caico Fernández y los que resulten responsables, por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de peculado de uso y peculado doloso.

Mediante la Disposición N.° 01, de fecha 05 de diciembre de 2025, el Ministerio Público nos ha notificado la admisión de esta denuncia, la cual se originó tras los hechos ocurridos el 13 de noviembre de 2025 en el Centro Poblado de Hualcará de San Vicente de Cañete.

Que, como es ya de conocimiento, aquel día acudí a fiscalizar la entrega de ayuda humanitaria que momentos antes me habían indicado que se entregaría por parte del Gobierno Regional a los damnificados por un voraz incendio ocurrido días antes, donde me constaté y con suma preocupación, la Gobernadora Regional manifestó públicamente que los productos a entregar provenían de su “PROPIO PECULIO” y de una supuesta COLECTA DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR. Sin embargo, durante la entrega apareció el exalcalde Provincial de Cañete, Alexander Bazán Guzmán, participando activamente como si los víveres fueran de su propiedad, regalando a los damnificados como si los productos con rotulado del estado fuesen traídos por su persona.

Al realizar la fiscalización, verifiqué que los productos de primera necesidad tenían rótulos que prohibía su venta, evidenciando a través de medios digitales que se trataba de bienes del Estado.

Quiero ser clara y enfática: nadie puede utilizar bienes del Estado para fines políticos ni aprovecharse de la desgracia de familias afectadas por una emergencia, al parecer estos productos han sido obtenido irregularmente para ser utilizado para sus campañas políticas, generando un desmedro para aquellos personas que de alguna forma fueron alcanzado por alguna calamidad en el pasado y que en algún momento no se le entregó o simplemente haciendo mal uso de los bienes que deben ser custodiados por el mismo Gobierno Regional para luego ser entregados una vez activada el pedido por parte de las Municipalidades correspondientes.

La denuncia ya ha sido formalmente notificada y los involucrados han sido citados por la Fiscalía para el día 22 de enero, como parte de las diligencias correspondientes para su esclarecimiento.

Crece la controversia en el Gobierno Regional de Lima tras conocerse que Karina Leandro solo es encargada en la Gerencia Regional de Desarrollo Social, y que no cumpliría con el perfil profesional requerido para asumir dicho cargo. Esta figura administrativa estaría siendo utilizada como una vía alterna para esquivar la ley, práctica que ya genera cuestionamientos dentro y fuera de la entidad regional.

La situación resulta aún más delicada al tratarse de una precandidata a la Alcaldía Provincial de Huaura, lo que despierta sospechas sobre un posible uso político del aparato estatal. Especialistas y ciudadanos se preguntan si este tipo de maniobras reflejan la verdadera forma de trabajo de quien aspira a gobernar una provincia.

No es la primera vez que en el GORE Lima se denuncian designaciones cuestionables, lo que refuerza las críticas hacia la gestión de la gobernadora Rosa Vásquez, hoy sentenciada, y su entorno cercano. ¿Está Karina Leandro replicando estas prácticas? ¿Está aprendiendo de una gestión marcada por la controversia?

Advertimos sobre estos hechos para evitar repetir gestiones que no aporten al desarrollo de Huacho ni de la región.

Imágenes difundidas en redes sociales han generado fuerte cuestionamiento ciudadano al evidenciar una presunta actividad proselitista en la provincia de Huaral, en la que habría participado el esposo de la gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez, acompañado por funcionarios y personal vinculado al Gobierno Regional de Lima.

En las fotografías se observa al mencionado ciudadano realizando actos de carácter político, muy cerca del jefe zonal del Gobierno Regional de Lima en Huaral, Raúl Bazalar. Asimismo, se advierte la presencia de una persona que prestaría servicios a la entidad regional, quien habría participado en el registro fotográfico de dicha actividad.

Estos hechos han encendido las alertas debido a la posible utilización de personal y recursos del Estado con fines políticos, una práctica expresamente prohibida por las normas que regulan la neutralidad de la función pública, especialmente en contextos preelectorales.

