Luego del asesinato de 13 mineros en la provincia de Pataz, región La Libertad, organizaciones ciudadanas a nivel nacional han convocado un paro cívico para el próximo 14 de mayo, en protesta por el creciente clima de inseguridad, la expansión del crimen organizado y la respuesta del gobierno de Dina Boluarte, a quien acusan de “complicidad e incapacidad” para garantizar la seguridad del país.
La convocatoria ha sido respaldada por diversos gremios sindicales, colectivos sociales, organizaciones campesinas y comunidades afectadas por la violencia. Entre sus principales demandas figuran:
- La renuncia inmediata de la presidenta Dina Boluarte.
- La derogación de leyes que, según denuncian, limitan la lucha contra el sicariato.
- El respeto al referéndum ciudadano que prohíbe la reelección de congresistas.
El anuncio del paro ocurre en un contexto de creciente descontento nacional y crisis de seguridad pública. La masacre en Pataz ha sido atribuida a bandas criminales vinculadas a la minería ilegal y el sicariato, que operan con impunidad en diversas regiones del país.
Como respuesta a los hechos, el Ejecutivo ha decretado toque de queda en la provincia afectada, suspendido la actividad minera durante 30 días, y anunciado la instalación de una base militar con el fin de recuperar el control del territorio. Sin embargo, estas medidas han sido consideradas insuficientes por la población, que denuncia años de abandono estatal.
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