Por Juan Castro
La reciente aprobación de la extensión del plazo de formalización en la subcomisión de Energía y Minas del Congreso de la República genera serias preocupaciones que deben ser abordadas con urgencia:
1. 𝗥𝗲𝗶𝗻𝗰𝗼𝗿𝗽𝗼𝗿𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗱𝗲 𝗺𝗶𝗻𝗲𝗿𝗼𝘀 𝗲𝘅𝗰𝗹𝘂𝗶𝗱𝗼𝘀: El predictamen contempla la reincorporación de mineros que habían sido excluidos del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) conforme al Decreto Supremo 012-2025-EM. Esta disposición es alarmante, dado que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) excluyó a más de 50,000 mineros informales por incumplir requisitos básicos y no presentar la documentación necesaria durante el proceso de formalización. Cabe destacar que el 90% de los excluidos llevaba más de cuatro años suspendidos en el registro, sin haber regularizado su situación.
2. 𝗦𝘂𝘀𝗽𝗲𝗻𝘀𝗶ó𝗻 𝗱𝗲 𝗲𝘅𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀: La propuesta incluye la suspensión temporal de los procedimientos de exclusión del REINFO, evitando así la salida de más mineros mientras se establece un marco legal permanente. Esta medida conlleva múltiples riesgos:
• 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗱𝗲 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗰𝘁𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮𝘀 𝗶𝗻𝗳𝘂𝗻𝗱𝗮𝗱𝗮𝘀: Se corre el riesgo de fomentar en los mineros en proceso de exclusión la ilusión de que sus trámites serán reevaluados o que serán incluidos en un nuevo sistema que podría establecerse en el futuro.
• 𝗣𝗲𝗿𝗽𝗲𝘁𝘂𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱: La suspensión de las exclusiones, junto con la prolongación del registro, puede resultar en la continuidad de un sistema deficiente y desactualizado, favoreciendo la informalidad en lugar de promover la regularización.
El predictamen que modifica el D.L. 1293 y fue aprobado el 18 de noviembre en la subcomisión de Energía y Minas se considera inaceptable por diversas razones:
• 𝗣𝗿𝗼𝗹𝗼𝗻𝗴𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱: Esta medida podría consolidar la informalidad y facilitar la impunidad de la minería ilegal.
• 𝗥𝗶𝗲𝘀𝗴𝗼𝘀 𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗴𝗻𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼𝘀: Existe un temor fundado de que el retraso en la formalización permita que los mineros continúen contaminando el ambiente con mercurio, lo que afectaría gravemente la salud pública y los ecosistemas locales.
• 𝗕𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝗼 𝗮 𝗿𝗲𝗱𝗲𝘀 𝗶𝗹í𝗰𝗶𝘁𝗮𝘀: Surge la preocupación de que, bajo la premisa de «formalización», se estén favoreciendo a redes vinculadas a la minería ilegal, en lugar de atender a la necesidad de una genuina regularización del sector.
Es imperativo que las autoridades reconsideren el impacto de estas decisiones y promuevan una agenda que garantice la formalización responsable, el respeto al ambiente y la protección de las comunidades afectadas.