¿Cuántos futbolistas chancayanos habrán jugado en estas playas?”, se pregunta Marco Reyna Rivera, una tarde de febrero.
Cuando era chico, cuenta el comerciante de 60 años, todavía se armaban torneos en la Playa Chorrillos, y competían entre los diferentes barrios del distrito. Llegaban del sector Benjamín Vizquerra, de San Martín, los de la calle Arequipa y, también, de La Rivera, la urbanización donde creció él.
“La playa era un canchón de arena. Y el acantilado, todo grama. La gente se quedaba ahí, como tribuna, para ver los partidos”.
Ahora, del césped y la arena apenas quedan retazos. En la playa El Puerto, dice, es peor: “Todo el desagüe se empoza ahí”. Para Marco y otros vecinos, las irregularidades en la construcción del Megapuerto de Chancay no se limitaron al dragado del lecho marino sin un plan de compensación para los daños ambientales y a cambios en el trazo de un túnel sin permisos actualizados.
De hecho, Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A., responsable de la infraestructura, ha sido sancionada con dos multas por nuevos incumplimientos ambientales. En conjunto, estas suman S/733.463.
El espigón principal del puerto impide el paso de sedimentos desde el sur y, eso, provoca erosión en las playas públicas, ubicadas al norte».
Aunque la empresa estaba obligada a implementar un sistema de geotubos —estructura artificial diseñada para retener arena— en dos playas del distrito, solo instaló una parte de estos. El tramo ejecutado, en tanto, no respetó las características y los plazos señalados en la Modificación de su Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA-d), según resoluciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a las que accedió OjoPúblico en exclusiva.
Documentos elaborados por un contratista de Cosco Shipping reconocen que esta medida y un trasvase de arena, que tampoco se concretó de manera íntegra, eran claves para evitar la erosión al norte del puerto: “Si no se previene ese fenómeno, el mismo afectará negativamente —en primer lugar— a las playas públicas de Chancay: El Puerto y Chorrillos hasta eventualmente hacerlas desaparecer”, se lee en uno de ellos.
El mismo informe advierte que la erosión del litoral podría extenderse varios kilómetros “eventualmente, afectando playas al norte de la ciudad de Chancay, incluso a una distancia considerable”. Pese a las alertas, el proceso administrativo demandó más de un año, en el que hubo disputas por las competencias de supervisión, fiscalización y sanción ambiental entre varias entidades públicas y, al menos, una acusación de “dilaciones injustificadas” al interior del MTC.
En diciembre de 2024, tras perder una apelación, la empresa de capitales chinos canceló el total de las multas. Sin embargo, advirtió que se reservaba “expresamente” el derecho a iniciar acciones legales. Al ser consultada para este informe, indicó que, a la fecha, esto no se ha concretado; pero “viene evaluando las acciones que correspondan, en coordinación con su área legal, conforme a lo que estipula el proceso competencial”.
El año pasado, Cosco Shipping ya había sido sancionada con una multa de S/13.500 por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), tras el accidente laboral en el que falleció el ingeniero Omar Jesusi Apolinario.
Esto ocurre, asimismo, en un contexto en el que la compañía ha conseguido un fallo de primera instancia a su favor en la acción de amparo que presentó contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) para evitar que este ejecute acciones de regulación, supervisión, fiscalización y sanción en el terminal.
A esa disputa —que ha reavivado los cruces entre Estados Unidos y China— se suma otra batalla legal, que la empresa mantiene con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), además de un recorte de más de USD 423 millones en la inversión comprometida.
Los efectos en las playas de Chancay
En 2020 —tras la incorporación de Cosco Shipping Ports Limited, matriz de la sede local, como accionista mayoritario del puerto—, la empresa se propuso ampliar las dimensiones del terminal. Para eso, le solicitó a las autoridades peruanas una Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA-d) que había obtenido en 2013 y que, dos años más tarde, ya había actualizado con un informe técnico sustentatorio.
Querían sumar tres muelles a la propuesta original y transformar los accesos del terminal en vías elevadas. Eso implicaba cambios en la zona operativa. Entre ellos, incluir una estructura marítima denominada “obra de cierre”, un rompeolas adicional, cuatro áreas de dragado y dos zonas de vertimiento del material extraído.
Esa ampliación, aseguraban, haría del proyecto un “puente para el comercio regional y los intercambios económicos entre China y América Latina” y “un hito en el marco de la cooperación mutua entre China y Perú”, que profundizaría “las relaciones bilaterales en múltiples campos”.
