El cabecilla terrorista Víctor Polay Campos, miembro del sanguinario Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), pidió que lo dejen en libertad luego de recibir un pedido de prisión preventiva en su contra por el denominado caso Las Gardenias, por el que asesinaron a 8 personas el 31 de mayo de 1989 en Tarapoto, región San Martín.
Como se conoce, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, a cargo del juez Fernando Valdez, varió la comparecencia simple por 18 meses de prisión preventiva contra Polay Campos el 5 de diciembre de 2025.
Hoy, en la audiencia celebrada por la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional, se evaluó la apelación que presentó la defensa del terrorista para que se le imponga comparecencia simple y pueda abandonar el penal de la Base Naval del Callao, en donde está preso desde 1992.
En la sesión, su abogado, Segundo Burgos, planteó una cuestión previa para que la audiencia sea reprogramada, pero esta fue declarada improcedente por el juez.
Burgos sustentó el pedido de apelación de la variación de comparecencia simple a prisión preventiva señalando que «no hay graves ni fundados elementos de convicción».
Según dijo, «está acreditado los 8 muertos y está acreditado quién es el autor directo, que es Humberto Manrique». Lino Humberto Manrique Tuya, exintegrante del MRTA, figura en la investigación formal junto a Víctor Polay. Tiene un mandato de 18 meses de prisión preventiva en contra y se ha dispuesto su orden de captura nacional e internacional, al estar fuera del país.
«No hubo ninguna orden del MRTA, no hubo ninguna orden de la dirigencia, no hubo ninguna orden de mi defendido, Víctor Polay Campos. El hecho de disparar fue un acto autónomo de él, que estaba junto a otro miliciano, ante una circunstancia específica que lo iban a asaltar, y para evitar ser reconocido dio muerte a estas personas», manifestó.
Asimismo, enfatizó en que «los 8 muertos no son homosexuales, no hay ningún odio discriminador, tampoco fue en un lugar llamado Las Gardenias, eso es falso. Por tanto, no hay móvil discriminatorio, no son homosexuales, no hubo cuestión de la dirigencia sino que fue un hecho circunstancial, de acto propio».
El caso Gardenias como uno de los crímenes de odio más brutales del terrorismo en el Perú. Terroristas del MRTA irrumpieron en un bar y secuestraron a ocho personas de la comunidad LGBTIQ. Según las autoridades fiscales y judiciales, el ataque fue parte de una supuesta «limpieza social» terrorista.
En tanto, sobre el asesinato de Fransuá Pinchi, una estilista trans, ocurrido el 30 de setiembre de 1990, Burgos señaló que «no hay elementos de convicción respecto a la existencia del delito y a la participación de mi defendido. Lo único que hay en este hecho es el acta de defunción, pero se está imputando homicidio, terrorismo. No hay acta de necropsia, levantamiento de cadáver».
Lo mismo dijo sobre la muerte de Silvano Vela, asesinato en agosto de 1991, y de Salomón Pérez Armas, el 12 de julio de 1992. Según la tesis fiscal, el conocido como «Pacharaco» fue sacado de la vivienda de una amiga para luego aparecer muerto en una zanja cerca del puente Paychuma.
«En todos los hechos negamos que sea el MRTA», culminó el letrado.
La Fiscalía solicita 25 años de cárcel por homicidio calificado y cadena perpetua por terrorismo agravado por estos crímenes. Por ahora, pesa un mandato de prisión preventiva por 18 meses contra Polay. También solicitó 365 días multa como pena accesoria, la cual asciende a S/3,434.65.
MINISTERIO PÚBLICO RESPONDE
Al respecto, el fiscal Temo Michel Morales Cruzado, mencionó en la audiencia que estos asesinatos «responden a un plan operacional lesivo a los derechos humanos»
«Este plan se encuentra sustentado en una política de limpieza social que ha sido objetivo de publicación y difusión en un semanario, al cual se le aplicó el rotulo de ‘El camino de la revolución peruana’, del Comité Central del MRTA, publicación del año 88, antes de estos 4 hechos que hemos descrito», explicó.
Morales dijo que esta política tenía como objetivo «crear un hombre nuevo, un concepto filosófico que para esta organización era fundamental». Como parte de la directriz, se pretendía «erradicar a aquellos sujetos que para ellos eran considerados personas indeseables o que serían consideradas como lacras sociales».
«¿Y quiénes son considerados lacras sociales según el plan operacional? Personas consideradas homosexuales, drogadictos, prostitutas. ¿Qué implica esto? Una grave violación de los derechos humanos», prosiguió.
Respecto a los cuestionamientos sobre la autoría mediata, el fiscal señaló que el MRTA «no constituye una organización delictiva común, sino una estructura jerárquica, organizada y formalizada que cuenta con un estatuto». Además, «todas las estructuras se subordinaban al Comité Central y el Comité Ejecutivo Nacional, denominado Dirección Nacional».
Imagen
POLAY NIEGA TODO
Al final de la audiencia, el propio Polay Campos tomó la palabra. Al inicio de su intervención pidió al tribunal que sea «un poco benevolente, comprensivo, porque está en juego una cadena perpetua, mejor dicho está en juego una condena a muerte enmascarada».
Señaló que la Fiscalía «está profundamente equivocada», porque cuando se referirían a construir una sociedad y un hombre nuevo, hacían alusión a un hombre «libre de todo vicio, libre de todos los males de la sociedad capitalista».
Que sepamos ni la homosexualidad ni la prostitución es un vicio ni lacra social. Entonces cuando el MRTA dice ‘estas lacras sociales del sistema capitalista’ se está refiriendo a la miseria, a la pobreza, a la explotación, y dice ‘erradicaremos’, no dice ‘mataremos’, porque con la lógica de la Fiscalía entonces habría que matar a todos los pobres, a todos lso tuberculosos, a todos los corruptos», continuó.
El cabecilla terrorista añadió que, bajo esa lógica, en esta época electoral, la Fiscalía debería presumir que los candidatos presidenciales van a acabar con los corruptos y pobres cuando dicen ‘erradicaremos la corrupción’ o ‘erradicaremos la pobreza’.
«Están inventando una palabra que dice ‘limpieza social’ que no existe en ningún documento del MRTA. Yo jamás podría plantear eliminar a los miembros de la comunidad LGTBIQ+. La lectura que hace la Fiscalía es homofóbica, porque dice: lacras sociales igual a homosexuales», culminó.
Polay Campos añadió que cuando cayó la dictadura de Alberto Fujimori, luego del año 2000, pidió perdón a las víctimas, reconoció que ya no existe lucha armada y ha buscado la reconciliación del país. «¿Qué peligro represento al país?», demandó al juzgado.
El colegiado, integrado por los magistrados José Odicio Bueno, Iván Alberto Quispe Aucca y María Esther Felices Mendoza, dejaron el caso al voto, con lo cual decidirán si mantienen la prisión preventiva contra Polay, y permanece en la cárcel, o le imponen comparecencia simple y sale en libertad.
ENFOQUE REAL 