PNP almacena 3.164 chalecos antibalas comprados por Santiváñez porque no sirven para proteger a efectivos

Los 3.164 chalecos antibalas para los efectivos de la Policía Nacional que compró el exministro del Interior del gobierno de Dina Boluarte, Juan José Santiváñez, se encuentran abandonados a la intemperie desde que llegaron al país el 26 de febrero de este año.

Pese a que la institución policial enfrenta el notable incremento de las actividades criminales y se requiere una mayor protección para los efectivos que se encuentran en la línea de fuego, los chalecos antibalas adquiridos a un costo de S/7 millones no son distribuidos porque no cuentan con la certificación textil, un requerimiento técnico indispensable para garantizar la calidad del producto.

En varios reportajes de investigación, La República informó que los equipos técnicos de la unidad usuaria de la PNP (la Región Policial de Lima) detectaron que el modelo Nivel III-A que ofertó la compañía mexicana Armor Life Lab incumplía una serie de requisitos, como el certificado textil. Pero el exministro Santiváñez y las autoridades de la PNP bajo su mando persistieron en consumar el contrato.

Los chalecos debieron entregarse el primero de enero de este año, pero recién llegaron el 26 de febrero. Y no es el único incumplimiento grave del contrato.

La Contraloría General, alertó que los chalecos antibalas están en un ambienta con malas condiciones y expuestas a la humedad y falta de seguridad por la unidad usuaria. Foto: La República

Un proveedor desastroso

Una reciente auditoría del 22 de abril de este año, emitida por el Organismo de Control Institucional del Ministerio del Interior, confirmó que el chaleco antibalas Nivel III-A de Armor Life Lab carece de certificación textil.

En efecto, durante el proceso de conformidad de los chalecos antibalas, el Servicio de Armamento y Municiones de la Oficina de Administración de la Región Policial Lima observó que los equipos no contaban con la certificación correspondiente emitida por el laboratorio textil First Lab Quality Solutions, como exige el contrato.

“Se ha identificado la ausencia de vinculación expresa entre el número de serie y la muestra (de chaleco antibalas) ensayada, lo cual impide establecer una trazabilidad documental directa con el bien entregado (por Armor Life Lab)”, señala uno de los informes del Servicio de Armamento y Municiones de la Región Policial Lima.

De origen sospechoso

Es decir, cuando los técnicos eligieron al azar un chaleco antibalas comprado a la empresa mexicana, la serie que identifica al producto no existía en los registros.

Armor Life Lab también incumplió con presentar las pruebas de ensayo del chaleco antibalas en un país distinto de México, donde fue fabricado el producto, un requisito elemental consignado en las bases de contratación.

Ante una serie de observaciones por parte del Servicio de Armamento y Municiones de la Oficina de Administración de la Región Policial Lima, los chalecos antibalas permanecen almacenados en la Región Policial Lima. No han sido distribuidos, lo que afecta la dotación de seguridad del personal policial.

En pleno abandono

Por si fuera poco, inspectores de la Contraloría General de la República descubrieron que la infraestructura donde se almacena el lote de chalecos antibalas está en muy malas condiciones. Los equipos, que costaron S/7 millones, se encuentran en cajas de cartón sobre el piso y presentan roturas y exposición.

Es muy probable que la humedad en los depósitos de la región policial afecte la conservación de los chalecos antibalas. Ante un eventual foco de fuego, ni siquiera se cuenta con un extintor en el lugar.

Como reveló La República, durante el proceso de licitación Armor Life Lab, no precisó el peso exacto de los chalecos antibalas, tampoco la composición de las fundas, como exigían las bases. Pese a las deficiencias, la Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF) del Ministerio del Interior le dio la buena pro a la firma azteca durante la gestión de Santiváñez.

La entrega de los chalecos antibalas tenía un plazo de 85 días calendario, que iniciaba con la suscripción del contrato, conforme a la oferta técnica de Armor Life Lab, la empresa que ganó la buena pro. Es decir, los equipos tenían que llegar a Lima el primero de enero de 2026.