CAMBIO. La ampliación de la primera etapa del terminal incluyó la incorporación de estructuras marítimas que modificaron la forma de la costa.
Captura: Documento del MTC
No todas eran noticias positivas. “Si colocas una estructura artificial que cambia la forma de la costa, modificas la dinámica de las mareas, la conformación de las olas y el paso de sedimentos. Y, eso, provoca cambios en las playas que tienes a los costados”, explica Anthony Apeño, especialista en biodiversidad y ecosistemas marinos costeros de CooperAcción, y miembro del grupo de investigación Coastal Ecosystems of Peru, de la Universidad Científica del Sur.
Dependiendo de esas condiciones, las playas se pueden volver rocosas o, por el contrario, empezar a acumular arena. Otras se empiezan a carcomer. A veces, de forma moderada y, otras, hasta desaparecer. Eso mismo fue lo que detectó DGP Earth S.A.C. —una consultora contratada para el proyecto— y reconoció el mismo Chen Lihui, gerente general de la sede peruana de Cosco Shipping, en una comunicación con la Capitanía del Puerto de Chancay.
La construcción marítima que implementarían retendría la arena que, antes, se transportaba de manera natural desde el sur hacía el norte de la bahía. Para evitar los daños —que, según su propio análisis, podrían significar la desaparición de las playas El Puerto y Chorrillos, además de afectar otras más al norte—, Cosco Shipping se comprometió a realizar un Programa de Control de Arenamiento y Erosión.
Este se basó en la instalación de un bypass artificial, para transportar arena desde el sur —donde el sedimento quedaría retenido— hasta las playas del norte. También se consideró una medida complementaria o de resguardo: la instalación de una cadena de geotubos —una defensa costera—, segmentada en dos tramos, que se activaría “en caso de eventos naturales u oleajes anómalos”.
RESGUARDO. Los geotubos se instalaron con el propósito de retener la arena en las playas. Se pensó como un sistema continuo, de dos tramos.
Captura: Documento del MTC
Por último, la empresa aseguró que haría monitoreos de las condiciones del mar y las playas, en coordinación con la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú.
A criterio del biólogo Stefan Austermühle, uno de los especialistas y miembros de la sociedad civil más críticos de la MEIA-d del megapuerto, estas propuestas eran “promesas” de soluciones técnicas “sin análisis de viabilidad económica” ni de “efectividad ambiental”.
Sin embargo, el 22 de diciembre de 2020, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), aprobó la MEIA-d. El documento —que también incluye la aprobación de otros permisos— está firmado por Paola Chinen Guima, entonces directora de evaluación ambiental para proyectos de infraestructura de la entidad.
Cinco años después, Chinen Guima sería una de las exfuncionarias del Senace denunciadas por la Contraloría por presuntos delitos contra el medio ambiente. La alerta, como informó OjoPúblico, se originó porque ella y otros funcionarios autorizaron la MEIA-d, aunque Cosco Shipping no había subsanado observaciones técnicas ni había presentado un plan para compensar los daños ocasionados por el dragado del lecho marino.
Prevenir la erosión
En la MEIA-d, los detalles sobre el bypass artificial son escasos. Un informe de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina (Dicapi) precisa que la medida consistía en traspasar unos 200.000 m3 de arena cada año, de forma mecánica, “desde la acreción que se formará en el arranque del rompeolas, inmediatamente al sur de este, hacia las playas del norte”.
No precisa cómo se haría el procedimiento. Pero, según sus conclusiones, ese aporte artificial sería suficiente para mantener “el equilibrio de la morfología de la línea de playa”.
Los geotubos, mientras tanto, son descritos como una estructura continua y soterrada en la playa. La misma estaría conformada por grandes contenedores cilíndricos, confeccionados con fibras de geosintético de polipropileno —material que, según la Dicapi, es “inerte, no contamina y no impacta en el medio ambiente”—, de color beige.
El biólogo Stefan Austermühle lo explica en términos más sencillos: “es una malla gigantesca, con forma de salchicha, que se llena con arena. Con eso, creas una barrera similar a una de concreto o rocas”. Ese “llenado” se hace por bombeo, con una mezcla de agua y arena: la primera escapa por la trama del textil y la arena queda retenida dentro.
Así, afirmó la empresa, existiría una última barrera que, ante eventos extremos, evitaría que la playa se erosione más allá de un punto definido. El programa consideró dos tramos de geotubos: uno, de 1.355 metros de largo, para la Playa Puerto Chancay; y otro, de 850 metros, para la Playa Chorrillos, que serían ejecutados por el consorcio CHECSAC-CCCC4TH.
