Un policía en actividad de la localidad de Barranca, ubicada al norte de Lima, fue acusado de un insólito delito: alquilarle su arma a delincuentes. Por este caso, el Poder Judicial dictó 7 meses de prisión preventiva contra el suboficial de tercera PNP Farid Campos Tocas, investigado por presuntos vínculos con organizaciones criminales.

El hecho salió a la luz luego que el agente fuese capturado tras una denuncia. Según las investigaciones, el efectivo habría sido intervenido por sus propios colegas cuando presuntamente participaba en un caso de extorsión contra la propietaria de un restaurante. El requerimiento fue sustentado por el fiscal Erick González Ventura.

Durante las investigaciones preliminares, la Fiscalía descubrió que presuntamente filtraba audios y fotografías de citaciones policiales a los propios hampones investigados.

Además, el análisis de su celular habría revelado conversaciones sobre el alquiler de armas de fuego por apenas S/50 a bandas involucradas en robos y extorsiones.

Él fue detenido en los exteriores del centro comercial Parque Barranca.

Al ser interrogado, el agente cayó en contradicciones en su relato, llegando incluso a plantear que había perdido el arma. Sin embargo, a falta de un reporte de extravío, las autoridades decidieron separar al policía.

Asimismo, la denunciante habría recibido mensajes de texto con presuntas amenazas contra su integridad física, luego de presentar la denuncia y ser atendida por el suboficial.

El caso se encuentra sujeto a las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades conforme a ley. El suboficial fue internado en un establecimiento penitenciario mientras continúan las investigaciones fiscales.

Este escandaloso caso de presunta corrupción policial se da una semana después de que

dos tenientes de la Policía Nacional del Perú fueran detenidos, también en Barranca, tras ser acusados de vender un arma de fuego que le habría sido robada a un suboficial. Los oficiales implicados son Johan Rumay Gamarra y Kevin Sosa Mejía.

EXPULSARÁN A MALOS EFECTIVOS

Al respecto, el ministro del Interior, César Astudillo, declaró que no existe «espíritu de cuerpo» en la Policía Nacional para proteger a los efectivos que utilizan el uniforme institucional con fines delictivos.

Señaló que los malos elementos que manchan y corrompen el uniforme serán expulsados, sancionados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Asimismo, anunció cambios y fortalecimiento en el Código de Régimen Disciplinario, la Ley de Ascensos y la Ley de Situación Policial para agilizar las sanciones.

Solo de enero a agosto de este año se registraron 139 denuncias por actos de corrupción en la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. De ellos, 134 corresponden a la PNP.

Sin embargo, agosto fue el mes que marcó el nivel más alto del año con 25 denuncias. A ello se suman 260 expedientes en apelación que la Inspectoría General de la PNP elevó al Tribunal de Disciplina Policial. Lima Metropolitana concentra la mayor cantidad de casos reportados, con 53 denuncias.

CORRUPCIÓN EN CIFRAS

El analista de datos, Juan Carbajal, también se pronunció en cifras sobre la corrupción policial. Sostiene que entre 2024 y 2026 la frecuencia del delito es de 55,4 denuncias por cohecho al mes, 1,82 al día o una coima cada 13,2 horas. «No es percepción, es la cruda realidad», manifiesta.

Lo más grave, añade, es que casi el 90% de los casos (46,6 al mes o 559 delitos anuales) corresponden a cohecho pasivo propio. Esta cifra está muy cerca del récord histórico del 2025 con 609 casos. «Es decir, malos elementos que reciben dinero directamente para romper la ley. Desde el 2024, el promedio mensual no baja de 50 casos».

En los casos de cohecho pasivo impropio (corrupción menor-cobrar por su función), Carbajal dice que se estima promediar 6,2 casos al mes (74 delitos anuales), con ello apunta a ser el segundo peor año del registro.

