Tras la promulgación de la Ley Nº 32595, la cual autoriza crear el Banco Nacional de Datos de Perfiles Genéticos (BNDOG), la Policía Nacional busca realizar la identificación de sospechosos y esclarecer crímenes complejos con mayor rapidez gracias al uso obligatorio de ADN.
Antes de la entrada en vigencia de esta norma, cualquier investigado podía negarse a la toma de muestras biológicas. Ahora este procedimiento será obligatorio para sospechosos e investigados en casos de homicidio, violación sexual o desapariciones.
Además, los internos en penales, ya sea con condena o en prisión preventiva, también deberán someterse, sin excepción, a esta toma de muestra genética.
Un hombre identificado como Jhonny Luis Roncal Narro, de 62 años, conocido con el alias de ‘Gargamel’, fue detenido en flagrancia en el distrito de La Victoria luego de hacerse pasar por agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) para robar a adultos mayores. El sujeto fue intervenido cuando fingía realizar una inspección policial a un anciano para quitarle su celular, hecho que alertó a transeúntes y permitió su captura inmediata.
De acuerdo con las autoridades, el delincuente utilizaba una falsa identidad policial para acercarse a sus víctimas en la vía pública y despojarlas de sus pertenencias bajo supuestos controles de rutina. Durante el registro personal, los efectivos recuperaron el teléfono del adulto mayor afectado y encontraron, además, otro equipo móvil que pertenecería a una segunda víctima.
Así operaba alias ‘Gargamel’ para engañar a sus víctimas
Según las investigaciones preliminares, Roncal Narro aprovechaba la confianza que genera la imagen de un efectivo policial para interceptar principalmente a personas vulnerables. Con actitud autoritaria y simulando una intervención oficial, convencía a los ciudadanos de entregar sus objetos personales para luego huir.
Al momento de ser capturado, el sujeto negó las acusaciones y aseguró que solo estaba ayudando al adulto mayor con una dirección. Sin embargo, durante el registro se le incautó, además de los teléfonos móviles, una placa de la PNP.
“No estaba haciendo nada. Estaba preguntándole sobre una iglesia. Yo no le he robado”, comentó.
Delincuente ya había sido detenido 10 años antes por el mismo delito
Uno de los aspectos que más sorprendió a la Policía fue descubrir que alias ‘Gargamel’ contaba con antecedentes por la misma modalidad delictiva. Los registros policiales revelaron que en 2016 ya había sido capturado tras hacerse pasar por efectivo policial para cometer robos similares. Desde entonces, ha acumulado 10 denuncias por hurto.
“Hace 10 años ha sido intervenido por este mismo motivo. Se hacía pasar como policía para obtener beneficio de las personas incautas. Su público objetivo eran personas mayores que caían (en el engaño)”, indicó Carlos Alcántara, jefe del Escuadrón Verde.
Actualmente, el detenido permanece en la comisaría de La Victoria mientras continúan las diligencias. La Policía exhortó a otras posibles víctimas a acercarse para presentar sus denuncias y fortalecer la investigación.
El coronel en retiro de la Policía Nacional (PNP) Carlos Enrique Oré Hermida protagonizó un accidente de tránsito en Miraflores que acabó con la vida de un taxista. El siniestro se produjo cuando el exoficial conducía en estado de ebriedad y tenía la licencia de conducir inhabilitada, por lo que estaba impedido de manejar cualquier vehículo.
Según reveló Panorama, Oré Hermida intentó huir tras el incidente. Sin embargo, un ciudadano que presenció la colisión se lo impidió. Pese a la gravedad del caso, el exagente fue captado al volante de otro auto. Al ser increpado por su participación en el hecho, responsabilizó de lo ocurrido al chofer fallecido.
Coronel se habría quedado dormido
El accidente ocurrió hace unas semanas, cuando el auto que conducía el coronel en retiro se detuvo en plena Vía Expresa. En ese momento, un taxista que venía por detrás terminó impactándolo. La colisión fue tan fuerte que el trabajador perdió la vida. La principal hipótesis es que Oré Hermida se habría quedado dormido.
En su defensa, el exoficial aseguró que su auto sufrió una falla técnica y no podía encenderlo. Sin embargo, las cámaras evidencian que nunca activó las luces intermitentes ni colocó el triángulo de seguridad para advertir a otros conductores sobre un problema en su vehículo. Peor aún, tras el accidente, se observa que encendió su auto e intentó darse a la fuga, pero metros más adelante otra unidad se lo impidió.
Expolicía manejaba ebrio y sin licencia
Según las investigaciones de la PNP, Oré Hermida se encontraba en estado de ebriedad cuando su auto se paralizó en medio de la Vía Expresa. El exagente registró 1,82 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que habría hecho que se quedara dormido mientras conducía y provocara el accidente.
