Paolo Aldea, abogado del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) , exigió este jueves la liberación inmediata de su patrocinado, tras alegar que ya se cumplieron los 18 meses de prisión preventiva que se le impuso en 2017 por supuestamente haber recibido una coima millonaria de la empresa brasileña Odebrecht en la licitación de la carretera Interoceánica.
En La Rotativa del Aire-Edición Mediodía, el letrado afirmó que se debe tomar en cuenta el tiempo que el exmandatario, de 77 años, pasó en prisión en Estados Unidos; cuando enfrentaba el proceso de extradición al Perú.
Aldea refirió que su patrocinado cumplió un total de ocho meses y tres días de prisión en EE. UU., un periodo de tiempo que debe sumar con su reclusión en el penal de Barbadillo, en Ate, el 23 de abril del 2023.
“La detención en Estados Unidos de Toledo no es una decisión unilateral del juez estadounidense, se hace por el mandato de prisión preventiva ordenada por el juez Richard Concepción Carhuancho”, explicó.
Prisión preventiva expiró esta semana, según defensa legal
La defensa legal de Toledo Manrique afirmó que el 19 de febrero último expiraron los 18 meses de prisión preventiva impuestos por el juez Richard Concepción Carhuancho en febrero del 2017, pero otorgaron un plazo de dos días adicionales a la espera del pronunciamiento de las autoridades peruanas.
“Hemos sido cautos al dar dos días al juez de la investigación para que tome una decisión sobre la situación jurídica. Un caso cercano es el caso del señor Martín Belaunde [Lossio], si leemos la resolución que da la corte se le computa el plazo que ha estado en Bolivia detenido y se le agrega el plazo detenido en Perú”, precisó.
“Todos los casos en los que se ha extraditado personas del extranjero ha sido el mismo tratamiento: se ha computado el plazo en que se ha detenido en otro país”, agregó.
El letrado, quien asume la defensa de Toledo desde el ámbito constitucional, también cuestionó a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, en especial a José Domingo Pérez, por no haber previsto esta situación y, de considerarse necesario, no solicitar una ampliación de la prisión preventiva.
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