El teléfono celular que estaba en poder del venezolano Ronald Toro Artila cuando fue detenido en Santiago de Surco, registra 88 llamadas desde Lima al número que manejaba su cómplice, el sicario Luis Obispo Díaz.

Luego de cometer el asesinato de la candidata y periodista Susy Aponte Polo, ‘China Polo’, Luis Obispo fue herido de bala por tres disparos de uno de los miembros del equipo de seguridad de la víctima, lo que permitió que fuera capturado por la policía. 

Durante los interrogatorios, el criminal extranjero Luis Obispo reveló que quien le pagó los gastos de transporte, alimentos y hospedaje fue su compatriota Ronald Toro. Pero este no actuó solo. Como informó La República, recibió el apoyo de otros tres venezolanos, dos hombres y una mujer.

«Estamos hablando de cinco ciudadanos venezolanos implicados en la preparación y ejecución de la persona de Susy Aponte Polo. Estamos hablando de una organización criminal. Estos elementos de la organización criminal integrada por extranjeros aparentemente no tenían relación con la víctima (‘China’), por lo que es muy probable que hayan sido contratados en Lima para cometer el homicidio. Ha sido un asesinato por encargo», informaron fuentes de La República vinculadas a las pesquisas policiales.

Luis Obispo Díaz salió de Lima con el objetivo de liquidar a ‘China Polo’ bajo las órdenes de Ronald Toro Artila.

Siguiendo sus pasos

Según declaraciones de Luis Obispo a la Policía, este llegó en solitario a Nuevo Chimbote el viernes 11 de septiembre con el propósito de dar alcance a Susy Aponte Polo en dicha localidad, en la que se encontraba haciendo campaña proselitista como candidata a gobernadora regional de Áncash. El crimen se preparó para el sábado 12 de septiembre.

Pero el atentado se frustró porque ‘China Polo’, debido a que solicitó seguridad, estaba rodeada por un cordón policial.

En una comunicación entre Obispo y Toro, el primero le dice que la candidata anunció que se trasladaría a Huaraz, por lo que recibió la orden de que la siguiera y cumpliera con el objetivo mortal. 

«Había mucha presión para que se cumpliera con el plan de asesinar a ‘China Polo’. Los que contrataron a los venezolanos querían que se realizara de todas maneras el plan. Y si no funcionaba en Caraz, seguramente la iban a seguir a otros lugares para acabar con su vida», indicaron las fuentes policiales consultadas.

Ronald Toro instó a Luis Obispo a cumplir con el plan, por lo que le anunció que le enviaría refuerzos. Y así fue.

Forzando el plan criminal

El sábado 12 de septiembre, Luis Obispo se instaló en el hotel Las Vegas de Huaraz, ciudad donde tampoco pudo perpetrar el atentado criminal. El martes 15 de septiembre, las cámaras de seguridad del hotel Caraz registraron la llegada de Obispo y otros tres ciudadanos venezolanos, el refuerzo que le había anunciado Ronald Toro. Los criminales sabían que la candidata y periodista tenía prevista una visita a Caraz el sábado 19 de septiembre.

El programa periodístico ‘Beto a saber’ de Willax difundió las imágenes captadas por las cámaras del hotel Caraz, en las que aparece Luis Obispo, incluso con la misma camiseta con el logo de Adidas que luego usaría cuando mató a ‘China Polo’. El hospedaje está ubicado a tres cuadras del escenario del crimen.

Los cuatro —Luis Obispo, otros dos hombres y una mujer— dijeron ser venezolanos.

Valeria Torres es media hermana de Ronald Toro Artila. El propio sujeto lo confesó durante el interrogatorio ante los agentes de la División de Investigación de Homicidios de Lima, encargados del esclarecimiento del asesinato de la ‘China Polo’.

La Policía ya tiene las identidades de los nuevos implicados en el homicidio de Susy Aponte Polo y ha iniciado la búsqueda para proceder a la detención inmediata.