Asimismo, el medio reveló que su licencia de conducir figuraba como cancelada al momento del siniestro y, por ende, era un conductor inhabilitado. A esto se suma que anteriormente estuvo involucrado en al menos otros cuatro incidentes vinculados con la conducción en estado de ebriedad. Pese a ello, Panorama lo captó conduciendo un vehículo por las calles de Lima.
La noche de ayer y esta madrugada, agentes de la Policía Nacional lograron capturar a 11 ciudadanos venezolanos presuntamente dedicados al secuestro y sicariato en Lima Metropolitana y la ciudad de Huarmey. La organización criminal, identificada como «La Nueva Generación del Tren de Aragua», estaría implicada en al menos cinco secuestros ocurridos en menos de una semana, hechos que sembraron terror entre empresarios y comerciantes.
Exigían hasta 100 mil por rescate
Según las investigaciones, esta banda habría obtenido cerca de 350 mil soles producto de los rescates cobrados a las familias de sus víctimas. Los detenidos fueron intervenidos en un megaoperativo realizado en cuatro inmuebles ubicados en Santa Anita, Huarmey y dos viviendas en El Agustino. En total fueron capturadas 11 personas durante la intervención inicial, entre ellas cuatro mujeres que, de acuerdo con la Policía, cumplían un rol clave en la selección de víctimas.
Las autoridades señalaron que los agraviados eran principalmente empresarios y mineros, quienes eran captados en locales nocturnos mediante engaños. Una vez contactados, eran privados de su libertad y trasladados a casas de cautiverio, donde sufrían violentas torturas. Los criminales exigían pagos superiores a los 100 mil soles para liberarlos y, en algunos casos, llegaban a mutilarles los dedos para presionar a sus familiares.
El general Óscar Arriola indicó que la captura fue resultado de un minucioso trabajo de inteligencia ejecutado por la Policía Nacional. Además, reveló que la presión policial permitió que esta organización liberara el pasado 16 de mayo a un ingeniero secuestrado en Santa Anita.
«Estos cinco casos de secuestro, donde uno ha terminado con muerte subsecuente, es por encargo y además seleccionan sus víctimas que se mueven en un mundo en el que hay trata de personas y estas son seleccionadas por las mismas mujeres que realizan algún servicio de carácter sexual», declaró.
El alto mando policial también explicó que los delincuentes retenían a sus víctimas entre cuatro y cinco días mientras negociaban los pagos. «Son privados de la libertad y los tienen por cuatro o cinco días. Los montos que requieren son entre 100,000 y 300,000 soles. Hasta el momento se ha podido establecer de estos cinco secuestros y deberían haber recolectado un promedio de 350,000 soles», agregó el general Arriola.
También estarían implicados en sicariato
Durante el operativo, algunos integrantes de la banda intentaron escapar lanzándose desde un tercer piso. Una de las detenidas, una mujer, resultó gravemente herida y permanece internada con pronóstico reservado en el Hospital Rebagliati. En las viviendas allanadas se incautó un arma de fuego, más de 10 envoltorios de pasta básica de cocaína, dinero en efectivo y dos motocicletas utilizadas para vigilar y seguir a las víctimas antes de secuestrarlas.
«Estas motocicletas son utilizadas para marcar, vigilar y estudiar a sus víctimas, y ver el lugar donde los privan de la libertad. También aparecen estas motos en otros eventos, quiere decir que estas personas de nacionalidad venezolana no solamente estarían dedicándose al secuestro, sino también a actividades de sicariato», sentenció Óscar Arriola.
Finalmente, se informó que los detenidos fueron trasladados a la Dirincri, en la avenida España, donde continuarán las diligencias correspondientes por los delitos de secuestro, homicidio y privación de la libertad.
La Policía Nacional desarticuló a la presunta banda criminal La Nueva Generación, dedicada al tráfico ilegal de terrenos, la extorsión y la usurpación en los distritos de Ate y El Agustino. Durante los allanamientos simultáneos en viviendas de Santa Clara y El Agustino, fueron intervenidas cuatro personas, entre ellas un suboficial de la PNP en actividad.
Según informó la Dirincri, la organización operaba bajo la fachada de una asociación de vivienda para apropiarse de terrenos del Estado y venderlos mediante falsos certificados de posesión. Las víctimas realizaban pagos durante varios meses e incluso años con la promesa de obtener títulos de propiedad legales.
Modus operandi de La Nueva Generación
El coronel Juan Carlos Montufar, jefe de la División de Investigación de Asuntos Sociales de la Dirincri, indicó que los integrantes exigían dinero a los ocupantes de terrenos y, en caso de negarse, eran amenazados con armas de fuego o expulsados violentamente de los predios para volver a venderlos.
Durante las diligencias, los agentes hallaron más de 50 certificados de terreno, algunos en blanco y otros ya llenos con nombres de supuestos compradores. La Policía sostiene que estos documentos eran usados para aparentar legalidad en la entrega de lotes.
