La contrarreforma universitaria continúa. Esta vez, mediante la aprobación del dictamen de la Ley de Crédito Suplementario, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de La República, liderada por la congresista Lady Camones, del partido Alianza para el Progreso (APP), busca, a través de una disposición complementaria, extender por tres años más el mandato de cuatro de las siete autoridades que conforman el Consejo Directivo de la Sunedu, gestión que vence el 24 de febrero del próximo año.
El dictamen del Proyecto de Ley 11923/2024-PE, presentado por el Poder Ejecutivo, propone otorgar créditos suplementarios para distintos gastos públicos. No obstante, como si de contrabandear se tratara, durante el debate del mismo, las congresistas del APP Nelcy Ballesteros y Magaly Ruiz pidieron incorporar la cuadragésima sexta disposición final del dictamen, la cual altera artículos de la Ley Universitaria.
Este hecho que, según ha advertido la propia Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Legislativo, presidida por Segundo Toribio Montalvo Cubas, de Perú Libre, representa una amenaza para el orden constitucional, ya que «incluye una disposición que pretende extender hasta el 2028 el mandato de los actuales directivos de la Sunedu»: Manuel Castillo (superintendente y elegido por los rectores de las universidades públicas), Andrés Ramos (designado por el Minedu), Miguel Vallejos (elegido por los colegios profesionales) y Manuel Hernández (designado por los rectores de las universidades públicas).
«Créame que para mí ha sido una sorpresa enterarme de esto, ya que no soy parte de la Comisión de Presupuesto (…) Como congresistas, estamos para hacer respetar la ley. Nos guste o no, debemos respetar la Constitución y las normas vigentes», enfatizó Montalvo en diálogo con La República.
Rechazo de las universidades públicas y privadas: defensa de la autonomía
La Asociación de Universidades Nacionales del Perú ha rechazo este dictamen, el cual, bajo el título de «Disposiciones para el fortalecimiento de la Sunedu», vulneraría los principios de legalidad de la Constitución Política del país, que establece, bajo la Ley Universitaria, que los miembros del Consejo Directivo sean designados por un periodo de tres años sin reelección.
«El mandato de los actuales miembros del Consejo Directivo y del Superintendente ya está en curso. Con esta Ley se buscaría impedir que las universidades públicas nombres a sus dos representantes ante el Consejo este 19 de agosto (…) Dicha disposición legal no puede ser modificada mediante una «precisión» ni mucho menos a través de una Ley Presupuestal que no tiene por objeto reformar el régimen legal de designación de autoridades», se lee en su pronunciamiento.
Por su parte, el Consorcio de Universidades del Perú, conformado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Universidad Cayetano Heredia (UPCH), la Universidad del Pacífico y la Universidad de Lima también rechazaron la iniciativa y expresaron su «compromiso con la defensa de una educación superior de calidad».
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