Sin embargo, 56 días después, exactamente el 26 de febrero de 2026, Armor Life Lab recién internó los 3.164 chalecos antibalas nivel III-A en los almacenes de la Región Policial Lima, ubicados en la cuadra cuatro de la avenida España, Cercado de Lima.

PNP captura a extranjero acusado de robar camión cisterna con combustible valorizado en casi S/1 millón

Un ciudadano venezolano fue detenido durante la madrugada de este viernes tras ser acusado de participar en el robo de un camión cisterna que transportaba combustible valorizado en aproximadamente 800 mil soles. La intervención policial se realizó en el distrito de Los Olivos luego de que agentes detectaran el desplazamiento de la unidad robada.

Según las primeras investigaciones, el camión había salido desde un depósito de combustible ubicado en la avenida Avenida Néstor Gambetta y tenía como destino final la ciudad de Cusco. La cisterna trasladaba más de 10 mil 200 galones de gasolina premium al momento del asalto.

Así ocurrió el robo

De acuerdo con información policial, el vehículo fue interceptado cuando circulaba por Los Olivos. Dos autos negros cerraron el paso del camión y de ellos descendieron cuatro personas armadas, entre ellas una mujer.

Uno de los involucrados rompió la ventana del conductor para reducirlo. Posteriormente, el chofer fue obligado a subir a uno de los vehículos utilizados por los atacantes.

Mientras el conductor permanecía retenido, Ernesto Rafael Reyes, de 34 años, tomó el control del camión cisterna. La unidad continuó su recorrido bajo vigilancia de los demás implicados.

Intervención policial

La caravana se desplazó hasta la cuadra 6 de la avenida Avenida Angélica Gamarra, donde los delincuentes abandonaron al conductor. En ese momento, agentes de la Policía Nacional del Perú asignados a la comisaría de Laura Caller detectaron lo ocurrido e iniciaron la intervención.

Al notar la presencia policial, los demás implicados escaparon del lugar. Sin embargo, los agentes lograron reducir y detener al hombre que manejaba el vehículo robado.

Tras su identificación, la Policía confirmó que el detenido registra antecedentes por tenencia ilegal de armas. Ahora será investigado por el presunto delito de robo agravado.

El coronel de la PNP, Oscar Nakandakari brindó detalles sobre el caso y destacó la intervención de los agentes. Además, indicó que continuarán las diligencias para ubicar a los demás integrantes de la banda que logró escapar.

Capitán PNP no sabe explicar cómo amasó más de s/31 millones

El levantamiento del secreto bancario del capitán PNP Román Vallejos Castillo ha sacudido a la Policía Nacional, al revelar que el oficial, con un sueldo mensual de S/4 mil, movilizó más de S/31 millones entre 2023 y 2025. Ante las autoridades, el capitán atribuyó el origen del dinero a su negocio de importación de vehículos usados; sin embargo, las cifras no coinciden con su actividad registrada.

Las investigaciones apuntan a su presunta implicación en una red conformada por policías que operaban en San Juan de Lurigancho y en la Dirincri, dedicada al robo de oro incautado en intervenciones policiales. Según un colaborador eficaz, Vallejos filtraba información clave sobre el traslado de lingotes, mientras su empresa, Prama Cars, alquilaba los vehículos utilizados en estas operaciones.

Uno de los hechos ocurrió en mayo de 2023, cuando, tras una intervención en el Callao por un supuesto caso de lavado de activos, los lingotes incautados no fueron entregados a las autoridades y habrían sido reemplazados por cobre. El mismo modus operandi se repitió en julio de ese año, reforzando la hipótesis de una estructura organizada para desviar el mineral y comercializarlo en el mercado ilegal.

El fiscal Luis Mina Abanto sostiene que los S/31 millones detectados en las cuentas del oficial evidencian un posible patrón de operaciones ilícitas más amplio. De acuerdo con el peritaje financiero, “Refleja abonos por S/13,4 millones, lo que evidencia un alto nivel de circulación caracterizado por una intensa movilización de recursos económicos del sistema bancario durante el periodo analizado”.

Pese a su defensa, basada en la venta de vehículos; de los cuales solo se registran 96 unidades comercializadas, las autoridades consideran que los ingresos no han sido debidamente sustentados. Por ello, el capitán enfrenta cargos por presunto enriquecimiento ilícito y cohecho pasivo, mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance total del caso.

