Expulsión colectiva marca un giro en la política migratoria
El Estado peruano ejecutó la expulsión de 39 ciudadanos venezolanos que se encontraban en situación migratoria irregular, en una operación realizada desde la base aérea de la Policía Nacional del Perú (PNP) y liderada por la División de Extranjería de la Dirección de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. La medida se sustentó en infracciones al Decreto Legislativo 1350, conocido como la Ley Migratoria, y se convirtió en uno de los gestos más visibles del endurecimiento de la política migratoria impulsada por el Ejecutivo.
El grupo expulsado estuvo conformado por siete mujeres y treinta y dos hombres, todos identificados tras procesos de verificación migratoria. Para el Gobierno, la acción respondió a una estrategia de fortalecimiento del orden interno, en un contexto donde la migración irregular pasó a ocupar un lugar central en el debate público sobre seguridad ciudadana y control fronterizo.
Más allá del número, el operativo fue presentado como una señal política: el Estado buscó reafirmar el principio de autoridad y dejar en claro que el ingreso y la permanencia en el país deben ajustarse estrictamente a la normativa vigente.
Miles de expulsiones en un año de operativos intensivos
La expulsión de los 39 ciudadanos venezolanos no fue un hecho aislado. De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y el 22 de diciembre de 2025 se dictaron 3.411 órdenes de expulsión contra ciudadanos extranjeros que infringieron la legislación migratoria peruana.
Las principales causales incluyeron el ingreso no autorizado al territorio nacional, el exceso de permanencia y conductas consideradas una amenaza para el orden público y la seguridad interna. Las autoridades sostienen que el aumento de expulsiones responde a un cambio de enfoque: pasar de una política reactiva a una de control activo y preventivo.
Este giro se produjo en paralelo al aumento de la preocupación ciudadana por la inseguridad, un factor que el Ejecutivo ha vinculado de manera directa al desorden migratorio, especialmente en zonas urbanas con alta concentración de población extranjera.
El PASEE como herramienta de respuesta rápida
Para viabilizar las expulsiones, la Superintendencia Nacional de Migraciones recurrió al Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), un mecanismo diseñado para acelerar la respuesta del Estado frente a infracciones migratorias consideradas graves.
El PASEE permitió reducir los plazos administrativos y ejecutar salidas forzadas en tiempos significativamente menores a los procesos ordinarios. Desde el punto de vista del Gobierno, esta herramienta resultó clave para enfrentar situaciones que, según su diagnóstico, exigían una intervención inmediata.
No obstante, el uso del procedimiento excepcional también generó cuestionamientos desde sectores académicos y de derechos humanos, que advirtieron sobre la necesidad de garantizar el debido proceso, incluso en contextos de emergencia o presión política.
Más de 7 mil operativos de fiscalización en todo el país
El endurecimiento de la política migratoria se expresó también en el despliegue operativo. A lo largo de 2025, Migraciones y la PNP realizaron más de 7.100 operativos de verificación y fiscalización en distintas regiones del país.
Durante estas intervenciones se logró identificar a 114.099 ciudadanos extranjeros, mediante cruces de información con bases de datos nacionales e internacionales. Las regiones con mayor número de operativos fueron Tumbes, Puno, Lima, Cusco, Tacna y Arequipa, zonas consideradas estratégicas por su condición de corredores migratorios, fronteras activas o alta movilidad poblacional.
Según las autoridades, estos operativos permitieron no solo detectar infracciones administrativas, sino también prevenir delitos conexos, como la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
Tecnología para el control migratorio
Uno de los elementos distintivos de la estrategia fue la incorporación de herramientas tecnológicas. El uso de tabletas electrónicas permitió identificar personas en tiempo real, acceder a información migratoria y contrastar datos en el mismo punto de intervención.
A ello se sumaron los migramóviles, vehículos equipados con conectividad satelital y módulos de atención, que facilitaron el inicio inmediato de procedimientos sancionadores sin necesidad de trasladar a los intervenidos a oficinas centrales.
Para Migraciones, esta modernización operativa fortaleció la capacidad del Estado para ejercer control efectivo del territorio, reduciendo los márgenes de evasión y acelerando la toma de decisiones administrativas.
Coordinación interinstitucional y sanciones
La política migratoria se sostuvo además en una coordinación interinstitucional con el Ministerio Público, la Sutran, la Sunafil y gobiernos locales. Esta articulación permitió aplicar un abanico de sanciones administrativas, que incluyeron multas, salidas obligatorias y expulsiones.
El Ejecutivo destacó que este trabajo conjunto contribuyó a cerrar brechas de control, especialmente en sectores como transporte, empleo informal y actividades económicas donde se detectó una mayor presencia de extranjeros en situación irregular.
El discurso político: seguridad y fronteras
En el plano político, el presidente José Jerí fijó una posición explícita frente al fenómeno migratorio. Durante este periodo, descartó la creación de corredores humanitarios, una propuesta promovida desde sectores políticos de Chile, y vinculó directamente el desorden migratorio con el avance del crimen organizado.
Bajo esa lógica, el Ejecutivo reforzó la militarización de la frontera sur y amplió los operativos de control de identidad, enviando un mensaje disuasivo tanto a nivel interno como regional. El objetivo declarado fue restablecer el principio de autoridad y evitar que el país se convierta en un punto vulnerable para redes criminales transnacionales.
Un debate abierto
La expulsión de los 39 ciudadanos venezolanos sintetizó esta línea de acción. Más allá de la cifra, el operativo simbolizó un cambio de tono en la política migratoria, donde la seguridad interna se impuso como criterio rector.
Para el Gobierno, se trató de una medida necesaria para recuperar el control del territorio y garantizar el orden público. Para otros sectores, el episodio reabrió un debate pendiente sobre los límites entre legalidad, seguridad y derechos humanos, en un país que sigue siendo uno de los principales destinos de migración regional.
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