El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 marca un cambio drástico en la política migratoria de Estados Unidos. Con la promesa de deportar a un millón de inmigrantes indocumentados al año, varios países de América Latina, principalmente México, Guatemala, Honduras y El Salvador, están tomando medidas urgentes para mitigar las consecuencias económicas y sociales de las deportaciones masivas.
México refuerza sus consulados para proteger a sus ciudadanos
Con una población significativa de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, México se encuentra en el centro de la política migratoria de Trump. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un fortalecimiento de los servicios legales en los consulados mexicanos para ofrecer apoyo a sus ciudadanos. Además, busca negociar que los inmigrantes no mexicanos sean enviados directamente a sus países de origen, reduciendo la presión en la frontera compartida.
Una crisis humanitaria en puerta
Honduras, Guatemala y El Salvador figuran entre los países más afectados por las posibles deportaciones. Según cifras oficiales:
- Honduras: 560,000 ciudadanos sin estatus legal en Estados Unidos, representando el 5% de su población total.
- Guatemala: 750,000 personas en riesgo de deportación.
- El Salvador: La mitad de los salvadoreños en Estados Unidos no cuenta con documentación legal.
Las organizaciones de derechos humanos advierten sobre el impacto económico y social en estos países, donde la economía depende en gran medida de las remesas enviadas por migrantes.
El impacto de las “Ciudades Santuario”
Algunas ciudades en Estados Unidos que se han declarado “santuarios” para proteger a inmigrantes sin estatus legal podrían dificultar la implementación de las deportaciones, aunque enfrentan retos bajo la nueva administración republicana.
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