El gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, afronta una grave investigación fiscal al ser sindicado como presunto líder de la organización criminal denominada “Los Socios del Callao”, una red que habría direccionado contratos públicos por más de S/1.400.000 en el Gobierno Regional y el Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao (Cafed).
De acuerdo con el Ministerio Público, la presunta organización habría favorecido de manera irregular a los proveedores Luis Blanco Cabrera y Rafael Moscaisa Gutiérrez mediante 63 contratos, configurando los presuntos delitos de colusión y organización criminal. La investigación señala que estos procesos se habrían realizado vulnerando los principios de transparencia y legalidad en la administración pública.
El último lunes 15 de diciembre, la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao ejecutó un megaoperativo que incluyó el allanamiento de 27 inmuebles y las oficinas del Gobierno Regional del Callao, vinculados a 13 investigados. Asimismo, se ordenó la detención preliminar por 15 días de 11 funcionarios y servidores públicos, entre ellos el propio gobernador regional.
Sin embargo, Ciro Castillo Rojo permanece no habido desde hace cuatro días, pese a que la orden judicial fue declarada fundada por la Corte Superior de Justicia del Callao el pasado 9 de diciembre. Llama la atención que la Policía Nacional, a través de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor), tardó seis días en ejecutar la orden, retraso que genera serios cuestionamientos sobre la eficacia y oportunidad de la intervención policial.
El operativo se desplegó en diversos distritos de Lima y Callao, incluyendo Santiago de Surco, San Juan de Lurigancho, Los Olivos, Comas, Villa El Salvador, San Miguel, Rímac, Carabayllo y San Martín de Porres, evidenciando el alcance nacional de la presunta red delictiva.
Este caso representa uno de los mayores escándalos de corrupción política a nivel regional, poniendo en entredicho la gestión del Gobierno Regional del Callao y profundizando la crisis de confianza ciudadana en las autoridades. La Fiscalía continúa con las diligencias para ubicar al gobernador y determinar responsabilidades penales, mientras la opinión pública exige sanciones ejemplares y transparencia en el manejo de los recursos del Estado.
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