La Fiscalía especializada en Derechos Humanos ha solicitado ocho años de prisión efectiva para el general y exjefe de la PNP Víctor Zanabria y el coronel PNP Frank Chang, a quienes se les acusa de ‘omisión’ por no haber evitado las graves lesiones que sufrieron dos ciudadanos durante las manifestaciones de diciembre de 2022. El caso se encuentra actualmente en la fase de control de acusación en el Poder Judicial, un paso previo antes de decidir si se inicia un juicio de manera oficial.
La acusación fiscal se centra en la represión ocurrida el 12 de diciembre de ese año. Según las investigaciones, el ciudadano Renato Murillo quedó en estado de coma durante doce días tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza, mientras que Benedicto Huaccachi fue herido en la pelvis por un proyectil similar. Además de la privación de su libertad, las autoridades exigen que Zanabria y Chang paguen una reparación económica a las víctimas y que se les prohíba ejercer cargos públicos por tres años y ocho meses.
El Ministerio Público también ha solicitado siete años de prisión para el teniente Luis Bazán, señalado como el autor directo del disparo contra Murillo. Asimismo, se piden seis años de cárcel para el mayor Luis Ávila y el comandante Jorge Celadita; tres años para el suboficial Dino Tarrillo; y dos años para el suboficial Eder Tasayco y el mayor José Solari, acusados también por omitir su deber de detener los abusos.
Este no es el único proceso que enfrenta Zanabria. La Fiscalía recordó que existe otra acusación en su contra con un pedido de 35 años de cárcel por el delito de homicidio calificado. Este segundo caso corresponde a la muerte de Víctor Santisteban, un manifestante que falleció tras recibir el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno en la cabeza durante las marchas en Lima, en enero de 2023.
El debate por el fuero militar: «Es una medida inconstitucional»
Este pedido de prisión coincide con un proyecto de ley aprobado en primera instancia por el Congreso de la República, el cual busca que los delitos cometidos por policías y militares sean juzgados de forma exclusiva por el Fuero Militar Policial. Al respecto, La República conversó con Germán Vargas, secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), advirtió que crímenes de esta gravedad no pueden ser derivados a la justicia militar, ya que constitucionalmente no les corresponde.
«El fuero militar y policial es un fuero excepcional y tiene que ver con infracciones de función que perturban la misión de la institución. La tortura, las ejecuciones o las lesiones graves no tienen nada que ver con esa misión. Por lo tanto, no son delitos de función, sino crímenes ordinarios y gravísimos que deben juzgarse en la justicia ordinaria», explicó Vargas.
El especialista calificó la iniciativa del Parlamento como una «medida de impunidad inconstitucional» que contradice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Advirtió que, de validarse esta ley, se estarían negando los derechos a la verdad y la justicia de las familias afectadas.
Además, sostuvo que la aprobación del proyecto de ley significaría un retroceso hacia la época de los años 90, cuando se creaban «fueros de privilegio» para encubrir a malos elementos castrenses.
Un Congreso que legisla a favor de la impunidad
Para el representante de la CNDDHH, no es una coincidencia que el Legislativo intente aprobar estas reformas justo cuando avanzan las acusaciones penales contra altos mandos como el general Zanabria.
Vargas señaló que existe una estrategia de encubrimiento que se viene arrastrando de forma y que cuenta con el respaldo de bancadas mayoritarias dentro del actual Congreso.
«Esto no es coincidencia ni es algo espontáneo. Desde el año 2024 se empezaron a dar una serie de leyes de impunidad, como la ley de amnistía o la de prescripción de crímenes de lesa humanidad. Hay una responsabilidad muy grande de parte de partidos políticos que buscan favorecer la defensa de personas investigadas por estos crímenes».