Al estar bajo la arena, aseguraron, los geotubos no limitarían o impedirían a los veraneantes y pescadores usar el espacio público. Por el contrario, generarían una nueva pendiente “más favorable, estable, suave y constante, para comodidad y facilidad de los usuarios”. Y, además, protegería “las instalaciones que están o estarán en la playa, al pie del malecón o de los acantilados”.
RIESGO. Contratista de Cosco Shipping analizó escenario de eventual desaparición de dos playas públicas de Chancay: El Puerto y Chorrillos.
Captura: Documento de DGP Earth S.A.C
Las imputaciones
En marzo de 2023, a más de dos años de la aprobación de la MEIA-d, un equipo de supervisores de la Dirección de Gestión Ambiental (DGA) del MTC hizo una fiscalización en el terminal portuario para corroborar si Cosco Shipping estaba cumpliendo con sus compromisos.
Lo que encontraron fue algo distinto. En la Playa El Puerto, por ejemplo, el geotubo tenía partes expuestas y algunos tramos presentaban una coloración oscura. Además, detectaron que la empresa había instalado tres diques. En la Playa Chorrillos, mientras tanto, no se había implementado la defensa costera.
Tres meses después, luego de recolectar más información y contrastarla, la DGA elaboró un informe en el que identificó, de manera preliminar, tres presuntas infracciones.
Estas eran, en términos sencillos, no instalar el primer tramo del geotubo en la ubicación, longitud y trayectoria continua establecida (la extensión y las coordenadas verificadas en la Playa El Puerto no coincidían con la MEIA-d, y los diques no estaban contemplados), incumplir el cronograma aprobado (la implementación debió ocurrir entre noviembre de 2021 y abril de 2022), y un supuesto retraso en la entrega de documentos por parte de Cosco Shipping.
Con esa base, en agosto de 2023, la especialista legal de la DGA emitió un informe en el que recomendó abrir un procedimiento administrativo sancionador y Julio César García Estrada, entonces director del área, formalizó el inicio del caso.
ENTRECORTADO. Aunque el geotubo debía tener una trayectoria continua, eso no ocurrió.
Captura: Documento del MTC
Incumplimientos y disputas
Los detalles suelen ser reveladores, y esta no es la excepción. Mientras el trámite de la MEIA-d demandó alrededor de nueve meses, el proceso sancionador por incumplimientos en dos de los múltiples compromisos ambientales de Cosco Shipping demoró 14.
En el camino, se archivaron algunas de las imputaciones: la vinculada a las coordenadas y la supuesta demora en la entrega de información. Las otras —el incumplimiento en la longitud y trayectoria continua del geotubo, y la transgresión del cronograma de instalación— fueron ratificadas en el informe final de instrucción de la DGA.
Después, empezaron los desencuentros entre esa área y la Dirección de Evaluación Ambiental (DEA). La última le devolvió el informe de instrucción luego de dos meses, alegando que debía incluir una propuesta de cálculo de multa, aunque este no es un requisito del procedimiento.
La respuesta de la DGA fue directa: le recordó que esa era su obligación y que ya había excedido los plazos para tomar una decisión. “Es deber de la Autoridad Decisora emitir un pronunciamiento en primera instancia y abstenerse de dilaciones injustificadas que afectan en procedimiento”, añadió.
Durante el proceso, la DGA hizo referencia a ‘dilaciones injustificadas’ por parte de la primera instancia administrativa».
Luego, hubo, al menos, cuatro propuestas de cálculo de multas distintas, una ampliación del plazo de caducidad, y un proceso competencial paralelo, que casi le quita facultades administrativas al MTC. Cosco Shipping, mientras tanto, reconoció que no había implementado el tramo 1 del geotubo con las características técnicas especificadas en la MEIA-d ni con los plazos estipulados.
Aun así, alegó que los hechos no constituían infracciones pues habían estado condicionados “por factores externos imprevisibles e irresistibles”. Entre ellos, supuestos retrasos en los acuerdos sociales, protestas de pescadores que la llevaron a “prescindir” de la instalación de algunas “unidades de geotubos”, el derrame de petróleo de Repsol y la detección de “interferencias” en el trazado del geotubo “con infraestructuras existentes”, como un desembarcadero artesanal y tuberías de empresas pesqueras.
Esas interferencias no eran una novedad: ya habían sido detectadas por la Dicapi en 2020. Por eso, durante la evaluación de la MEIA-d, Cosco Shipping se comprometió a suscribir un convenio de cooperación con las compañías involucradas, algo que se concretó en setiembre de 2021.
