Al menos 22 universidades con licencia denegada han ampliado el plazo del cese de sus actividades para los años 2023, 2024 y 2025, periodos en los que deberán continuar con la emisión de grados y títulos, pero no convocar a exámenes de admisión.
En este plazo, además, pueden volver a solicitar el licenciamiento a la Sunedu, como dice que lo hará la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, ahora a cargo de una administración concursal tras la salida del rector Luis Cervantes Liñán, denunciado por haber ganado más de S/2 millones mensuales. A esta nueva evaluación de las condiciones básicas de calidad también tienen previsto someterse otras universidades privadas como la Católica Los Ángeles de Chimbote (Uladech), la Andina Néstor Cáceres Velásquez, de Puno, y la José Carlos Mariátegui, de Moquegua.
No obstante, algunas están a la expectativa de que se ejecute la ley de ‘autonomía universitaria’, que cambia la conformación de la Sunedu, y de otra iniciativa del Congreso —a punto de debatirse en el pleno— para que universidades asociativas (sin fines de lucro) denegadas tengan una segunda oportunidad, con un plazo de dos años, a fin de que subsanen las exigencias incumplidas.
La clave
En el 2020, la Sunedu estableció que las denegadas podían ampliar su plazo de cese hasta por tres años más. Para ello debían cumplir con obligaciones y presentar un plan de operaciones. Las 22 universidades que lo hicieron tenían 68.000 alumnos al no ser licenciadas.
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