El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, continúa en el ojo de la tormenta a raíz de las presuntas conversaciones que habría tenido con Yaziré Pinedo, una joven que habría sido su pareja sentimental y que obtuvo órdenes de servicio con el Estado por más de 53 mil soles.

Al respecto, esta mañana, los congresistas Elías Varas (Perú Bicentenario), Margot Palacios (Perú Libre) y el parlamentario no agrupado Juan Burgos presentaron sendas denuncias constitucionales contra el premier por una serie de presuntos delitos. Además, Varas y Burgos solicitan su inhabilitación para ocupar cargos públicos por 10 años. 

Las denuncias constitucionales contra Otárola

Elías Varas presentó la denuncia constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Parlamento al considerar que Otárola Peñaranda  infringió los artículos 1°, 39° y 126° de la Constitución Política, y habría incurrido en los presuntos delitos de tráfico de influencias, colusión y negociación incompatible en el ejercicio de su función. Asimismo, solicitó su inhabilitación por 10 años.

Según el congresista, el audio entre el premier y Pinedo «demostraría que existe una presunta relación entre (ambos), y que el actual
Presidente del Consejo de Ministros del Perú habría solicitado su Curriculum vitae a la ciudadana para permitirle acceder a trabajar para el Estado (…) La ciudadana Yaziré Pinedo Vásquez ha obtenido órdenes de servicios con el Estado después de mantener reunión con el (titular de la PCM)».

«Por lo expuesto, se advierte de manera expresa y dolosa que el señor Luis Alberto Otárola Peñaranda (…) ha cometido infracción constitucional al interpretar de manera arbitraria, ilegal e inconstitucional el artículo 1°, 39°, 40 y 44 de la Constitución, al facilitar la contratación de la ciudadana Yaziré Pinedo Vásquez con el Estado; por lo tanto ha incurrido en la comisión de los delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible y colusión, en su calidad de presidente del Consejo de Ministros», indica.

«Respecto de la Comisión del delito de Tráfico de Influencias, Negociación Incompatible y Colusión, que establece el artículo 384°, 399° y 400° del Código Penal, estos ilícitos penales se habrían consumado con la contratación indebida de la ciudadana Yaziré Pinedo Vásquez señaladas por los medios de comunicación, la misma que habría sido contratada por el Estado posterior a una reunión que mantuvo con el señor Alberto Otárola», concluye. 

Por su parte, la congresista Margot Palacios presentó la denuncia contra Alberto Otárola ante la Comisión Permanente del Legislativo. En ella indica que el premier habría infringido los artículos 123°, 126° y 128° de la Carta Magna, y habría cometido los presuntos delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias.

«Estos audios amorosos son apenas un detalle más, y antes se había denunciado públicamente por los temas «amigas» del premier Otárola que habrían logrado contratos por cercanía con el acusado (…) La grabación de una comunicación telefónica vincularía nuevamente al presidente del Consejo de Ministros (…) con Yaziré Pinedo, la joven que logró órdenes de servicio con el Estado tras reunirse con el titular del Gabinete», sostiene la denuncia. 

Asimismo, la congresista de Perú Libre solicitó que Otárola Peñaranda sea investigado preliminarmente por el fiscal de la Nación a la par del «procedimiento de acusación constitucional por la presunta comisión de delitos de función». 

«La necesidad y proporcionalidad de la sanción de destitución del denunciado radica en que su actuación generará impunidad, desgobierno en las más altas esferas del Estado, permitiendo que los delitos cometidos (…) queden impunes y con ello se afecte el adecuado funcionamiento del Estado. En esa línea, también es necesaria la suspensión de sus funciones, porque si continúa ejerciendo funciones públicas, seguirá permitiendo impunidad y corrupción», señaló.

Por su parte, el congresista Juan Burgos consideró que Alberto Otárola tuvo una conducta que ha contravenido «el normal desarrollo de la función pública, y la institucionalidad democrática», al infringir los «artículo 2, inciso 2, artículo 38, y, artículo 118 de la Constitución Política, así como, por la comisión de los delitos de concusión, colusión, patrocinio ilegal, peculado de uso, y, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo regulados por el Código Penal».

«La contratación de Pinedo Vásquez producto de la probable injerencia del presidente del Consejo de Ministros, se ha vulnerado el derecho fundamental a la igualdad ante la ley, pues existe una discriminación de carácter político y económico contra los ciudadanos que postulan a puestos o servicios del Estado y que terminan viendo como sus derechos son conculcados producto del probable uso arbitrario del poder del presidente del Consejo de Ministros quien buscaría beneficios a quien, según los últimos audios revelados por Panorama, sería su pareja sentimental«, indica la denuncia.

Asimismo, el parlamentario solicitó la inhabilitación por 10 años de Otárola Peñaranda, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.