𝗣𝗼𝗿: 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼𝘀 𝗠𝗲𝘀í𝗮𝘀 𝗭á𝗿𝗮𝘁𝗲
A más de una década de su creación, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) no solo no ha salvado a las EPS intervenidas, las ha arrastrado aún más al colapso financiero, técnico y moral. Lejos de ser una solución, se ha convertido en un tumor enquistado en el sistema de agua y saneamiento del país. Lo más grave: los mismos funcionarios rotan entre empresas quebradas, como si fuesen piezas de una mafia protegida desde el Ministerio de Vivienda.
En Emapa Huaral S.A., la historia se repite como una pesadilla interminable. Juan CARLOS BUENO RIVERA, recientemente designado gerente general, no representa ninguna renovación ni esperanza de mejora. Hasta hace unos días, ocupaba exactamente el mismo cargo en EMAPAVIGSA, otra EPS bajo administración del OTASS.
Otro caso similar es el de SAMUEL LÓPEZ CHÁVEZ, ahora gerente de operaciones en Huaral. Proveniente directamente de la EPS Moyobamba S.A., donde también se desempeñaba como gerente de operaciones, fue rotado a su nuevo puesto mediante una resolución emitida apenas un día después de su salida anterior ¿Qué clase de institución puede seguir premiando el fracaso con nuevos nombramientos, como si no existieran más profesionales en el país?

El caso más grosero es el de Henry Hurtado Cruz, un funcionario blindado por la cúpula de OTASS. A pesar de las denuncias acumuladas, le encargaron dos cargos gerenciales simultáneos: gerente general de EMAPA Huaral y gerente general de EMAPA Barranca, como si fuera un “genio del agua” en un país sediento. En realidad, solo dejó un rastro de destrucción.
En Huaral, su gestión elevó las tarifas de manera insostenible, sin mejorar los servicios. Se contrató a “mercenarios de la comunicación” para que lo protejan de su incompetencia, se habrían ejecutados mantenimientos sobrevalorados sin resultados concretos y no dejó una sola obra de impacto para mejorar el servicio de saneamiento en la provincia.
Y como si fuera poco, una resolución de gerencia general de la propia OTASS reveló que en su paso anterior por EMAPAT (Madre de Dios) generó un perjuicio económico que hoy ha motivado un proceso administrativo con pedido de suspensión de 2 años para ejercer cargos públicos. ¿La respuesta de OTASS? Darle más poder.
El mal llamado «Régimen de Administración Transitoria» (RAT), que en realidad debería llamarse Régimen de Aniquilamiento Total, ha sido la bandera de intervención de OTASS, que solo habría reflotado una sola EPS intervenida en el país. Mientras que, en Pisco, Lambayeque, Barranca, Chiclayo, Huaral y otros, el fracaso se ha vuelto ley.
En EMAPISCO, los trabajadores denuncian que tras 8 años y medio de intervención no hay pozos nuevos, ni mejoras, ni obras de impacto, solo promesas rotas y abuso laboral. En EPSEL (Lambayeque), la situación es escandalosa: Más de S/ 60 millones sin ejecutar desde 2017, pérdidas de hasta S/ 5.9 millones mensuales, desacato a órdenes judiciales y caos administrativo. El sindicato exige la remoción total del directorio, por considerarlo incompetente y desconectado de la realidad local.

A nivel nacional, la Federación de Trabajadores de Agua Potable ha alzado su voz contra el OTASS, calificándolo como un completo fracaso y solicitando su expulsión inmediata de todas las EPS intervenidas. Las movilizaciones y protestas se han dado masivamente en Piura, Pisco, Chiclayo y más.
Lo que ocurre en las EPS no es un accidente: es un modelo de podredumbre institucionalizada. Una argolla dorada de funcionarios que rotan de empresa en empresa como si fueran inamovibles. Los fracasos no se castigan; se reciclan. Las malas gestiones no se investigan; se premian con más cargos. Basta ya de rotar incapaces como si fueran técnicos de élite.
OTASS, lejos de cumplir su rol técnico y transparente, se ha convertido en el verdugo del agua potable en el Perú. Los pueblos no solo siguen sin agua, sino que además están condenados a pagarle los suculentos sueldos a quienes hunden sus EPS y se llevan la plata, sin justicia, sin control y lo peor, sin esperanza.
