El alza de los combustibles abrió, apenas 13 días después del inicio del Gobierno de Keiko Fujimori, un frente de protestas en distintas regiones del país. Desde el lunes, transportistas y organizaciones sociales de Ucayali, Loreto, Arequipa y Tacna protagonizan paros, movilizaciones y bloqueos contra el incremento del diésel y la gasolina, debido al impacto que tiene en sus costos de operación y en las tarifas del transporte.

Los principales focos de la jornada se encuentran en Ucayali e Iquitos. En Pucallpa, se cumplió el tercer día de huelga indefinida que afecta carreteras, vías urbanas, transporte fluvial y el abastecimiento de combustible. En Loreto hubo bloqueos y movilizaciones, mientras que en Arequipa el transporte volvió a circular, pero gremios advierten que el paro no ha sido levantado.

El conflicto también alcanzó Bagua, donde comunidades awajún de Wawas, en Imaza, bloquearon el IV Eje Vial para exigir la reactivación de obras educativas paralizadas y la construcción de un puente peatonal destruido hace más de un año.

Ucayali: tercer día de bloqueo

En Pucallpa, los transportistas mantienen bloqueados distintos puntos de la carretera Federico Basadre, que conecta Ucayali con Huánuco, Tingo María, Huancayo y Lima. La Defensoría del Pueblo identificó restricciones en varios kilómetros de la vía, además de bloqueos en zonas de la ciudad y limitaciones al tránsito fluvial en los ríos Tamaya e Iparía. También se reportaron enfrentamientos con la Policía.

El principal reclamo es el alza del combustible. Un dirigente señaló que el diésel pasó de S/11,50-S/12 por galón en marzo a S/23-S/24 actualmente. La protesta ya afecta el abastecimiento: grifos permanecen inoperativos y se forman largas filas, mientras Petroperú sostiene que hay combustible disponible, pero los bloqueos dificultan su traslado en cisternas. También existe acumulación de basura, problemas para retirar residuos hospitalarios y suspensión de clases presenciales en Coronel Portillo.

En una mesa de diálogo, transportistas y organizaciones plantearon reclamos por infraestructura y servicios de salud, agua potable, saneamiento e infraestructura vial. Los dirigentes solicitaron al Gobierno que instalara una comisión de alto nivel con capacidad de decisión.

Arequipa en tensión

En Arequipa, los transportistas reclaman elevar el pasaje de S/1 a S/1,30 debido al incremento del combustible y otros costos como aceite, llantas, repuestos y mantenimiento. «Prácticamente trabajamos para pagar el combustible», señaló un chofer.

El martes, seis de las diez empresas que no obtuvieron autorización para cobrar la nueva tarifa paralizaron sus actividades, afectando el transporte de la ciudad y a unos 220.000 estudiantes, cuyas clases presenciales fueron suspendidas. Este miércoles, los buses retomaron el servicio tras recibir cartas notariales de la Municipalidad, aunque los transportistas precisaron que el paro no ha sido levantado.

La noche del miércoles, los dirigentes se reunieron con la alcaldesa Ruccy Oscco. La Municipalidad informó que la mesa de diálogo continuará este jueves, con participación de la Defensoría del Pueblo, la Gerencia Regional de Educación y la Prefectura. La comuna sostiene que las empresas deben cumplir los requisitos y presentar su documentación antes de aplicar el incremento.

Tacna y Loreto se suman

En Tacna, la Federación de Transporte convocó un paro de 48 horas los días 10 y 11 de agosto, con la paralización de unidades de transporte urbano e interurbano. Los gremios cuestionaron el precio del diésel, que llegó hasta S/25,35 por galón, y advirtieron que el incremento afecta directamente sus costos de operación. La medida tuvo impacto en el traslado de pasajeros y llevó a la Dirección Regional de Educación a suspender las clases presenciales durante ambos días en los colegios.

En Loreto, el impacto no se concentra únicamente en el transporte terrestre, sino también en una región cuya conectividad depende fuertemente de las vías fluviales. La Defensoría reportó el bloqueo de la carretera Nauta-Iquitos. Además, gremios de transporte de pasajeros, mototaxistas y operadores fluviales habían anunciado medidas de protesta adicionales contra el incremento de los combustibles, cuyo costo repercute en el traslado de personas.

Puno le da plazo al Ejecutivo

En Puno, el malestar podría convertirse en una nueva paralización. El diésel se vende entre S/24,80 y S/25 por galón y los transportistas aseguran que el incremento ha reducido sus ganancias. “Literalmente estamos subvencionando nuestro propio trabajo”, señaló el transportista Jaime Machaca, quien sostuvo que destina más de S/150 diarios de sus ingresos al combustible.

Los gremios dieron al Gobierno un plazo de un mes para atender su reclamo. Exigen una subvención o la reactivación de un fondo de estabilización que permita reducir el precio hasta unos S/20,00.

El 23 de agosto se realizará una reunión regional de transportistas para definir una posición conjunta. Mientras tanto, el Frente de Organizaciones Populares ya protagonizó un plantón contra el alza.

Medidas del Gobierno

En mayo se aprobó un subsidio temporal de S/4 por galón de diésel B5 y B20 para transportistas de pasajeros y mercancías, precisamente para amortiguar el impacto del alza del combustible sobre pasajes y fletes. El beneficio cubre las compras realizadas entre el 29 de mayo y el 29 de julio y está sujeto a requisitos específicos.

La medida no evitó que el malestar escalara a las calles, y los paros muestran el límite de esa respuesta. Transportistas reclaman una solución frente al precio que pagan por operar, no solo una compensación temporal.

El politólogo Andy Philipps indicó a este medio que cualquier subsidio es una respuesta de corto plazo que no garantiza una reducción sostenida del precio del combustible. Plantea que el Gobierno debería apostar por masificar el gas natural, promover la conversión de vehículos y avanzar en una nueva matriz energética, una discusión que —sostiene— lleva años postergada.

Philipps señala que el problema no es nuevo y que varias regiones llevan años enfrentando dificultades para sostener un transporte accesible. Pone como ejemplo a Arequipa, Moquegua y Tacna, donde el precio del pasaje se ha convertido en un tema central de la agenda pública debido al incremento del combustible. “El precio del pasaje es un primer orden de agenda pública regional”, sostiene, al advertir que en algunas ciudades las tarifas incluso han llegado a duplicarse.

Para el politólogo, la actual crisis representa una oportunidad para que el Gobierno defina si continuará respondiendo con medidas temporales o si impulsará cambios estructurales. En esa línea, cuestiona que una subvención de corto plazo pueda solucionar el problema si no existe garantía de que la reducción llegue finalmente a los grifos. “Este subsidio no resuelve nada de fondo”, afirma, y plantea que el Estado debería promover la conversión de vehículos, especialmente camiones, al gas natural vehicular.

Philipps considera que el país necesita avanzar hacia una transformación de su matriz energética, una discusión que, según recuerda, lleva años pendiente. “Estamos ante un primer punto de quiebre”, señala, aunque expresa dudas sobre la voluntad de la actual gestión para impulsar ese cambio. A su juicio, el Gobierno mantiene “un enfoque más extractivista, cortoplacista” y podría dejar pasar nuevamente la oportunidad de reducir la dependencia de combustibles caros.

El Ejecutivo anunció la reactivación del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y un subsidio temporal para la Amazonía. Pero las protestas muestran que el alza del combustible fue un detonante. El reclamo, sin embargo, empieza a concentrar una agenda mucho más amplia de demandas regionales y costo de vida.