Comisión de Energía y Minas aprueba reducir a 15 años la caducidad de concesiones mineras inactivas

La Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República aprobó por mayoría un dictamen que modifica la Ley General de Minería, con el objetivo de fortalecer el régimen de concesiones y evitar la existencia de concesiones inactivas.

La propuesta obtuvo 11 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, y plantea un cambio clave en los plazos de caducidad de las concesiones mineras.

Reducción del plazo de caducidad

El dictamen establece que las concesiones mineras que no registren actividad serán declaradas en caducidad definitiva en un plazo de 15 años, reduciendo significativamente el plazo actual de 30 años.

Además, se incorpora la obligación de que el titular de la concesión acredite, al cumplirse el décimo año, dos condiciones:

  • Haber alcanzado la producción mínima anual exigible por hectárea
  • Haber realizado una inversión mínima

En caso de incumplimiento, se podrá acceder a una prórroga de hasta cinco años, periodo durante el cual el concesionario deberá pagar una penalidad.

Si al término del año 15 no se cumplen estos requisitos, la autoridad minera podrá declarar la caducidad de la concesión, previa notificación y con un plazo de subsanación no mayor a 12 meses.

Buscan corregir un catastro sobredimensionado

Según el dictamen, la modificación responde a la necesidad de enfrentar un catastro minero sobredimensionado e ineficientemente utilizado, caracterizado por la acumulación de concesiones sin actividad productiva.

El objetivo es promover una mayor dinamización del sector y liberar áreas para nuevos proyectos con potencial de inversión.

Debate en el sector por impacto en inversiones

El propio documento recoge que existen dos posiciones dentro del sector frente a la propuesta.

Por un lado, hay consenso técnico sobre la necesidad de ajustar el régimen para reducir concesiones ociosas y mejorar la eficiencia del sistema.

Sin embargo, también se advierte preocupación por parte de actores empresariales y del propio Ministerio de Energía y Minas respecto a los posibles efectos en la competitividad y la atracción de inversiones, especialmente en proyectos de largo plazo.

Próximo paso: debate en el Pleno

El dictamen deberá ser debatido y votado en el Pleno del Congreso. De ser aprobado, el Poder Ejecutivo tendrá la facultad de promulgar la norma u observarla.

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