Por: Carlos Mesías Zárate
La reciente polémica sobre la deuda millonaria que las instituciones educativas de Huaral mantienen con Emapa Huaral ha servido como excusa perfecta para que algunos sectores del periodismo local desplieguen una narrativa interesada, más preocupada por presionar el pago que por exponer las verdaderas causas de esta crisis. Sin embargo, hay un aspecto clave que estos “defensores del cobro” convenientemente omiten: la llegada de OTASS y el incremento desproporcionado de las tarifas del agua sin una mejora tangible en el servicio.
Desde que el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) tomó el control de Emapa Huaral, los costos del agua han subido a niveles insostenibles, mientras la calidad del servicio ha caído en picada. Cuatro directores de colegios en setiembre del año pasado, denunciaron que ni siquiera contaban con suministro regular de agua potable y los recibos llegaban con sumas exorbitantes, lo que pone en cuestión la legitimidad de los cobros.
Más grave aún es el rol que están jugando ciertos periodistas mercantilistas, quienes lejos de cuestionar el abuso tarifario de OTASS, se dedican a ejercer presión mediática para que las deudas se cancelen de inmediato. ¿Casualidad? Difícilmente. Lo que sí está claro es que varios de ellos reciben pagos mensuales de OTASS – EMAPA HUARAL, lo que pone en duda su imparcialidad y convierte sus “denuncias” en meros instrumentos de presión.
Lo que debería discutirse aquí no es solo la deuda, sino el modelo de gestión de OTASS, que ha demostrado ser un fracaso en distintas ciudades del país. Basta revisar la realidad de otras localidades intervenidas por este organismo para notar un patrón: incremento de tarifas, deficiencias en el servicio y ausencia de una verdadera inversión en infraestructura para garantizar agua potable las 24 horas y Huaral no es la excepción.
El problema de fondo es que el agua es un derecho fundamental, y cuando su acceso se convierte en un negocio con tarifas abusivas, los más afectados son los ciudadanos, en este caso los estudiantes. Exigir que la deuda se pague sin antes evaluar su origen y la responsabilidad de OTASS en esta crisis es una postura ciega y servil. Sumado el saqueo y la presunta corrupción que existiría en su interior.
El debate no debe centrarse en cuánto se debe, sino en por qué se debe y si esos cobros son justos. Antes de exigir pagos, es momento de exigir explicaciones, pero que podemos esperar de algunos miserables periodistas que lo único que les interesa es pasar por caja mensualmente.
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