¡Rescate en Santa Anita! PNP libera a empresario tras 5 días de cautiverio y captura a venezolanos que lo secuestraron y torturaron

La Policía Nacional ejecutó un operativo simultáneo en Lima y el Callao que permitió desarticular a una banda criminal dedicada al secuestro de un empresario vidriero, quien permaneció cautivo durante cinco días mientras sus familiares eran extorsionados.

El hecho se inició la noche del 24 de abril, cuando Nelson G. P. (42) fue interceptado por delincuentes armados que lo obligaron a subir a un auto Nissan de color plomo.

El secuestro ocurrió en la intersección de la avenida Los Dominicos con el jirón Palpa, en San Martín de Porres, cuando la víctima se dirigía a su vivienda junto a su esposa e hijo.

Tras ser reducido, el empresario fue trasladado a una vivienda rústica en Los Olivos, donde fue retenido en condiciones de violencia y bajo constantes amenazas.

Durante el cautiverio, los secuestradores lo golpearon brutalmente, le cubrieron la cabeza con una bolsa y le ataron las manos, mientras enviaban mensajes y videos a sus familiares exigiendo 80 mil soles para su liberación.

En uno de los mensajes enviados a los parientes, los delincuentes advirtieron: “Mientras más tiempo pasa, más sufre Nelson, si se agota el tiempo te lo dejamos en bolsa”.

La familia del empresario logró reunir y pagar 15 mil soles; sin embargo, los criminales no cumplieron con liberarlo y continuaron exigiendo el monto total del rescate.

Capturas en Lima y Callao

Agentes de la División Antisecuestros, mediante acciones de inteligencia y apoyo tecnológico, identificaron a los implicados y ubicaron los inmuebles donde operaban.

En el Callao, dentro de un hostal de la cuadra 11 de la avenida El Olívar, fueron detenidos Brayan Ezequiel Parra Vargas (24), alias ‘Brayan’, señalado como cabecilla de la banda, y su conviviente Norelys Herrera Martínez (20), alias ‘Chata’. En su poder se hallaron celulares con información del secuestro, el vehículo Nissan utilizado y una motocicleta empleada en el reglaje.

De manera simultánea, en Los Olivos fueron capturados Ronner Gonzales Zegarra (26), ‘Gabriel’, sindicado como lugarteniente; José Infante Infante (22), ‘Gregory’; Moisés Villalobos Gonzales (25), ‘Moshe’, y una menor de 17 años.

Asimismo, en San Juan de Lurigancho fueron detenidas las venezolanas Angie Jaimes Ojeda (42), ‘Angie’; Odnara Urbina Uscategui (27), ‘Flaca’; y Angelin Aray Jaimes (19), ‘Angy’, quienes habrían participado en la negociación y cobro del dinero mediante cuentas bancarias y billeteras digitales. Ante la presión policial, los captores abandonaron a la víctima en Santa Anita, donde fue hallada por los agentes.

Condenan a exgeneral PNP a 5 años de pena privativa de libertad por incremento ilícito de su patrimonio en más de S/200 mil

El Poder Judicial condenó a 5 años de pena privativa de libertad, suspendida por un periodo de prueba de cuatro años, a Máximo Sánchez, exgeneral de la Policía Nacional del Perú, tras ser hallado culpable del incremento ilícito de su patrimonio en más de S/200 mil, mientras ejercía altos cargos en las fuerzas del orden.

La Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro acreditó ante la judicatura que, entre 2010 y 2015, el exgeneral PNP incrementó ilícitamente su patrimonio en S/ 250 190.56, mientras ejercía altos cargos de mando en zonas estratégicas como el Vraem y el Huallaga, así como la dirección de la Región Policial Junín.

Pericia financiera demostró el ilícito

Según la Fiscalía, el ocultamiento deliberado de activos fue comprobado mediante una pericia financiera que demostró que el imputado realizaba depósitos masivos en cuentas a plazo fijo que alcanzaban los S/ 400 000. Sin embargo, en sus declaraciones juradas presentadas ante la Contraloría General de la República, el exoficial afirmaba bajo juramento no poseer ahorros ni inversiones para intentar evadir el control estatal sobre su fortuna real.

