La Municipalidad de Mariatana contrató, como proveedor de asesoría legal externa, al cónyuge de la Gobernadora Regional de Lima por un monto total de S/ 20,000.00 entre enero y diciembre de 2023, a pesar de existir un impedimento para contratar con el Estado dentro del ámbito del Gobierno Regional de Lima, debido a su relación de primer grado de afinidad con la autoridad.
Una situación similar se dio en la Municipalidad de Huachupampa, donde también se contrató como proveedor en consultoría externa al esposo de la Gobernadora Regional de Lima.
Es importante señalar que la Gobernadora Regional fue elegida para el período 2023-2026, cargo que ocupa desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2026.
En ese sentido, de acuerdo con lo establecido por la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, se prohíbe que el cónyuge, conviviente y los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de los Gobernadores Regionales participen como postulantes, contratistas o subcontratistas, incluso en contrataciones cuyo monto sea igual o inferior a ocho (8) UIT.
Esta restricción se aplica mientras la autoridad se encuentre en ejercicio del cargo y hasta doce (12) meses después de dejarlo, dentro de su ámbito de competencia territorial.
Asimismo, el Sistema de Declaración Jurada para la Gestión de Conflictos de Intereses de la Contraloría General de la República (CGR) detectó que la Gobernadora Regional de Lima incluyó en su Declaración Jurada de Intereses (DJI) de los años 2022 y 2024 al proveedor en cuestión como su cónyuge.
En consecuencia, quedó demostrado el parentesco por afinidad entre el proveedor y la Gobernadora Regional de Lima, lo que lo inhabilita legalmente para contratar con el Estado.
El informe fue comunicado los titulares de cada entidad para que adopten las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias, con el fin de atender el hecho con indicios de irregularidad.
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