En una decisión que marca un antes y un después en este controversial caso, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, Flagrancia, Omisión a la Asistencia Familiar y Conducción en Estado de Ebriedad de Huaura, a cargo del magistrado de turno Jesús Maicol Asencios Solís, declaró infundado el pedido de prisión preventiva contra Randy Paredes, ex locador de servicios de la Subgerencia de Planeamiento Territorial, Catastro y Formalización de la Propiedad Informal de la Municipalidad Provincial de Huaura, al considerar que no existen elementos de convicción suficientes que acrediten la comisión del delito imputado, ni su supuesta participación en actos de corrupción.
La resolución judicial no solo desbarata la tesis fiscal, sino que deja en evidencia un burdo intento de construir una narrativa de corrupción para desprestigiar la gestión del alcalde Santiago Cano La Rosa, en medio de una creciente campaña de desinformación promovida por sectores mediáticos que, tras cambiar de postura, ahora actúan como opositores por intereses aparentemente económicos.
𝗨𝗻 𝗺𝗼𝗻𝘁𝗮𝗷𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗻𝗼 𝗿𝗲𝘀𝗶𝘀𝘁𝗶ó 𝗲𝗹 𝗺í𝗻𝗶𝗺𝗼 𝗲𝘀𝘁á𝗻𝗱𝗮𝗿 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹
El pedido fue formulado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura, a cargo del fiscal Christian Manrique Mendoza, quien presentó una denuncia por presunto cobro indebido de 100 soles a un ciudadano para «facilitar trámites administrativos». Sin embargo, la supuesta flagrancia careció de respaldo probatorio real: no existieron registros audiovisuales del acto de solicitud, no hubo seguimiento investigativo previo, y el testimonio del denunciante no fue corroborado con otros elementos objetivos.
El juez, tras analizar los argumentos fiscales, concluyó que no se cumplen los presupuestos establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal para dictar prisión preventiva, al no existir peligro procesal ni fundamento sólido que justifique una medida tan gravosa como la privación de libertad.
¿𝗗ó𝗻𝗱𝗲 𝗾𝘂𝗲𝗱ó 𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗼𝗯𝗷𝗲𝘁𝗶𝘃𝗶𝗱𝗮𝗱?
Lo más preocupante del caso es la manera en que fue abordado por el fiscal Manrique Mendoza, quien ingresó corriendo a las instalaciones del municipio, aparentemente, como parte de un show mediático que, más que garantizar justicia, pareció estar dirigido a generar un impacto comunicacional negativo contra la institución edil.
Cabe señalar que el mismo fiscal ha guardado absoluto silencio frente a hechos de mayor relevancia en otras entidades como el Gobierno Regional de Lima, donde sí existen denuncias graves de malversación y corrupción administrativa. Esta actitud selectiva pone en entredicho su imparcialidad y despierta serias dudas sobre los verdaderos intereses detrás de este operativo.
¿𝗤𝘂𝗶é𝗻 𝗲𝘀𝘁á 𝗱𝗲𝘁𝗿á𝘀 𝗱𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗮?
Los hechos recientes abren una pregunta legítima: ¿fue este un operativo auténtico contra la corrupción o un montaje cuidadosamente armado para erosionar la imagen de Santiago Cano? Todo indica lo segundo. La narrativa instalada por algunos medios -que irresponsablemente calificaron a un locador de servicios como “funcionario”- se ha desmoronado, y hoy se impone la verdad jurídica sobre la especulación interesada.
Lejos de debilitar la gestión municipal, este episodio confirma que existen grupos con claros intereses en debilitar a la autoridad edil para allanar el camino a sus propios fines, entre ellos el tráfico de terrenos y la captura de espacios institucionales.
Fuente: Alerta Región Lima
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