Una nueva controversia sacude el panorama político de Pasco luego de conocerse que Eduardo Carhuaricra, exfuncionario y militante de Alianza para el Progreso, habría sido beneficiado por una reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) que, según diversos especialistas, podría permitir su retorno a la competencia electoral pese a contar con una sentencia condenatoria por peculado doloso, delito considerado dentro del espectro de corrupción de funcionarios.
El caso revive el debate sobre los límites éticos y legales para la participación política de personas con antecedentes por delitos contra el Estado.
La normativa electoral peruana presenta criterios estrictos respecto a la postulación de personas condenadas:
Artículo 34-A de la Constitución: establece inhabilitación para ciertos delitos graves.
Artículo 34: impide la postulación de personas condenadas por delitos dolosos en primera instancia.
Ley 30717: amplía las restricciones, señalando que la inhabilitación para delitos de corrupción persiste incluso después de la rehabilitación.
Sin embargo, en la Sentencia 31/2025 del Tribunal Constitucional (Exp. 01242-2023-PA/TC), el tribunal señala que la interpretación de inhabilitación permanente podría vulnerar el derecho a la rehabilitación. Esta posición ha generado críticas al considerarse una ventana que favorece a funcionarios condenados por apropiarse de recursos públicos
Diversas voces en Pasco y a nivel nacional han calificado este escenario como un nuevo retroceso en la lucha contra la corrupción. Organizaciones civiles advierten que permitir la participación de personas sentenciadas por delitos como peculado envía un mensaje equivocado a la ciudadanía y deteriora la confianza en las instituciones.
“No puede hablarse de renovación política cuando a quienes traicionaron la confianza pública se les abre la puerta nuevamente”, recuerden que el peculado es uno de los delitos que más daño ha causado al país, especialmente en regiones con graves brechas sociales y obras inconclusas, como la región Pasco.
En una región donde abundan proyectos paralizados, obras abandonadas y presupuestos sin ejecución eficiente, el debate cobra mayor intensidad. Este caso simplemente genera indignación ante la posibilidad de que figuras con sentencias por corrupción vuelvan a buscar cargos públicos mientras la población continúa enfrentando carencias y atraso.
La controversia no solo cuestiona al aspirante hoy habilitado, sino también al sistema que permite que decisiones judiciales y vacíos interpretativos generen espacios para que personas con antecedentes graves vuelvan a disputar representaciones políticas.
El caso Carhuaricra evidencia una vez más la urgencia de fortalecer los filtros éticos en la política peruana. En un país marcado por escándalos de corrupción, la ciudadanía exige coherencia, respeto por la ley y autoridades libres de cuestionamientos graves.
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