12 Obispos peruanos rechazaron la ley de amnistía recientemente promulgada en una ceremonia por la presidenta Dina Boluarte. Advirtieron que la norma fomenta la impunidad en casos de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno y vulnera la dignidad de las víctimas. Mediante su pronunciamiento, también exhortaron que el Poder Judicial no aplique esta norma y que ponga en prioridad los derechos de las personas.
«Consideramos que esta ley es contraria a la justicia, alienta la impunidad frente a delitos de grave crueldad y niega la dignidad de la persona humana. Por eso exhortamos a los magistrados del Poder Judicial a ejercer el control difuso e inaplicar esta norma, en salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas y de la sociedad», se lee en el pronunciamiento.
Asimismo, los obispos insistieron en que «la justicia es para todos, por eso los procesos judiciales que busquen genuinamente la verdad no pueden tener una duración cruel e irrazonable». Y en esa misma línea afirmaron que «como pastores acogemos el dolor de las víctimas… no se puede eximir a nadie por razones de edad», en alusión a que la amnistía favorecería a personas mayores de 70 años condenadas por delitos graves contra los derechos humanos.
Cabe recordar que el presidente del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Miguel Cabrejos, había anticipado que esta disposición constituye un retroceso en la defensa de los derechos fundamentales. «No podemos aceptar la vulneración de los derechos humanos ni el acceso a la verdadera justicia», indicó días atrás.
Es importante precisar que esta norma otorga amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de los comités de autodefensa que participaron en el conflicto armado interno, e incluye a sentenciados por graves violaciones a los derechos humanos. Organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional han advertido que la medida vulnera estándares internacionales suscritos por el Perú y abre la puerta a una «impunidad institucionalizada».
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