Varios días después de que el ministro de Educación, Morgan Quero, afirmara, de la manera más insensible, que las violaciones a las menores en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, serían una “práctica cultural”, y la titular de la Mujer, Ángela Hernández, lo respaldara, ambos se disculparon al fin. Así lo informaron representantes awajún.

Romer Orrego, presidente de la Organización del Consejo Aguaruna y Huambisa, y Raquel Caicat, vicepresidenta de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas, indicaron a RPP que sostuvieron una reunión con el titular de Educación, en la que“reconoció el error”. Agregaron que Hernández, hizo lo mismo. Sin embargo, estas disculpas no se han hecho públicamente.

“Nosotros rechazamos las declaraciones de los ministros. No es una práctica cultural, antes de emitir un pronunciamiento, hay que investigar más a fondo porque no es nuestra cultura y tampoco nuestra tradición. Hicimos la denuncia pública el año pasado, fueron las autoridades a las localidades y ese informe que presentaron al Congreso está durmiendo, ¿a qué se debe?, ¿por qué en su debido momento no lo han sacado? La situación es muy alarmante, sinceramente”, expresó indignado Orrego.

SE PERDIERON 2500 EXPEDIENTES

“Hay que recordar que el 2022 se dio el incendio en la UGEL Condorcanqui, hay que ponernos a averiguar, hay que ponernos bastante serios. Se han quemado más de 2,500 expedientes en donde había casos de violencia sexual, hostigamiento, maltrato físico, psicológico, abandono de cargo, peculado. Hay mucho más de 524 casos de violación. De los que ahora se está hablando son los que se rescataron del incendio de la UGEL”, expresó.

Por su parte, Raquel Caicat confirm que “el ministro reconoció el error”.

“La violación de niños, niñas y adolescentes es un problema muy fuerte en la zona de Condorcanqui. Quedó clarísimo que nosotros no podemos reunirnos solo con el ministro, sino (con) nuestros presidentes de las organizaciones, base de Aidesep, y jefes de las comunidades”, remarcó.

Agregó que ayer conversaron también con la ministra de la Mujer y se disculpó por respaldar a Quero y haber dicho que las violaciones, “se tratan de prácticas culturales que debemos desterrar”.

Asimismo dijo que sostendrán una reunión con representantes del pueblo Awajún y luego con las bases de Condorcanqui. “Tenemos que aclarar bien las cosas. Este problema tan fuerte no es de hoy ni de ayer, han pasado diez años, esto rápidamente tenemos que resolverlo. No hay que culpar a funcionarios de la UGEL ni de la región porque a falta de logística, la gente no ha podido salir al campo porque cuesta demasiado caro el combustible. Hemos pedido que den más presupuesto a la UGEL de Condorcanqui”, detalló.

En otro momento, el apu Orrego dijo: “Ya no queremos más reuniones ni firmas ni fotografías, sino que vengan con resultados. El problema del VIH, de la violencia sexual, hay demasiados casos de denuncias prescritas en la UGEL, la misma justicia lo permite. Si un docente viola a una niña, mientras no se compruebe, para la justicia es inocente, mientras tanto trabajando en el aula. No he visto a docentes yendo a la cárcel, solo lo cesan de sus funciones y el angelito suelto, taxeando y cuando pasan cinco años, vuelven a dictar clases”.

MINISTROS PEDIRÁN PERDÓN EN CONDORCANQUI

Los ministros de Dina Boluarte deberán pedir perdón en la provincia de Condorcanqui.

“Ahora estamos realizando una convocatoria general en la comunidad para que las autoridades, empezando por el premier, tanto Educación, Mujer y todos los ministros vayan y ofrezcan las disculpas públicamente en la localidad y no solamente disculpas, más que las disculpas están las necesidades en Condorcanqui”, adelantó Orrego.

Dijo que la comunidad recién aceptarán las disculpas cuando ellos vayan a esta localidad. “El ministro llegará el 28 de junio. La ministra de la Mujer también irá ese día. Pedimos que vaya todo el Gabinete. Cuando hacen campaña mencionan Perú profundo. Somos el Perú profundo y necesitamos la intervención y ayuda del Estado porque solos no lo podemos hacer”, detalló el apu.

“La Fiscalía no tiene chalupa para ir a las comunidades. Cómo es posible que la Fiscalía vaya a pedir presupuesto al gerente regional, al alcalde. La Fiscalía depende de favores, tiene que pedir combustible, chalupa para poder investigar”, cuestionó Orrego.

TITULAR DE TRABAJO CUESTIONÓ DECLARACIONES DE MORGAN QUERO

El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, dejó solo a Morgan Quero. Aseguró que “es una indicación de la PCM y de la Presidencia que no tiene que haber impunidad ni tolerancia, sino más reacciones de la Policía, Fiscalía y Poder Judicial”.

“No tiene nada que ver un tema cultural, es un delito y crimen que tiene que ser sancionado severamente”, sostuvo.

ABUSOS SEXUALES EN COMUNIDADES NATIVAS O CAMPESINAS SON DELITOS GRAVES Y DEBEN SER VISTOS POR LA JUSTICIA

“Estos delitos (violación) son sumamente graves y, evidentemente, son competencia de la jurisdicción ordinaria (Policía y Ministerio Público en la investigación, y el Poder Judicial para condenar o absolver)”, así lo enfatizó el juez supremo provisional Iván Guerrero López, quién expresó que cuando se produce un abuso sexual contra integrantes de una comunidad nativa o campesina debe existir una denuncia.

El magistrado precisó que la Constitución reconoce a la jurisdicción comunal (justicia de las comunidades nativas y campesinas) como parte del derecho a la identidad étnica y cultural, pero eso “de ninguna manera justifica agresiones (sexuales) de esta naturaleza, tiene que haber una indagación”.

Añadió que las comunidades nativas y campesinas tienen jurisdicción en temas de su competencia, pero “no tienen competencia ni quieren intervenir en este tipo de casos (abuso sexual), porque no tienen capacidad: se necesita un médico, por ejemplo, para verificar si existe una desfloración”, refirió.

Guerreo López manifestó que en contextos donde el agente (agresor sexual) es un docente o profesor, este tiene una posición de garante de las personas que están en su entorno, a quienes debe enseñar y no tener otro tipo de conductas.

“Cuando hay una denuncia de este tipo de conductas tiene que haber una investigación por el Ministerio Público y, en su caso, terminar con las imputaciones que el Código Penal prevé, esto es materia de un proceso, luego del cual los jueces dirán si es culpable o inocente”, refirió.

CADENA PERPETUA

Existe una serie de matices de carácter técnico legal para distinguir la violación de un/a menor de 14 años –que se sanciona con cadena perpetua– de una relación con violencia o amenaza en agravio de una persona mayor de 14 años.

“Y no porque sea mayor de 18 años va a ser libre de un acceso sexual, tiene que estar auténticamente verificada la libertad de una persona para ese cometido”, acotó.

Añadió, que en forma general, para cualquier caso de agresión sexual, si el agente o el sujeto activo tiene una enfermedad de transmisión sexual, esta situación constituye un agravante.

“Tratándose de menores de 14 años, ya no funciona esa circunstancia agravante, porque la pena es de cadena perpetua con el solo hecho de verificarse esa relación sexual”, remarcó.

En cambio, sostuvo que cuando la víctima de algún otro delito de carácter sexual (violación en estado de incapacidad, violación por violencia o amenaza u otro), y existe la transmisión de una enfermedad como el sida u otra de carácter venérea, en general sí es un agravante, lo cual aumenta la pena.