La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, presentó desde Chiclayo los lineamientos de su plan de gobierno denominado «Perú con Orden». Fujimori enfatizó que su prioridad será devolver la paz a la población mediante el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y el acceso a servicios básicos como agua y electricidad. Propuso un modelo de gestión basado en la coordinación directa entre el Ejecutivo y los gobiernos regionales, señalando que los tres niveles de gobierno han fallado en el uso de recursos.
Postura sobre debates presidenciales
Respecto a la propuesta del candidato Roberto Sánchez de realizar un debate en Chota, la candidata cuestionó la intención de su contendor, señalando que él reside en San Borja y es natural de Huaral. Sugirió que el encuentro podría darse en su lugar de origen o residencia para que Sánchez se sienta cómodo. No obstante, instó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a formalizar la convocatoria para tres debates que incluyan a las planchas y equipos técnicos, aceptando las condiciones que el organismo disponga.
Respuesta a denuncias de irregularidades
Fujimori marcó distancia de las afirmaciones sobre un «fraude comprobado». Si bien reconoció la existencia de «graves irregularidades» durante la primera vuelta —como la apertura tardía de mesas—, señaló que estas fueron corregidas. En ese sentido, anunció que su partido busca movilizar a más de 90,000 personeros para la segunda vuelta, con el objetivo de resguardar la voluntad popular. Precisó que, pese a no estar de acuerdo con algunas resoluciones judiciales pasadas, su agrupación siempre ha respetado las decisiones institucionales.
Retorno a la presencialidad en el Congreso
Finalmente, consultada sobre las sesiones con escaños vacíos en el Parlamento, la candidata se mostró a favor de retomar la presencialidad total. Argumentó que, superada la pandemia, los debates legislativos resultan más fructíferos cuando los representantes ocupan sus escaños físicamente. Aunque precisó que la decisión final recae en la autonomía del Poder Legislativo, consideró necesaria la normalización del funcionamiento de las instituciones públicas.
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