«Hasta el momento, todos los elementos indican que los cinco venezolanos identificados son parte de una organización criminal que ofrece sus servicios de sicariato y que opera en Lima. Eso es lo que también indica la historia del arma usada en el homicidio de ‘China Polo’», precisaron las fuentes.

El 15 de noviembre de 2023, el suboficial Christian Arévalo Calderón reportó el robo de su pistola Glock de 9 mm, que guardaba en una habitación alquilada. Según la Policía, el arma fue reportada en tres homicidios y dos robos agravados. Evidencia inocultable de que estuvo en manos del crimen organizado.

Una joven de 18 años habría sido trasladada en un patrullero policial bajo el argumento de un supuesto control de identidad, luego de salir de una casa de cambios con US$60.000 en una mochila. El caso involucra al alférez de la Policía Nacional del Perú (PNP) Sebastián Romero Sánchez, quien actuó junto con los suboficiales Frank Mercado R. y Álvaro Mamani M., quienes prestaban servicio en la Comisaría de Juliaca.

La investigación del Ministerio Público señala que, durante el traslado, los efectivos habrían pedido a la joven que entregara parte del dinero amenazándola con llevarla ante la Fiscalía de Lavado de Activos si no accedía a la petición. Por estos hechos, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Subespecializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno impuso nueve meses de prisión preventiva al alférez, investigado por cohecho pasivo propio.

Cómo habría ocurrido la intervención de la joven y la exigencia del dinero

La joven habría sido intervenida cuando salía de una casa de cambios con US$60.000 guardados en una mochila. Según la Fiscalía, los policías habrían presentado la intervención como un control de identidad y posteriormente la habrían subido a un patrullero para trasladarla.

Durante el recorrido, los agentes le reclamaron parte del efectivo que llevaba consigo. Para conseguirlo, según la imputación, habrían mencionado un eventual traslado ante la Fiscalía de Lavado de Activos. Dentro de esta secuencia, el alférez habría tomado una parte de los US$60.000.

«Me intervinieron y me pidieron mi DNI. El oficial me agarró del brazo y me subió a la camioneta (…) Al que estaba conduciendo le dije que me llevara al cerro. Me obligó a abrir la mochila y me dijo: ‘¿Cuánto me vas a dar?», relató la víctima en una entrevista para 24 Horas.

El recorrido policial habría terminado inicialmente cerca de la urbanización Santa Ana. Sin embargo, la presencia de cámaras de seguridad habría hecho que los efectivos cambiaran de decisión, trasladándola hasta un descampado, donde habría sido abandonada.

Después de ese episodio, dos personas que se desplazaban en una motocicleta habrían interceptado a la joven y le habrían quitado el dinero que todavía tenía. La Fiscalía incluyó este hecho dentro de la secuencia presentada durante la audiencia en la que sustentó la solicitud de prisión preventiva.

Juzgado sustenta prisión preventiva en peligro de fuga y obstaculización

La decisión judicial se basó en la valoración de los elementos reunidos durante la investigación. La jueza concluyó que existen graves y fundados elementos de convicción capaces de vincular al alférez con los hechos atribuidos por el Ministerio Público.

El juzgado también identificó circunstancias relacionadas con el desarrollo del proceso que justificaron la imposición de la medida. Entre ellas figuran el peligro de fuga y el peligro de obstaculización de la investigación, además de una prognosis de pena superior a cinco años de prisión.

Con estos criterios, se ordenó que Sebastián Romero Sánchez permanezca nueve meses bajo prisión preventiva mientras continúan las diligencias fiscales. La medida fue establecida dentro de la investigación por la presunta comisión de cohecho pasivo propio.

En cuanto a los suboficiales Frank Mercado R. y Álvaro Mamani M., ambos permanecen como no habidos. Los dos fueron señalados por el Ministerio Público como parte de la intervención investigada, por lo que su situación también forma parte de las diligencias que continúan en el caso.

En medio de una crisis de seguridad, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, anunció que dejará el cargo en los próximos días. El general Arriola venía siendo cuestionado por su gestión al frente de la institución.

