El Poder Judicial impuso una condena de cuatro años de pena privativa de la libertad a un personero político involucrado en la sustracción de 261 cédulas de votación durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. La decisión fue adoptada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Arequipa, luego de que el acusado aceptara su responsabilidad en los hechos.

Debido a que el personero no cuenta con antecedentes penales, la pena se convirtió en 208 jornadas de servicio a la comunidad y el pago de una reparación civil de S/2.000 a favor de la ONPE.

El caso ocurrió en la institución educativa Mario Vargas Llosa, ubicada en el distrito de Mariano Melgar, donde el representante partidario retiró material electoral una vez concluido el proceso de escrutinio. La investigación determinó que las cédulas habían sido extraídas después del conteo oficial, motivo por el cual no se produjo ninguna alteración en los resultados de la jornada electoral.

Durante la audiencia, el imputado se acogió a la figura de terminación anticipada y reconoció haber cometido el delito de atentado contra el derecho de sufragio. Esta aceptación permitió que el proceso concluyera sin necesidad de llegar a juicio oral y aceleró la emisión de la sentencia correspondiente.

Aunque la pena fijada fue de cuatro años de prisión, el órgano jurisdiccional dispuso su conversión en 208 jornadas de prestación de servicios a la comunidad, conforme a los alcances previstos en la legislación penal para este tipo de casos. Las autoridades electorales y judiciales precisaron, además, que el material sustraído ya había sido contabilizado antes de su retiro, por lo que el incidente no tuvo incidencia en el cómputo oficial de votos.

Personero escondió las cédulas en su casa

De acuerdo con la hipótesis presentada por la Fiscalía, el acusado utilizó su condición de personero para cometer el acto ilícito dentro del aula de votación. «Esta persona estaba en calidad de personero y, en un acto de descuido del personal de la ONPE y el JNE, lo dejaron solo y sustrajo las cédulas”. Además, agregó que el material sustraído ya había sido contabilizado.

El fiscal detalló que, después de retirar los documentos del aula, el sujeto se dirigió a su domicilio para dejarlos y posteriormente regresó al colegio, en un intento de aparentar que no tenía ninguna responsabilidad en el hecho. En ese momento se produjo la captura del investigado: el domingo 7 de junio, a las 22.40 horas, fue detenido.

La muerte de un niño de siete años que iba a ser intervenido quirúrgicamente por una fractura en la muñeca ha generado indignación y una serie de investigaciones en Arequipa. 

El menor perdió la vida luego de ser trasladado desde el hospital Goyeneche a una clínica privada, donde sería sometido a una operación tras sufrir una caída mientras jugaba en un parque del sector Hernán Bedoya, en el distrito de Cerro Colorado.

Según relataron sus familiares, el pequeño fue llevado inicialmente al hospital Goyeneche, donde recibió atención médica y fue evaluado por especialistas. Sin embargo, posteriormente fue derivado a una clínica privada. El padre del menor aseguró que uno de los médicos le habría sugerido continuar el tratamiento fuera del establecimiento público.

De acuerdo con su testimonio, la familia aceptó la propuesta y acudió a la clínica, donde les informaron que la intervención tendría un costo de S/ 2.500. Mientras el padre buscaba reunir el dinero solicitado, el menor permanecía en el establecimiento médico. Al regresar, encontró a su esposa desconsolada tras recibir la noticia de que el niño había fallecido.

“Nos dijeron que le habían aplicado anestesia y luego llamaron a una ambulancia para trasladarlo a otro centro médico, pero prácticamente llegó sin vida”, declaró el padre.

Tras conocerse el caso, la Policía Nacional intervino y los médicos que participaron en la atención permanecen bajo investigación. La fiscal encargada del caso, Julia Yucasi, solicitó al Poder Judicial siete días de detención preliminar para los profesionales de salud involucrados, quienes son investigados por el presunto delito de homicidio culposo y por una supuesta comercialización irregular de productos farmacéuticos o dispositivos médicos sin garantía de buen uso.

Comunicado del Hospital Goyeneche 

En respuesta a la controversia, el hospital Goyeneche emitió un pronunciamiento en el que señaló que el menor fue evaluado oportunamente por especialistas en traumatología, quienes determinaron que la fractura no requería una cirugía de emergencia. Según el establecimiento, el procedimiento podía ser programado conforme a la disponibilidad del servicio.

La institución también indicó que el padre firmó voluntariamente el alta médica para retirar al menor y trasladarlo a un centro privado. Asimismo, informó que ha iniciado una evaluación interna para revisar la historia clínica y las acciones adoptadas por el personal médico involucrado.

Por su parte, la Gerencia Regional de Salud de Arequipa solicitó un informe detallado al hospital Goyeneche sobre la atención brindada al menor. El gerente regional de Salud, Walther Oporto, precisó que el documento deberá ser entregado en un plazo de 48 horas para determinar si existían las condiciones necesarias para realizar la intervención dentro del establecimiento público.

El funcionario también señaló que se solicitará información sobre la clínica donde se produjo el fallecimiento para verificar si contaba con las autorizaciones correspondientes para efectuar este tipo de procedimientos. Una revisión preliminar en el Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (Renipress) habría detectado que el establecimiento no figuraría en el sistema de acceso público.

Colegio Médico inició investigación 

El caso también llegó al Colegio Médico de Arequipa. Su decana, Miriam Aliaga, informó que se abrió una investigación de oficio para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar si corresponde iniciar un proceso ético contra los profesionales implicados.

Aliaga enfatizó que aún no es posible concluir si existió negligencia médica y remarcó que los resultados de la necropsia serán fundamentales para conocer qué ocurrió durante la atención del menor. Asimismo, indicó que las diligencias incluirán la revisión de información relacionada con un presunto medicamento vencido que habría sido utilizado durante el procedimiento.