Por Rey Salvador Jara, secretario general del Sutep Huaral
La aprobación del Proyecto de Ley, orientado a garantizar pensiones dignas para cesantes y jubilados del sector educación, representa un avance relevante en el fortalecimiento de los principios de justicia social y la reivindicación de derechos laborales históricamente relegados en el Perú. Esta norma, impulsada por la congresista Flor Pablo, responde a una demanda legítima sostenida durante décadas por amplios sectores del magisterio nacional y, en particular, por el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP).
El magisterio peruano ha desempeñado un papel fundamental, tanto en su condición activa como cesante, en la articulación de una lucha persistente por condiciones previsionales justas. A través de movilizaciones sociales, intervenciones en foros públicos, el gremio ha denunciado las severas deficiencias del sistema de pensiones, que han condenado a miles de docentes jubilados a condiciones de vida precarias, violando principios básicos de dignidad y derechos humanos en la vejez.
La aprobación de este proyecto de ley no es un acontecimiento aislado ni fortuito; por el contrario, constituye el resultado de una estrategia sostenida de presión política, articulación sindical y resistencia colectiva frente a un modelo económico que ha privilegiado históricamente criterios de austeridad fiscal por encima de los derechos fundamentales. En este sentido, el proyecto de ley debe interpretarse como un reconocimiento institucional —aunque parcial— al valor social del trabajo docente y a la deuda histórica con quienes entregaron su vida profesional al servicio de la educación pública.
El rol del SUTEP ha sido decisivo. Su capacidad de organización, convocatoria y representación ha logrado trascender la coyuntura, convirtiéndose en un actor político clave en la defensa de los derechos previsionales. La experiencia demuestra que el sindicalismo, cuando actúa con cohesión y claridad de objetivos, puede incidir de manera efectiva en la formulación de políticas públicas.
No obstante, es preciso subrayar que la aprobación de este proyecto de ley representa solo un paso en una agenda mucho más amplia y compleja. La implementación efectiva del nuevo marco normativo requerirá de una vigilancia constante por parte de las organizaciones sindicales y de la ciudadanía en general, para asegurar que los beneficios alcanzados se traduzcan en mejoras tangibles y sostenibles para los beneficiarios. La transparencia, la asignación presupuestal adecuada y la eficiencia administrativa serán factores determinantes para evitar que esta conquista se diluya en la práctica.
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