Por Francisco Diez-Canseco Távara
El principio fundamental de una República es claro: el Estado debe estar al servicio del pueblo. No al revés. Sin embargo, en el Perú de hoy ocurre exactamente lo contrario. El pueblo trabaja, paga impuestos, cumple la ley y sostiene el aparato público, mientras un Estado hipertrofiado, capturado por políticos corruptos e ineficientes, vive a costa del esfuerzo nacional.
El ciudadano madruga para producir, emprender o sobrevivir. El agricultor siembra con riesgo propio. El transportista enfrenta extorsiones. El pequeño empresario lucha contra la informalidad y la inseguridad. ¿Y qué recibe a cambio? Trámites interminables, servicios públicos deficientes, hospitales colapsados, escuelas sin calidad y una inseguridad creciente. El Estado no responde; el Estado estorba.
Durante décadas se ha consolidado una estructura pública diseñada no para servir, sino para repartirse cuotas de poder. Ministerios que se multiplican sin resultados, organismos que duplican funciones, asesores innecesarios, consultorías millonarias y redes clientelares que convierten al presupuesto en botín político. El aparato estatal se ha convertido en refugio de mediocres y plataforma de intereses particulares.
El problema no es el tamaño del Estado, sino su captura moral. Cuando quienes gobiernan priorizan sus conveniencias, blindajes y componendas, el ciudadano queda relegado. Se legisla para grupos de presión, no para el bien común. Se protege al corrupto, no al honesto. Se castiga al emprendedor con impuestos y regulaciones, mientras el corrupto negocia impunidad en las sombras.
Un verdadero Estado al servicio del pueblo exige tres transformaciones profundas. Primero, moral pública: tolerancia cero a la corrupción, sanción ejemplar y expulsión inmediata de quienes traicionan la función pública. Segundo, eficiencia: evaluación permanente del desempeño de funcionarios, eliminación de entidades inútiles y simplificación radical de trámites. Tercero, prioridad social real: salud, educación, seguridad y empleo por encima de privilegios políticos.
El Perú no necesita más discursos; necesita un cambio estructural. Un Estado que facilite, no que obstaculice. Que proteja al ciudadano, no que lo exprima. Que administre con austeridad y rinda cuentas con transparencia. La autoridad existe para servir, no para servirse.
La gran tarea nacional es recuperar el sentido republicano del poder. Recordar que cada sol del presupuesto proviene del esfuerzo del pueblo. Que cada funcionario es un servidor, no un señor feudal. Y que el poder político es un mandato temporal, no una propiedad privada.
Si invertimos esa lógica perversa que hoy nos gobierna, el Perú podrá liberar su enorme energía creadora. El Estado volverá a su esencia: instrumento de justicia, orden y desarrollo al servicio de todos los peruanos.
Esa es la Revolución Pacífica que plantea Perú Acción.
(*) Presidente de Perú Acción
Presidente del Consejo por la Paz
ENFOQUE REAL 