Denuncia en Fiscalía avanza y pone al descubierto presuntos delitos penales cometidos durante la gestión de la gobernadora Rosa Vásquez Cuadrado
Huacho.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura avanza firmemente en la investigación contra la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias (DRELP), colocando en el centro de la polémica a su actual directora, Rufina Cisneros, por una serie de omisiones, demoras y presuntas irregularidades administrativas que hoy son materia de la Carpeta Fiscal N.° 182-2025.
Documentos fiscales oficiales revelan que el Ministerio Público ha tenido que emitir hasta cuatro oficios reiterativos y urgentes para exigir información clave a la DRELP, situación que evidencia una resistencia institucional alarmante frente a una investigación por presuntos actos de corrupción ocurridos durante la gestión de la gobernadora regional Rosa Vásquez Cuadrado.
Fiscalía insiste, DRELP no responde
El fiscal a cargo del caso, Elio Willian López Parí, ha requerido información sobre:
Los requerimientos abarcan varios frentes sensibles de la administración pública:
• Procesos de concurso público realizados en 2025, incluyendo cronogramas, resultados y documentación completa.
• Situación laboral y funciones de servidores y funcionarios específicos, entre ellos:
o Zamora Pérez Hilari Judit
o Katherine Liset Aponte Bermúdez
o Mayra Leonardo Ortiz
• Identificación de los integrantes del órgano instructor y órgano sancionador durante el año 2025.
• Información detallada sobre procedimientos disciplinarios, resoluciones jefaturales y expedientes administrativos relacionados con Martha Pilar Gabriel Tuya, incluyendo descargos presentados y el estado actual de varios expedientes ingresados en noviembre de 2025.
• Reportes oficiales del Sistema de Gestión Documentaria, pieza clave para verificar plazos, movimientos y eventuales retrasos administrativos.
Apercibimiento penal
Todos los documentos advierten que la falta de respuesta podría configurar el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificado en el artículo 377 del Código Penal, lo que comprometería responsabilidades penales directas.
Responsabilidades políticas y administrativas
Aunque los hechos investigados se habrían originado durante la gestión regional encabezada por Rosa Vásquez Cuadrado, hoy la responsabilidad recae en la actual conducción de la DRELP, liderada por Rufina Cisneros, quien está obligada legalmente a transparentar información, colaborar con la justicia y responder a la Fiscalía.
El silencio, la demora o la entrega parcial de documentación no solo agravan la situación legal, sino que refuerzan las sospechas sobre una red de irregularidades administrativas en el sector educación de Lima Provincias.
La investigación continúa
La Fiscalía no ha cerrado el caso y todo indica que, de persistir las omisiones, el proceso podría escalar a nuevas diligencias y responsabilidades penales, marcando un punto de quiebre en la gestión educativa regional.
Fuente Diario El Chaski
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