La comisaría PNP Barranca está catalogada como una comisaría de categoría A, lo que en el papel significa que debería contar con una dotación de 120 policías, pero apenas hay 47 efectivos operativos. Es menos de la mitad.
Tenemos una fuerza policial reducida al extremo, lo que hace prácticamente imposible cubrir turnos, sin capacidad real para controlar el territorio.
Mientras tanto, la delincuencia avanza.
Barranca —como tantas provincias del Perú— vive un aumento sostenido de asaltos, extorsiones, homicidios y violencia urbana. La ciudadanía siente miedo: hay sectores donde ya nadie camina tranquilo.
Un abandono que, además, se agrava porque los organismos creados para velar por la seguridad —los famosos Comités de Seguridad Ciudadana (nacional, regional y provincial)— no han logrado revertir nada.
En estas reuniones estériles se entregan informes, firman actas, se toman fotos, hablan de “articulación interinstitucional”, pero la situación en la calle no cambia.
Lo que se siente en Barranca es el abandono del Estado.
Y mientras tanto, el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, José Jerí, se va de gira con la manga remangada para el tiktok, porque en la práctica todo sigue peor.
En Barranca —y en muchas otras ciudades— los policías solo aparecen en masa cuando hay protestas, cuando la gente levanta la voz. Para contener al ciudadano sí hay personal. Para protegerlo del crimen, no.
¿De qué sirve tener categoría A si la comisaría funciona con personal de categoría D?
¿De qué sirve un comité nacional si la población sigue abandonada?
Tener solo 47 policías cuando deberían ser 120 no es un problema administrativo, es la dura realidad: a las autoridades no les interesa la seguridad del pueblo.
Fuente: Contra Poder
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