Diversos sectores locales han cuestionado el silencio del Consejo Regional de Lima, cuyos integrantes aún no se han pronunciado frente a estas evidencias, pese a su rol fiscalizador. Las críticas apuntan a una aparente permisividad frente a actos que podrían constituir una falta administrativa grave y una vulneración de la ética pública.

La ciudadanía exige explicaciones claras y una investigación inmediata que determine responsabilidades, así como un pronunciamiento oficial del Gobierno Regional de Lima, que hasta el momento guarda silencio frente a estas denuncias.

Una nueva sombra se cierne sobre las contrataciones del Gobierno Regional de Lima (GRL). El Tribunal de Contrataciones Públicas del OECE ha iniciado un procedimiento sancionador contra Cristal Rufina Quispe Cisneros, luego de que el Órgano de Control Institucional del propio Gobierno Regional detectara indicios de una contratación presuntamente ilegal.

El caso gira en torno a la Orden de Servicio N.° 606-2023, emitida el 15 de marzo de 2023 por S/ 7 000. Según el informe de control, Quispe Cisneros no podía contratar con el Estado porque se encontraba dentro del ámbito de impedimentos al ser hija de Arístida Rufina Cisneros Flores, quien en ese periodo ejercía como directora regional de Educación de Lima Provincias, un cargo público de confianza designado por el propio Gobierno Regional.

El impedimento es claro: la Ley de Contrataciones del Estado prohíbe que familiares directos de funcionarios con poder de decisión contraten con la entidad donde estos ejercen autoridad. Aun así, la contratación se consumó.

Pero hay un hecho que agrava el caso: el Gobierno Regional de Lima no respondió el requerimiento de información del Tribunal, pese a haber sido solicitado mediante Decreto N.° 668661. Es decir, el GRL —que hoy figura como agraviado— no colaboró oportunamente con la investigación, dejando abierta la interrogante sobre por qué no se entregó documentación básica que podría haber esclarecido el proceso.

Ante estos elementos, el Tribunal decidió abrir procedimiento sancionador. De confirmarse la infracción, Quispe Cisneros podría ser inhabilitada entre 3 y 36 meses para contratar con el Estado.

La notificación advierte que todas las actuaciones posteriores —incluida la resolución final— serán comunicadas a través del sistema digital Toma Razón Electrónico, un mecanismo implementado precisamente para evitar dilaciones, pérdidas de documentos o maniobras administrativas.

El caso vuelve a poner bajo la lupa el manejo de las contrataciones en el Gobierno Regional de Lima y la falta de controles internos que, como en este caso, permiten que procesos que deberían ser transparentes terminen señalados por conflictos de interés, falta de supervisión y riesgos de direccionamiento.

Este informe queda abierto mientras se esperan los descargos de la involucrada y la resolución final del Tribunal. Entretanto, persiste la misma pregunta que siempre rodea a estos casos:

¿Simple descuido administrativo o un patrón persistente de irregularidades en las contrataciones del Gobierno Regional de Lima?

Fuente: Noticias Huacho

Fuentes alertan sobre presuntas presiones y cambios controversiales en el proceso de selección para un proyecto vial de más de S/ 45 millones (CUI 2599642).

De acuerdo con documentación interna y reportes técnicos, las bases integradas del proceso habrían sido modificadas incorporando una cláusula que permitiría sustentar el requisito de patrimonio con un crédito bancario. Especialistas consultados señalan que dicho cambio podría contradecir el espíritu de la Ley N.° 29230, que exige capacidad patrimonial propia para proyectos bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, ya que un crédito constituye un pasivo y no un activo.

Asimismo, se conoce que el comité del proceso evaluaba retrotraer la selección a una etapa anterior o incluso declarar su nulidad. Sin embargo, un funcionario del GORE Lima, Brayan Mendoza Lícito, habría emitido una opinión interna a favor de continuar con el procedimiento, pese a que el cambio de bases no habría sido comunicado formalmente al comité, según las fuentes.

La Contraloría y Pro Inversión ya habrían advertido irregularidades.

¿Transparencia? ¿Por qué insistir en un proceso cuestionado?

La ciudadanía merece claridad, legalidad y cero presiones en el uso de recursos públicos.