La Sala Penal de Apelaciones y Liquidación de la Corte Superior de Justicia de Huaura, ha emitido una resolución en relación con el caso del querellado Edmundo Campaña Morro, quien había sido condenado por difamación por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Huaral, denuncia que fue presentada por el ex director ejecutivo del Hospital San Juan Bautista, Fernando Medina León.
En su resolución, la sala penal decidió declarar fundado el recurso de apelación presentado por la defensa técnica de Campaña Morro. Como resultado de esta decisión, la sentencia inicial, que condenaba al comunicador social por el delito contra el honor en la modalidad de difamación, fue revocada y reformada.

La nueva resolución establece que se absuelve a Edmundo Campaña Morro de la imputación de difamación, prevista y sancionada en el artículo 132 segundo párrafo del Código Penal. Además, se ha dispuesto el archivo definitivo de los actuados, no procediendo a la fijación de una reparación civil, ni corresponde imponer al querellado al pago de costas.
El fundamento principal para la absolución del querellado radica en la falta de evidencia que respalde la atribución de un delito, según lo estipulado en el artículo 93 del Código Penal. La Sala Superior también consideró que las expresiones del querellado, aunque pudieran referirse a hechos veraces, no constituían la atribución de delitos, sino más bien la expresión de opiniones o juicios de valor.

La presente resolución, que declaró fundado el recurso de apelación presentado por el Estudio Jurídico Rodríguez y Andrade, reconoce la labor y el profesionalismo del equipo de abogados, liderado por el excelente jurista Edgar Rodríguez Leiva, quien ha logrado hacer respetar y proteger la libertad de información y de opinión.
La Sala Penal de esta manera, establece un hito en la jurisprudencia relacionada con el derecho constitucional a la libertad de expresión y la protección del honor de las personas. La absolución de Campaña Morro, basada en la falta de evidencia que respalde la atribución de un delito, también refuerza la posición de los profesionales de la comunicación en el país.