Dra. Pilar Aguirre Morales es retirada de la jefatura del Centro de Salud de Huaura tras defender a pacientes y personal médico

La salud pública en el distrito de Huaura atraviesa uno de sus momentos más críticos y vergonzosos. Lo ocurrido en el Centro de Salud de Huaura no solo indigna, sino que enciende todas las alertas sobre el uso político del poder en perjuicio de miles de ciudadanos.

Tras un reclamo legítimo y público de los profesionales de la salud —quienes denunciaron que atienden a pacientes en plena calle, sin reubicación, sin apoyo y sin condiciones mínimas de dignidad— la respuesta del Gobierno Regional no fue la solución, sino el castigo.

En una decisión que muchos califican como represalia, se dispuso la remoción de la Dra. Pilar Mónica Aguirre Morales, médica reconocida por su firmeza, profesionalismo y defensa de la salud pública, del cargo de jefa del Centro de Salud de Huaura.

Su “falta” habría sido alzar la voz y exigir condiciones humanas para atender a la población.

Lo más alarmante es que, en su lugar, se habría designado a Alex Edgar Lugo Loza, bachiller en Derecho, una persona sin formación médica, para asumir una jefatura que requiere conocimiento técnico en salud pública.

Una decisión que, de confirmarse, resulta incomprensible y peligrosa, y que pone en evidencia una preocupante improvisación en la gestión sanitaria.

Mientras tanto, el alcalde distrital de Huaura guarda un silencio cómplice e incapaz, sin pronunciarse ni defender a su población ni a los profesionales que hoy trabajan en condiciones indignas. La ausencia de liderazgo municipal agrava aún más la crisis.

Pero el escenario se vuelve todavía más grave: se pretende fusionar el Centro de Salud de Huaura con el de Socorro, una medida que atenta directamente contra el derecho a la salud de miles de huaurinos, incrementando la sobrecarga, reduciendo la atención y alejando los servicios básicos de quienes más los necesitan.

Aquí no estamos ante un simple cambio administrativo.

Estamos frente a una decisión política que castiga la dignidad, silencia la protesta justa y pone en riesgo la vida de la población.

La pregunta es inevitable:

👉 ¿Quién responde si mañana una atención deficiente cuesta una vida?

👉 ¿Quién asume la responsabilidad de convertir la salud en un botín político?

Huaura merece respeto.

La salud no se negocia.

Y quienes defienden al pueblo no deben ser castigados, sino respaldados.

Fuente: Juan Michuy

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