También hizo referencia a mareas altas y oleajes anómalos, y a los diques como una medida de refuerzo. Según su versión, eso retrasó los trabajos y, luego, detectó que las playas del sur eran más amplías que lo documentado y las del norte, más estrechas.
Cosco Shipping atribuyó esto al “cambio estacional”, pero omitió un detalle: la construcción del rompeolas principal —estructura que generaría los cambios en las playas aledañas— empezó antes que la instalación de los geotubos, contra lo establecido en la MEIA-d. Pese a eso, afirmó que los geotubos instalados habían “generado un impacto positivo” en la zona.
Con el tiempo, también cuestionó el cálculo de la propuesta de multa y planteó que se habían vulnerado los principios de razonabilidad y de no confiscatoriedad. Según la empresa, los informes tenían vicios de motivación, “al omitir valorar debidamente los medios probatorios” que había presentado.
El 2 de agosto de 2024, después de todo ese proceso, la DEA emitió una resolución directoral en primera instancia. Allí, determinó que Cosco Shipping no había logrado demostrar que la falta de 195 metros en el primer tramo del geotubo y el incumplimiento de la trayectoria continúa tuvieran alguna relación con eventos extraordinarios, imprevisibles e irresistibles.
Sobre las reuniones con la comunidad señaló que estas eran parte de sus compromisos sociales y que la interferencia con infraestructuras existentes no eran un riesgo ajeno a sus actividades.
La erosión puede, eventualmente, hacer desaparecer a las playas El Puerto y Chorrillos, según análisis».
También le recordó que, durante la evaluación de la MEIA-d, el Senace le pidieron justificar la resistencia del geotubo al colapso parcial o total debido al “comportamiento impredecible del mar (fenómeno El Niño, bravezas, tsunamis, por ejemplo)”, requisito que cumplió sin indicar la necesidad de diques. Por eso, determinó que le correspondía pagar una multa de 141,072 UIT (aproximadamente S/726.520).
Respecto al incumplimiento de los plazos señaló que, aunque la compañía intentó justificar la demora por un conflicto social, los videos e imágenes que proporcionó eran de fechas anteriores a la prevista para la implementación. Teniendo en cuenta eso, le impuso una sanción adicional, de 1,348 UIT (unos S/6.942).
Durante los 10 meses en los que el caso estuvo en evaluación de la DEA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) recibió, por lo menos, tres denuncias vinculadas a los geotubos y el trasvase de arena. Según esos reportes, las playas ubicadas al norte del megapuerto ya estaban empezando a experimentar diversos problemas.
La evaluación final
Cosco Shipping pagó la multa vinculada al incumplimiento de los plazos para la instalación del geotubo en el Tramo 1 – Playa Chacay, pero lo hizo “bajo protesto”. Además, indicó que eso no implicaba “una aceptación o reconocimiento de responsabilidad por la referida conducta infractora, reservándose el derecho de ejercer acción legal posterior”.
La multa más significativa, en cambio, la apeló. Esta vez, argumentó que el cálculo no debía considerar un faltante de 195 metros en el tramo 1 del geotubo, sino de 114,8 metros y pidió que se aplique un atenuante porque habían reportado problemas en la instalación ante la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAM) del MTC, de manera periódica.
La DGAAM, segunda instancia del proceso, se pronunció en octubre de 2024. Su resolución declaró infundada la apelación y ratificó la multa de 141,072 UIT . Según el documento, no encontraron ninguna prueba que, “de manera fehaciente, permita acreditar” lo alegado por la Cosco Shipping “en torno a la longitud” faltante del geotubo.
Sobre el supuesto autorreporte aclaró que, aunque la empresa había informado sobre reuniones e interrupciones en la instalación del geotubo, en octubre de 2022 había reportado que la instalación ya se había completado en la Playa el Puerto.
DETERIORO. A mediados de 2025, había múltiples estructuras abandonadas en la playa.
Foto: OjoPúblico / Renato Pajuelo
Dos meses después, mientras el MTC afrontaba el proceso competencial simultáneo, la empresa le comunicó que había pagado la multa restante. Como antes, aclaró que se reservaba “expresamente el derecho de acción, en caso de que resulten procedentes conforme al ordenamiento jurídico”.
OjoPúblico solicitó sin éxito comentarios del MTC, el consorcio CHECSAC-CCCC4TH, la Dicapi y la Dirección de Hidrografía y Navegación. DGP Earth —encargada de los estudios técnicos para la ingeniería de diseño de la defensa costera— aseguró que los diques eran “estrictamente temporales y parte del proceso constructivo”.
