Toda persona puede ejercer su derecho a la protesta, pero esta no implica vulnerar el derecho de los demás a desplazarse libremente por el país. Este principio básico de convivencia en democracia parece no haber sido entendido por los representantes de la izquierda radical que no solo buscan llegar a Lima, sino que tienen como objetivo generar violencia y zozobra en las principales vías del Perú.
Es por eso que, a recomendación de la Policía, el Gobierno decidió ayer —en Consejo de Ministros— declarar en estado de emergencia la red vial nacional, lo que incluye el corredor minero. ¿Qué significa esto?
En abril del año pasado, el golpista Pedro Castillo decidió declarar estado de emergencia en las carreteras del país, debido al levantamiento de los transportistas y agricultores de Junín que reclamaban por la mala gestión del partido Perú Libre en dicha región, y por los precios elevados de los combustibles que afectaban a toda la cadena agrícola. “Quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales”, decía el decreto refrendado también por el expremier Aníbal Torres y los exministros Alfonso Chávarry y Félix Chero.
Unos meses después, en junio, Castillo volvió a decretar estado de emergencia en la red vial por treinta días. Esta vez con la firma del exministro del Interior Dimitri Senmache.
LIBRE TRÁNSITO
El Ejecutivo dispuso prorrogar el estado emergencia en la red vial nacional y amplió esta medida en las redes viales regionales y locales, para que también se pueda custodiar el corredor minero. Esto debido a los anuncios de paralizar la principal vía de salida de las minas del centro y sur del país. “No se puede impedir que otros vayan a trabajar y realicen sus actividades cotidianas. Nuestro pueblo nos reclama que haya paz, orden y respeto para salir a trabajar libremente”, dijo ayer el ministro de la Producción, Raúl Pérez Reyes, en un encuentro con gremios y organizaciones empresariales que exigen mano firme contra actos de violencia que les impida trabajar desde el 19 de julio.
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