“Siempre pensando en la institucionalidad, en el amor a la Policía Nacional de todos los peruanos y, como ciudadano, en la gobernabilidad del país (…). En los próximos días me relevaré del cargo como comandante general de la PNP por el general Fredy López Mendoza. A mis hermanos policías les digo que pueden decir muchas cosas, pero les pido nunca desfallecer. (…) Me voy con la conciencia absolutamente limpia y la frente muy en alto”, indicó.

Arriola agradeció a la actual presidenta, Keiko Fujimori, así como a los exmandatarios Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar. El todavía comandante general de la PNP deja el cargo luego de que se registraran más de 160 homicidios en el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) durante agosto.

Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros del gabinete fujimorista, agradeció a Arriola y respaldó su gestión frente a las críticas por la falta de resultados, al señalar que contaba con una trayectoria “meritocrática”. Además de Galarreta, otro ministro presente en el acto de despedida fue César Astudillo, titular del Ministerio del Interior. Cabe recordar que fuentes indicaron a este diario la salida de Arriola venía siendo acordada por el Ejecutivo al menos desde mediados de agosto.

Fredy López Mendoza, el sucesor de Arriola

Tanto Arriola como Galarreta señalaron que el puesto de comandante general de la PNP será asumido por Fredy López Mendoza, actual jefe del Estado Mayor de la institución. López Mendoza también estuvo presente en la conferencia.

La designación de López Mendoza como jefe de la PNP ya venía siendo comentada. El diputado Harvey Colchado, representante de Ahora Nación, consideró que podría ser una buena opción para reemplazar a Arriola en el cargo.

“He conversado con varios suboficiales superiores que han trabajado con él en diferentes unidades, me dicen que es una persona honesta, metódica, responsable y yo, cuando estudié en la Diviac, he tenido con él algunas coordinaciones. Él fue jefe de la policía contra la corrupción como general, hizo varios megaoperativos también impecables. Y también estuvo como jefe de la policía aérea. En los operativos que hicimos, nunca me puso reparos. (…) En lo que he preguntado a varios, parece ser un policía honesto que representaría bien. Habría que darle la oportunidad, pero ya depende del Ejecutivo”, señaló a RPP.

Arriola ha sido ampliamente criticado

El jefe de la PNP venía siendo altamente cuestionado debido al elevado número de homicidios registrados desde el inicio del nuevo gobierno. De acuerdo con datos recopilados por Juan Carbajal, analista de datos, a partir de las cifras registradas por el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), solo entre el 28 de julio y finales de agosto se registraron 151 homicidios a nivel nacional. Según Carbajal y otros analistas, estas cifras serían incluso mayores.

El ataque registrado en Trujillo —presuntamente perpetrado por la banda criminal ‘Los Pulpos’— también generó un aluvión de críticas contra el manejo de la institución policial. A raíz de este hecho, bancadas de la Cámara de Diputados del Congreso de la República, como Ahora Nación y Renovación Popular, pidieron que Arriola diera un paso al costado.

Al ser consultados sobre la salida de Arriola, figuras del Gobierno, como César Astudillo, señalaron que esto era imposible debido al Decreto Legislativo N.° 1267, conocido como Ley de la Policía Nacional del Perú. La norma establece que el comandante general de la PNP debe permanecer dos años en el cargo. Luego de que Astudillo anunciara esta situación ante el Congreso, aseguró que el Ejecutivo presentaría un proyecto de ley para modificar la norma. Sin embargo, dicha iniciativa no ha sido presentada y la modificación tampoco fue incluida en el pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo.

Quienes sí plantearon modificar la norma para permitir la salida de Arriola fueron los diputados. Tres proyectos de ley —presentados por Catherin Palomino y Analí Márquez, de Juntos por el Perú, y Harvey Colchado, de Ahora Nación— proponían modificar el artículo de la ley que impedía la salida de Arriola debido al plazo establecido para su permanencia en el cargo.