La contratista negó que hayan registrado problemas técnicos de diseño o en instalación de los geotubos. Estos, añadió, “fueron causados por alteraciones sociales, paralizaciones constantes por desconocimiento, pretensiones de contratación, vandalismo constante y sabotaje premeditado”. Por último, precisó que los geotubos son “parte complementaria de una solución integral donde entran factores y actividades como un trasvase” de arena.
Un futuro incierto
Los problemas en las playas públicas de Chancay exceden los hallazgos de este proceso sancionador: aunque la supervisión que originó el caso identificó demoras en la instalación de los geotubos en la Playa Chorrillos, eso no fue abordado en la investigación.
Con el tiempo, las irregularidades crecieron. En noviembre de 2024, por ejemplo, una supervisión de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) encontró que algunos tramos del geotubo de ese sector estaban rotos. La arena, detalló, se desplazaba fuera del tejido y había restos de bolsones, plásticos y llantas del componente desperdigados en la playa.
Cosco Shipping alegó que los daños se debían a una “serie de sabotajes de terceras personas” e informó que estaban haciendo coordinaciones para el retiro de los geotubos. “El solo hecho de repararlos”, se excusó, le causaría “un perjuicio económico” de USD 1,6 millones.
Al mes siguiente, luego de recibir una advertencia sobre el incumplimiento grave que significaría eso, planteó la posibilidad de tramitar una modificación del Programa de Arenamiento y Erosión Costera, a través de un Informe Técnico Sustentatorio. La misma, según le adelantó a la APN, se basaría en “la construcción de espigones retenedores de arena (…) complementada con posibles trasvases de arena”, dependiendo de los resultados de una serie de estudios técnicos que estaban ejecutando.
Consultada por OjoPúblico, la compañía reconoció que, pese a las advertencias, “ha ejecutado el retiro parcial” de geotubos en la Playa Chorrillos. Además, indicó que la tramitación del nuevo instrumento de gestión ambiental está “en fase de evaluación preliminar y [de] coordinación interinstitucional”.
Este medio también le envió un cuestionario a la APN y otro al Senace. La primera no contestó y la segunda se negó a responder alegando que “emitir juicios de valor” está fuera de sus “competencias y funciones”.
Con el trasvase —la medida más importante para prevenir la erosión— las noticias tampoco son alentadoras. Según la MEIA-d, se debía trasladar un promedio de 200.000 m3 de arena al año, desde el sur del puerto hacía las dos playas públicas. Sin embargo, un informe de la APN revela que, en 2023, solo se reubicaron 11.340 m3. Es decir, menos del 6% de lo requerido.
Según la empresa, esto se debió a la oposición de pescadores artesanales. Los trasvases de 2024 y 2025 también “fueron interrumpidos por conflictos sociales” y el bypass, admitieron, “no se ha implementado”. En otras palabras, ninguna de las medidas centrales del Programa de Control de Arenamiento y Erosión está funcionando de manera íntegra.
BIODIVERSIDAD. Pescadores y peritos alertan que los geotubos tienen características riesgosas para las especies marinas.
Foto: OjoPúblico / Reanto Pajuelo
Entre noviembre de 2024 y mediados de 2025, el OEFA recibió, al menos, cinco denuncias vinculadas a ambas playas. En comunicación con este medio, el organismo remarcó que “viene supervisando la actuación de la entidad de fiscalización ambiental competente [el MTC]” sobre estas supuestas afectaciones.
Hace poco más de un año, Infobae reportó que el Frente de Defensa por la Dignidad y Libertad de Chancay había presentado una denuncia penal contra Cosco Shipping por presuntos delitos contra el medio ambiente. Ahora, OjoPúblico accedió a un informe pericial elaborado en el marco de esa investigación.
El documento, emitido en setiembre de 2025 por la Oficina de Peritajes del Ministerio Público, concluye que la condición de los geotubos en las playas de Chorrillos y El Puerto de Chancay “representa un riesgo ambiental para la biodiversidad marina”.
Magdalena Jara Genebroso, recolectora de algas marinas y presidenta de la Asociación de Pescadores, Vendedores de Pescado, Yuyeros y Afines – Las Merluzas de Chancay, cuenta que la mortandad de cangrejos fue evidente en cuanto la Playa Chorrillos empezó a perder arena: “así, chiquititos, de poco tiempo, ya morían”.
“Pero la empresa —agrega— tiene mucha influencia”.
Fuente: Ojo Público
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