Enero cerró con 33 asesinatos en La Libertad, la mayoría de estos contemplan a víctimas por casos de sicariato. Se trata de una escalofriante cifra que obligó a los ciudadanos a levantarse en protestas en Trujillo, ciudad que se ha convertido en el epicentro de las operaciones del hampa. Un grupo de organizaciones criminales tienen en la mira a personas que inician pequeños emprendimientos y a empresas de larga data. En lo cotidiano salen a denunciar amenazas extorsivas, y el estallido de explosivos en las puertas ha dado pie a un escenario de zozobra. A estas alturas y con todos estos antecedentes, algunos empresarios califican los actos como terrorismo urbano.

Terrorismo es la palabra que desde hace algunas semanas se repite desde la empresa minera La Poderosa, que ha recibido ataques reiterativos de criminales que operarían desde la minería ilegal. Al asesinato de trabajadores de la compañía aurífera que opera en Pataz, le siguieron ataques a sus torres de alta tensión.

Hace apenas unos días, la empresa de transportes Tunesa remitió una solicitud al jefe de la Policía Nacional III Dirtepol de La Libertad, José Zavala Chumbiauca, para pedirle que se agilicen las investigaciones y se capturen a los responsables de balear a una joven (22 de enero) y de provocar ataques con explosivos en su local (el 24 y 29 de enero), hechos que calificó de terrorismo urbano.

Amenazas y ataques con explosivos a empresa en Trujillo

La República se comunicó con un representante de Tunesa, quien expresó su temor a represalias, por lo que prefirió mantener en reserva su identidad. Explicó que se trata de una empresa familiar y que las amenazas extorsivas no son de ahora; sin embargo, nunca cedieron ante los pedidos de cupos de la delincuencia. La diferencia es que ahora sufrieron atentados directos. Según se conoció, les exigían 90.000 soles para no perpetrar atentados en su contra.

«Para la Policía es fácil decir: ‘En dos días habrá resultados’, pero nuestra vida corre riesgo todo el tiempo», dijo el empresario, quien sostuvo que solo después de que ingresaron su documento a la Región Policial de La Libertad, enviaron agentes PNP a la avenida César Vallejo para prevenir más hechos delictivos.

¿Cuál es la respuesta de la Policía en La Libertad?

Cuando ocurrió el ataque a la minera La Poderosa, en noviembre del 2023, la Policía señaló que había capturado a algunos implicados; sin embargo, durante la audiencia de prisión preventiva de los varones, quedó en claro que se trataba de personas acusadas de tenencia ilegal de armas y no relacionadas con dichos crímenes.

La mañana de este 1 de febrero, el actual jefe de la Policía Nacional de La Libertad, José Zavala Chumbiauca, fue consultado sobre una serie de casos sin resolver y con mayor énfasis respecto a Tunesa. «Se está investigando, tenemos unos cuantos avances, pero no los puedo divulgar porque está en investigación», dijo, pero frente a dicha respuesta fue cuestionado por los hombres de prensa, quienes le indicaron que esa es la respuesta de siempre. En su defensa, Zavala sostuvo que siempre se le consulta lo que está en proceso y no sobre los logros de la Policía. «Ayer hemos tenido 80 detenidos y ustedes no lo resaltan», aseveró.

La Libertad registra un mes de crímenes muy complejos a diario, por lo que algunos empresarios hablan de terrorismo urbano. Para el coronel PNP Javier Méndez Yupanqui, quien hasta hace unas horas se desempeñó como jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de La Libertad, dicho término no cabe en las actuales circunstancias, debido a que «el terrorismo tiene un fin político y en estos casos los fines son de obtener ganancia ilícita», refiere.

Detalla que en los últimos días han capturado a los integrantes de cuatro organizaciones criminales, una de ellas de Chepén. En este punto, Méndez Yupanqui anota que el caso de Chepén tardó cinco meses en avanzar para concretar las medidas limitativas. Explica que el actual Código Procesal Penal es muy ‘garantista’, por lo que las capturas no se pueden concretar rápidamente. Además, falta mejorar la coordinación con el Ministerio Público para acelerar el trabajo.

En otro momento, el coronel Méndez detalla que si bien los ciudadanos de a pie sí acuden a denunciar los casos de extorsión, no está ocurriendo lo mismo con las personas jurídicas (empresas). Por eso, la Policía en La Libertad se alista para cambiar de estrategia y acudir a las oficinas de las compañías con la finalidad de saber si son víctimas de algún hecho delictivo complejo y recabar datos de importancia que conduzcan a los detectives hacia las bandas criminales. Todo bajo reserva.

La mañana de este 1 de febrero, el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, se reunió con la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola. El resultado fue la declaratoria de emergencia de la región, que incluye la instalación de una base militar. En tanto, mientras no se concreten cambios drásticos operativos desde la Policía Nacional, los criminales y sus organizaciones continuarán acorralando a los liberteños.