A solo 43 días de haber ejercido el cargo de Ministro del Interior, Walter Ortiz renunció a continuar en dicha cartera, dejando una vez más la muestra de que el Gobierno de Dina Boluarte es frágil y que sustancialmente su talón de Aquiles es la inseguridad ciudadana.
Lo primero que hay que decir es que en el Ministerio del Interior no existe un Plan articulado para enfrentar la delincuencia, ni tampoco para enfrentar los actos de corrupción de la propia policía y los que asumen la cartera del Interior son incapaces de ordenar la casa, eso, sumado a la falta de decisiones drásticas que se niega a imponer el Ejecutivo, empezando por reconocer que la delincuencia y la presencia de las mafias criminales extranjeras se agudizó con la llegada de los venezolanos, de modo que tanto los gobiernos anteriores como el actual no han sabido controlar ni la permanencia de estas mafias ni controlar la crisis migratoria. Todos se preguntan el por qué no se dispone a la policía a que realice operativos de identificación de los extranjeros, ni nadie se explica por qué razón Migraciones no ejecuta normas existentes que les permita erradicar a los extranjeros que se encuentran en situación irregular en el país y que todo el mundo sabe que son cientos de miles los que están en esa condición.
Lo grave de todo es que ese tipo de delincuencia se ha magnificado con el grado de crueldad con que actúan y la policía es incapaz de enfrentar. Creemos que el Ministro que ingrese tendrá la misma performance que los anteriores, no tendrán capacidad para luchar contra la delincuencia que genera más violencia y muertes, primero, porque no hay voluntad ni valentía y segundo porque la Presidenta no quiere sacar a las calles a las Fuerzas Armadas, siendo esa medida, la única a la vista para impedir que en breve sean las mafias criminales las que gobiernen nuestro país…
En la década de los 90 las hordas terroristas trasladaron su -dizque- guerra, del campo a la ciudad y Lima empezó a sentir lo que ya se daba en todo el país teniendo como resultado decenas de miles de muertos, razón para que el Gobierno rompiese con el Pacto de Costa Rica y se dé el enfrentamiento frontal contra Sendero; claro que hubo un costo político, pero no había otra forma de enfrentar la violencia terrorista que desangraba al Perú entero… esta vez, la criminalidad hace lo mismo, sumándose centenares los muertos que se producen a consecuencia de la violencia que las mafias criminales imponen con actos de extorsión, sicariatos, secuestros, etc. Estamos frente a un terrorismo urbano que requiere de que el Gobierno, a través del Ministerio del Interior convoque a las Fuerzas Armadas para acabar con la criminalidad extrema. Los responsables de todo lo que pasa están en el Congreso y en el Ejecutivo.
La prueba de que lo que se hace no funciona es que en los lugares donde se ha declarado EMERGENCIA, las cosas han empeorado, es decir que los delincuentes no respetan nada, solo nos queda sacar a las calles al Ejército o a las FFAA en general, pero algo hay que hacer, el Perú no merece seguir desangrándose como hasta ahora. La historia los juzgará, pero ojalá que no sea a costa de un mayor número de víctimas inocentes… afuera la lucha de poderes, ¡el Perú esta primero!