La Ley 32278 favorece de forma desproporcionada al área de influencia del Terminal Portuario, excluyendo a gran parte del distrito de Chancay y a los distritos altoandinos. La Municipalidad Provincial exige una redistribución justa que priorice el bienestar de todos.
La reciente aprobación de la Ley N.º 32278, que crea el Fondo Social para el Desarrollo de Chancay, ha despertado una profunda preocupación en la provincia de Huaral. Aunque se trata de un fondo nutrido con recursos públicos provenientes de la renta aduanera generado por el megapuerto de Chancay, su diseño y aplicación actual concentran los beneficios en una pequeña área del distrito portuario, dejando fuera a la mayoría del territorio Provincial, incluidos los distritos de la sierra, históricamente olvidados por el Estado.
El alcalde de Chancay, Juan Álvarez Andrade, defendió la distribución de los recursos señalando en una entrevista que “para mí, Chancay debe tener el 50%, porque lo merecen”. Actualmente, según cifras serían: Chancay tendría de recibir el 17% al 44% de los fondos, mientras que Huaral bajaría al 21% y Aucallama al 7%. Distritos como Atavillos Alto, Pacaraos, Sumbilca y Lampián, que enfrentan graves carencias en salud, educación, conectividad y servicios básicos, apenas recibirán entre 3% y 4% cada uno.
Frente a este panorama, el alcalde provincial de Huaral, Fernando Cárdenas Sánchez, ha dirigido un documento oficial a la presidenta de la República, Dina Boluarte, expresando su preocupación por la injusticia que representa esta ley. En su pronunciamiento, Cárdenas sostiene que el fondo social solo beneficia a una pequeña zona de influencia del puerto, dejando fuera incluso a la gran mayoría del propio distrito de Chancay.
Además, recordó que el Oficio de Presidencia N.º 008-2025 ya advertía sobre el riesgo de generar conflictos sociales al privilegiar a ciertos sectores de manera desproporcionada. “El Gobierno no puede construir desarrollo sobre bases de exclusión. Esta ley prioriza a unos pocos y margina a muchos, reproduciendo un centralismo que profundiza las brechas sociales”, sostuvo el alcalde provincial.
La situación es grave no solo por lo que implica en términos financieros, sino también por la fractura social que puede generar dentro de la misma provincia. La población de los distritos rurales y altoandinos no reclama privilegios, sino una oportunidad justa para acceder al desarrollo, con dignidad y respeto. Mientras en Chancay se construyen muelles y se anuncian zonas industriales, en zonas como Pacaraos o Sumbilca las escuelas colapsan, los centros de salud carecen de personal, y los caminos siguen siendo de tierra.
La Municipalidad Provincial de Huaral hace un llamado urgente al Poder Ejecutivo y al Congreso de la República para revisar la pertinencia y justicia de la Ley 32278. No se puede hablar de desarrollo sostenible ni de inclusión social mientras las decisiones políticas continúen dejando atrás a los más vulnerables.
La equidad no es una aspiración, es una obligación del Estado. «La Provincia de Huaral es uno solo: el desarrollo debe llegar a todos.»
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