Suboficial PNP involucrado
Las investigaciones también alcanzan a un efectivo policial que laboraría en la Dirección de Educación y Doctrina de la PNP. De acuerdo con las pesquisas, su número telefónico habría sido usado para realizar llamadas y enviar mensajes extorsivos a las víctimas.
Las autoridades identificaron como cabecilla de la organización a un sujeto conocido como ‘Manquito’, quien habría liderado las actividades ilícitas durante al menos dos años. Además, la banda también se hacía llamar Los Mexicanos, nombre hallado en panfletos y mensajes amenazantes incautados en el operativo.
La Policía informó que las investigaciones continúan para determinar si hay más implicados en esta red criminal vinculada al tráfico de terrenos y a las extorsiones en Lima Este.
Los 3.164 chalecos antibalas para los efectivos de la Policía Nacional que compró el exministro del Interior del gobierno de Dina Boluarte, Juan José Santiváñez, se encuentran abandonados a la intemperie desde que llegaron al país el 26 de febrero de este año.
Pese a que la institución policial enfrenta el notable incremento de las actividades criminales y se requiere una mayor protección para los efectivos que se encuentran en la línea de fuego, los chalecos antibalas adquiridos a un costo de S/7 millones no son distribuidos porque no cuentan con la certificación textil, un requerimiento técnico indispensable para garantizar la calidad del producto.
En varios reportajes de investigación, La República informó que los equipos técnicos de la unidad usuaria de la PNP (la Región Policial de Lima) detectaron que el modelo Nivel III-A que ofertó la compañía mexicana Armor Life Lab incumplía una serie de requisitos, como el certificado textil. Pero el exministro Santiváñez y las autoridades de la PNP bajo su mando persistieron en consumar el contrato.
Los chalecos debieron entregarse el primero de enero de este año, pero recién llegaron el 26 de febrero. Y no es el único incumplimiento grave del contrato.
La Contraloría General, alertó que los chalecos antibalas están en un ambienta con malas condiciones y expuestas a la humedad y falta de seguridad por la unidad usuaria. Foto: La República
Un proveedor desastroso
Una reciente auditoría del 22 de abril de este año, emitida por el Organismo de Control Institucional del Ministerio del Interior, confirmó que el chaleco antibalas Nivel III-A de Armor Life Lab carece de certificación textil.
En efecto, durante el proceso de conformidad de los chalecos antibalas, el Servicio de Armamento y Municiones de la Oficina de Administración de la Región Policial Lima observó que los equipos no contaban con la certificación correspondiente emitida por el laboratorio textil First Lab Quality Solutions, como exige el contrato.
“Se ha identificado la ausencia de vinculación expresa entre el número de serie y la muestra (de chaleco antibalas) ensayada, lo cual impide establecer una trazabilidad documental directa con el bien entregado (por Armor Life Lab)”, señala uno de los informes del Servicio de Armamento y Municiones de la Región Policial Lima.
De origen sospechoso
Es decir, cuando los técnicos eligieron al azar un chaleco antibalas comprado a la empresa mexicana, la serie que identifica al producto no existía en los registros.
Armor Life Lab también incumplió con presentar las pruebas de ensayo del chaleco antibalas en un país distinto de México, donde fue fabricado el producto, un requisito elemental consignado en las bases de contratación.
Ante una serie de observaciones por parte del Servicio de Armamento y Municiones de la Oficina de Administración de la Región Policial Lima, los chalecos antibalas permanecen almacenados en la Región Policial Lima. No han sido distribuidos, lo que afecta la dotación de seguridad del personal policial.
En pleno abandono
Por si fuera poco, inspectores de la Contraloría General de la República descubrieron que la infraestructura donde se almacena el lote de chalecos antibalas está en muy malas condiciones. Los equipos, que costaron S/7 millones, se encuentran en cajas de cartón sobre el piso y presentan roturas y exposición.
Es muy probable que la humedad en los depósitos de la región policial afecte la conservación de los chalecos antibalas. Ante un eventual foco de fuego, ni siquiera se cuenta con un extintor en el lugar.
Como reveló La República, durante el proceso de licitación Armor Life Lab, no precisó el peso exacto de los chalecos antibalas, tampoco la composición de las fundas, como exigían las bases. Pese a las deficiencias, la Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF) del Ministerio del Interior le dio la buena pro a la firma azteca durante la gestión de Santiváñez.
La entrega de los chalecos antibalas tenía un plazo de 85 días calendario, que iniciaba con la suscripción del contrato, conforme a la oferta técnica de Armor Life Lab, la empresa que ganó la buena pro. Es decir, los equipos tenían que llegar a Lima el primero de enero de 2026.
Sin embargo, 56 días después, exactamente el 26 de febrero de 2026, Armor Life Lab recién internó los 3.164 chalecos antibalas nivel III-A en los almacenes de la Región Policial Lima, ubicados en la cuadra cuatro de la avenida España, Cercado de Lima.
