Equipo técnico de OEFA evalúa si persisten restos de hidrocarburos en el litoral de Huaral, Lima y Callao.
La Defensoría del Pueblo lideró la segunda jornada de supervisión, esta vez por la vía terrestre en las playas afectadas por el derrame de petróleo ocurrido en enero de 2022, recorriendo sectores de los distritos de Aucallama (Huaral), Ancón (Lima) y Ventanilla (Callao) con el fin de verificar in situ el estado actual de la zona marino-costera impactada. Esta jornada forma parte del seguimiento permanente que realiza la institución frente a uno de los desastres ambientales más graves registrados en el litoral peruano.
La supervisión, convocada por la Adjuntía de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Defensoría del Pueblo, contó con la participación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), cuyos especialistas efectuaron la toma de muestras de agua y sedimentos en puntos priorizados de cinco playas: Chacra y Mar (Aucallama), Pocitos y Dieciocho (Ancón), así como Costa Azul 2 y Bahía Blanca (Ventanilla). Estas muestras serán analizadas para determinar la posible presencia de hidrocarburos totales de petróleo (TPH) e hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs), lo que permitirá actualizar la información disponible sobre el nivel de afectación ambiental. Asimismo, participaron en la actividad representantes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA Lima Noreste) y de la Municipalidad de Ancón, quienes pudieron constatar directamente la situación de las playas bajo su jurisdicción.
Durante el recorrido se verificó la presencia de residuos sólidos, principalmente plásticos y desechos inorgánicos, acumulados en distintos tramos del litoral. En el caso de Ancón, representantes municipales señalaron que parte de estos residuos provendrían de embarcaciones pesqueras y del arrastre del mar. La Defensoría del Pueblo recomendó a las autoridades locales reforzar las acciones de limpieza, mejorar la disposición de contenedores en zonas visibles y fortalecer las campañas de sensibilización ambiental dirigidas a la ciudadanía.
Otro aspecto observado fue la ausencia de señalización que advierta si las playas son aptas o no para uso recreativo, especialmente en Aucallama y Ventanilla, pese a que muchas de estas zonas aún presentan acumulación de residuos de hidrocarburos y registran la presencia de visitantes en los bordes del litoral. La Defensoría del Pueblo insta a los gobiernos locales a garantizar información clara y visible, más aún ante la inminente temporada de verano.
Esta supervisión terrestre complementa la jornada marítima realizada el pasado 4 de noviembre, en la que se evaluó el estado del litoral desde el mar y se recogió información sobre áreas de difícil acceso. Ambas acciones permitirán contar con un panorama más completo y actualizado sobre el proceso de recuperación del ecosistema afectado y los desafíos que aún persisten para su rehabilitación integral.
La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de continuar vigilando el cumplimiento de las obligaciones ambientales a cargo de las entidades del Estado y garantizar el acceso de la población a información verificada, transparente y oportuna sobre la situación de las playas afectadas por el derrame de hidrocarburos del 2022.
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