Cabe precisar que el exalto mando policial no pudo justificar la legalidad de los fondos y que dicho dinero correspondía a ahorros familiares o un estilo de vida austero.

Por esta razón, fue inhabilitado a ejercer cargos públicos por un año y también se le impuso el pago de una reparación civil de S/ 300 190.56, que incluye la devolución del monto defraudado al patrimonio público y una indemnización por el daño causado a la imagen del Estado.

Denuncian que peruanos fueron captados con falsa oferta de más de $20 000 y enviados a guerra en Rusia: red tenía como objetivo a licenciados PNP

Un grupo de ciudadanos peruanos habría sido reclutado mediante ofertas laborales y trasladado a Rusia, donde terminaron en zonas vinculadas al conflicto armado con Ucrania, en un contexto que es materia de denuncia por presunta trata de personas. Según la defensa de las familias, si bien el principal objetivo del reclutamiento eran licenciados de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, también habrían sido captadas otras personas que solo contaban con pasaporte como requisito.

En declaraciones difundidas por RPP Noticias, el abogado Percy Salinas sostuvo que los ofrecimientos económicos habrían sido determinantes para concretar los viajes. En esa línea, indicó que a los postulantes «les hacen firmar una serie de papeles que están en ruso» y que posteriormente «a los tres días te dan tu pasaje», sin que conozcan las condiciones reales del acuerdo.

Ofertas económicas y cambio de condiciones

Las propuestas incluían bonos de ingreso de hasta «veinte mil dólares» y promesas de trabajo en seguridad o servicios, lo que habría generado confianza en los interesados. No obstante, según el propio Salinas, una vez en Rusia la situación cambiaba, ya que «les quitan el pasaporte, el celular y el DNI».

El abogado añadió que, tras su llegada, se les comunicaba una supuesta deuda, señalando: «ahora ustedes me deben veinte mil dólares, porque eso me costó traerles». Este escenario habría dejado a los peruanos sin posibilidad de retornar o rechazar las nuevas condiciones.

Situación en la embajada y pérdida de protección

El letrado también informó que un grupo de connacionales se refugió en la embajada peruana en Rusia en busca de protección. Sin embargo, precisó que «al menos diez peruanos» habrían sido retirados del recinto diplomático y trasladados a un departamento.

En ese contexto, advirtió que «los rusos están rodeando el edificio queriendo entrar al departamento para recuperar a esos peruanos y volverlos a la base». Asimismo, cuestionó la actuación estatal al señalar: «¿Dónde está la protección que le da el Estado a los peruanos en otros países?».

Amenazas, violencia y condiciones de vida

Los testimonios de familiares describen condiciones de violencia y precariedad en las que se encontrarían los peruanos. Lilia Abarca relató al mismo medio que «les han quitado los documentos, les han quemado la ropa», lo que evidenciaría la pérdida total de control sobre sus pertenencias.

Además, indicó que su esposo le comunicó que enfrentaba amenazas, señalando: «si me voy, me van a meter treinta años, cuarenta años preso». También describió agresiones físicas al afirmar que «le han golpeado» y que «no comen».

Fallecidos, heridos y desapariciones

Según la información proporcionada por la defensa, las consecuencias ya incluyen víctimas mortales y heridos en zonas de combate. Salinas precisó que 8 peruanos han muerto y que al menos 5 se encuentran heridos tras los enfrentamientos.

A ello se suma la pérdida de contacto con decenas de connacionales, ya que alrededor de 120 familias no tienen información sobre sus parientes. En palabras del abogado, «no se sabe si están vivos, muertos», debido a la situación en el área donde se encuentran.

Las familias presentaron denuncias ante la Dirección de Investigación Criminal por presunta trata de personas, entregando material como mensajes y registros audiovisuales. En ese marco, Salinas advirtió que «cuando tú haces la denuncia, al día siguiente aparecen las amenazas a los celulares». Se indicó que, pese a estas denuncias, el reclutamiento no se habría detenido. El abogado alertó que nuevos ciudadanos continúan viajando bajo las mismas condiciones.