El alcalde Miquer Castillo Pardo parece no tener interés alguno en la transparencia ni en el control interno de su gestión. Informe de la Contraloría General de la República revela que la Municipalidad Distrital de Atavillos Alto no destinó ni un sol del presupuesto municipal para financiar la función de fiscalización del Concejo Municipal durante su gestión, incumpliendo flagrantemente la Ley N.º 31812, que obliga a todas las comunas del país a garantizar recursos para supervisar el uso de los fondos públicos.
El Informe de Acción de Oficio Posterior N.º 9228-2024-CG/PREVI-AOP evidencia que la gestión de Castillo omitió realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para cumplir con la norma, lo que deja sin herramientas logísticas al Concejo Municipal para ejercer su labor fiscalizadora. Esta omisión no solo representa un acto de negligencia administrativa, sino que levanta serias sospechas sobre la intención del alcalde de impedir la vigilancia ciudadana y el control político dentro de su propio municipio.
La Contraloría advierte que esta falta de financiamiento contraviene directamente el numeral 22 del artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades, modificado por la Ley N.º 31812, que obliga a incorporar entre el 1% y 2% del presupuesto municipal para la fiscalización. La omisión configura un indicio de irregularidad grave, que podría derivar en acciones de control, responsabilidades administrativas e incluso penales por vulnerar el principio de legalidad presupuestal establecido en el Decreto Legislativo N.º 1440.
En términos simples, Castillo Pardo dejó sin presupuesto a quienes deben fiscalizarlo, eliminando de hecho cualquier posibilidad de supervisión sobre el uso del dinero público. ¿Descuido, incapacidad o cálculo político? Lo cierto es que esta omisión beneficia solo a quienes desean manejar los recursos sin rendir cuentas, debilitando la transparencia en un distrito donde abundan las denuncias de presuntos malos manejos.
Redacción: 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗡𝗼𝘁𝗶𝗰𝗶𝗮𝘀
ENFOQUE REAL 